Santo Domingo, RD.-A dos semanas de que el Ministerio Público pusiera en acción la Operación Calamar y que como resultado de la misma 20 personas fueran detenidas por su presenta participación en una red de corrupción que ha sustraído del Estado miles de millones de pesos y cuya práctica ha sido definida por Yeni Berenice Reynoso como un desfalco sin precedentes.Nacionales
El día 14 de abril principales implicados en caso Calamar presentarán defensas.
Santo Domingo, RD.-A dos semanas de que el Ministerio Público pusiera en acción la Operación Calamar y que como resultado de la misma 20 personas fueran detenidas por su presenta participación en una red de corrupción que ha sustraído del Estado miles de millones de pesos y cuya práctica ha sido definida por Yeni Berenice Reynoso como un desfalco sin precedentes.Unos 14 días, dos aplazamientos y dos recesos después, este domingo los principales imputados preparan sus defensas luego de que la noche del viernes la mitad de los señalados en el expediente por las autoridades admitieran ante la jueza Kenya Romero, del Tribunal del primer juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, sus implicaciones y aceptaran colaborar ante el Ministerio Público.
Los imputados Angel Lockward, Roberto Santiago Moquete Ortiz, Alejandro Constanzo Sosa, Marcial Reyes, Ana Linda Fernández Paola (De Paola), Emir José Fernández De Paola, Oscar Arturo Chalas Guerrero, Rafael Parmenio Rodríguez Bisonó, Agustín Mejía Ávila y Víctor Matías Encarnación Montero admitieron ante el tribunal sus implicaciones en el hecho a cambio de una medida de coerción menos “gravosa” que los 18 meses de prisión preventiva previamente solicitada por las autoridades.
A la salida de la sala de audiencias, Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que a eso 10 implicados se le variará la solicitud de medida de coerción, por arresto domiciliario, presentación periódica, impedimento de salida y devolver el dinero que obtuvieron de manera ilícita.
“Debemos confesar que lo que ha ocurrido hoy (viernes) en el tribunal es algo simple y llanamente asombroso….estas admisiones son las consecuencias directas de la contundencia de la investigación y de que esas defensas actuaron inteligentemente al darse cuenta que las pruebas del Ministerio Público son irrefutables y por esas razones llegaron a un acuerdo”, indicó Camacho a los miembros de los medios de comunicación.
“Un guión muy bien hecho”
La defensa del excandidato presidencial Gonzalo Castillo, uno de los principales implicados en caso Calamar, manifestó que las admisiones de culpabilidad de 10 de los imputados “no afectan” a su cliente “en lo más mínimo”.
“La audiencia de hoy (ayer) fue un guión muy bien hecho…la defensa sigue igual porque ninguna de esas 10 personas mencionó a Gonzalo Castillo, salvo el señor Angel Lockward, quien dice que una persona, Fernando Crisóstomo, le dijo que Donald Guerrero le dijo que ese dinero era para la campaña de Gonzalo Castillo contradiciendo declaraciones que había dado públicamente antes de ser arrestado, por lo tanto para la defensa de Gonzalo Castillo, nada ha cambiado desde el primer día”, expresó la jurista.
Acosta recalcó además que se mantienen solicitando la “libertad pura y simple” de su cliente, ya que no existen arraigos que manden a una prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado del excontralor, Daniel Omar Caamaño Santana, indicó que ellos no están pensando en negociar con el Ministerio Público y que por esa razón se mantendrán luchando por la “inocencia de su cliente, porque para eso son los tribunales”
Faltan por declarar
Tras el Ministerio Público concluir con la lectura del expediente y la mitad de los implicados comparecieran ante ella, la jueza Romero decidió recesar la audienca hasta el domingo a las 9:00 de la mañana.
Ese domingo tendrán su turno para declarar ante el tribunal, Daniel Omar Caamaño Santana, excontralor de la República; Luis Miguel Piccirillo Mccabe, quien fue el director ejecutivo del Consejo Estatal de la Azúcar (CEA); Claudio Silver Peña Peña, quien se desempeñó como director de Catastro Nacional; Aldo Antonio Gerbasi Fernández, asesor del exministro de Hacienda y Princesa Alexandra García Medina, exdirectora de Reconocimiento de Deuda Administrativa del Ministerio de Hacienda.
También comparecerán ante la jueza Romero, Andrés Guerrero, excontralor del Banco de Reservas; Ramón David Hernández, Yajaira Brito Encarnación y Marcial Humberto Mejía Guerrero.
Al igual que los exministros y tres principales implicados, Gonzalo Castillo (excandidato presidencial y titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones), Donald Guerrero (incumbente del Ministerio de Hacienda) y José Ramón Peralta (ministro Administrativo de la Presidencia).
Las imputaciones contra los detenidos
La imputación preliminar Pepca en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como el artículo 123 del Código Penal que califica la coalición de funcionarios para delinquir, el 166 sobre prevaricación, el 171 sobre apropiación ilícita de fondos públicos, el 172 que castiga el desfalco, el 174 que condena la concusión, el 175 sobre recompensas indebidas por sus servicios y el 177 relativo al soborno y cohecho.
Igualmente, el ministerio público considera que el grupo es culpable de violar otros artículos del Código Penal, entre ellos el 265 y 266 sobre asociación de malhechores, así como el 405 sobre estafa mediante manejos fraudulentos.
También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
Santo Domingo, R.D.-Los cuatro candidatos presidenciales plantearon este miércoles durante el llamado «Verdadero Debate» la creación masiva de empleos, redistribución de riqueza y múltiples reformas para combatir la inseguridad.
Estas respuestas fueron emitidas luego de que a los aspirantes se les preguntó “¿cuáles aspectos debe contener un plan de seguridad ciudadana que realmente garantice la paz y vida de las personas?”.
La primera en responder fue la candidata del partido Opción Democrática, Virginia Antares Rodríguez, quien aseguró que la inseguridad es la principal preocupación de las familias dominicanas, afirmando que se debe abordar en tres niveles: a largo plazo, a mediano plazo y en lo inmediato.
Fotografía muestra a Virginia Antares, de Opción Democrática (OP).GLAUCO MOQUETE
Afirmó que a mediano y largo plazo la única forma de reducir la inseguridad es disminuir la desigualdad social que existe en el país, indicando que su solución para este problema es introducir un cambio en la política salarial, a fin de que los ingresos de los dominicanos aumenten progresivamente a través de los años.
También propuso una reforma educativa, con el objetivo de multiplicar las oportunidades de la juventud dominicana.
En cuanto a lo inmediato, resaltó la necesidad de una “reforma profunda” a la Policía Nacional y al Poder Justicia dominicano. La primera incluiría una depuración de las filas de la uniformada, mientras que la segunda estaría orientada a minimizar el tiempo de espera del sistema judicial.
La segunda en tomar la palabra fue María Teresa Cabrera, del Frente Amplio.
La candidata presidencial del partido Frente Amplio, María Teresa CabreraGLAUCO MOQUETE
Cabrera aseguró que el problema de inseguridad en República Dominicana es uno de los muchos males que afectan a la sociedad que, en su opinión, provienen en su mayoría de un flagelo: la concentración de riquezas.
Afirmó que con una redistribución adecuada de las riquezas, junto a servicios públicos más eficientes, una buena estrategia de inclusión social y una depuración de las instituciones que combaten el crimen, se puede aumentar el nivel de seguridad en el país.
Luego de esta respuesta le llegó el turno al aspirante de Patria Para Todos, Fulgencio Severino.
El candidato presidencial del partido Patria Para Todos, Fulgencio SeverinoGLAUCO MOQUETE
El aspirante presidencial dijo que tiene un plan de gobierno sobre el tema de inseguridad enfocado alrededor de 5 ejes.
El primero de estos ejes gira en torno a garantizar el acceso a un empleo y salario digno; el segundo consiste en desarrollar un mayor y mejor acceso a la educación para la juventud del país.
Asimismo, indicó la necesidad de garantizar mejores condiciones de las comunidades de República Dominicana.
En cuarto lugar abogó por la modificación del sistema penitenciario, indicando que su plan contempla principalmente la rehabilitación de los internos y su posterior reinserción en la sociedad.
Finalmente, destacó la imperiosidad de combatir la “narcopolítica”, afirmando que el narcotráfico y microtráfico son una de las causas principales de la alta inseguridad en los barrios.
El candidato presidencial de GenS, Carlos PeñaGLAUCO MOQUETE
Al final le tocó a Carlos Peña, candidato presidencial de Generación de Servidores (GenS). Indicó que, de acurdo a estudios realizados, la razón principal de la inseguridad en el país se debe al alto nivel de desempleo, por lo que aseguró que pretende crear 500 mil empleos durante cada año de su Gobierno, si resulta ser elegido.
Explicó que para crear estos empleos eliminará el Impuesto Sobre la Renta, para crear más trabajos.
Santo Domingo, R.D.-El Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional flexibilizó este martes las medidas de coerción a tres de los imputados de participar en esta red llamada Coral y Coral 5 G acusada de desfalco de dinero público durante el Gobierno de Danilo Medina, cuya decisión se produce a 48 horas del inicio del juicio de fondo en su contra.
El Tribunal no hizo caso al Ministerio Público que se opuso a las nuevas medidas de coerción contra los tres imputados, al considerar de que estos no presentaron nuevos presupuestos ni pruebas novedosas que permitieran al tribunal variar las medidas de coerción anterior.
El tribunal dispuso que el general de la Fuerza Aérea (FARD) Julio de los Santos Viola deje de cumplir el arresto domiciliario y le impuso una garantía económica de un millón de pesos, aunque le mantuvo el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Además, dictaminó que el radio de acción del localizador electrónico que utiliza el general De los Santos Viola le fuera ampliado a nivel nacional.
Con relación al cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, la corte también le retiró el arresto domiciliario y a cambio le impuso una garantía económica de 100 mil y le mantiene el impedimento de salida del país sin previa autorización judicial.
Mientras que para el coronel de la Policía Rafael Núñez D’ Aza dispuso asimismo el cese de arresto domiciliario a cambio de una garantía económica de 100 millones de pesos, impedimento de salida sin previa del país autorización judicial y amplió a todo el territorio nacional el radio de acción del localizador que utiliza.
Al igual que el Ministerio Público, el abogado del Estado José Alberto Ortiz dijo que lo más prudente era mantener la medida de coerción vigente para no contaminar el juicio de fondo que comienza este jueves 18 de abril.
Los imputados cumplen medida de coerción, tras ser imputados de pertenecer al presunto entramado de corrupción que estafó al Estado dominicano en más de 4 mil 500 millones de pesos entre los años 2012 y 2020.
Además, están acusados de sustraer los fondos de inteligencia del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur).
Entre los acusados también están el mayor del Ejército Nacional Raúl Alejandro Girón Jiménez; el mayor general Adán Cáceres Silvestre; el general de la Armada de República Dominicana (ARD) Boanerges Reyes, así como el capitán de navío de ese mismo organismo Franklin Antonio Mata Flores.
También el general Juan Carlos Torres Robiou, Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora) y el sargento de la Armada, Alejandro José Montero Cruz.
Santiago, R.D.-Tres medidas de coerción fueron impuestas por la jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago a una mujer acusada de ser cómplice en la muerte a tiros de su esposo en el municipio de Tamboril.
La magistrada Yiberty Polanco, del referido tribunal, impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la colocación de grilletes electrónicos contra Daneris Pérez Espinal.
«Dentro del proceso que se lleva a cabo, está ya no podrá ser víctima ni testigo, sino, que en este proceso pasó a ser un imputado más, junto a Fabricio Antonio Báez Pérez y a Giancarlos Café», explicó Carlos Villanueva, abogado de la familia de la víctima. Asimismo, Informó que analizará la motivación que haga la jueza para determinar si apela o no la decisión.
En tanto que Ana Dolores Rodríguez, hermana de la víctima dijo sentirse incómoda e inconforme con la decisión porque «dejarla presa no es mandarla a la casa».
«Hubo manipulación de los hijos, (dijeron) que ella estaba enferma (…). entonces, su mamá está enferma y mi hermano, ¿adónde?, muerto, lo acribilló, ordenado por su mamá, su sobrino y el sicario», criticó Ana Dolores al advertir que las cosas no se van a quedar así.
De acuerdo al Ministerio Público, la mujer habría pagado la suma de RD$4 millones a un sobrino para que éste contratara a un sicario que acabara con la vida de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años