Editorial
¿Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos?
La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948 fue el resultado de todas las violaciones a derechos fundamentales, incluso a la propia vida, y desde esa proclamación hasta la fecha ha transcurrido casi medio siglo.
Los avances en materia de derechos humanos son incuestionables en muchos lugares del mundo, principalmente en naciones del primer y segundo mundo, donde los niveles de institucionalidad han ido de la mano con la protección de los derechos fundamentales.
Sin embargo, en muchos países, máxime del llamado tercer mundo, los avances en términos de derechos humanos son más de forma que de fondo, lo cual puede ser perfectamente evaluado a través de los sistema de salud, educación y justicia.
La percepción que venden muchos de estos países hace creer a cualquiera de que tienen avances muy importantes en lo que respecta a los derechos humanos, pero cuando se recurre a las instancias superiores e inferiores de los órganos públicos y de los llamados tres poderes del Estado, se comprueba que todo se trata de una gran mentira.
En un país como la República Dominicana cualquier examen a la aplicación correcta de la ley va a dejar como resultado una verdadera estafa en contra de la sociedad, porque si hay algo que no cuenta en el ámbito jurisdiccional es precisamente es el respeto a los derechos fundamentales.
Hablar en esta época de hacer justicia con su propia mano es propia de naciones que no han logrado llegar a la civilización, porque el hecho de que un ciudadano tenga que recurrir a la violencia para hacer justicia en contra de un imputado que le ha robado, sólo es comparable con la edad de la piedra.
Sin embargo, la impunidad prevaleciente en la sociedad no es para menos, porque no es una mentira que los fiscales se ponen por dinero, por ineptitud o por cualquier tipo de complicidad al servicio del delincuente, sin que se busque que la víctima y la sociedad sean resarcidas por los daños causados.
Esto es lo que precisamente define a una sociedad como salvaje o civilizada, por lo que la República Dominicana llega, casi medio siglo después de haber sido proclamada, a una celebración más de El Día Internacional de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en medio de grandes déficits en esta materia, es decir, el país está prácticamente en pañales al respecto.
Hasta este año 2020 hemos sido víctimas de mandatarios que hablan de logros de la sociedad dominicana, pero cuando los mismos son realmente evaluados descubrimos que todo está en el mismo punto que las naciones menos civilizadas del mundo, como aquellos países del África Subsariana, donde los derechos humanos no son más que una retórica que permite que muchos gobiernos irresponsables se proyecten como democráticos en cónclaves internacionales.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.