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Veinte por ciento de jóvenes no estudia ni trabaja; Hoy es el Dia Internacional de la Juventud
Por Cristina Rodríguez
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-uno de cada cinco jóvenes de la República Dominicana no trabaja ni estudia y habría que agregarle lo que ello representa.
Así se celebra en el país El Día Internacional de la Juventud, cuya situación de los jóvenes dominicanos interfiere con su progreso en todas las áreas de su vida y una muestra de esa triste situación es el drama descrito más arriba.
La organización Juventud Aldeas Infantiles SOS, llama al Estado, a la sociedad civil y al sector privado a producir reformas que impulsen el desarrollo de la juventud, tras difundir cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) que revelan que el 20% de las personas jóvenes del país (15 y 24 años) no estudia ni trabaja, de las cuales el 66.7% son mujeres.
El Día Internacional de la Juventud es considerado por la entidad en referencia para que el Estado, la sociedad civil y el sector privado “a aunar esfuerzos en la dirección de producir las reformas que requiere el país de cara a transformar la educación, tanto en el nivel medio como universitario, para que la misma responda a la realidad y a las expectativas de desarrollo de la juventud dominicana”.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca desde 1999 “promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y generar un espacio para crear conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan”.
“La transformación a la que nos referimos –prosigue el comunicado de Aldeas Infantiles SOS- sugiere, entre otros aspectos, el abordaje” de asuntos fundamentales, partiendo por “la inserción y la seguridad laboral para estudiantes universitarios para que puedan costear sus necesidades, incluida su propia educación”.
Tan importante como esto, añade Juventud Aldeas Infantiles SOS, es “la innovación de los programas de estudios en el nivel medio y superior en consonancia con los requerimientos del mercado laboral”.
Aldeas Infantiles SOS recuerda que los jóvenes de la República Dominicana representan el 36% de la población total del país, lo que constituye “el bono demográfico” más alto de América Latina.
Es un bono porque constituye, destaca, “una gran oportunidad para impulsar el desarrollo”.
La población de 15-19 años de edad
Se esperaría que los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad estén culminando su ciclo de educación secundaria y otros haciendo la transición o estudiando en la universidad, pero “apenas el 79% asiste de manera regular a la escuela, colegio o universidad”, sostuvo en base a cifras de EN HOGAR al año 2017.
Estas y muchas otras situaciones adversas “enfrentan los jóvenes de hoy”, indicó la organización defensora del derecho de los niños y niñas a vivir en familia.
Añadió que, según cifras oficiales, el 39% de los estudiantes universitarios abandona las aulas, de los cuales entre un 43% y 47% corresponde a la universidad pública (UASD) y a otras universidades de costos de bajo costo (ONE, 2015).
“Esto pudiera estar afectando a estas cifras, puede ser la situación socioeconómica de esta población que en su gran mayoría tienen que trabajar para costearse sus estudios”, agregó el texto de Aldeas Infantiles SOS.
La organización especialista en cuidado alternativo citó que una encuesta aplicada a estudiantes universitarios por diario digital El Dinero reflejó que el 49% mencionó la garantía laboral como principal solución a la deserción universitaria y en segundo lugar la mejoría de la calidad educativa con un 28%.
Acerca de Aldeas Infantiles SOS
Aldeas Infantiles SOS República Dominicana es una organización sin fines de lucro que trabaja por la el derecho de los niños y niñas a vivir en familia. Se desempeña de forma directa en las áreas de cuidado, educación y salud en pos de los niños y niñas que han perdido el cuidado parental o que corren el riesgo de perderlo.
Atiende a más de 370 niños, niñas y adolescentes y jóvenes en programas ubicados en Los Jardines del Norte, Los Mina y Santiago de los Caballeros. Establecida en el país en 1979, tras el paso del Huracán David, forma parte Aldeas Infantiles SOS Internacional, una organización que reúne a 135 Asociaciones Nacionales miembro en todo el mundo.
Fundada en Austria por Hermann Gmeiner, en 1949, la obra de Aldeas Infantiles SOS se inspira en la difusión y aplicación de las Directrices sobre cuidado alternativo planteados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
En República Dominicana, Aldeas Infantiles SOS forma parte de la Coalición ONG por la Infancia. Trabaja de la mano del Estado en procesos de formación de cuidadores de niños y niñas, sus familias y sus comunidades para que puedan brindar el cuidado y protección adecuados y prevenir la separación familiar.
Nacionales
JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.
Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.
Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.
Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.
La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.
Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.
Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.
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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3
Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.
Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».
«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).
Derechos de Franasyl
La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.
En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.
La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.
- Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.
Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.
El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.
La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.
La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.
El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.
Ejecución del peritaje
Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.
La CD modificó el artículo 48 de la pieza
Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.