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Veinte por ciento de jóvenes no estudia ni trabaja; Hoy es el Dia Internacional de la Juventud
Por Cristina Rodríguez
SANTO DOMINGO, República Dominicana.-uno de cada cinco jóvenes de la República Dominicana no trabaja ni estudia y habría que agregarle lo que ello representa.
Así se celebra en el país El Día Internacional de la Juventud, cuya situación de los jóvenes dominicanos interfiere con su progreso en todas las áreas de su vida y una muestra de esa triste situación es el drama descrito más arriba.
La organización Juventud Aldeas Infantiles SOS, llama al Estado, a la sociedad civil y al sector privado a producir reformas que impulsen el desarrollo de la juventud, tras difundir cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) que revelan que el 20% de las personas jóvenes del país (15 y 24 años) no estudia ni trabaja, de las cuales el 66.7% son mujeres.
El Día Internacional de la Juventud es considerado por la entidad en referencia para que el Estado, la sociedad civil y el sector privado “a aunar esfuerzos en la dirección de producir las reformas que requiere el país de cara a transformar la educación, tanto en el nivel medio como universitario, para que la misma responda a la realidad y a las expectativas de desarrollo de la juventud dominicana”.
La Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas designó el 12 de agosto como el Día Internacional de la Juventud, una celebración anual que busca desde 1999 “promover el papel de los jóvenes como socios esenciales en los procesos de cambio y generar un espacio para crear conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan”.
“La transformación a la que nos referimos –prosigue el comunicado de Aldeas Infantiles SOS- sugiere, entre otros aspectos, el abordaje” de asuntos fundamentales, partiendo por “la inserción y la seguridad laboral para estudiantes universitarios para que puedan costear sus necesidades, incluida su propia educación”.
Tan importante como esto, añade Juventud Aldeas Infantiles SOS, es “la innovación de los programas de estudios en el nivel medio y superior en consonancia con los requerimientos del mercado laboral”.
Aldeas Infantiles SOS recuerda que los jóvenes de la República Dominicana representan el 36% de la población total del país, lo que constituye “el bono demográfico” más alto de América Latina.
Es un bono porque constituye, destaca, “una gran oportunidad para impulsar el desarrollo”.
La población de 15-19 años de edad
Se esperaría que los jóvenes de entre 15 y 19 años de edad estén culminando su ciclo de educación secundaria y otros haciendo la transición o estudiando en la universidad, pero “apenas el 79% asiste de manera regular a la escuela, colegio o universidad”, sostuvo en base a cifras de EN HOGAR al año 2017.
Estas y muchas otras situaciones adversas “enfrentan los jóvenes de hoy”, indicó la organización defensora del derecho de los niños y niñas a vivir en familia.
Añadió que, según cifras oficiales, el 39% de los estudiantes universitarios abandona las aulas, de los cuales entre un 43% y 47% corresponde a la universidad pública (UASD) y a otras universidades de costos de bajo costo (ONE, 2015).
“Esto pudiera estar afectando a estas cifras, puede ser la situación socioeconómica de esta población que en su gran mayoría tienen que trabajar para costearse sus estudios”, agregó el texto de Aldeas Infantiles SOS.
La organización especialista en cuidado alternativo citó que una encuesta aplicada a estudiantes universitarios por diario digital El Dinero reflejó que el 49% mencionó la garantía laboral como principal solución a la deserción universitaria y en segundo lugar la mejoría de la calidad educativa con un 28%.
Acerca de Aldeas Infantiles SOS
Aldeas Infantiles SOS República Dominicana es una organización sin fines de lucro que trabaja por la el derecho de los niños y niñas a vivir en familia. Se desempeña de forma directa en las áreas de cuidado, educación y salud en pos de los niños y niñas que han perdido el cuidado parental o que corren el riesgo de perderlo.
Atiende a más de 370 niños, niñas y adolescentes y jóvenes en programas ubicados en Los Jardines del Norte, Los Mina y Santiago de los Caballeros. Establecida en el país en 1979, tras el paso del Huracán David, forma parte Aldeas Infantiles SOS Internacional, una organización que reúne a 135 Asociaciones Nacionales miembro en todo el mundo.
Fundada en Austria por Hermann Gmeiner, en 1949, la obra de Aldeas Infantiles SOS se inspira en la difusión y aplicación de las Directrices sobre cuidado alternativo planteados en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño.
En República Dominicana, Aldeas Infantiles SOS forma parte de la Coalición ONG por la Infancia. Trabaja de la mano del Estado en procesos de formación de cuidadores de niños y niñas, sus familias y sus comunidades para que puedan brindar el cuidado y protección adecuados y prevenir la separación familiar.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.