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Dice JCE no tiene fondos expedir la nueva cédula
El doctor José Ángel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), aseguró este martes que esa institución no tiene recursos en el presupuesto para ejecutar el programa de la nueva cédula de identidad y electoral y advirtió que si no se aplica este año deberá ser pospuesta para el año 2017. Asimismo, Aquino García expresó que no renunciará al papel que le otorgó el Pleno de la JCE, junto al doctor Eddy Olivares, de armonizar con funcionarios del Gobierno del sector económico sobre la situación financiera de la institución.
Manifestó que uno de los principales compromisos que tiene la JCE es el cambio de cédula, pero también el registro electoral.
Dijo que se opuso a la licitación internacional que dispuso la JCE para la nueva cédula electoral.
El doctor José Angel Aquino advierte que de no buscarse el dinero este año habría que prorrogar el actual documento de identidad hasta el año 2017
José Ángel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral
Sin embargo, puso en dudas que desde el Gobierno haya hostilidad y enfrentamiento en contra de la Junta. “No es verdad que desde el Gobierno tenga una actitud de hostilidad contra la JCE, prueba de ello es que aprobaron un préstamo de 300 millones de pesos para pagar capital”, indicó.
Sostuvo que la estrategia de confrontación de la JCE con funcionarios del sector económico fue equivocada, cuando fui de opinión de una política de acercamiento, como lo hicieron los otros sectores.
Dijo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Suprema Corte de Justicia se acercaron al Gobierno y tuvieron buenos resultados.
“Pero la JCE optó por una estrategia de confrontación y colocó al Gobierno en una situación difícil en la cual si aceptaba demostraba que podría ser objeto de ese tipo de presión”, sostuvo.
El Pleno de la JCE dispuso el cierre de las oficinas del voto del exterior, así como el aumento de las tarifas de los servicios, con el único voto en contra del miembro Eddy Olivares.
Aquino García expresó que seguirá en su papel de buscar un acercamiento hacia el Gobierno, no por el tema presupuestario específico, sino con todos los trámites de la Junta y armonizar esas relaciones.
Por otro lado, anunció que presentará al Pleno un proyecto de ley sobre la situación de ilegales haitianos en el país, de los que son culturalmente dominicanos, pero que no tienen la documentación para salir de la ilegalidad.
“Enfocamos una solución legal y práctica, que al mismo tiempo no desconozca la soberanía del Estado, pero también que respete los derechos humanos”, indicó al ser entrevistado por Juan Bolívar Díaz.
El Nacional
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.