Nacionales
Dice JCE no tiene fondos expedir la nueva cédula
El doctor José Ángel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral (JCE), aseguró este martes que esa institución no tiene recursos en el presupuesto para ejecutar el programa de la nueva cédula de identidad y electoral y advirtió que si no se aplica este año deberá ser pospuesta para el año 2017. Asimismo, Aquino García expresó que no renunciará al papel que le otorgó el Pleno de la JCE, junto al doctor Eddy Olivares, de armonizar con funcionarios del Gobierno del sector económico sobre la situación financiera de la institución.
Manifestó que uno de los principales compromisos que tiene la JCE es el cambio de cédula, pero también el registro electoral.
Dijo que se opuso a la licitación internacional que dispuso la JCE para la nueva cédula electoral.
El doctor José Angel Aquino advierte que de no buscarse el dinero este año habría que prorrogar el actual documento de identidad hasta el año 2017
José Ángel Aquino, miembro de la Junta Central Electoral
Sin embargo, puso en dudas que desde el Gobierno haya hostilidad y enfrentamiento en contra de la Junta. “No es verdad que desde el Gobierno tenga una actitud de hostilidad contra la JCE, prueba de ello es que aprobaron un préstamo de 300 millones de pesos para pagar capital”, indicó.
Sostuvo que la estrategia de confrontación de la JCE con funcionarios del sector económico fue equivocada, cuando fui de opinión de una política de acercamiento, como lo hicieron los otros sectores.
Dijo que la Universidad Autónoma de Santo Domingo y la Suprema Corte de Justicia se acercaron al Gobierno y tuvieron buenos resultados.
“Pero la JCE optó por una estrategia de confrontación y colocó al Gobierno en una situación difícil en la cual si aceptaba demostraba que podría ser objeto de ese tipo de presión”, sostuvo.
El Pleno de la JCE dispuso el cierre de las oficinas del voto del exterior, así como el aumento de las tarifas de los servicios, con el único voto en contra del miembro Eddy Olivares.
Aquino García expresó que seguirá en su papel de buscar un acercamiento hacia el Gobierno, no por el tema presupuestario específico, sino con todos los trámites de la Junta y armonizar esas relaciones.
Por otro lado, anunció que presentará al Pleno un proyecto de ley sobre la situación de ilegales haitianos en el país, de los que son culturalmente dominicanos, pero que no tienen la documentación para salir de la ilegalidad.
“Enfocamos una solución legal y práctica, que al mismo tiempo no desconozca la soberanía del Estado, pero también que respete los derechos humanos”, indicó al ser entrevistado por Juan Bolívar Díaz.
El Nacional
Nacionales
Pronto el Ministerio Público hablará de un segundo capítulo del caso Senasa, según Wilson Camacho.
Santo Domingo, R.D.-Luego de la ratificacion de la medida de coercion en contra de los imputados del caso Senasa, Wilson Camacho, voce del Ministerio Público volvió a señalar que la versión dos del escándalo de corrupción pronto será conocido.
“Estamos avanzando. Ustedes saben que es una investigación abierta y hay que cuidar los detalles para no afectar esa investigación, pero les aseguro que muy pronto nos estaremos viendo de nuevo hablando de la versión 2.0 de Operación Cobra”, dijo el magistrado.
Asimismo, volvió a prometer que toda persona que haya participado en ese entramado que desfalcó al Estado con alrededor de 15 mil millones de pesos “se presentará ante los tribunales, se los aseguro”.
Al fallar el fondo de la apelación, la corte desestimó los recursos de Santiago Hazim, Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Franciscó Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speaklear Mateo y Ada Ledesma Ubiera. Por vía de consecuencia, confirmó en todas sus partes la resolución impugnada, que impuso la medida de coerción consistente en prisión preventiva por un espacio de 18 meses.
La prisión la cumplen en las cárceles de Las Parras y Najayo Mujeres.
El pleno del tribunal, integrado por los magistrados Isis Muñoz (presidenta), Teófilo Andújar y Luis Omar Jiménez, también decidió mantener en arresto domiciliario, presentación de garantías económicas e impedimento de salida del país para Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo.
Santo Domingo, R.D.-Los defensores en el caso Calamar del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, presentaron en el tribunal hoy sus argumentos finales con el objetivo de desmontar la acusación del Ministerio Público sobre supuestas irregularidades millonarias en expropiaciones de terrenos y pagos a contratistas.
El doctor Eduardo Núñez planteó a la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, que la imputación carece de fundamento legal y material y que es materialmente imposible que Donald Guerrero haya cometido los delitos que se le imputan.
“Donald Guerrero es inocente, y los propios documentos del Estado acrediten una gestión transparente en el Ministerio de Hacienda”, acotó el abogado en sus argumentos planteados al tribunal.
Sostiene que se trata de documentos fabricados al margen de la ley, producidos sin permitir la contradicción ni la participación ni el derecho de defensa de las personas investigadas, en franca violación del artículo 69 de la Constitución.
Afirmó que dichos informes no responden a un ejercicio técnico ni imparcial, sino a un intento deliberado de crear documentos para justificar acciones que se querían llevar a cabo y dar apariencia de legalidad a una narrativa que no respondía a hechos reales, con el fin de venderle al país una historia que no se corresponde con la verdad.
El jurista explicó que en el período comprendido entre el año 2021 y 2024 se realizaron informes de auditoría sobre expropiaciones del Ministerio de Hacienda atribuidas a una Unidad Antifraude que no existe legalmente.
Esa auditoría, indicó, se llevó a cabo sin notificar, sin permitir participación y sin otorgar acceso a la información a las personas bajo escrutinio, en abierta violación de las normas básicas del debido proceso administrativo.
A juicio de la defensa, se trata de una actuación fabricada al margen del ordenamiento jurídico, utilizada durante más de cuatro años para respaldar decisiones administrativas y judiciales, aun cuando se conocía que el órgano que produjo el informe carecía de existencia jurídica.
Núñez recordó que no fue sino hasta el 14 de julio de 2025 cuando el Poder Ejecutivo creó formalmente la Unidad Antifraude mediante el Decreto 382-25, varios años después de que esa supuesta unidad realizará los trabajos que sirvieron de base al proceso penal.
Igualmente, indicó que el Decreto 382-25 es inconstitucional porque asigna facultades que afectan derechos fundamentales por medio de un decreto.
Manifestó que la acusación se sostiene sobre dos tipos de pagos que el Ministerio Público ha intentado presentar como irregulares, cuando en realidad corresponden a obligaciones legales acumuladas del Estado.
Santo Domingo, R.D.-Una pena máxima de 20 años de cárcel solicitó el Ministerio Público este jueves en sus conclusiones formales en el juicio de fondo que se sigue contra los implicados en el caso Coral, cuyo cabecilla es el general Adam Cáceres y 5 para el delator, Raúl Alejandro Girón Jiménez.
La fiscalía solicitó al tribunal imponer una condena de 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra el mayor general Adán Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou (exdirector del CESTUR), Rafael Núñez de Aza, Rafael Camilo de los Santos Viola
En el caso del mayor del Ejército, Raúl Alejandro Girón, por su decisión fundamentada en la cooperación efectiva y el aporte de información clave para desmantelar la estructura, el Ministerio Público solicitó una pena reducida de 5 años de prisión y una multa de 200 salarios mínimos.
Mayor general Adán Cáceres se queja de violaciones a sus derechos fundamentales.
El Ministerio Público propuso que se tome en consideración el tiempo que el imputado ha cumplido bajo arresto domiciliario para dar la pena por cumplida en su totalidad o que el tiempo restante sea bajo la modalidad de pena suspendida, sujeta a reglas específicas.
Esto residir en un domicilio fijó aportado al tribunal, abstenerse del porte y tenencia de armas de fuego, presentarse mensualmente ante el juez de ejecución de la pena.