SANTO DOMINGO.- Los abogados de Gonzalo Castillo, imputado en el caso Calamar por presunta corrupción, anunciaron este jueves que están “totalmente preparados” para presentar los argumentos de defensa con los que demostrarán la verdad ante la acusación del Ministerio Público contra el exministro de Obras Públicas.

La jurista Laura Acosta declaró que la defensa ha mantenido una conducta de colaboración con el tribunal y que no existe razón atribuible a su representado ni a sus abogados que justifique nuevos aplazamientos.

“Estamos listos para que este caso se conozca de una vez y por todas”, expresó la togada.

Acosta consideró razonable la decisión del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de verificar, a través del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), la condición de salud del exsenador Rafael Calderón, imputado que no se presentó a la audiencia y que posee una licencia médica por 30 días.

La jurista sostuvo que la defensa ha actuado con total disposición para que el procedimiento avance, recordando que han presentado propuestas de calendario de audiencias y han facilitado toda la documentación requerida. “Hemos sido colaboradores con el tribunal para que esto avance”, dijo.

También enfatizó: “Dejamos a la mejor apreciación del tribunal la decisión de separar o no al exsenador Calderón”.

“Esta es ya la tercera vez que se retrasa el inicio de nuestra defensa. Hemos estado listos desde hace tiempo. No pedimos su separación por coherencia, pero el tribunal debe prever qué ocurrirá si no puede reincorporarse en treinta días. El nuevo Código Procesal Penal ofrece herramientas para actuar con prudencia y garantizar la continuidad del proceso, y este escenario exige esa valoración”, resaltó.

Durante la audiencia de hoy, el Ministerio Público favoreció un aplazamiento hasta mañana viernes a las 2:00 de la tarde. Para la defensa, este nuevo retraso no responde a acciones propias, sino a circunstancias externas que, aseguraron, no deben seguir afectando el derecho de su representado a que la acusación sea conocida en un tiempo razonable.

El equipo legal de Castillo está integrado por Laura Acosta, Nassef Perdomo y Luis Rivas.

DAJABON.- Este miércoles un grupo de ciudadanos haitianos protestó en el puente fronterizo donde exigió justicia por la muerte de la niña haitiana Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años, durante una excursión escolar en Santiago.

Los manifestantes se presentaron con pancartas y bocinas, manteniendo la concentración durante varios minutos por lo que miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronterizo Terrestre (CESFRONT), desplegó un amplio dispositivo de seguridad en el área.

Stephora falleció el 14 de noviembre en una hacienda de Gurabo, provincia de Santiago, donde participaba en una salida recreativa con otros estudiantes. Informes preliminares indicaron que murió por ahogamiento.

El Ministerio Público arrestó a cuatro miembros del Instituto Leonardo Da Vinci en relación al homicidio involuntario de la niña Stephora Anne-Mircie Joseph, de 11 años de edad, fallecida en la hacienda Los Caballos, en Gurabo, durante una excursión a la que la llevó el centro educativo.

Las arrestadas son Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavarez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

Según el Ministerio Público “las 9:44 de la mañana, la víctima se adentra a la piscina, caminando confiada la cual se encontraba sin ningún tipo de señalización y al momento en que llega a la mitad de la misma, se percató de que el nivel de agua era diferente y de inmediato, empezó a hundirse y hacer señas de auxilio con los brazos muestra de que se estaba ahogando”.

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Moca.–Fue aplazada para el próximo lunes  la audiencia para conocer la medida de coerción contra los siete agentes penitenciarios acusados de planificar y facilitar la fuga del recluso Beilin Antonio de Peña, alias “El Buda”.

El aplazamiento se produjo a solicitud del Ministerio Público, a fin de permitir que la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales (DGSPC) se constituyera formalmente en parte acusadora dentro del proceso.

Un abogado en representación de la entidad se presentó en el conocimiento de la medida cautelar, dejando establecida la intención de participar como actor civil en el caso.

Se les atribuyen los delitos de asociación de malhechores, obstrucción de la justicia y diversas violaciones al Código Penal dominicano, al supuestamente colaborar en la evasión del interno.

La escape de “El Buda” ocurrió el 21 de noviembre de 2025 desde el Centro de Rehabilitación La Isleta, en un hecho que dejó al descubierto presuntas fallas internas y la posible participación directa del personal penitenciario.

El conocimiento de la medida de coerción se reanudará el lunes 15, donde la jueza podría decidir si impone prisión preventiva, garantía económica u otra medida cautelar contra los agentes imputados.