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Dicen violan Ley de Declaración Jurada

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Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO

SANTO DOMINGO.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) opinó este martes que con las declaraciones juradas de bienes muchos funcionarios declaran el patrimonio que aspiran a obtener y otros menos de lo que poseen.

Indicó que en el primer caso cuando salen del cargo pueden justificar los bienes que consiguieron producto de la comisión de actos de corrupción y en el segundo no lo revelan porque estarían poniendo en evidencia su riqueza, en vista de que su única actividad productiva ha sido la de funcionario público.

La entidad anticorrupción pidió al Congreso la urgente aprobación del proyecto de Ley Sobre la Declaración Jurada de Patrimonio y Enriquecimiento Ilícito, promovido por los senadores Charlie Marioti y Julio Cesar Valentín.

A su juicio, este es un instrumento efectivo en la lucha contra la corrupción en el país, porque permitirá que las declaraciones de los funcionarios al iniciar una gestión pueda ser verificada si se corresponde con lo que declararon.

Julio César De la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, dijo que eso no ocurre concon la ley actual, la cual es violada porque contempla sanciones de tipo civil, penal y administrativa.

 El proyecto de ley que ha sido aprobado en dos ocasiones por el Senado, pero ha perimido en la Cámara de Diputados, establece en su artículo tres que los funcionarios están obligados a declarar dentro de los 30 días siguientes a su designación o elección. Deben presentar un inventario certificado por un contador público autorizado y jurado ante notario público, de los bienes que constituyen su patrimonio y el de su cónyuge o compañero permanente, si lo tuviere.

 Ministros RD en su mayoría son ricos

 Hasta el momento faltan las declaraciones juradas de los ex funcionarios del gobierno de Leonel Fernández, incluyendo al ex presidente y al ex vicepresidente Rafael Alburquerque

Con raras excepciones, los ministros del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), tanto los que provienen de la administración de  Leonel Fernández como los que comenzaron en la gestión de Danilo Medina, son multimillonarios.

Según las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos, que por ley deben entregar al jurar el cargo y al salir, los principales funcionarios cuentan con patrimonios tan elevados que casi rondan los 200 millones de pesos, aunque por lo menos uno todavía no alcanza el millón de pesos.

eg/am

Los datos se encuentran en las declaraciones juradas de bienes, puestas a disposición del público por la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), que dirige Laura Guerrero Pelletier, adscrita a la Procuraduría General de la República.

Según los documentos, el más rico es el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Gonzalo Castillo, con una fortuna de RD$189 millones 730,026.

Le siguen el joven ministro de Industria y Comercio, José Manuel Castillo Saviñón, con RD$166 millones 744,302.54.

El tercer lugar está el ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, con RD$140,336,826.

En cuarto lugar sigue el ministro de Turismo, Francisco Javier García, que declaró una fortuna personal de RD$94 millones 658,128.26.

almomento.net

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Piden prisión para profesor imputado por acoso sexual contra una estudiante

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SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.

La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.

De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.

El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.

La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.

El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.

Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.

La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.

El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.

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Apelarán condena de 30 años a anciano de 83 años por tentativa de asesinato.

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Santo Domingo, R.D.-Milagros del Carmen Rodriguez, abogada de la Defensoría Pública, anunció que recurrirá la sentencia de 30 años de prisión impuesta a Nicolás Suárez, de 83 años, condenado por tentativa de feminicidio contra su expareja Erminia Núñez Durán, en el distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), quien  argumenta que la edad avanzada y el deteriorado estado de salud del imputado hacen inviable su reclusión en un centro penitenciario.

El Tercer Tribunal Colegiado del distrito judicial de Santiago, integrado por las juezas Ingrid LiberatoDeyanira Méndez y Kimberly Tatis, impuso a Suárez la pena máxima por tentativa de asesinato. Sin embargo, la defensa sostiene que el tribunal no tomó en cuenta las atenuantes presentadas durante el proceso.

La abogada Milagros Del Carmen Rodríguez señaló que Suárez padece diabetes avanzada que le ha provocado la pérdida de la visión, condición que motivó que durante todo el proceso judicial permaneciera en prisión domiciliaria.

«Hemos solicitado varios permisos para ir al médico porque no ve; tiene una situación de diabetes que le ha quitado la vista», declaró la defensora pública.

Los hechos que originaron el proceso ocurrieron el 17 de julio de 2024 en un barrio del distrito municipal de Santiago Oeste (Cienfuegos), cuando Nicolás Suárez agredió a su expareja, Erminia Núñez Durán, en un hecho calificado por la justicia como tentativa de asesinato.

A pesar de que el tribunal no acogió los argumentos atenuantes presentados por la defensa, la abogada insiste en que una condena de 30 años resulta desproporcionada e inaplicable dadas las condiciones del imputado.

La Defensoría Pública solicita que, en caso de mantenerse la calificación de tentativa de asesinato, la pena sea sustituida por una condena suspendida que no exceda los tres años.

La defensora invocó el principio de humanización de las penas, establecido en el ordenamiento jurídico dominicano, como fundamento central del recurso de apelación.

«No es posible que en este caso no se tome en cuenta el principio de humanización», afirmó Rodríguez.

El principio de humanización de las penas reconoce que la ejecución de una condena no debe atentar contra la dignidad del condenado ni agravar su situación más allá de lo que la propia pena implica. En casos de personas de edad avanzada con enfermedades graves, los tribunales de alzada dominicanos han considerado este principio como criterio válido para modificar sanciones.

La apelación será presentada ante la Corte de Apelación del departamento judicial de Santiago.

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Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.

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Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.

En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.

Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el  cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.

Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.

Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.

«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.

Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.

En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.

La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.

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