Opinión
Dictadura por contrato: cómo amedrentar la protesta y rematar lo público
Por Isaías Ramos
No es alarma: es diagnóstico; un andamiaje penal y contractual busca apagar las calles y rematar lo público. No es un tropiezo del sistema: es su método, frío, manipulador y amoral.
El quiebre legal no se anuncia en ruedas de prensa: se esconde en los artículos del nuevo Código Penal. El bloque arts. 192, 207–210, 310 y 384 transforma la crítica en sospecha, la denuncia en delito y las libertades públicas en amenaza. Cuando la ley etiqueta como “cualquier violencia colectiva” un abanico elástico de conductas, lo que se tipifica no es el crimen: es la resistencia cívica. La mordaza no se pone con cinta: se regula con párrafos. La democracia no se pierde de un portazo; se va por goteo. Es, en los hechos, un quiebre constitucional.
El día de la entrada en vigor será también el del relato de “decisiones drásticas” como coartada para justificar el aumento de tarifas y el traspaso de control al sector privado como solución técnica. Se repiten cifras de pérdidas sin auditorías técnicas, públicas e independientes que las certifiquen. Aun así, se pretende que el pueblo pague pérdidas sin pruebas y contratos sin auditoría. La ecuación es clara: sube la factura, sube la indignación, se violentan —o desaparecen— derechos fundamentales consagrados en nuestra Carta Magna y se instala un terror legal sobre las libertades públicas. Gobernar con terror punitivo no es gobernar, pero a quien quiere rematar lo público le resulta útil.
Ese quiebre abre paso a la otra cara del proyecto: la ingeniería del atraco legal. Fideicomisos públicos, concesiones y APP se venden como modernización, pero operan como cajas aparte donde el patrimonio común termina convertido en activos expropiados a favor de privados: se apalanca deuda con garantía social, se traslada el control real y, llegado el punto, se racionaliza el traspaso blindado. Cambian los nombres, no la ecuación: riesgo socializado, renta garantizada.
El caso de las EDE ilustra —solo ilustra— el mecanismo general. Se invoca un déficit sin auditorías públicas que lo certifiquen; se ocultan costos en una caja negra; la factura sube mientras se prepara el traspaso de control al privado como “solución técnica”. Las sombras no vienen de la noche: vienen del papel. El insulto añadido es señalar al ciudadano como ladrón de luz mientras el sistema oculta sus propias pérdidas contables. La sombra está en los papeles, no en los postes.
Lo que asoma en el horizonte no necesita proclamas. Nadie se sorprenderá si, en el trienio que le queda a esta partidocracia, se encadenan privatizaciones (con las EDE como ejemplo), endeudamiento acelerado y despojo de riqueza pública a velocidad de decreto: el cierre de un ciclo de treinta años que busca reciclarse instalando una dictadura pura y dura, sin clientelas y con control. Tres décadas que las futuras generaciones podrían recordar como las más funestas si hoy miramos a un lado.
La pinza tributaria completa la estructura de control. La facturación electrónica sería útil con equidad, simplicidad y debido proceso; sin eso, sus garras convierten un error de una pyme en amenaza y un descuido en expediente penal. Llevada al extremo, la hiperexigencia termina pidiendo identificación hasta para comprar agua. Eso no formaliza: oprime. Sin confianza, la formalidad se vuelve amenaza.
Del clientelismo a la opresión no hay salto ético: hay cambio de instrumento. Se anuncia la muerte de la dádiva, pero avanza la autocracia corporativa: más garrote para el pueblo, más blindaje para la cúpula; política secuestrada, contratos blindados, activos públicos expropiados, terror disuasorio. Y en los extremos que se tocan, el resultado converge: el comunismo expropia lo privado y el neoliberalismo extractivo expropia lo público; uno centraliza por decreto, el otro por concesión; en ambos, la cúpula vive en opulencia y el pueblo queda en la indefensión. Si el pueblo no despierta a tiempo, el yugo se hará más pesado, la opresión más cruda y la miseria más honda, sin vuelta atrás.
Lo que consagra la Constitución es justo lo que pretenden criminalizar y tipificar como delito: los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; el control ciudadano de los actos del poder; la prensa que interpela y el juez que controla. Esos derechos están consagrados en nuestra Constitución: no son concesión del poder, son derechos del pueblo. Un Estado Social y Democrático de Derecho no teme la voz disidente: la reconoce como freno de emergencia del poder. No asfixia a quienes trabajan y producen; los acompaña para que cumplan. No esconde los números: los abre. Apagar la alarma es encender el incendio, porque donde no hay justicia, tampoco puede haber paz.
En el Frente Cívico y Social nuestra propuesta indeclinable es simple y verificable: hacer valer lo que ya consagra la Constitución mediante garantías efectivas y exigibles de los derechos fundamentales —civiles, económicos y sociales—; paralizar de inmediato cualquier intento de despojo de lo público; auditar de forma pública el sistema eléctrico y todos los contratos y estructuras (APP, fideicomisos, concesiones), con beneficiarios finales a la vista. Tras esas auditorías, se revisará y, cuando la ley lo establezca, se corregirán o revertirán los actos que hayan implicado enajenación del patrimonio común, priorizando el resarcimiento al Estado y la determinación de responsabilidades por las vías administrativas, civiles o penales que correspondan, con pleno respeto al debido proceso. Además, se decretará una moratoria al endeudamiento que no genere valor público. Y seamos claros: mientras gobierne esta partidocracia, nada de esto se hará realidad; su fuerza descansa en la opacidad y el terror legal. En el FCS damos por hecho que la Constitución del Estado Social y Democrático de Derecho es innegociable y que solo candidaturas independientes, libres de ataduras, podrán convertir ese mandato en realidad.
Esta partidocracia ya no viene por tus votos; viene por tus libertades y por el patrimonio de todos. No escuchan al pueblo; convierten sus derechos en delito. Con la Constitución por bandera y la verdad por escudo, ¡vamos, pueblo! ¡Despierta, RD!
Por Oscar López Reyes
Desde la declaratoria de independencia de Inglaterra por 13 colonias enclavadas en la costa Este de América del Norte, el 4 de julio de 1776, Estados Unidos ha experimentado una expansión imparable, vasta y mamut, cobijada en su aventajada ubicación entre los océanos Atlántico y Pacífico, sus crecidos recursos naturales (tierras fértiles, carbón, hierro y petróleo), el ingenio y acometividad industrial de una élite, las guerras y el saqueo de bienes extraterritoriales.
Los aportes de la principal superpotencia a la economía, la educación, la salud, la cultura y la ciencia a través de la investigación, son apreciables. Pongamos de relieve diez de los fundamentales, a propósito de la conmemoración del 250 aniversario de su independencia:
1.- ECONOMÍA Y FINANZAS. Descuella con el Producto Interno Bruto (PIB) más voluminoso del globo terráqueo, que supera los 32 billones de dólares y que acumula más del 25% del patrimonio planetario. Se empinó como la primera economía del universo, inspirada en el modelo de libre mercado, amparada en su riqueza natural, el grueso mercado de consumo interno, sus incesantes transformaciones tecnológicas y su moneda robusta (el dólar), que le otorgan un poder bancario internacional. Por esos atributos cuenta con Wall Street, el centro financiero de más operaciones globales.
2.- NOVEDADES TECNOLÓGICAS. Estados Unidos asienta las más influyentes corporaciones tecnológicas, que van desde la informática, la biotecnología, la farmacéutica, la industria espacial, la ciberseguridad y la inteligencia artificial, que avasallan el panorama informático/digital universal, como Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet (Google), Amazon, Meta Platforms (Facebook, Instagram y WhatsApp), Broadcom, Tesla, Oracle e Intel.
3.- EDUCACIÓN UNIVERSITARIA. Estados Unidos lidera los rankings mundiales de los centros universitarios, principalmente por su excelencia educativa y su impacto en la investigación y producción científica, como Princeton, Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), Harvard, Stanford, Yale y Columbia.
4.- INFLUENCIA SOCIO-CULTURAL. La ascendencia transnacional de Estados Unidos ha sido protagónica, particularmente por la exportación y difusión de la industria cultural y el entretenimiento, como la música, el consumo mediático y el cine (Hollywood), históricamente taquillero y hegemónico en la producción audiovisual y las plataformas digitales.
5.- ASCENDENCIA DEPORTIVA. Las becas universitarias, la calidad de las infraestructuras físicas, la comercialización y la estratégica operatividad de las ligas profesionales estadounidenses, con la contratación de calificados talentos nacionales e internacionales, han colocado las competencias deportivas nacionales en un alto peldaño, con sustanciales beneficios monetarios y un impacto internacional. Por esa causativa, Estados Unidos ha trascendido en los juegos olímpicos y las grandes ligas profesionales de béisbol (MLB), el baloncesto (NBA), el fútbol (NFL) y el fútbol americano (MLB).
6.- INVESTIGACIÓN E INVENCIONES. En Estados Unidos inventaron la iluminación eléctrica, el telégrafo, teléfono, el avión, la penicilina a escala industrial, la vacuna contra el polio, la anestesia, el trasplante de órganos, el láser, el descenso de nave espacial a la Luna, el primer satélite de comunicación, el sistema de pronóstico meteorológico satelital, el primer transbordador espacial, la computadora personal, el microprocesador, la robótica, la Internet y la Web, el proyecto de Genoma Humano, el GPS, la tecnología de células madre, etc., por cuya labor de investigación y desarrollo está en el primer lugar en cantidad de premios Nobel.
7.- CONSERVACIÓN AMBIENTAL GLOBAL Ha sido pionero en la conservación ambiental, con el desarrollo del Parque Nacional Yellowstone, en 1872; la Ley de Aire Limpio (Clean Air Act de 1970), la reducción de la contaminación industrial y más de 30 logros en esta área.
8.- PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. Activó, desde 1869, la producción comercial del petróleo, la innovación en el transporte, el tren intercontinental, el descubrimiento de crudo en Pensilvania; la segunda revolución industrial, el desarrollo de plantas de energía nuclear y la reserva de gran cantidad de petróleo y gas natural.
9.- REFORMAS SOCIALES Y POLÍTICAS. Desde su proclamación como República independiente, en Estados Unidos han sido impulsadas transformaciones internas esenciales, como la abolición de la esclavitud, el establecimiento de derechos civiles, como el sufragio para las minorías; el sistema federal con división de poderes, las libertades individuales frente al poder central y los programas de seguridad social Medicare, Medicaid y alimentos para auxiliar a personas de bajos ingresos.
10.- ACOGIDA DE EMIGRANTES. Atracción y recepción de millones de emigrantes, que son recursos humanos para la producción empresarial y estatal y que, a la vez, oportunidades de trabajo para la sostenibilidad financiera y el envío de remesas a sus países de origen.
En pocas palabras, los inventos, emprendimientos y productividad con el sello “Made in the U.S.A.”, desde antes de la Revolución Industrial y en la Era Digital, han salvado millones de vidas y coadyuvado con la transformación de la economía global y los quehaceres cotidianos. Han mecanizado y automatizado transiciones y modificaciones en las interacciones humanas, los procesos sociales y económicos, en hábitos de consumo y la cultura, en transacciones monetarias, en el accionar laboral, leyes y otras normas, así como en estructuras societarias.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y comentarista de medios escritos, televisivos y digitales.
Por Isaías Ramos
Ningún pueblo despierta una mañana descubriendo que perdió su libertad.
La historia nunca comienza por el final.
Primero cambia el lenguaje. Después cambian las leyes. Más tarde se desplazan los límites del poder. Y solo al final una sociedad comprende cuánto costó haber permanecido indiferente.
Esta semana comienza la aplicación del nuevo Código Penal dominicano. Para muchos, el debate terminó con su promulgación. En realidad, apenas comienza.
Un Código Penal no se mide únicamente por los delitos que incorpora ni por la severidad de sus penas. Su verdadero examen consiste en responder una pregunta esencial:
¿Permanece plenamente subordinado a la Constitución?
El poder de castigar es la facultad más intensa del Estado. Permite investigar, acusar, imponer medidas de coerción y privar de libertad. Precisamente por eso necesita límites más claros, no márgenes más amplios.
Toda ley penal debió ser examinada con el máximo rigor constitucional antes de que el primer ciudadano padeciera sus efectos. Aunque una disposición sea declarada inconstitucional posteriormente, ninguna sentencia devuelve íntegramente el tiempo, la honra o la libertad ya perdidos.
La experiencia comparada deja advertencias que ninguna democracia prudente debería ignorar.
En Cuba, figuras como el desacato han sido cuestionadas por brindar protección penal reforzada a las autoridades y restringir la crítica al poder. En Nicaragua, organismos internacionales han objetado la utilización de delitos relacionados con el orden público y la seguridad nacional frente a manifestaciones y expresiones ciudadanas. En Venezuela, el debilitamiento de los controles institucionales estuvo acompañado por una reducción del espacio para la expresión, la protesta y la vigilancia ciudadana.
Los contextos fueron diferentes. Pero la advertencia terminó siendo la misma:
Las libertades rara vez desaparecen de un solo golpe.
Las restricciones se acumulan. Se justifican. Se normalizan. Se aceptan.
Y cuando una sociedad comprende sus consecuencias, recuperar los derechos perdidos resulta mucho más difícil que haberlos protegido a tiempo.
Si aquellos pueblos hubieran podido mirar décadas hacia el futuro y contemplar familias divididas, millones obligados a abandonar la tierra que amaban y millones más sobreviviendo entre restricciones, miedo, precariedad y opresión, ¿qué no habrían hecho para defender cada espacio de libertad mientras todavía estaban a tiempo?
Los pueblos nunca lamentan haber defendido demasiado pronto su Constitución. Lo que lamentan es haber comprendido demasiado tarde cuánto valía.
Existe otra lección. Quienes hoy poseen poder político, económico, institucional o mediático suelen olvidar que las leyes que ayudan a aprobar o justificar no permanecerán eternamente bajo su control.
Los gobiernos cambian. Las mayorías cambian. Los jueces cambian. Los fiscales cambian.
Pero las leyes pueden sobrevivir a quienes las promovieron.
Una norma que hoy parece útil contra un adversario puede mañana aplicarse contra quien la celebró. El verdadero estadista no legisla pensando en el poder que posee, sino en la protección que cualquier ciudadano necesitará cuando ese poder cambie de manos.
En momentos de polarización cometemos un error peligroso: discutimos quién ocupa el poder y olvidamos cuánto poder debería tener cualquiera que gobierne.
Nos dejamos dividir por partidos, simpatías y antipatías. Mientras discutimos personas, dejamos de defender principios. Y cuando una sociedad deja de defender principios, el poder deja de encontrar límites.
Las constituciones no preguntan quién gobierna. Preguntan hasta dónde puede llegar cualquier gobernante.
Por eso el artículo 7 de nuestra Carta Magna define a la República Dominicana como un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, la separación de poderes y la soberanía popular.
No es una frase ornamental. Es el mandato al que debe someterse toda ley, especialmente aquella que concede al Estado el poder de castigar.
La persistencia de cuestionamientos sobre el desacato, el ultraje, la protesta, la responsabilidad por actos de terceros y otros tipos de redacción amplia exige un escrutinio constitucional firme.
Desde el Frente Cívico y Social entendemos que todas las acciones directas de inconstitucionalidad relacionadas con esta ley deben ser conocidas con la mayor celeridad compatible con un examen riguroso e independiente.
No se pide al Tribunal Constitucional un resultado determinado, sino una respuesta dentro de un plazo razonable. Cuando normas penales vigentes pueden afectar derechos fundamentales, la celeridad deja de ser una cuestión procesal: se convierte en garantía de libertad, seguridad jurídica y paz institucional.
La demora también produce consecuencias constitucionales.
La Constitución no solo protege derechos. También protege la paz de la República.
Defender la Constitución nunca debilita la lucha contra el crimen. La legitima. Una democracia necesita un Derecho Penal firme frente a la delincuencia, la violencia y la corrupción, pero también frente a la arbitrariedad.
Seguridad y libertad no son enemigas. Ambas dependen del respeto irrestricto a la Constitución.
La historia ya nos habló. Ahora nos corresponde decidir si aprendemos de ella o esperamos a que sea demasiado tarde.
Porque cuando la Constitución deja de ser el límite del poder, el poder termina convirtiéndose en el límite de la libertad.
La historia todavía no ha escrito nuestro destino. Que nuestros hijos puedan decir, algún día, que esta fue la generación que decidió honrar su Constitución antes de descubrir cuánto costaba perderla.
Por Rommel Santos Diaz
De conformidad con el Estatuto de Roma el Estado de ejecución de la pena no pondrá en libertad al recluso antes de que haya cumplido la pena impuesta por la Corte Penal Internacional.
Solo la Corte Penal Internacional podrá decidir la reducción de la pena y se pronunciará al respecto después de escuchar al recluso.
Cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua, la Corte Penal Internacional examinará la pena para determinar si esta puede reducirse. El examen no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos.
Al proceder al examen con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma , la Corte Penal Internacional podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguientes factores:
- a)Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua su voluntad de cooperar con la Corte Penal Internacional en sus investigaciones y enjuiciamientos;
- b)Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las decisiones y órdenes de la Corte Penal Internacional en otros casos, en particular ayudando a esta en la localización de los bienes sobre los cuales recaigan las multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse en beneficio de las víctimas; o
- c)Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena.
Finalmente, la Corte Penal Internacional, si en su examen inicial con arreglo al párrafo 3 del artículo 110 del Estatuto de Roma, determina que no procede reducir la pena, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.