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Tres meses de prisión preventiva a Edgar Hernández por caso de estafa inmobiliaria.
SANTO DOMINGO. – El ingeniero Edgar Hernández, acusado de estafar a decenas de personas a través del proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, caso que fue revelado en el programa de investigación El Informe con Alicia Ortega, recibió este jueves tres meses de prisión preventiva.
La información fue ofrecida por el abogado de las víctimas, Miguel Surún Hernández, quien explicó que en la medida de coerción presentada inicialmente se incluyeron cuatro víctimas, aunque el relato de los hechos describe un esquema de estafa inmobiliaria masiva.
“En esta medida de coerción existieron cuatro víctimas, pero el relato fáctico consagra que se trata de un esquema de estafa inmobiliaria masiva y, por vía de consecuencia, ameritaba la declaratoria de caso complejo”, sostuvo.
- El jurista indicó que el caso involucra alrededor de 210 víctimas en total, muchas de ellas en el Distrito Nacional y en la provincia de Santo Domingo. Según afirmó, el proceso judicial en la provincia de Santo Domingo es el que presenta mayores avances.
Surún Hernández criticó que en el Distrito Nacional el expediente no ha tenido progreso y aseguró que han solicitado que el caso sea remitido a la provincia de Santo Domingo, donde, según dijo, las autoridades han mostrado mayor disposición para investigarlo.
De acuerdo con el abogado, el imputado habría estafado en múltiples ocasiones a las víctimas, incluso entregando certificados de títulos pertenecientes a otras personas y firmando acuerdos sustentados en esos documentos, además de estar involucrado en procesos relacionados con falsedad.
“Hace cuatro meses nos reunimos con la fiscal del Distrito solicitándole que por favor enviara ese expediente a la provincia, que es donde quieren trabajar, porque aquí el magistrado encargado ahora mismo no está haciendo absolutamente nada en ese proceso”, afirmó.
El Informe con Alicia Ortega, expuso cómo lo que comenzó como el sueño de muchos dominicanos residentes en el exterior de adquirir una propiedad frente al mar terminó convirtiéndose en una pesadilla legal y financiera.
El proyecto inmobiliario “Garden of the Beach”, promovido como un moderno condominio turístico en Boca Chica, prometía apartamentos con amenidades de lujo y entrega en un plazo de dos años. Según los contratos firmados, el edificio tendría 12 niveles, más de 200 unidades habitacionales, parqueos techados, piscina, gimnasio, salón multiuso, restaurante, cigar club, ascensores y planta eléctrica, entre otras facilidades.
Los precios de los apartamentos oscilaban entre US$54,000 y US$105,000, y los compradores debían pagar inicialmente cerca del 20 % del valor total, completando el resto en cuotas mientras avanzaba la construcción.
Sin embargo, los testimonios recogidos en la investigación señalan que la obra nunca inició formalmente. Aunque en un momento se colocó maquinaria y se realizaron excavaciones superficiales, no se levantó ninguna estructura ni se inició la cimentación del edificio.
Además, una certificación de la Dirección General de Impuestos Internos indica que el terreno identificado en los contratos no pertenece a la empresa Boca Chica Garden SRL ni a Edgar Hernández, sino que figura registrado a nombre de un tercero.
Ante la magnitud del caso, el abogado Miguel Surún Hernández, en representación de más de 40 afectados, presentó una querella penal contra Edgar Hernández, Mabel Luciano, gerente general del proyecto, y la empresa Boca Chica Garden SRL.
Los cargos incluyen estafa agravada, lavado de activos y asociación de malhechores, delitos que podrían conllevar penas de hasta 20 años de prisión.
Las víctimas, muchas de ellas dominicanos residentes en el exterior, aseguran haber entregado entre US$2,000 y más de US$40,000 para adquirir apartamentos que nunca se construyeron.
El caso continúa en proceso mientras las autoridades investigan el presunto esquema de estafa que habría afectado a cientos de compradores.
Santo Domingo. Mediante allanamientos realizados en diferentes sectores de Santiago la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y miembros del Ministerio Público ocuparon cientos de gramos de diferentes estupefacientes y arrestaron a varias personas vinculadas a este delito.
Las unidades operativas, bajo la coordinación de fiscales, ejecutaron tres allanamientos en Santiago y múltiples intervenciones dirigidas contra redes de microtráfico de drogas, que operaban en sectores como Gurabito, Villa Olímpica, Ensanche Libertad, Pueblo Nuevo, Nibaje, Hospedaje del Yaque, Ciruelito, Los Salados y Espaillat.
El balance de estos operativos contra el narcotráfico dejó un total de 11 detenidos, además de la incautación de 2,381 gramos de presunta cocaína, 55 gramos de marihuana y 32 gramos de crack, así como dos balanzas, un cargador para pistola, una radio de comunicación, dinero en efectivo y otras evidencias relacionadas con el tráfico de drogas.
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Entre los arrestados figuran Robinson Disla, Anthony Infante, Yordany Miguel, Samuel Salisman, Ronni Rodríguez y Alfred Rodríguez, entre otros, quienes serán puestos a disposición de la justicia por presuntas violaciones a la Ley 50-88 sobre Drogas y Sustancias Controladas.
El Ministerio Público y la DNCD en Santiago mantienen la búsqueda activa de varios individuos que han sido identificados y son requeridos por su presunta vinculación con actividades de venta y distribución de drogas.
Las autoridades destacaron que estas acciones forman parte de los esfuerzos de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), organismo que integra a diferentes instituciones del Estado para fortalecer la lucha contra el narcotráfico y el microtráfico de drogas en República Dominicana.
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Nuevo criterio jurisprudencial del TC en torno a cuando un acusado es absuelto dos veces
Santo Domingo, R.D.-Un nuevo criterio jurisprudencial estableció el Tribunal Constitucional mediante el cual, en lo adelante, no se podrán presentar recursos de revisión constitucional contra una segunda sentencia que declare inocente a una persona cuando esa decisión haya sido emitida tras un nuevo juicio ordenado por una corte de apelación.
La decisión fue adoptada en la sentencia TC/0300/26, del 2 de junio del 2026, en la que el órgano constitucional afirmó que existían contradicciones en su propia jurisprudencia sobre este tipo de casos y que era necesario fijar una regla uniforme para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia de sus precedentes.
«A la hora de determinar la admisibilidad del recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional contra decisiones que versen sobre la doble absolución, hemos detectado contradicciones que ameritan la intervención de este colegiado para garantizar la seguridad jurídica y la coherencia jurisprudencial«, sostuvo el tribunal.
Esta figura, conocida como doble absolución, está contemplada en el artículo 423 del Código Procesal Penal, que establece que cuando una persona resulta absuelta en un nuevo juicio celebrado después de una primera absolución, esa segunda sentencia no es susceptible de recurso alguno.
«En esas atenciones, unificaremos nuestro criterio para que, en lo adelante, los casos donde a través de un recurso de revisión constitucional de decisión jurisdiccional se recurra la segunda sentencia de absolución dictada a propósito de un reenvío ordenado por la corte de apelación, el recurso será inadmisible«, indicó.
El tribunal argumentó que permitir la reapertura indefinida de procesos penales en esas circunstancias afectaría principios fundamentales del sistema de justicia penal.
«En efecto, la doble absolución obtenida por el imputado se traduce en una garantía sustantiva frente al ejercicio del poder punitivo del Estado, en la medida en que comporta una consolidación del estado de inocencia y una limitación legítima a la posibilidad de reabrir indefinidamente el debate penal», señaló.
El TC agregó que esta protección busca salvaguardar la seguridad jurídica, evitar que los procesos se eternicen y proteger a los imputados frente a una persecución penal indefinida por hechos que ya han sido juzgados en dos ocasiones dentro de un mismo proceso.
La decisión surge a propósito de un recurso presentado por Julio Colón Manzanillo contra una sentencia de la Octava Sala de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional que absolvió a Jorge Freddy Figuereo de los Santos de una acusación de estafa.
Sin embargo, más allá de resolver ese caso particular, la alta corte aprovechó el expediente para emitir una sentencia de unificación de criterio que servirá de precedente para futuros casos relacionados con la denominada doble absolución, fijando una regla general para todos los tribunales y litigantes.
Santo Domingo, R.D.-Una garantía económica de dos millones de pesos fue impuesta por un tribunal de tránsito a través de una aseguradora, además de presentación periódica e impedimento de salida del país a Frederic Augusto Emam Zade Lluberes, imputado de ser el conductor de la yipeta Porsche que impactó un vehículo de la Dirección de Migración, colisión en la que resultó herido el agente Snayder Almánzar, quien falleció posteriormente por las lesiones sufridas.
Las medidas de coerción fueron dictadas por la jueza Rocío Espejo, de la Sexta Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito del Distrito Nacional, durante una audiencia celebrada este 3 de junio.
El imputado es investigado por presuntas violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, así como a varios artículos del Código Penal.
La Dirección General de Migración (DGM) informó este miércoles el fallecimiento de Almánzar, quien permanecía ingresado desde la madrugada del pasado 31 de mayo tras resultar herido en el accidente ocurrido en la avenida Jiménez Moya con Independencia, en el Distrito Nacional.
Según el informe, una yipeta Porsche blanca, en la que viajaban tres personas, transitaba a alta velocidad por la avenida Jiménez Moya en dirección norte-sur y, al llegar a la intersección con la avenida Independencia, habría cruzado un semáforo en rojo, impactando una camioneta doble cabina de la DGM.
La DGM explicó que Snayder Almánzar fue quien sufrió las lesiones más graves. Desde el momento del accidente permaneció recibiendo atenciones médicas y luchando por su recuperación, pero falleció la noche del martes 2 de junio debido a la gravedad de las heridas.
Asimismo, señaló que el agente fallecido sufrió un trauma craneoencefálico y murió a causa de un shock hipovolémico. Tanto él como los demás heridos fueron socorridos por unidades y varias ambulancias del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, que los trasladaron rápidamente a un centro de salud, donde recibieron atenciones médicas.
Almánzar Mena pertenecía a la Tercera Promoción de Agentes de la DGM, graduada en el 2025.