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Diez retos de Latinoamérica en 2020: En busca de un crecimiento fuerte
Agencia Efe
Madrid.- Tras un 2019 que en términos de crecimiento ha ido de más a menos y va a terminar con la economía estancada -el FMI calcula un alza del PIB 0,2 % y la Cepal del 0,1 %-, América Latina afronta el nuevo año con la esperanza de la recuperación de su PIB, aunque los pronósticos vaticinan que será insuficiente para reducir la brecha con los países desarrollados.
Estos son los principales retos para la región en 2020:
1. CAPEAR LA DESACELERACIÓN
Con Argentina todavía en recesión, la marcha del PIB regional en 2020, que según el FMI crecerá el 1,8 %, dependerá de México y Brasil. El primero viene de un frenazo ligado a la escasa inversión y las incertidumbres tras el triunfo de Manuel López Obrador y el T-MEC, que pese al acuerdo de 2018 no se firmó hasta de diciembre del año siguiente y aún debe ratificarse por los parlamentos de EEUU y Canadá.
Brasil salió de la recesión en 2017 y no logra retomar su potencial de crecimiento, aunque medidas como la reforma de pensiones, las privatizaciones y liberalización de mercados mejorarán su deuda e impulsarán su economía el próximo año.
2. GUERRA COMERCIAL
El FMI cifró en octubre pasado los efectos de la guerra comercial: EEUU y China crecerán en 2020 ocho décimas menos que en 2018 y arrastrarán consigo al resto del mundo, incluida Latinoamérica, que depende de los flujos internacionales y es muy sensible a la caída de actividad de la economía mundial y del gigante asiático, con el que cada vez tiene más lazos comerciales.
Pese a que el acuerdo parcial de diciembre de 2019 ha dejado un buen sabor de boca en el final del año, la batalla arancelaria es impredecible y puede causar sobresaltos si se reactivan o anuncian nuevas medidas proteccionistas, como ha ocurrido con la intención de Donald Trump de reimplantar las tasas al acero y al aluminio procedente de Argentina y Brasil.
3. CONTESTACIÓN SOCIAL
Las protestas sociales que viven varios países del continente ponen de manifiesto que la política económica no ha sabido o podido extender los beneficios de la estabilidad macroeconómica de los últimos años y crear sociedades más inclusivas y menos desiguales.
La contestación puede llevar a los gobiernos a replantearse reformas impopulares y existe riesgo de caer en la parálisis ahora que la región sale del habitual parón económico y legislativo de los procesos electorales. En 2019 Argentina y Bolivia han celebrado elecciones con cambio en el poder en ambos; y han estrenado gobierno Brasil, México (Manuel López Obrador tomó posesión en diciembre de 2018) y, prácticamente, Colombia (Iván Duque accedió al cargo en agosto de 2018).
4. DIVISAS
La mayor percepción de riesgo debido a la incertidumbre y las protestas sociales han lastrado la cotización de las monedas locales, que han acelerado su depreciación y, en casos como el de Chile, ha sido necesaria la intervención en el mercado del Banco Central para combatir su caída.
Sin embargo, excepto en el caso de Argentina, la inflación está bajo control, lo que deja margen para usar la política monetaria en favor del crecimiento económico, y las tres rebajas de tipos de interés de la Reserva Federal estadounidense (Fed) durante 2019, sumadas a la continuidad en la zona euro (las tasas del BCE están en el 0 % desde 2016) pueden ayudar a hacer más atractivas para los inversores las divisas latinoamericanas.
5. EXPORTACIONES
Las economías de América Latina presentan un alto grado de apertura al exterior. El menor crecimiento mundial de 2019 ha afectado a la demanda y ha hecho mella en las exportaciones de Latinoamérica, que según las últimas previsiones de la Cepal caerán el 2 %, lo que contrasta con el alza del 8,3 % registrada en 2018.
La esperada mejora económica de 2020 no garantiza un alivio automático de la situación, ya que el mal comportamiento de las exportaciones hasta ahora se explica por la caída de su valor y no por el volumen exportado.
6. MATERIAS PRIMAS
Precisamente una de las principales vías de ingresos de América Latina procedentes del exterior son las materias primas que vende en a terceros, como el cobre, los hidrocarburos o los productos agrícolas.
Tras un 2019 peor de lo esperado (el índice de precios de las materias primas del FMI cayó entre febrero y agosto de 2019 un 5,5 %), las previsiones de los organismos económicos apuntan a que en 2020 los bajos precios continuarán debido a la menor demanda esperada por el bajo crecimiento global.
7. CUENTAS PÚBLICAS
Los déficit públicos de prácticamente todos los países de América Latina dejan sin margen a los gobiernos para actuar y la política fiscal durante el próximo año se centrará más en mantener las cuentas públicas bajo control que en apoyar el crecimiento.
Las deudas públicas de la región no suponen un riesgo elevado salvo en Argentina, que tras el desplome del peso y la dificultad para captar fondos en los mercados por parte del país tuvo que reprogramar el calendario de pagos de su deuda.
8. INVERSIÓN
Ante la dificultad presupuestaria para acometer grandes planes de inversión públicos, los países tendrán que ser capaces de generar confianza para atraer al sector privado, tanto nacional como internacional, para que realice inversiones.
La colaboración público-privada se va a imponer en 2020 y es posible que a lo largo del año se reproduzcan en otros países planes como el anunciado en noviembre pasado en México, que pretende movilizar unos 40.000 millones de dólares en 147 proyectos de infraestructuras.
9. PRODUCTIVIDAD
Los países latinoamericanos tienen un problema histórico de productividad y la región no avanza en este aspecto. Según un estudio del Banco de Desarrollo regional CAF, en 2017 los ingresos per cápita del grupo de países más avanzados de la región representaban entre el 20 % y el 40 % del de EEUU, cifras que apenas han variado en décadas.
Mejorar la productividad es garantía de un mayor crecimiento. Los gobiernos tienen que mejorar las regulaciones sectoriales de forma que garanticen la competencia, fomentar una asignación eficiente de los recursos y luchar contra la economía informal, que afecta a todos los sectores productivos.
10. MIRANDO AL MEDIO PLAZO
Es habitual que en la lista de recomendaciones para la región de los organismos económicos Latinoamérica figuren desde hace años una serie de cuestiones en las que trabajar a medio y largo plazo para explotar todo el potencial que tienen los países.
Las inversiones en los sistemas educativos e infraestructuras, la incorporación de las nuevas tecnologías y la innovación a la escuela y la empresa o la configuración de instituciones públicas fuertes y respetadas son esenciales para lograr un crecimiento saludable, aunque su rentabilidad no será visible de forma inmediata.
Internacionales
Fondos obtenidos de ayudas por COVID-19 habrían financiado complot contra Jovenel Moïse
Fiscales estadounidenses investigan el uso fraudulento de recursos de programas creados durante la pandemia para financiar parte de la operación que culminó con el asesinato del presidente haitiano en 2021.
MIAMI, Estados Unidos.– Dinero obtenido fraudulentamente de programas de asistencia económica creados por Estados Unidos durante la pandemia de COVID-19 habría sido utilizado para financiar parte de la conspiración que culminó con el asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021.
La investigación de las autoridades estadounidenses sostiene que recursos procedentes de programas como el Paycheck Protection Program (PPP) y los préstamos de emergencia EIDL fueron desviados y utilizados para contribuir a la adquisición de armas, equipos tácticos y otros recursos vinculados con la operación.
Las autoridades también sitúan al sur de Florida como uno de los principales centros desde donde se habrían desarrollado actividades de planificación y financiamiento relacionadas con el complot.
El caso ha cobrado nueva relevancia tras el traslado desde Haití hacia Estados Unidos de 18 hombres acusados en relación con el magnicidio, quienes deberán enfrentar procesos ante la justicia federal estadounidense.
Trasladan 18 acusados a Estados Unidos
Los detenidos llegaron bajo custodia de autoridades estadounidenses y fueron puestos a disposición de la justicia federal en Miami.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó el traslado como parte de una nueva etapa de las investigaciones sobre el asesinato del mandatario haitiano.
El fiscal federal para el Distrito Sur de Florida, Jason Reding Quiñones, indicó que las autoridades continuarán investigando a las personas que presuntamente financiaron, facilitaron o participaron en la operación.
La investigación estadounidense se ha extendido durante años y ha permitido presentar cargos contra decenas de personas por distintos niveles de participación en la conspiración.
El rastro del dinero
Uno de los elementos que ha adquirido mayor importancia dentro del expediente es determinar de dónde procedieron los recursos utilizados para preparar la operación.
Según la investigación citada, parte del dinero habría sido obtenido fraudulentamente mediante programas federales creados para auxiliar a empresas y trabajadores afectados económicamente durante la pandemia.
Las autoridades estadounidenses atribuyen a Walter Veintemilla un papel importante dentro del esquema financiero. De acuerdo con el Departamento de Justicia, habría acordado aportar US$175,000 mediante un préstamo relacionado con recursos procedentes de los programas PPP y EIDL.
Otro financista vinculado al expediente fue condenado a 20 años de prisión por lavar cientos de miles de dólares provenientes fraudulentamente de esos programas y utilizados para contribuir al financiamiento de la conspiración.
Los investigadores sostienen que los recursos ayudaron a costear elementos necesarios para ejecutar la operación, mientras otros participantes habrían facilitado armas, municiones, chalecos antibalas, radios y equipos tácticos.
Intereses económicos detrás del complot
La investigación estadounidense también apunta a posibles intereses económicos de algunos de los organizadores.
De acuerdo con las autoridades, varias personas relacionadas con el plan buscaban obtener oportunidades comerciales y contratos con el Gobierno haitiano después de provocar un cambio de poder.
El plan habría evolucionado a través de diferentes etapas.
Las autoridades estadounidenses sostienen que inicialmente existió la intención de derrocar a Moïse y establecer un gobierno favorable a determinados intereses. Posteriormente se habría contemplado secuestrar al mandatario, hasta que finalmente la operación derivó en el ataque contra su residencia.
El asesinato de Jovenel Moïse
Durante la madrugada del 7 de julio de 2021, un grupo armado penetró en la residencia privada del presidente haitiano.
Moïse fue asesinado a tiros y su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida.
Entre los participantes señalados por las investigaciones figuran exmilitares colombianos y otras personas de diferentes nacionalidades.
Otro elemento incorporado al expediente es que algunos de los participantes presuntamente utilizaron indumentaria y distintivos para aparentar que pertenecían a la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).
Las evidencias presentadas en los procesos judiciales incluyen fotografías de equipos tácticos, radios y distintivos relacionados con esa falsa identificación.
Cerca de 30 personas acusadas
La investigación estadounidense ha derivado en acusaciones contra alrededor de 30 personas por distintos delitos relacionados con la conspiración.
Los cargos varían según la participación atribuida a cada acusado e incluyen, entre otros, conspiración para matar o secuestrar a una persona fuera de Estados Unidos y delitos vinculados al fraude.
Cuatro de los principales acusados fueron declarados culpables en mayo por un jurado federal en Miami y enfrentan posibles condenas de cadena perpetua.
El traslado de los 18 detenidos desde Haití abre ahora una nueva etapa judicial en un caso que, cinco años después del magnicidio, continúa revelando detalles sobre cómo se habría organizado, financiado y ejecutado una de las operaciones criminales de mayor impacto político en la historia reciente del Caribe.
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CNN, MS NOW y Politico llevan a Trump ante los tribunales por veto en la Casa Blanca
Los tres medios cuestionan judicialmente la retirada de sus acreditaciones y sostienen que la decisión vulnera la libertad de prensa y el debido proceso protegidos por la Constitución estadounidense.
WASHINGTON, Estados Unidos.– La confrontación entre el presidente Donald Trump y varios de los principales medios de comunicación estadounidenses abrió un nuevo capítulo judicial luego de que CNN, MS NOW y Politico demandaran a su administración por impedir a sus periodistas acceder a la Casa Blanca.
Los medios acudieron al Tribunal Federal del Distrito de Columbia después de que las credenciales de sus periodistas fueran desactivadas y estos no pudieran ingresar al complejo presidencial.
La demanda sostiene que la decisión constituye una represalia basada en el contenido de su cobertura y plantea posibles violaciones de la Primera Enmienda, que protege las libertades de expresión y de prensa, así como de las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
Los demandantes solicitaron además una orden judicial temporal que permita restablecer su acceso mientras los tribunales deciden el fondo del conflicto. La acción fue presentada el lunes 21 de septiembre.
Trump defiende su decisión
El presidente había anunciado previamente la exclusión de los tres medios argumentando que difundían lo que él considera informaciones falsas.
Tras conocerse la demanda, Trump negó que su actuación constituya un ataque contra la libertad de prensa y sostuvo que sus cuestionamientos están dirigidos a lo que denomina “fake news”.
La Casa Blanca, por su parte, ha defendido que el acceso a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho irrestricto.
Una controversia constitucional
El caso coloca nuevamente en discusión los límites que tiene un presidente estadounidense para controlar el acceso de periodistas a la sede del Poder Ejecutivo.
La Constitución no concede a los profesionales de la comunicación un derecho ilimitado a participar en todos los actos presidenciales ni a entrar en espacios restringidos. Sin embargo, precedentes judiciales han establecido límites a la capacidad del Gobierno para retirar acreditaciones arbitrariamente o discriminar a periodistas por el contenido o punto de vista de sus publicaciones.
Uno de los antecedentes relevantes es Sherrill v. Knight, de 1977, en el que una corte federal estableció garantías procesales relacionadas con las acreditaciones de prensa de la Casa Blanca.
La controversia actual plantea precisamente si la exclusión de CNN, MS NOW y Politico respondió a razones legítimas relacionadas con el control de acceso o si, como sostienen los demandantes, se produjo como consecuencia de una cobertura periodística que desagrada al presidente.
Antecedentes de enfrentamientos con la prensa
No es la primera vez que una controversia sobre las acreditaciones de periodistas durante una administración de Trump llega a los tribunales.
En 2018, durante su primer mandato, la Casa Blanca retiró temporalmente la credencial del entonces corresponsal de CNN Jim Acosta después de un enfrentamiento verbal con el mandatario durante una conferencia de prensa. Un juez federal ordenó posteriormente restituir temporalmente la acreditación.
Más recientemente, The Associated Press también sostuvo una disputa judicial con la administración después de que se restringiera su participación en determinados actos presidenciales.
Estos antecedentes son relevantes porque muestran la diferencia jurídica entre el control presidencial de espacios físicos especialmente restringidos y una eventual exclusión motivada por el contenido de la cobertura periodística.
El conflicto afecta la cobertura presidencial
La decisión contra CNN también repercutió en el denominado “pool” de prensa de la Casa Blanca, el sistema mediante el cual un grupo reducido de periodistas y camarógrafos cubre determinadas actividades presidenciales y comparte posteriormente el material con otros medios.
CNN tenía asignadas funciones dentro de ese esquema cuando se produjo la prohibición. La situación llevó a otras cadenas a suspender su participación en determinadas actividades del pool, ampliando el impacto de la controversia.
Los jueces tendrán la palabra
El conflicto deja ahora en manos de los tribunales una cuestión de alcance constitucional: hasta dónde puede llegar la autoridad presidencial para regular el acceso a la Casa Blanca sin convertir esa facultad en un mecanismo de represalia contra determinados medios por su línea de cobertura.
CNN, MS NOW y Politico sostienen que fueron excluidos precisamente por el contenido de sus informaciones. La administración Trump rechaza que se trate de un ataque contra la prensa y defiende su potestad para controlar el acceso a la sede presidencial.
El tribunal deberá determinar si las circunstancias concretas de la exclusión vulneraron las garantías constitucionales invocadas por los demandantes.
Más allá de la disputa entre Trump y tres organizaciones periodísticas, el resultado podría contribuir a precisar nuevamente los límites entre el poder presidencial, la libertad de prensa y el derecho del público a recibir información independiente sobre la actuación del Gobierno.
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Nepal mantiene las búsquedas 11 días después de la riada tras nuevos rescates con vida
Agencia Efe
Katmandú.- Nepal mantuvo este sábado las operaciones de búsqueda once días después de la riada que devastó el norte del país, alentado por los nuevos rescates con vida registrados en las últimas horas, mientras centenares de trabajadores continúan desaparecidos en centrales hidroeléctricas arrasadas por el agua y el barro.
El ministro del Interior, Sudhan Gurung, afirmó tras los rescates que los hallazgos habían dejado “un rayo de esperanza” y aseguró que las operaciones continuarían dentro de los túneles.
La búsqueda sigue activa en varios de los complejos hidroeléctricos más afectados, con apoyo de especialistas de la India, China y Corea del Sur, según las últimas actualizaciones oficiales del Gobierno nepalí.
Upper Trishuli-1 concentra uno de los mayores operativos: más de 1400 personas vinculadas al proyecto se encontraban ahí cuando se produjo la catástrofe; 557 permanecen sin localizar y alrededor de 115 podrían haber quedado atrapadas en la zona de la presa y el túnel principal, según la empresa promotora.
El último balance consolidado por la Policía de Nepal elevaba a 1.344 los cuerpos y restos humanos recuperados y a 4.887 las personas todavía sin localizar, mientras los cuerpos de seguridad participan en un operativo que continúa también en comunidades de Rasuwa y Nuwakot y a lo largo del corredor del Trishuli, donde equipos terrestres y helicópteros buscan desaparecidos, evacúan a afectados y llevan suministros a poblaciones aisladas por la destrucción de carreteras y puentes.