Nacionales
Diferencias amenazan al PLD; el último de los grandes partidos tradicionales
SANTO DOMINGO. La situación interna del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), a la que se agrega el clima social que se vive en el país, amenaza con debilitar a la principal organización, la única de las tradicionales que se mantiene con estructuras mayoritarias.
Los choques internos en el PLD son atribuidos al hecho de que no hay una oposición monolítica que le enfrente, por lo que ante cuatro períodos consecutivos en el Poder, las contradicciones se dan dentro del propio partido gobernante.
El debilitamiento del PLD es visto como un posible golpe al sistema tradicional de partidos, que abre paso a incógnitas sobre cuál sería la fuerza política que asumiría el comando del escenario, sobre todo ante el hecho de que la ola verde que se moviliza contra la impunidad no cuenta con un líder visible y los partidos opositores no han capitalizado ni tienen el control de los grupos sociales.
Las controversiales declaraciones del miembro del Comité Político, Félix “Felucho” Jiménez han sido vistas por sus compañeros de partido como una oportunidad de hacerse “el gracioso” y adelantarse a los acontecimientos que podrían derivarse del caso de corrupción por los sobornos de la constructora Odebrecht.
La insistencia de Jiménez es por minimizar los sobornos, sacarlos del horno y poner la mirilla en las sobrevaluaciones de obras que habría hecho esa empresa brasileña.
El dirigente peledeísta fue aspirante a la candidatura presidencial del PLD, pero en el 2007 apoyó la reelección del expresidente Leonel Fernández; en el 2012 apoyó al presidente Danilo Medina y por igual en el 2016.
Adversario de Leonel
Jiménez ha enfrentado al presidente del PLD cuando quiso aspirar de cara a los comicios del 2016, advirtiéndole que no era su tiempo, sino el de Medina.
Antes de eso, en el 2011, se opuso a la presentación de la esposa de Leonel, Margarita Cedeño de Fernández, actual vicepresidenta de la República, como precandidata para enfrentar internamente al hoy presidente Danilo Medina.
Cedeño de Fernández desistió de presentarse en un emotivo vídeo que circuló por las redes, en donde criticó la actitud de “generales sin tropa” en el PLD.
Las declaraciones de Feluchofueron contestadas en una manera inusual en el PLD, por el secretario general de esa organización política, Reinaldo Pared Pérez.
Lo de inusual viene al caso porque en esa organización no se libran muchas contradicciones de manera pública, sino en los organismos, y Pared Pérez le recordó que “sólo una vez en el Comité Político se trató un caso relacionado con Odebrecht que fue de la Autovía del Coral, porque él estaba interesado en que tuviera trazada otra ruta, siendo ministro de Turismo. Él tenía un interés personal”.
Los “presidenciables”
Aún no han salido a las calles los proyectos políticos presidenciales, pero se sabe que han sido y serían aspirantes presidenciales Pared Pérez; el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito; el ministro de Turismo, Francisco Javier García; y el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Temístocles Montás. También tiene su proyecto político el ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret.
Dentro del danilismo no hay nada claro porque se mantienen las expectativas de otra posible candidatura del mandatario, pero se mencionan los nombres del ministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, y del ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo.
Luego de presentar un libro con sus discursos recopilados, el expresidente Leonel Fernández ha reactivado sus conferencias “República Dominicana 2044” a la que se le atribuye una campaña proselitista subliminal en la que presenta su programa de gobierno de cara a las elecciones del 2020.
Las diferentes comisiones conformadas por miembros del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) para sostener encuentros regionales con los miembros del Comité Central comienzan a reunirse este sábado en San Francisco de Macorís, en la Ciudad Ganadera. La comisión para encuentros Nordeste y Puerto Plata la coordina Bautista Rojas Gómez, y se reunirán con 49 miembros del Comité Central de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Puerto Plata, Duarte y Espaillat. Otros miembros de la comisión son Jaime David Fernández Mirabal, Carlos Amarante Baret y Radhamés Jiménez.
Diariolibre
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.