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Diferendo dominico-haitiano luce en favor de la vecina nación en cuanto al propósito buscado por ella de construir el canal.
La crisis y tensión entre Haití y la República Dominicana se mantiene en el mismo punto por la torpeza con que se ha manejado el diferendo por el Gobierno de Luis Abinader, lo cual ya ni siquiera está en discusión.
No son pocos los que consideran que el Gobierno dominicano debió inclinarse por una salida diplomática a la construcción del canal que genera el diferendo, aunque cuando se apeló a este recurso en el 2021 las autoridades nacionales tomaron una decisión que dejó abierta la posibilidad para que Haití diera curso a la construcción del canal.
Nadie puede poner en duda que fue otro error más entre los tantos que ha cometido el Gobierno de Luis de Abinader, los cuales van desde aquellos en el contexto de política exterior y los que tienen que ver con medidas tomadas en el territorio nacional.
Pero lo correcto en el momento del clímax de la crisis, no era militarizar y cerrar la frontera por tierra, agua y aire, sino entrar en una negociación diplomática que incluyera la creación de una comisión técnico-científica imparcial para determinar un punto importante del problema generado, ya que Haití habla de una toma del rio Masacre, mientras la República Dominicana sostiene que se trata de un desvío del cauce del mismo.
Naturalmente, estos argumentos pueden ser desmontados o confirmados con el establecimiento de una mesa de estudio y de ese modo llegar a la conclusión de si la obra es ilegal o legal a partir del Tratado de 1929.
Esta comisión técnico-científica debe ser creada y dirigida por la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas, cualquiera de las cuales puede sustentar un arbitraje internacional que le dé una salida al conflicto.
Pero por el momento el conflicto solo implica perder, perder, ya que Haití complica su situación de carencia de alimentos, mientras la República Dominicana lesiona su economía, ya que se trata de su segundo socio comercial más importante luego de los Estados Unidos.
La cuestión es que las autoridades dominicanas parecen no tener la menor idea de las consecuencias que se pueden derivar del cierre de todas las fronteras con Haití, lo cual podría incluso generarle una crisis interna con consecuencias imprevisibles, ya que si la economía anda mal, la política estaría peor, sobre todo en una época de proselitismo electoral.
La verdad es que el juego luce trancado y todo se ha colocado en un punto muerto, mientras lo que no se ve del problema toma una gran dimensión, como es el daño a los productores que exportan sus productos hacia Haití, los cuales han entrado en pánico y en un estado de desesperación como consecuencia de que no pueden comercializar sus productos en el mercado cautivo que siempre lo han hecho.
Por el momento nadie se atreve a vislumbrar lo que va ocurrir con el conflicto hídrico entre las dos naciones, pero la gente sabe que la más grande falta ha sido cometida por el gobierno dominicano, ya que no hay forma de que tenga una mirada larga en el tiempo para evitar tener problemas de esta magnitud.
Los haitianos tienen todas las de ganar, a menos que se logre la mesa técnico-científica que evalúe la obra, primero para determinar si se trata de una toma o de un desvío, lo cual va a permitir que se escoja el camino correcto para darle salida al diferendo.
Ya está determinado que el Gobierno haitiano apoya la obra, lo que implica que tendrá que asumir responsabilidades frente a un arbitraje internacional, el cual puede decidir en su favor o en su contra, pero ante cualquiera decisión tomada tendrá que responder con la paralización de la obra y en su defecto, si se determina que se trata realmente de una toma, a lo que tiene derecho Haití, tendrá también que procurar que la construcción del canal cumpla con todos los estándares de seguridad que demanda el derecho internacional.
Es decir, que cualquiera que sea la decisión, ambas naciones salen ganando, pero el veredicto del arbitraje internacional requiere que sea cumplido y a ello queda obligado Haití, cuyo Gobierno había dicho que los promotores del canal eran incontrolables y que no había forma de detenerlos, entonces es como tener derecho para una cosa, pero ningún deber por falta de autoridad.
Se trata de un asunto complicado y difícil, pero que desde cualquier perspectiva que se vea no deja de constituir un dolor de cabeza muy grande para ambas naciones, cuyos resultados podrían ser lamentables para los que viven en los dos lados de la frontera.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.