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Diferendo dominico-haitiano luce en favor de la vecina nación en cuanto al propósito buscado por ella de construir el canal.
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LA REDACCIÓNLa crisis y tensión entre Haití y la República Dominicana se mantiene en el mismo punto por la torpeza con que se ha manejado el diferendo por el Gobierno de Luis Abinader, lo cual ya ni siquiera está en discusión.
No son pocos los que consideran que el Gobierno dominicano debió inclinarse por una salida diplomática a la construcción del canal que genera el diferendo, aunque cuando se apeló a este recurso en el 2021 las autoridades nacionales tomaron una decisión que dejó abierta la posibilidad para que Haití diera curso a la construcción del canal.
Nadie puede poner en duda que fue otro error más entre los tantos que ha cometido el Gobierno de Luis de Abinader, los cuales van desde aquellos en el contexto de política exterior y los que tienen que ver con medidas tomadas en el territorio nacional.
Pero lo correcto en el momento del clímax de la crisis, no era militarizar y cerrar la frontera por tierra, agua y aire, sino entrar en una negociación diplomática que incluyera la creación de una comisión técnico-científica imparcial para determinar un punto importante del problema generado, ya que Haití habla de una toma del rio Masacre, mientras la República Dominicana sostiene que se trata de un desvío del cauce del mismo.
Naturalmente, estos argumentos pueden ser desmontados o confirmados con el establecimiento de una mesa de estudio y de ese modo llegar a la conclusión de si la obra es ilegal o legal a partir del Tratado de 1929.
Esta comisión técnico-científica debe ser creada y dirigida por la Organización de Estados Unidos Americanos (OEA) o la Organización de las Naciones Unidas, cualquiera de las cuales puede sustentar un arbitraje internacional que le dé una salida al conflicto.
Pero por el momento el conflicto solo implica perder, perder, ya que Haití complica su situación de carencia de alimentos, mientras la República Dominicana lesiona su economía, ya que se trata de su segundo socio comercial más importante luego de los Estados Unidos.
La cuestión es que las autoridades dominicanas parecen no tener la menor idea de las consecuencias que se pueden derivar del cierre de todas las fronteras con Haití, lo cual podría incluso generarle una crisis interna con consecuencias imprevisibles, ya que si la economía anda mal, la política estaría peor, sobre todo en una época de proselitismo electoral.
La verdad es que el juego luce trancado y todo se ha colocado en un punto muerto, mientras lo que no se ve del problema toma una gran dimensión, como es el daño a los productores que exportan sus productos hacia Haití, los cuales han entrado en pánico y en un estado de desesperación como consecuencia de que no pueden comercializar sus productos en el mercado cautivo que siempre lo han hecho.
Por el momento nadie se atreve a vislumbrar lo que va ocurrir con el conflicto hídrico entre las dos naciones, pero la gente sabe que la más grande falta ha sido cometida por el gobierno dominicano, ya que no hay forma de que tenga una mirada larga en el tiempo para evitar tener problemas de esta magnitud.
Los haitianos tienen todas las de ganar, a menos que se logre la mesa técnico-científica que evalúe la obra, primero para determinar si se trata de una toma o de un desvío, lo cual va a permitir que se escoja el camino correcto para darle salida al diferendo.
Ya está determinado que el Gobierno haitiano apoya la obra, lo que implica que tendrá que asumir responsabilidades frente a un arbitraje internacional, el cual puede decidir en su favor o en su contra, pero ante cualquiera decisión tomada tendrá que responder con la paralización de la obra y en su defecto, si se determina que se trata realmente de una toma, a lo que tiene derecho Haití, tendrá también que procurar que la construcción del canal cumpla con todos los estándares de seguridad que demanda el derecho internacional.
Es decir, que cualquiera que sea la decisión, ambas naciones salen ganando, pero el veredicto del arbitraje internacional requiere que sea cumplido y a ello queda obligado Haití, cuyo Gobierno había dicho que los promotores del canal eran incontrolables y que no había forma de detenerlos, entonces es como tener derecho para una cosa, pero ningún deber por falta de autoridad.
Se trata de un asunto complicado y difícil, pero que desde cualquier perspectiva que se vea no deja de constituir un dolor de cabeza muy grande para ambas naciones, cuyos resultados podrían ser lamentables para los que viven en los dos lados de la frontera.
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El 2025, como cada año nuevo, entra cargado de grandes expectativas y sueños que normalmente no se ven cristalizados
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2 días agoon
enero 2, 2025Por Elba García
El año 2025 entra con la particularidad de que el mundo sufre un deterioro en lo que respecta con los compromisos asumidos entre gobernantes y gobernados y a nivel de las personas físicas y morales., ya que las riquezas están concentradas en una parte muy ínfima de la sociedad.
Por esta razón se observa, podría decirse, la erosión en todo el planeta del sistema representativo, pero el asunto tiene mayor fuerza en aquellas democracias occidentales que han servido de base al resto de las naciones.
Es indiscutible que las falencias de las democracias occidentales siempre han estado presentes en los países con serias debilidades institucionales, pero el fenómeno ya se ha extendido a las que pretenden convertirse en ejemplo para aquellas naciones que las toman como punto de referencia.
El fenómeno del individualismo y el afán personal por acumular grandes riquezas ha representado desde cualquier perspectiva que se vea la principal retranca para que el modelo de democracia representativa que predomina en el mundo recobre su credibilidad.
Ese modelo de gobierno ha profundizado los niveles de desigualdad social y de pobreza en los pueblos, principalmente del llamado tercer mundo, cuando la crisis de valores ya también incluye en este deterioro a las principales potencias mundiales que tienen como sistema político la democracia representativa.
El problema gana terreno y toma tanto cuerpo en un país como los Estados Unidos, donde ahora la lucha no parece ser una expresión entre aquellos que tienen mayor conciencia social y los que no tienen una menor idea de la necesidad de que los Estados incluyan garantías de políticas públicas inclusivas que disminuyan las injusticias sociales.
Pero, lamentablemente, eso no es lo que se ve, sino todo lo contrario, ya que los gobiernos de las democracias occidentales se fundamentan en favorecer a grupos económicos y a personas de forma particular, aunque ello implique el sufrimiento de los que menos tienen.
El descrédito de los partidos, que involucra también al Estado, pese a que se supone que no siempre los intereses grupales deben estar por encima de los colectivos para evitar la ocurrencia de explosiones sociales, conjuntamente con el debilitamiento institucional de las democracias como la estadounidense, indica que podría desaparecer en el curso de los días hasta el foco de presión que constituye la unión americana en contra de detalles tan importantes como la corrupción administrativa y el terrorismo en razón de que hasta ella camina hacia una tolerancia interna de estos flagelos que la conduce aceleradamente hacia el tercer mundo.
Las pasadas elecciones presidenciales de los Estados Unidos se convirtieron en un ejemplo convincente de que los intereses individuales vencieron a los institucionales, cuyos últimos se supone que son una especie de protección de las grandes mayorías nacionales y de la democracia, pero que la práctica dice totalmente lo contrario.
Este cambio en la política estadounidense envía el mensaje de que no es mucho lo que se puede hacer en esta materia, ya que allí hasta la figura del inducto se ha convertido en un instrumento para favorecer a convictos familiares y vinculados a grupos alineados con algunas corrientes tanto democráticas como conservadoras que hoy tienen el control del Estado.
El tema ha entrado en un derrotero que en realidad pone en peligro el sistema democrático occidental, el cual parecía el más fuerte de todos, aunque ello nunca ha ocurrido en aquellas naciones latinoamericanas, donde su precario desarrollo de sus fuerzas productivas ha llevado consigo una pobre conciencia social y en consecuencia una cuestionada democracia.
La tesis en el campo de la sociología política de que en Estados Unidos tiene el control del Estado una clase social para sí, consciente de su papel en la sociedad, ha entrado en un serio cuestionamiento, porque parece no tener asidero el planteamiento de que lo particular nunca estaría por encima de lo colectivo, sobre todo en el contexto de su sistema de justicia.
Sin embargo, el caso Trump ha sido un desmentido contundente a esa corriente de pensamiento y que le atribuye una fortaleza al Estado de la mayor potencia del mundo en virtud de que se señala que fue el primero que surge en el mundo sin influencias feudales y que el mismo es un instrumento de una clase social con una profunda conciencia social.
Entonces, a partir de esa tesis se puede concluir que Trump se ha puesto por encima de esa supuesta clase social y todo ello implica el colapso total de la credibilidad de una nación que sus políticas públicas están dirigidas a no sólo que sean respetadas por sus ciudadanos y población en general, sino también por los países que están en su órbita por razones de geopolítica
De manera, que, si las cosas se observan a partir de las distorsiones y el descredito de las democracias occidentales, entonces habría que concluir que no es mucho lo que se puede esperar en el año que acaba de hacer su entrada, el 2025, sobre todo porque el resto de los países que conforman el planeta están sumergidos en niveles de endeudamiento preocupantes, que sólo llevan a la colonización económica y al debilitamiento de su precario aparato institucional.
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Sentencia del TC sobre candidaturas independientes da golpe mortal al monopolio electoral de la partidocracia.
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2 semanas agoon
diciembre 22, 2024Por Elba García
El Tribunal Constitucional ha emitido la sentencia TC/0788/24 mediante la cual elimina los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 para darle paso a un mayor nivel de razonabilidad a la aceptación de las candidaturas independientes, cuyo golpe a la partidocracia, quiérase o no, luce ser el más severo históricamente.
No ha sido poca la preocupación del ciudadano por el comportamiento fuera de la ética de los partidos políticos, ya que éstos son los principales promotores de los males de que adolece la democracia nacional.
Puede asegurarse que los partidos políticos, a diferencia de las afirmaciones de muchos de que son el soporte de la democracia, representan en la República Dominicana todo lo contrario, ya que promueven la corrupción administrativa, entre cuyas vertientes está el clientelismo, el tráfico de influencia y otras variantes de la distorsionada política vernácula.
Por esta razón y muchas otras resulta novedosa e interesante la figura de las candidaturas independientes, ya que si bien éstas pueden representar una vía para que se presenten aspirantes que no necesariamente busquen la mejoría del Estado porque que no tienen la menor idea de qué es éste, pero ello también ocurre en el contexto de la desacreditada partidocracia.
Entre los argumentos esgrimidos por los partidos del sistema está que con las candidaturas independientes se abre una brecha importante para que el bajo mundo permee el Estado, pero quienes dicen eso no se dan cuenta que ya hace muchos años que los intereses del narcotráfico y de los peores intereses están presentes y podría decirse que controlan una buena parte del Congreso Nacional, el sistema de justicia e incluso del Poder Ejecutivo.
De manera, que ante esa realidad el argumento al respecto no tiene asidero e incluso debe decirse que, si la nación tiene que correrse el riesgo de ser también contaminada a través de las candidaturas independientes, pues que así sea, porque de cualquier manera ese es un hecho innegable y que ocurre desde mucho antes de que apareciera esta figura del régimen electoral.
La otra arista que debe ponderar la partidocracia es que la figura de las candidaturas independientes es mucho más democrática que la forma que utilizan los partidos del sistema internamente, cuya escogencia de aspirantes responde más a los intereses de aquellos que tienen mayor poder económico que los que exhiben algún liderazgo, no importa de dónde provenga el dinero.
La verdad debe ser dicha en lo que respecta a las candidaturas independientes y es que el legislador estableció en los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23 un verdadero mamotreto, un engaño que vendía la idea de que la referida figura existía cuando las exigencias eran exactamente las mismas que para los partidos políticos.
Era prácticamente un imposible lograr una candidatura independiente en los términos que la plasmó el legislador positivo, cuyo cambio jamás hubiera provenido del Congreso Nacional, porque el principal escollo hubiera venido de diputados y senadores e incluso del propio Poder Ejecutivo que puede vetar cualquier proyecto de ley en este sentido, dado que su procedencia es de la partidocracia que se niega a que existan otros mecanismos para la elección de un ciudadano a la administración pública.
La figura de las candidaturas independientes llega al debate y al escenario nacional a propósito del proceso de constitucionalización que vive la República Dominicana y el mundo, donde los derechos fundamentales no pueden ser contenidos por ningún grupo económico, político o mediático, sobre todo el de elegir y ser elegible.
En toda la historia del país por primera vez se produce lo que han planteado amplios sectores nacionales en reiteradas ocasiones, en el sentido de que, si no se detiene el mal comportamiento de los partidos políticos del sistema, grandes y pequeños, la democracia quedará reducida a una caricatura, que sólo existirá en el papel, porque está demostrado que la partidocracia no tiene hiel ni mide las consecuencias para repetir por décadas el mismo comportamiento antiético y de abusos en contra del patrimonio público.
Un buen ejemplo de lo que ocurre en el escenario electoral es la forma descarada de la compra de votos, pero además cómo se muestra un gran interés de muchos ciudadanos por crear un pequeño partido que lo convierte en un ventorrillo para vendérselo al mejor postor.
En el pasado proceso electoral intentaron buscar reconocimiento más de cien organizaciones que no plantean nada diferente, sino negociar con el que tiene el control del Estado, algunos de cuyos comerciantes de forma descarada y sin sonrojarse plantean públicamente que se les entregue algún cargo público por haber apoyado al que ocupa el Poder Ejecutivo.
La posibilidad de que en el país sea una realidad las candidaturas independientes era sólo a través del fenómeno del neo-constitucionalismo que hoy arropa al mundo, incluida a la República Dominicana, porque por los intereses que convergen en el Congreso Nacional era prácticamente imposible que ello ocurriera.
La República ha sido crítica del manejo del TC de la revisión de la acción de amparo, pero nunca ha dejado de reconocer que ha hecho un trabajo admirable en lo atinente a que en el sistema de justicia y en toda la vida nacional se respete el derecho, el valor y el principio de igualdad, el cual es transversal a todos los demás derechos.
La sentencia del TC hay que verla como una tabla de salvación de la democracia nacional, porque la partidocracia no sólo socava el poco nivel de institucionalidad del Estado, sino también que sustrae los recursos que el pueblo dominicano necesita para su salud, educación y para la satisfacción de otras necesidades sociales.
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Baja calidad de educación no garantiza desarrollo cognitivo en el país pese inversión del 4% del PIB.
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2 semanas agoon
diciembre 18, 2024Por Elba García
Las quejas han sido constantes y permanentes del bajo nivel de la educación dominicana a pesar de la relativa alta inversión económica hecha en el sector.
Más de un billón de dólares ha invertido el país en un sistema educativo que cada día se degrada y en el que prevalece una corrupción que avergüenza a todos y cada uno de los dominicanos decentes.
Desde 2013 cuando se acordó destinar el 4% del Producto Interno Bruto (PIB) de República Dominicana a la educación, el país ha destinado una buena parte de estos recursos para alimentar y estimular el principal flagelo de que adolece la nación, que no es otra cosa que la corrupción administrativa.
El Ministerio de Educación (Minerd) en el 2023 ejecutó el 3.88% del 4% del PIB, lo que equivale a unos 226 mil 232 millones de pesos, la cual es la segunda inversión más alta desde 2013.
En el 2020 fue el año en que se cumplió con el 4%, debido a la pandemia de COVID-19. En ese año, el gasto fue de RD$201,501,223,632.
En cuanto al gasto público per cápita en educación, en 2022 fue de 383 euros por habitante, un aumento del 41,85% respecto a 2021.
En el ranking de países por importe invertido en educación, República Dominicana subió del puesto 70 en 2021 al 63 en 2022. Sin embargo, sigue estando entre los países con un bajo gasto público en educación.
Está demostrado que la educación es el instrumento más ideal y eficiente para lograr un verdadero desarrollo nacional.
Estudios hechos por psicólogos han dado como resultado que el coeficiente intelectual más alto se produce en aquellas naciones donde hay una alta inversión en educación.
Entre todos los países latinoamericanos Uruguay es el que aparece con un más alto coeficiente de inteligencia con 96 puntos, seguido por Argentina con 93 y Chile con 90, pero el nombre de la Republica no figura por ningún lado, lo cual también habla de la poca inversión en esta materia.
El cociente intelectual (CI) ha sido por años un indicador clave para medir las capacidades cognitivas de las personas y un estudio global al respecto, liderado por los psicólogos Richard Lynn y Tatu Vanhanen, destaca a Uruguay como el país con el promedio más alto en América Latina, seguido por Argentina.
En este renglón es importante preguntarse sobre los factores detrás de este desempeño y las implicaciones para el desarrollo socioeconómico de la región.
El caso uruguayo, uno de los países más pequeños del hemisferio, ha captado la atención en el mundo, no solo por su desempeño, sino también por las posibles políticas y condiciones que podrían haber permitido el nivel de desarrollo cognitivo.
El estudio presenta un ranking con los puntajes promedio de CI en los países latinoamericanos, evidenciando una considerable brecha entre las naciones.
Según el análisis de Lynn y Vanhanen, Uruguay tiene un promedio de CI de 96 puntos, ubicándose a la cabeza de América Latina (Archivo)Nicolás Janowski – Lugares
- Uruguay: 96
- Argentina: 93
- Chile: 90
- Costa Rica: 89
- Ecuador y México: 88
- Bolivia y Brasil: 87
- Cuba y Perú: 85
- Colombia, Paraguay y Venezuela: 84
- Honduras: 81
En la investigación quedan claras diferencias sustanciales que podrían estar influenciadas por factores como la inversión en educación, la estabilidad económica y el acceso a recursos básicos.
Los autores del estudio, identifican variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación, y factores socioeconómicos como determinantes en los niveles promedio de CI.
Países con políticas que priorizan la educación, programas de nutrición infantil y acceso a tecnología suelen tener mejores resultados en el desarrollo cognitivo de su población.
Por ejemplo, la exposición a entornos que estimulan la creatividad y el pensamiento crítico desde la infancia es crucial. En contraste, los países que enfrentan desigualdades económicas y educativas tienden a registrar promedios más bajos de CI.
En este tema Singapur saca la cabeza con (108), Corea del Sur (106) y Japón (105), cuyas naciones no solo se destacan por sus inversiones en educación de calidad, sino también por sus avanzados sistemas de investigación, tecnología y políticas públicas orientadas a potenciar el capital humano.
De acuerdo con los autores, variables como la calidad del sistema educativo, la equidad en el acceso a la educación y factores socioeconómicos son determinantes en los niveles promedio de CI.
El estudio también subraya la relación entre el CI promedio de un país y su capacidad de desarrollo económico. Países con mayores índices de inteligencia suelen ser más innovadores y eficientes en la resolución de problemas, lo que les permite mantener economías más avanzadas. En este sentido, América Latina tiene una oportunidad significativa: priorizar políticas educativas y sociales que fomenten el desarrollo intelectual como una estrategia para potenciar su crecimiento económico.
El liderazgo de Uruguay en el ranking de CI en América Latina no es casualidad. Su enfoque en políticas públicas inclusivas y su inversión en educación de calidad han sido factores clave para este logro, destaca el estudio. Este ejemplo puede servir como un modelo para otros países de la región que buscan mejorar sus índices de inteligencia y, con ello, su proyección económica a largo plazo.
Sin embargo, el caso de la República Dominicana radica en un problema integral, donde la inversión en educación no es una prioridad y el hecho de que se destinen más recursos al sector no implica una mejoría en la misma, sino un mayor aprovechamiento para el enriquecimiento ilícito.
El 4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) para Educación, aunque todavía es uno de los más bajos de la región, el monto no deja de ofrecer una buena oportunidad para que el país ocupe otros niveles mundiales en este renglón.