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Dimite el jefe de seguridad del papa por una nueva filtración confidencial
EFE
Ciudad del Vaticano.- El jefe de seguridad del Vaticano, Domenico Giani, ha dimitido por la fuga de información confidencial sobre una investigación por presuntas irregularidades financieras, tras dos décadas al servicio de tres pontífices.
La Santa Sede informó hoy de la salida del comandante de la Gendarmería vaticana “para asegurar la debida serenidad a la investigación en curso” y “por amor a la Iglesia y fidelidad al Sucesor de Pedro”, se lee en un comunicado oficial.
El 2 de octubre se difundió una orden confidencial de medidas cautelares contra cinco trabajadores vaticanos en el marco de una investigación por supuestas irregularidades financieras y Gianni ha dimitido como responsable de la seguridad, pues el autor de esta filtración “sigue siendo desconocido”, aclara la nota.
Entre los cinco empleados a los que se les impuso limitaciones administrativas figura Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera (AIF), un organismo de la Santa Sede instituido para la lucha contra el blanqueo de capitales.
El resto son Vincenzo Mauriello y Fabrizio Tirabassi, dirigentes de la Secretaría de Estado; una empleada de Administación, Caterina Sansone; y el jefe del Departamento de Información y Documentación, Mauro Carlino.
La Santa Sede consideró hoy que la publicación de la orden confidencial “perjudicaba gravemente tanto la dignidad de las personas implicadas como la imagen de la Gendarmería”, y se sabe que estos hechos han provocado el enfado de Francisco.
El papa aceptó la dimisión de Giani y conversó “largamente” con él para expresar “su aprecio por su gesto, expresión de libertad y sensibilidad institucional” y por el trabajo que “ha realizado con humildad y discreción al servicio” de la Santa Sede.
Y le ha agradecido su “fidelidad y lealtad incuestionables” y haber creado “una atmósfera constante de tranquilidad y seguridad” en torno a los pontífices a lo largo de su trayectoria, acompañándoles y protegiéndoles por todo el mundo.
No es la primera vez que se divulga material confidencial de la Santa Sede. Ya ocurrió en 2012, a una mucho mayor escala, con el conocido como “Vatileaks”, el robo de documentos de Benedicto XVI por el que fue condenado su mayordomo, Paolo Gabriele.
O más recientemente, en 2015, con la divulgación de informaciones financieras en dos libros por la que el principal imputado, entre un total de cinco, fue el sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, condenado y después puesto en libertad condicional por el papa.
Esta nueva filtración de material sensible de la Santa Sede se produce mientras permanece abierta una investigación sobre presuntas irregularidades financieras e inmobiliarias en las que podrían estar implicadas las cinco personas mencionadas.
El pasado 1 de octubre, el Vaticano informó de que el promotor de Justicia (fiscal) Gian Piero Milano había ordenado la incautación de documentación y aparatos electrónicos en la Secretaría de Estado de la Santa Sede tras recibir varias denuncias el pasado verano.
El registro en busca de pruebas tuvo lugar en dos entes del Vaticano- la primera sección de la Secretaría de Estado y la AIF.
La operación surgió de unas denuncias presentadas al principio del pasado verano por el Instituto para Obras de Religión, el conocido como banco vaticano, y por la Oficina del Revisor General, este último encargado de auditar la administración vaticana.
Giani, con un pasado en los servicios secretos italianos, se unió en enero de 1999 a la policía vaticana como inspector general, bajo el pontificado de Juan Pablo II, hasta que siete años más tarde, en junio de 2006, se puso al frente de la Gendarmería.
Desde entonces se le ha visto como celoso escolta de los papas siguientes, Benedicto XVI y Francisco, corriendo junto al papamóvil o acompañándoles en sus viajes nacionales e internacionales.
En una entrevista difundida por el Vaticano, el ya excomandante explica que vive este momento “difícil” con “serenidad interior”, aunque no tenga ninguna responsabilidad directa en la filtración, y reconoce que estos hechos han causado “un grave dolor” al papa.
Por eso, como jefe de seguridad del Estado pontificio, asume la responsabilidad y presenta su dimisión- “Como comandante he sentido vergüenza por lo ocurrido y el daño a esas personas”, afirma.
“Siempre he dicho y demostrado que estaba preparado para sacrificar mi vida para defender la del papa, y con este ánimo he decidido dimitir para no dañar la imagen y la acción del Santo Padre”, sostiene. Pero al mismo tiempo afirma que tras su decisión hay motivos personales.
“El papa, por otro lado, conocía algunos de los problemas personales con los que cargo desde hace meses y mi deseo de dedicar mayor tiempo a mi familia, mi mujer y mis hijos”, subrayó.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.