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Dina Boluarte, abogada de tradición izquierdista, primera presidenta de Perú

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EFE

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007

Lima, Perú.-La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

La abogada y política de tradición izquierdista Dina Boluarte se convirtió este miércoles en la primera presidenta de Perú, al jurar al cargo ante el pleno del Congreso, después de que el Parlamento destituyó a Pedro Castillo, acusado de dar un golpe de Estado.

Boluarte, de 60 años y de cuya vida personal no se conocen muchos detalles, fue elegida como primera vicepresidenta de la República en la fórmula presidencial del partido marxista Perú Libre, que el año pasado postuló a Pedro Castillo a la jefatura del Estado del país, y del cual fue expulsada por diferencias políticas con sus dirigentes.

La flamante mandataria fue ministra de Desarrollo e Inclusión Social desde el inicio del Gobierno de Castillo, el 28 de julio de 2021, hasta fines de noviembre, cuando el escenario político se agravó con la confirmación de que el Congreso iba a someter al expresidente a una tercera moción de destitución por «permanente incapacidad moral».

Durante su periodo como vicepresidenta, Boluarte representó a Castillo en varios viajes fuera del país, en los que no fue autorizado a desplazarse por el Parlamento, el último de los cuales fue la cumbre del Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) en Tailandia en noviembre pasado.

Asimismo, defendió el papel de la mujer en los eventos en los que participó como en la última Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en la que afirmó que «no hay desarrollo sostenible sin el desarrollo de las mujeres» y destacó el compromiso del Perú con el empoderamiento de las mujeres a través de políticas innovadoras, aunque persistan estereotipos y acoso político contra las líderes.

En los últimos días, varios integrantes del Ejecutivo, como los exministros Alejandro Salas y Félix Chero, le recordaron a Boluarte que debía renunciar al cargo como lo habían acordado previamente, en el caso de que Castillo fuera destituido por el Parlamento, pero ella mantuvo silencio.

En su lugar, la vicepresidenta decidió dejar el ministerio cuando Castillo hizo su última modificación en el gabinete, tras la renuncia del jurista Aníbal Torres como primer ministro en noviembre último y el ingreso en ese cargo de la legisladora y abogada Betssy Chávez.

Tras el anuncio del cierre del Congreso, Boluarte rompió su silencio para rechazar la decisión de Castillo de «perpetrar el quiebre del orden constitucional» y añadió que se trató de «un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley».

De esta manera, la abogada dejó de apoyar públicamente a Castillo y con su nombramiento como jefa de Estado se corrigió de lo que había anunciado el año pasado, cuando declaró que si el entonces presidente era destituido ella se iba con él

La asunción de Boluarte a la Presidencia de Perú se produjo, además, 48 horas después de que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales archivó una denuncia presentada contra ella por presuntas irregularidades en su renuncia al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), una entidad pública en la que trabajaba desde 2007.

También fue presidenta del Club Departamental Apurímac, un cargo para el que realizó trámites de transferencia de funciones que le valieron una investigación del Congreso, que finalmente decidió que no había cometido una infracción constitucional.

Boluarte, nacida precisamente en la región surandina de Apurímac, se postuló a un cargo político por primera vez en los comicios municipales de 2018 y nuevamente intentó una curul en el Congreso en las elecciones extraordinarias de 2020 con Perú Libre, movimiento que la incluyó en la fórmula presidencial de Castillo un año después.

Al convertirse este miércoles en la primera presidenta de la historia de Perú, juró «por Dios, la patria y la Constitución» y dijo que asumía «de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento y hasta el 28 de julio de 2026», cuando debe cumplir el actual período de Gobierno.

Añadió que entre sus compromisos estará «defender» la soberanía nacional y que «cumplirá y hará cumplir» la Constitución y las leyes de su país.

Y relató que viene de «un pueblito» del Perú profundo, que es la última hija de una familia que vivió la precariedad y que de ahí aprendió bajo el afecto de sus padres el trabajo y la lealtad.

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Latinoamericanas

Incautan en febrero 28 toneladas de cocaína en operaciones en diez países, incluyendo RD

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 Agencia EFE

Colombia.-La Policía de Colombia lideró en febrero una operación transnacional contra el narcotráfico que dejó 28 toneladas de cocaína incautadas y 38 personas capturadas en operativos simultáneos en diez países de América y Europa, informó este domingo la institución.

La ofensiva, que tuvo lugar entre el 1 y el 25 de febrero, también permitió decomisar más de tres toneladas de marihuana, 1,800 litros de ketamina y 700,000 dólares en efectivo, así como tres vehículos y cuatro embarcaciones utilizadas por redes criminales.

Las acciones se llevaron a cabo de manera coordinada con agencias internacionales como la Administración de Control de Drogas (DEA) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (HSI) de Estados Unidos, además de autoridades de Panamá, Ecuador, España, Francia y Países Bajos, entre otros países.

En total, los operativos se realizaron en Bélgica, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Francia, Países Bajos, Panamá y República Dominicana, lo que, según la institución, evidencia el alcance global de estas organizaciones ilegales y la necesidad de cooperación internacional para combatirlas.

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Latinoamericanas

El fiscal general y el defensor del pueblo de Venezuela renuncian

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Agencia EFE

Caracas, Venezuela.-El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, y el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, remitieron este miércoles su renuncia a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) -controlado por el chavismo– en medio del proceso de amnistía para presos políticos desde 1999 y hasta la actualidad.

El presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, anunció en medio de la sesión, transmitida por el canal estatal ANTV, que recibió «sendas misivas» con la renuncia de ambos funcionarios, que habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un período de siete años, es decir, hasta 2031.

Asimismo, dijo que actualmente no hay vicefiscal en el Ministerio Público (MP, Fiscalía) que pueda asumir el cargo de forma temporal mientras se activa el proceso de selección del nuevo fiscal por parte de la AN.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el chavismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

La Cámara también ratificó entonces a Alfredo Ruiz como defensor del pueblo, cargo que ocupó Saab hasta 2017.

«Yo diría que la aprobación de la Ley de Amnistía cierra un importante ciclo histórico que es el de sanar heridas, obviamente producto de la disputa y los conflictos, más allá de lo que la propia Ley va narrando», afirmó el funcionario entonces, según una nota de prensa difundida por la Fiscalía.

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Internacionales

México teme más violencia tras la muerte de “El Mencho”

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Agencia AP

Guadalajara, México.-Varios estados mexicanos cancelaron las clases el lunes, y gobiernos locales y extranjeros por igual advirtieron a sus ciudadanos que permanecieran en interiores ante una violencia generalizada que estalló tras la muerte, a manos del ejército, del poderoso líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, dirigía una de las redes criminales de más rápido crecimiento en México, notoria por traficar fentanilo, metanfetamina y cocaína a Estados Unidos, y por perpetrar ataques descarados contra funcionarios gubernamentales que la desafiaban.

Murió durante un tiroteo en su estado natal de Jalisco cuando el ejército mexicano intentaba capturarlo. Integrantes del cártel respondieron con violencia en todo el país, bloqueando carreteras e incendiando vehículos.

La Casa Blanca confirmó que Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia a la operación para capturar al líder del cártel y aplaudió al ejército de México por abatir a un hombre que era uno de los criminales más buscados en ambos países.

México esperaba que la muerte del mayor traficante de fentanilo del mundo aliviara la presión del gobierno de Trump para que haga más contra los cárteles, pero muchos permanecían atrincherados y en vilo mientras esperaban ver la reacción del poderoso cártel.

Muchos temen más violencia

La embajada de Estados Unidos dijo a través de X que su personal en ocho ciudades y en el estado de Michoacán se resguardaría en el lugar y trabajaría de forma remota el lunes, y advirtió a los ciudadanos estadounidenses en muchas partes de México que hicieran lo mismo.

Los autos comenzaron a circular en Guadalajara antes del amanecer del lunes con el inicio de la semana laboral, un cambio notable respecto al domingo, cuando la capital del estado de Jalisco y la segunda ciudad más grande de México, quedó paralizada casi por completo mientras residentes temerosos se quedaban en casa.

A los pasajeros que llegaron al aeropuerto internacional de la ciudad el domingo por la noche se les informó que operaba con personal limitado debido al estallido de violencia.

Murcia iba pasando con ansiedad distintas noticias en redes sociales que mostraban el rostro de “El Mencho” y envió mensajes a sus hijos, quienes seguían su ubicación mientras ella intentaba cruzar la ciudad hacia su casa después de anochecer.

“Mi plan hoy al salir del aeropuerto es ver si hay taxis, pero tengo miedo de todo. Que haya bloqueos, que haya toque de queda, que pueda pasar algo”, expresó. “Estoy completamente sola”.

Videos que circulaban en redes sociales el domingo mostraban a turistas en Puerto Vallarta caminando por la playa mientras una humareda se elevaba a lo lejos.

Un golpe contra un cártel podría ser un triunfo diplomático

David Mora, analista de México para International Crisis Group, señaló que la captura y el estallido de violencia marcan un punto de inflexión en el impulso de Sheinbaum por endurecer la ofensiva contra los cárteles y aliviar las presiones de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha exigido que México haga más para combatir el contrabando de fentanilo, una droga a menudo mortal, y ha amenazado con imponer más aranceles o emprender una acción militar unilateral si el país no muestra resultados.

Había indicios iniciales de que los esfuerzos de México fueron bien recibidos por Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos, Ron Johnson, reconoció el éxito de las fuerzas armadas mexicanas y su sacrificio en un comunicado a última hora del domingo. Añadió que “bajo el liderazgo del presidente Trump y la presidenta Sheinbaum, la cooperación bilateral ha alcanzado niveles sin precedentes”.

Pero, según Mora, también podría allanar el camino para más violencia, a medida que grupos criminales rivales aprovechen el golpe asestado al CJNG.

“Este podría ser un momento en el que esos otros grupos vean que el cártel está debilitado y quieran aprovechar la oportunidad para expandir su control y tomar el control del Cártel Jalisco en esos estados”, afirmó.

“Desde que la presidenta Sheinbaum está en el poder, el ejército ha sido mucho más confrontacional, más combativo contra los grupos criminales en México”, comentó Mora. “Esto le está señalando a Estados Unidos que, si seguimos cooperando, compartiendo inteligencia, México puede hacerlo; no necesitamos tropas de Estados Unidos en suelo mexicano”.

“El Mencho” era un objetivo principal

Oseguera Cervantes, quien resultó herido en la operación para capturarlo el domingo en Tapalpa, Jalisco, a unas dos horas en auto al suroeste de Guadalajara, murió mientras era trasladado en avión a Ciudad de México, informó la Secretaría de la Defensa en un comunicado.

Durante la operación, las tropas fueron atacadas a tiros y mataron a cuatro personas en el lugar. Otras tres personas, incluido Oseguera Cervantes, resultaron heridas y murieron después, indicó el comunicado.

La secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo a través de X que el gobierno de Estados Unidos proporcionó apoyo de inteligencia para la operación. “‘El Mencho’ era un objetivo prioritario para el gobierno de México y el de Estados Unidos como uno de los principales traficantes de fentanilo hacia nuestro territorio”, escribió. Elogió al ejército de México por su labor.

El Departamento de Estado de Estados Unidos había ofrecido una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera al arresto de “El Mencho”. El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales más poderosas y de más rápido crecimiento en México y comenzó a operar alrededor de 2009.

En febrero de 2025, el gobierno de Trump designó al cártel como una organización terrorista extranjera.

Sheinbaum ha criticado la estrategia de “capos” de gobiernos anteriores, que eliminaban a líderes de cárteles, solo para detonar estallidos de violencia cuando los cárteles se fragmentaban. Aunque se ha mantenido popular en México, la seguridad es una preocupación persistente y, desde que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asumió el cargo hace un año, ella ha estado bajo una enorme presión para mostrar resultados contra el narcotráfico.

El cártel de Jalisco ha sido uno de los más agresivos en sus ataques contra el ejército —incluidos ataques a helicópteros— y es pionero en lanzar explosivos desde drones e instalar minas. En 2020, llevó a cabo un espectacular intento de asesinato con granadas y rifles de alto poder en el corazón de Ciudad de México contra el entonces jefe de la policía de la capital y ahora secretario federal de seguridad.

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