Santo Domingo, RD.-Continúa la primera fase de la auditoría forense a los equipos utilizados en las primarias de octubre pasado por parte de la empresa Alhambra Eidos, mientras el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) estuvo reunido en las primeras horas de la mañana de este sábadoMás Noticias
El pleno de la JCE está reunido mientras sigue la auditaría al voto automatizado.
Santo Domingo, RD.-Continúa la primera fase de la auditoría forense a los equipos utilizados en las primarias de octubre pasado por parte de la empresa Alhambra Eidos, mientras el Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) estuvo reunido en las primeras horas de la mañana de este sábadoSegún las palabras del director de informática de la entidad, Miguel Ángel García, la primera fase consiste en la extracción de los datos de cada una de las computadoras. Está primera parte culmina el próximo lunes.
El primer informe de esta auditoría se dará a conocer a dos semanas después de recibir los equipos , incluyendo el análisis del código fuente, mientras que los resultados del informe completo se conocerá el próximo 31 de enero. Se recuerda que el total de los equipos para auditar son de 370.
Puntos de la agenda del pleno
El pleno de la JCE, encabezado por su presidente Julio César Castaños tiene en agenda varios puntos que afectarán de manera inmediata a las elecciones municipales que se realizarán el próximo 16 de febrero.
El primero de ellos es la confección de la boletas electorales. En la mañana del viernes, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y otros depositaron una instancia en la secretaría general pidiéndole a la JCE que no imprima las boletas electorales tomando en cuenta el criterio de selección establecido por la ley electoral.
El director nacional de elecciones, Mario Núñez, dijo ayer que las 3.2 millones de boletas se estarían imprimiendo este fin de semana en la Editora Corripio y que también se terminó el periodo de revisiones.
De acuerdo con Núñez, el criterio que se utilizará para el orden de los candidatos en las boletas será por los resultados que obtuvieron en sus procesos internos.
«El criterio adoptado es el que establece la ley 32-18, donde se establece que los candidatos se colocarán en la boleta de acuerdo a los resultados obtenidos en sus comicios internos. En el caso del PLD, Partido de la Liberación Dominicana, y del PRM, Partido Revolucionario Moderno, primarán los resultados de las primarias. Después de los titulares se colocarán las reservas en orden alfabético por el primer apellido”, comentó Núñez en sus declaraciones del día de ayer.
Los resultados de esta reunión podrían ser revelados en horas de la tarde de este sábado.
SANTO DOMINGO.- Una mujer acusada de agredir y herir con un arma blanca a un agente de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett) será sometida a la justicia.
El vocero de la entidad, Rafael Tejeda Baldera, explicó que el agente afectado se encuentra en proceso de recuperación tras las heridas sufridas durante el incidente.
Tejeda Baldera destacó que en este caso no existía ninguna situación de tránsito ni fiscalización por infracción que justificara un enfrentamiento con la autoridad.
- «Es un hecho lamentable y deplorable, ya que no hubo ningún motivo relacionado con tránsito que provocara esta agresión contra el agente”, expresó.
Indicó además que el caso ya está en manos de la justicia, con los tribunales apoderados y los procesos legales en curso para determinar las responsabilidades correspondientes.
La institución reiteró su llamado al respeto hacia las autoridades y confió en que la acusada responda ante la ley por sus acciones.
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Derechos de autor por TV en clinicas y hoteles se conoce en el el Tribunal Constitucional.
Santo Domingo, R.D.-Un caso que enfrenta a productores audiovisuales y establecimiento comerciales por el pago de derechos de autor por televisores con servicio por cable y que se conocia en el Tribunal Constitucional (TC), cuya alta corte anuló una sentencia de la Suprema Corte de Justicia mediante la TC/0118/26 de la Suprema que ordenó emitir un nuevo fallo.
Aunque el conflicto gira en torno a si clínicas, hoteles y otros negocios deben pagar regalías por exhibir contenidos televisivos, el alto tribunal no resolvió ese punto y devolvió el caso para que sea decidido nuevamente.
La decisión se produjo al conocer un recurso presentado por la Entidad de Gestión de los Derechos de los Productores Audiovisuales Dominicana (Egeda) contra una sentencia de la Primera Sala de la Suprema que había rechazado su demanda contra el Centro de Medicina Avanzada Doctor Abel González.
Egeda reclamaba el pago de derechos de autor por la transmisión de obras audiovisuales en televisores instalados en habitaciones y salas de espera del centro médico.
La entidad sostiene que ese tipo de exhibición constituye un acto de «comunicación pública» de obras protegidas, lo que genera el derecho de los autores y productores a recibir una remuneración.
La Suprema Corte de Justicia, sin embargo, había concluido que la clínica no era responsable de ese pago porque simplemente era usuaria de un servicio de televisión por cable. Según ese criterio, si existe una obligación de pagar regalías por la retransmisión de contenidos audiovisuales, esta correspondería a la empresa de telecable que distribuye la señal y no al establecimiento que contrata el servicio.
El alto tribunal también consideró que exigir el pago a la clínica podría implicar un cobro duplicado, debido a que las compañías de cable ya pagan licencias por la retransmisión de los programas.
El TC anuló esa decisión, pero no por estar en desacuerdo con ese criterio, sino porque la Suprema basó parte de su razonamiento en la existencia de un supuesto contrato de servicio de cable que no fue incorporado al expediente ni debatido por las partes.
Para el TC, sustentar una sentencia en hechos no probados vulnera el derecho de defensa y el principio de contradicción, por lo que ordenó devolver el caso para que sea decidido nuevamente.
En consecuencia, el tribunal no fijó un criterio definitivo sobre si los establecimientos deben pagar directamente estos derechos, dejando abierta una discusión que también ha generado litigios en otros países.
Pese a que el fondo del conflicto sigue sin resolverse, la Sociedad de Gestión Colectiva de los Productores Audiovisuales (Sogespa) calificó la decisión como un fallo «histórico» que fortalece la protección del derecho de autor en el país.
La entidad afirmó que la sentencia reafirma principios como el derecho exclusivo de los productores a autorizar la comunicación pública de sus obras, incluyendo su exhibición en habitaciones de clínicas y hoteles.
«El respeto al derecho de autor constituye un pilar fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas», expresó su director gerente, Nelson Jiménez Cabrera.
Sin embargo, la sentencia TC/0118/26 no valida esa interpretación ni establece quién debe pagar en estos casos, ya que se limitó a anular la decisión de la Suprema por fallas en su motivación.
Santo Domingo, R.D.-Fue cancelada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) el proceso de licitación INABIE-CCC-LPN-2026-0002, que tenía como objetivo la adquisición de gomitas multivitamínicas para estudiantes del sistema educativo público.
La institución explicó que la medida fue adoptada con el fin de introducir «mejoras sustanciales en los aspectos técnicos y económicos» del proceso, buscando garantizar una contratación más eficiente y ajustada a los requerimientos establecidos.
A través de un breve comunicado, dijo que el programa estaba concebido como parte de una estrategia de intervención nutricional dirigida a alumnos de los niveles inicial, primaria y secundaria en todo el país.
La entidad no precisó cuándo sería relanzado el proceso, aunque indicó que trabaja en la revisión de los criterios para asegurar mejores condiciones en una futura convocatoria.
Horas antes, el Inabie había anunciado la ejecución de un plan piloto de «suplementación con gomitas multivitamínicas, para intervenir nutricionalmente a unos 70 mil estudiantes» a un costo de 151 millones 200 mil pesos. Beneficiaría a escolares de 3 a 19 años del sistema educativo público, a los cuales se les entregaría tres gomitas a la semana por espacio de un año.
En un comunicado, el Inabie reiteró su compromiso con la transparencia y el uso adecuado de los recursos públicos, al tiempo que aseguró que las decisiones tomadas responden al interés de fortalecer la calidad de los procesos en beneficio de los estudiantes.