Nacionales
Diputado comienza a cumplir seis meses de prisión en Najayo
SANTO DOMINGO. El diputado Ramón Antonio Fernández Martínez fue ingresado ayer a la cárcel de Najayo, donde deberá cumplir seis meses de una condena de un año de prisión impuesta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que lo halló culpable de sustracción de la autoridad de sus padres a una menor.
El legislador fue conducido al penal desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a las 3 de la tarde.
El juez de Ejecución de la Pena del Distrito Nacional, Saulo Ysabel Díaz, ordenó el ingreso inmediato a la cárcel de Najayo del legislador perredeísta, luego de agotar un procedimiento que se inició pasadas las 9 de la mañana, que comprendió el rechazo de una petición que procuraba que Fernández cumpliera primero en libertad los seis meses de suspensión de la pena.
Al lugar se presentó el vocero del bloque de diputados del PRD, Ruddy González. Mediante auto No.766-2012, el magistrado fija el cómputo de la pena en cuanto a la modalidad de privación de libertad, para el día 6 de marzo del 2013, a las 12 del mediodía, fecha en que el legislador perredeísta deberá obtener su libertad.
Una vez obtenga su excarcelación, Fernández Martínez deberá ser remitido al despacho del juez de Ejecución, a fin de dar inicio de manera formal a la segunda modalidad de cumplimiento de 6 meses de prisión suspendida con condiciones, la cual finaliza el seis de septiembre del 2013.
El diputado perredeísta se presentó el jueves voluntariamente al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, a fin de constituirse en prisión, quedando privado de su libertad en la cárcel de detención de la Fiscalía, en cumplimiento de una orden de captura, arresto y conducencia emitida por el magistrado.
En su defensa, antes de ser desaforado durante una sesión celebrada por la Cámara de Diputados, Fernández tomó un turno, durante el cual aseguró que no es un violador, y afirmó que no es lo mismo sustraer una menor de 14 años de la autoridad de sus padres que violarla. Rechazó que rehuyera de su responsabilidad por cuanto asistió este jueves a ponerse a disposición del juez.
Diario Libre
Nacionales
Jochi Gómez realizaba labores de «inteligencia y seguimiento» a jueces y funcionarios del sistema judicial
Santo Domingo.-Jochi Gome, realizaba labores de «inteligencia y seguimiento» a jueces y funcionarios del sistema judicial dominicano, según detalló el Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en su contra y de los demás implicados en el caso Camaleón.
Conforme a los fiscales de la la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en la guantera del vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, se encontró un documento con la descripcion de los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Keila Perez Santana, Elias Santini Perrera y Arisleyda Méndez Batista.
Señalan los fiscales que también se encontró un cuadro de distintos nombres de jueces, abogados ayudantes, alguacil de estrado, oficinista, alguacil, también del Cuarto Tribunal Colegiado, comenzando con la jueza Perez Santana y terminando con Estafany Orty Montero, siendo esto una prueba de las actividades de inteligencia y seguimiento realizadas por Jochi Gómez a jueces y funcionarios del sistema judicial.
Detalló que luego de producirse el arresto del imputado Jochi Gómez, miembros del Ministerio Público, en compañía de agentes de la Policía Nacional, procedieron a ubicar el vehículo donde este se presentó a la Procuraduría, siendo encontrado en las cercanías de la sede de esta institución, específicamente en la calle Rafae Damirón, frente al Pabellón de Las Naciones, sector Centro de Los Héroes, Distrito Nacional.
Indica que al llegar a este lugar, se verificó que se encontraban 2 vehículos estacionados, siendo estos el vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, con la placa G364756 y el vehículo marca Toyota Land modelo Cruiser VX.R, color negro, sin placa, en los cuales se encontró en el asiento del conductor de cada vehículo.
Agrega que los señores Pablo José Luna Sosa y Henry Felipe Casso, los cuales al ser cuestionados sobre las razones de su presencia allí, contestaron el primero seguridad y el segundo chofer, respectivamente de Gómez.
Luego de esto, sostienen los fiscales en presencia del señor Henry Felipe Casso, fue realizado el registro del vehículo marca Toyota Land Cruiser, color negro, con la placa G364756, del cual se constató que su número de chasis es el JTMABBBJ8R4118870, mientras que en la depuración de la referida placa, se verificó que la misma no correspondía a dicho vehículo, sino a la jeepeta marca Toyota Land modelo Cruiser VX.R, color negro JTMHV02J504191708.
En el expediente figuran, además de Jochi Gómez, propietario de las empresas Transcore Latam y Aurix; Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre (Intrant); Frank Díaz Warden, coordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras del Intrant; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant; Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant; Juan Francisco Álvarez Carbuccia y Carlos José Peguero Vargas, recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Nueva.
De acuerdo al Ministerio Público, los imputados pertenecen a una red de corrupción y crimen organizado dedicada al desfalco, estafa contra el Estado, falsificación, coalición de funcionarios, contrabando, comercio ilícito, sabotaje, terrorismo contra infraestructura crítica, por medio de alta tecnología y robo de identidad.
Santo Domingo, R.D.-La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este domingo que, durante la última semana, las autoridades realizaron más de cuatro mil operativos y 65 allanamientos, donde apresaron a 923 personas y ocuparon 141,448 gramos de cocaína, 38,560 dosis de marihuana, 3,135 de crack, 19 gramos de metanfetaminas y 103 pastillas de éxtasis, para un total de 183, 164.50 gramos.
Así lo informó la DNCD a través de un comunicado, en el que también aseguraron que en los operativos se incautaron además 6 armas de fuego, 30 machetes y cuchillos, 9 vehículos, 43 motocicletas, 270 celulares, 24 radios de comunicación, 83 balanzas, RD$ 1,181,253, US$ 5,232 y 5 euros, entre otras evidencias.
Las operaciones de interdicción en contra del microtráfico se extendieron al a los barrios del Gran Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal, Azua, Peravia, La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Hato Mayor, Puerto Plata, Monseñor Nouel, Duarte, Maria Trinidad Sanchez, Samana, Valverde, entre otras localidades.
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público en la solicitud de medida de coerción en contra Jochi Goméz y los demás encartados en el caso Camaleón, detalla que la firma del acuerdo de cooperación entre el Ministerio de Defensa de la República Dominicana (MIDE) y la empresa Aurix fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.
Conforme a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), el imputado Jochi Gómez tenía un interés marcado en querer controlar, interferir y participar en actividades de captación, interferencia, seguimiento y ubicación de informaciones manejadas por organismos destinados a la seguridad nacional.
Ante esa situación, alega el Pepca se firmó el acuerdo de cooperación realizada por el Ministerio de Defensa, representado por Rubén Darío Paulino Sem, y la empresa Aurix, representada por Jochi Gómez, de fecha 23 de junio del año 2020, con un tiempo de vigencia de 12 meses.
Sostiene que la razón social Aurix fue presentada como una empresa privada dedicada a la recopilación y análisis de datos, a través de la evaluación de fuentes abiertas, públicas e investigaciones particulares, algoritmos e inteligencia artificial.
OBLIGACIONES DE AURIX Y MIDE
Dentro de las obligaciones de Aurix estaba suministrar al MIDE la cooperación de carácter público o privado respecto de todos los perfiles de entes físicos o jurídicos que, en el marco de una investigación, arrojen un nivel de riesgo; facilitar la cooperación con el uso de software de detección de riesgos o amenazas; recopilar y transferir las cooperaciones de los perfiles físicos y jurídicos; se le autoriza el uso del logo y de la empresa en las instalaciones del Ministerio de Defensa de la República Dominicana, entre otras.
Mientras que el Ministerio de Defensa se encargaría de coordinar los permisos o licencias necesarias para las operaciones de Aurix en el territorio nacional; proveer a Aurix la cooperación necesaria para el desempeño de su labor de investigación; apoyar los planes de asistencia tecnología y transferencia de los datos requeridos, para el fiel cumplimiento y protección de las instalaciones, personal humano y relacionados, ante cualquier amenaza posible o de forma permanente.
Según oficio núm. 12249 del 21 de marzo de 2024, emitido por el exministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Moría, en comunicaciones de los Comandantes Generales del Ejército de la República Dominicana, Armada de la República Dominicana, Fuerza Aérea de la República Dominicana y la Contralora General de las Fuerzas Armadas, no se encontraron registros de pagos, deudas o relación con la razón social Aurix S.A.S.
Aduce la Pepca que lo que constata que la firma del acuerdo de cooperación fue un acuerdo oculto y de malas intenciones, al no encontrarse registros institucionales oficiales, según las dependencias del Ministerio de Defensa.
Acotó que la firma de este acuerdo viola completamente las disposiciones contenidas en la Constitución y la ley 139-13, al otorgar facultades y libertades, propias de instituciones castrenses y de inteligencia, a una empresa privada para un uso y abuso de información privilegiada y tratada como seguridad nacional, resultando en prácticas particulares de Gómez y sus actividades ilícitas de manipulación, amenazas, chantajes y extorsión.
Precisa que según comunicación de fecha 4 de octubre de 2024, marcada con el número 33275, remitida por la Dirección de la Policía Nacional, se pudo corroborar que no existe acuerdo ni convenio alguno entre esta institución y la empresa AURIX S.A.S. De igual forma se pudo corroborar el uso de instituciones como el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y otros organismos de investigación.