Santo Domingo, (EFE).- El movimiento Participación Ciudadana denunció este jueves que los legisladores no han escuchado las demandas sociales en la propuesta de modificación al Código Penal, el cual contiene disposiciones que considera «graves retrocesos en materia de derechos humanos, lucha contra la corrupción, igualdad y acceso a la justicia».

El capítulo dominicano de Transparencia Internacional, que manifiesta su «profunda preocupación» ante la aprobación en primera lectura del texto por el Senado, llama al Congreso Nacional, en particular a la Cámara de Diputados, a actuar con «responsabilidad democrática» y abrir «un espacio real de diálogo», a fin de que el Código Penal fortalezca la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción, en línea con los principios constitucionales y los estándares internacionales.

Exhorta al presidente Luis Abinader a que, en caso de ser aprobado el Código Penal con «todas estas fallas», utilice su derecho constitucional a observarlo y solicitar modificaciones al Congreso.

Participación Ciudadana detalla las preocupaciones principales que le plantea este proyecto de reforma y, entre ellas, destaca que la exención de responsabilidad penal a instituciones públicas y privadas como el Estado, los ayuntamientos, juntas municipales, iglesias y partidos políticos constituye una violación al principio constitucional de igualdad ante la ley, «creando privilegios, propiciando la impunidad y la falta de rendición de cuentas».

Además, se penaliza el aborto y no se contemplan las tres causales (vida o salud de la mujer en riesgo, embarazo producto de una violación o incesto y feto inviable fuera del útero).

En su opinión, hay un retroceso en la lucha contra la corrupción, pues «se ignora la solicitud de establecer la imprescriptibilidad de los delitos contra el patrimonio público, por tratarse de casos de lesa humanidad que ofenden y agravian a la sociedad en su conjunto y son responsables de la carencia de recursos públicos» para salud u otras prioridades.

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Santo Domingo, R.D.-Los menores de edad desde los doce años a partir del último trimestre de 2025 podrán obtener su cédula de identidad, anunció La Junta Central Electoral (JCE), cuya medida responde a los cambios incorporados por la nueva Ley del Registro Civil y forma parte de un ambicioso proyecto para emitir una nueva cédula con tecnología avanzada, pese a que la misma en su  versión inicial no habilitará para votar, aunque sí funcionará como un documento oficial de identificación, lo que integrará a más de un millón de adolescentes al sistema nacional de identidad.

Anibelca Rosario, miembro suplente de la JCE, detalló estos avances durante una entrevista, explicando que el proyecto busca modernizar el sistema de identificación del país. Esta iniciativa prepara el terreno para los futuros procesos electorales de 2028, asegurando una identidad ciudadana más accesible e inclusiva para toda la población.

La futura cédula contará con un formato físico obligatorio y una versión digital opcional. Los usuarios tendrán la flexibilidad de decidir qué información mostrar en la versión digital. Esta permitiendo ocultar datos como la dirección o el tipo de sangre si así lo desean.

Para facilitar el acceso, la JCE habilitará centros de entrega con horario de 24 horas y operativos móviles, pensados para personas con condiciones de salud especiales o residentes en zonas remotas, tanto dentro como fuera del país. Además, el nuevo documento será obligatorio para miembros de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y extranjeros con residencia permanente en el país.

El proceso de entrega de las cédulas se organizará según el mes de nacimiento del solicitante. La JCE prevé completar este proceso en un año, con la posibilidad de una extensión hasta principios de 2027 ante eventuales retrasos.

Aunque la empresa o consorcio encargado de la producción de las nuevas cédulas aún no ha sido seleccionado, Rosario aseguró que el proyecto avanza a buen ritmo y con una sólida planificación. La población objetivo supera los nueve millones de dominicanos, y la entrega se realizará de manera escalonada, organizada y apoyada por una campaña informativa. Esta transformación, según Rosario, representa no solo un salto tecnológico, sino también un paso decisivo hacia una identidad ciudadana más moderna.

Santo Domingo.- Luis Abinader en su condición de presidente de la República  convocó para el próximo viernes 25 de julio, a las 8:00 de la noche en el Palacio Nacional, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

El objetivo de esta primera cita incluye evaluaciones de desempeño de jueces de la Suprema Corte de Justicia.

También la designación de nuevos magistrados, tanto en esa instancia como en el Tribunal Superior Electoral.

Abinader preside el Consejo Nacional de la Magistratura en su condición de máxima autoridad de la República.

Según las comunicaciones dirigidas a cada consejero, esa primera reunión conocerá y decidirá sobre la propuesta del cronograma que iniciará distintos procesos, según dispone el articulado de la Constitución Nacional.

a) Evaluación de desempeño de cuatro magistrados de la Suprema Corte de Justicia con siete años en esa instancia desde sus designaciones (artículo 181).

b) Convocatoria de postulantes a jueces de la Suprema Corte de Justicia, para ocupar la vacante resultante de la reciente salida del magistrado Napoleón Estevez Lavandier.

También cualquier otra vacante que surja tras la finalización del proceso de evaluación de desempeño (artículo 180).

c) Convocatoria de postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral, para ocupar las vacantes del colegiado, cuyo mandato concluye este mes de julio de 2025 (artículo 183).

ÚLTIMA SESIÓN

La última sesión del CNM ocurrió a principios de este año, cuando fue designada la actual procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, y siete de sus adjuntos.

Además de Abinader, integran el Consejo los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, dos legisladores y una magistrada.

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