Nacionales
Aprueban proyecto de reformulación al Presupuesto General del Estado de 2025
Santo Domingo, R.D.-Este miércoles la Cámara de Diputados aprobó en dos lecturas consecutivas la iniciativa que busca modificar la Ley 80-24 del Presupuesto General del Estado, elaborada por el Gobierno para utilizarlo durante este año.
Según lo explica el presidente Luis Abinader en una carta enviada el pasado 19 de agosto a los diputados, la adenda propuesta mitigaría la “persistente incertidumbre económica que afecta el entorno nacional y externo”.
Además, respondería a la “dinámica de las cuentas fiscales” observada por las autoridades durante la primera mitad de este año.
La reformulación favorecida por los representantes de la Cámara Baja dispone una variación al total de ingresos, gastos y déficit fiscal.
De esta manera, permite al Gobierno incrementar casi RD$ 70,000 millones para «fortalecer» los proyectos de inversión pública considerados “claves” en el dinamismo de la actividad económica y la mejora del bienestar de la población.
Abinader especifica en la misiva que los planes gubernamentales serían realizados a través de los Ministerios de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Vivienda y Edificaciones (Mived); la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret); el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa); el Servicio Nacional de Salud (SNS); la Comisión Presidencial de Desarrollo Provincial, entre otras.
Esto también autorizaría al Poder Ejecutivo a efectuar la emisión y colocación de “valores de deuda pública” por hasta un monto de RD$ 361,618 millones, siendo un aumento de RD$ 10,627 millones respecto al monto aprobado el pasado año, el cual alcanzaba una cantidad de RD$ 350,990.39 millones.
“En resumen, los RD$ 36,000 millones de ingresos adicionales no recurrentes, sumados a los RD$ 23,112.4 millones del balance neto de disponibilidad del año 2024, más los RD$ 10,627.85 millones de incremento en el financiamiento para el ejercicio 2025, suman los RD$ 69,740.25 millones que estarían incrementándose en las erogaciones para culminar”, establece el informe aprobado por la comisión legislativa de Hacienda.
Dinero en proyectos
Asimismo, la mesa de estudio que dirige el diputado Francisco Paulino indica en el documento que el Gobierno pretende desarrollar una expansión del 20% en el gasto de capital dentro del presupuesto, el cual corresponde a una cifra de RD$35,548.25, equivalente a 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB).
Según la comisión, el Gobierno planifica acciones destinadas a transformar las condiciones de los centros públicos de salud, así como a continuar con el plan integral de transformación y profesionalización en apoyo a la reforma policial.
Adicionalmente, se consideran recursos adicionales rubros prioritarios para los poderes y organismos constitucionales, entre los cuales se incluye el del proyecto de actualización de la cédula de identidad.
Oposición
Diputados de las principales organizaciones políticas opositoras coincidieron en sus planteamientos a exponer sus posiciones durante la sesión, indicando que este es un acto constitucional, por lo cual no representa una violación a ninguna ley.
Estos fueron los voceros Rafa Castillo, de la Fuerza del Pueblo (FP); Gustavo Sánchez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD); y Ramón Raposo, Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
“Esta es una oportunidad para que (sean atendidas) las críticas que veníamos haciendo a la baja inversión de capital”, dijo Sánchez, aclarando que los peledeístas votarían a favor la iniciativa que fue declarada de urgencia.
No obstante, Castillo indicó que la FP no muestra su respaldo debido a que desconfía en la eficiente utilización de estos recursos.
“(Cientos de) millones de dólares de Aerodom. Hoy se gastaron los millones y no tenemos las obras. (Esta reformulación al Presupuesto) es para invertirlo en doble sueldo, bono y fiestas, no se va invertir un peso en la sociedad, ni en la gente”, expresó Castillo, cuestionando la administración del Gobierno sobre los US$ 775 millones recibidos como parte del contrato pactado con la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo 21.
Será en el Senado de la República donde los 29 legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y tres del único partido opositor, FP, decidirán si convertirán en ley la modificación para que el Poder Ejecutivo pueda promulgar los cambios.
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
Nacionales
Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.