Nacionales
Aprueban proyecto obligaría becados en exterior regresar al país o devolver fondos
La iniciativa crea el Sistema Nacional de Becas y establece sanciones por fraude, uso indebido de recursos e incumplimiento de las obligaciones asumidas por los beneficiarios
SANTO DOMINGO.– La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en segunda discusión, un proyecto de ley que procura crear el Sistema Nacional de Becas, estableciendo nuevas reglas para el otorgamiento, seguimiento y fiscalización de los recursos destinados por el Estado a la formación académica de los dominicanos.
Uno de los aspectos de mayor trascendencia de la iniciativa establece que los beneficiarios de determinadas becas otorgadas por el Gobierno para cursar estudios en universidades del extranjero deberán retornar a la República Dominicana y permanecer en el país durante un período de dos a cinco años, con el propósito de aplicar los conocimientos y competencias adquiridos.
El proyecto, presentado por el diputado José Caraballo, contempla que el incumplimiento de ese compromiso podría generar la obligación de devolver al Estado una proporción o la totalidad de los recursos recibidos para financiar los estudios.
La propuesta fundamenta esa obligación en lo que denomina un “principio de reciprocidad social”, mediante el cual se procura que la inversión pública realizada en la preparación de profesionales también contribuya al desarrollo económico, productivo y social de República Dominicana.
Proyecto pasa ahora al Senado
Tras superar las dos discusiones correspondientes en la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá ser conocida por el Senado de la República.
Si los senadores la aprueban en dos lecturas, el proyecto sería remitido al Poder Ejecutivo para que el presidente Luis Abinader decida sobre su promulgación u observación.
La propuesta procura garantizar un acceso más equitativo a la educación superior, técnica y profesional mediante facilidades económicas y, al mismo tiempo, establecer mecanismos de control sobre la utilización de los recursos públicos destinados a becas.
Becados asumirían nuevas obligaciones
El proyecto no limita las responsabilidades de los beneficiarios al eventual regreso al territorio nacional.
Los estudiantes tendrían que mantener el rendimiento académico mínimo requerido y utilizar los recursos otorgados exclusivamente para los fines educativos autorizados.
También estarían obligados a entregar la documentación correspondiente y mantener actualizados los datos requeridos por las instituciones responsables del programa.
El incumplimiento de determinadas obligaciones podría generar amonestaciones escritas o la suspensión temporal de los recursos.
Para infracciones de mayor gravedad, el proyecto contempla el reintegro proporcional de los fondos utilizados incorrectamente y la imposibilidad de participar en nuevas convocatorias de becas durante un período de hasta tres años.
Entre las conductas señaladas figuran destinar parte de los recursos a fines diferentes de los autorizados, obstaculizar procesos de auditoría u omitir informaciones relacionadas con cambios en la situación socioeconómica del beneficiario.
Fraude podría provocar devolución total de la beca
La propuesta establece consecuencias más severas cuando se determine la existencia de actuaciones fraudulentas.
La presentación de documentos falsificados o adulterados para obtener una beca, la utilización fraudulenta de los recursos económicos o la manipulación de registros académicos podrían provocar la cancelación definitiva del beneficio.
En esos casos también se contempla la devolución total de los fondos recibidos y una inhabilitación de hasta 10 años para participar nuevamente en programas de becas.
Dependiendo de la naturaleza de los hechos, el expediente podría ser remitido al Ministerio Público para determinar la existencia de posibles infracciones penales.
Proyecto busca frenar favoritismo en entrega de becas
La iniciativa también procura establecer responsabilidades para funcionarios involucrados en actos de corrupción, favoritismo o asignaciones irregulares de ayudas educativas.
El texto hace referencia a la aplicación del régimen jurídico correspondiente a los servidores públicos y otras legislaciones cuando las actuaciones puedan configurar infracciones.
Sin embargo, de acuerdo con el contenido de la propuesta, no se individualizan específicamente cuáles sanciones previstas en esas legislaciones serían aplicadas en cada caso a los funcionarios que incurran en irregularidades durante la administración de las becas.
Mescyt encabezaría Consejo Nacional de Becas
El nuevo modelo tendría entre sus estructuras al Consejo Nacional de Becas, cuya dirección estaría a cargo del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt).
En el organismo también estarían representados los ministerios de Educación, Trabajo y Juventud, además del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), universidades privadas, el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) y representantes del sector industrial.
La creación del Sistema Nacional de Becas pretende centralizar y fortalecer las políticas relacionadas con el acceso al financiamiento educativo, pero también introducir mayores mecanismos de seguimiento, transparencia y responsabilidad sobre los recursos públicos destinados a la formación profesional.
De completar el proceso legislativo y ser promulgada, la normativa establecería un nuevo régimen para los beneficiarios de becas públicas, particularmente para quienes reciban financiamiento estatal para cursar estudios en el extranjero.
Nacionales
Operación Armum pone bajo investigación a 18 armerías por presunto comercio ilegal de armas
Un amplio operativo desplegado en varias provincias dejó cerca de 200 armas de fuego y unas 40,000 municiones ocupadas. El Ministerio Público informó que hubo arrestos y que solicitará medidas de coerción contra los implicados.
SANTO DOMINGO.– Un amplio operativo contra el presunto comercio irregular de armas de fuego y municiones fue desplegado por las autoridades dominicanas en distintos puntos del país, donde 18 armerías quedaron bajo investigación por supuestas violaciones a las normas que regulan este tipo de establecimientos.
La intervención, denominada Operación Armum, fue encabezada por el Ministerio Público en coordinación con los ministerios de Interior y Policía y de Defensa, así como con la Policía Nacional.
Los allanamientos abarcaron establecimientos ubicados en el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este, y movilizaron a 25 fiscales, 190 agentes policiales y 38 inspectores pertenecientes a los ministerios de Defensa e Interior y Policía.
Autoridades investigan múltiples irregularidades
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el Ministerio Público, durante el proceso investigativo fueron identificadas distintas modalidades de presuntas irregularidades.
Entre ellas se encuentran establecimientos que supuestamente funcionaban sin las correspondientes licencias o con permisos vencidos, así como negocios que presuntamente realizaban trabajos de taller sin contar con autorización.
Las investigaciones también abarcan alegadas operaciones de intermediación para la comercialización de armas sin licencia y la presunta retención ilegal de armas pertenecientes a terceros.
Cerca de 200 armas bajo custodia de las autoridades
Uno de los principales resultados del operativo fue la ocupación de aproximadamente 200 armas de fuego, entre ellas pistolas, revólveres y armas largas.
Según el órgano persecutor, una cantidad considerable de esas armas carecía de documentación que permitiera establecer adecuadamente su procedencia.
Las autoridades también reportaron el decomiso de alrededor de 40,000 municiones, muchas de ellas sin marcaje. El Ministerio Público sostiene que esa circunstancia constituye un elemento indicativo de que habrían sido introducidas o comercializadas ilícitamente en República Dominicana, aspecto que deberá ser determinado durante la investigación.
Entre los objetos ocupados figuran, además, armas de guerra y de uso prohibido, miras telescópicas, dispositivos láser con punto rojo, adaptadores, cargadores tipo tambor y armas que habrían sido modificadas o alteradas.
Asimismo, las autoridades informaron sobre el hallazgo de pertrechos pertenecientes a organismos de investigación del Estado que presuntamente se encontraban en esos establecimientos sin las autorizaciones correspondientes.
Propietarios y representantes fueron arrestados
Los hallazgos producidos durante los allanamientos dieron lugar al arresto en flagrante delito de propietarios o representantes de algunas de las armerías intervenidas, según informó el Ministerio Público.
El órgano persecutor adelantó que los detenidos serán sometidos ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente, donde se solicitará la imposición de las correspondientes medidas de coerción.
Las imputaciones específicas y el grado de responsabilidad individual de cada investigado deberán ser establecidos durante el proceso judicial, por lo que los involucrados conservan la presunción de inocencia hasta que intervenga una sentencia definitiva conforme al debido proceso.
Investigación continuará abierta
La investigación se encuentra bajo la responsabilidad de la Procuraduría Especializada para el Control y Tráfico de Armas, dirigida por la procuradora de corte Maura Martínez, junto al director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SVSP), mayor general del Ejército Francisco Antonio Ovalle Pichardo.
Las instituciones involucradas indicaron que las investigaciones continuarán con el propósito de determinar el origen de las armas y municiones ocupadas, establecer eventuales responsabilidades y profundizar sobre posibles operaciones ilícitas relacionadas con su comercialización.
El Ministerio Público enmarca la Operación Armum dentro de los esfuerzos institucionales destinados a fortalecer los controles sobre las armas de fuego, municiones y demás pertrechos que circulan en territorio dominicano.
Decreto 615-26 ordena fortalecer la prevención, investigación y persecución de acciones contra parques nacionales, recursos naturales y ecosistemas; Abinader advierte que los responsables serán perseguidos “sea quien sea”
SANTO DOMINGO.– El Gobierno dominicano elevó a categoría de seguridad nacional la prevención y persecución de acciones que provoquen daños graves a los recursos naturales, áreas protegidas y ecosistemas del país, mediante el Decreto 615-26, que declara de alto interés nacional el combate al denominado “terrorismo medioambiental”.
La disposición busca reforzar la capacidad del Estado para prevenir, detectar e investigar actividades que afecten el patrimonio natural de República Dominicana, particularmente aquellas ejecutadas contra parques nacionales, cuencas hidrográficas y otras zonas de especial protección.
Según el decreto, se entenderá por terrorismo medioambiental todo acto dirigido contra los recursos naturales, ecosistemas o infraestructuras ecológicas mediante los mecanismos contemplados en la Ley 267-08 sobre Terrorismo.
El presidente Luis Abinader advirtió que las autoridades actuarán contra quienes sean identificados como responsables de provocar daños en las áreas protegidas, independientemente de su nacionalidad o condición.
Abinader advierte habrá consecuencias penales
El mandatario vinculó la nueva política con las disposiciones del nuevo Código Penal y señaló que determinadas conductas contra el medioambiente pueden ser sancionadas con penas de hasta 20 años de prisión.
Abinader sostuvo que las autoridades han identificado casos en los que ciudadanos haitianos habrían participado directamente en incendios o intervenciones ilegales, pero indicó que en varias situaciones estas personas presuntamente habrían actuado por instrucciones de dominicanos.
En consecuencia, afirmó que la persecución no estará concentrada únicamente en quienes ejecuten materialmente las acciones, sino también en quienes puedan estar detrás de ellas.
El presidente informó que impartió instrucciones a las Fuerzas Armadas y a la Dirección General de Migración para fortalecer las actuaciones frente a estas prácticas.
Incendios afectan agua, biodiversidad y comunidades
La decisión fue adoptada, según explicó el jefe de Estado, luego de evaluar las consecuencias ambientales, económicas y sociales provocadas por las intervenciones ilegales en zonas protegidas.
Abinader señaló que los incendios forestales no deben ser considerados únicamente desde la perspectiva de los árboles destruidos, debido a que sus efectos pueden extenderse a las fuentes de agua, biodiversidad, comunidades y actividades productivas.
También pueden representar una amenaza para el turismo y para la calidad de vida de poblaciones que dependen directamente de los recursos naturales afectados.
El Gobierno pretende que las agresiones de mayor gravedad contra esos espacios reciban una respuesta coordinada de las instituciones ambientales, militares y de seguridad.
Gobierno trabaja en titulación de parques nacionales
El presidente reveló además que su administración desarrolla un proceso para titular los parques nacionales a nombre del Estado, como parte de las medidas destinadas a fortalecer su protección jurídica y territorial.
Según explicó, las autoridades encontraron que varios de estos espacios no se encontraban formalmente titulados a nombre del Estado.
La regularización de los derechos de propiedad pretende proporcionar mayores herramientas jurídicas para preservar las áreas protegidas y enfrentar ocupaciones e intervenciones ilegales.
Refuerzan vigilancia contra extracción ilegal en ríos
Las medidas anunciadas no estarán limitadas a los incendios forestales y las intervenciones dentro de los parques nacionales.
El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Paíno Henríquez, indicó que el Decreto 615-26 también fortalece las actuaciones contra la extracción ilegal de arena y otros materiales de los ríos.
Estas prácticas generan impactos sobre los cauces, las fuentes de agua y los ecosistemas asociados a las cuencas hidrográficas.
Medio Ambiente trabaja conjuntamente con las Fuerzas Armadas y otros organismos estatales para incrementar la vigilancia y enfrentar a personas o grupos que realicen extracciones ilegales.
Medioambiente pasa a dimensión de seguridad nacional
La decisión del Poder Ejecutivo representa un endurecimiento de la política estatal frente a determinadas agresiones contra el patrimonio ambiental dominicano, al colocar su prevención y persecución dentro de las prioridades estratégicas de seguridad nacional.
La aplicación de las disposiciones deberá realizarse conforme al marco constitucional y las leyes vigentes, correspondiendo al Ministerio Público investigar los hechos que pudieran constituir infracciones y a los tribunales determinar las responsabilidades penales correspondientes.
Con el Decreto 615-26, el Gobierno procura enviar una señal de mayor rigor frente a incendios provocados, intervenciones ilegales en parques nacionales, extracción irregular de materiales y otras actuaciones capaces de ocasionar daños graves a los recursos naturales del país.
Cuatro condenados intentan revertir las sentencias dictadas en 2025 por su vinculación con una estructura acusada de manipular antecedentes penales mediante operaciones informáticas. La Corte de Apelación fijó para el 2 de octubre la lectura de su decisión.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público solicitó a la Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional confirmar las condenas de 10 años de prisión impuestas a cuatro de los procesados en la denominada Operación Gavilán, expediente relacionado con una estructura acusada de alterar y eliminar registros de antecedentes penales a cambio de dinero.
La petición busca que sean rechazados los recursos de apelación interpuestos por Luis Peña Cedeño, Víctor Gilberto Mercedes, José Ramón Quezada y Pilar Irene Trinidad, sentenciados en agosto de 2025 por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Durante el conocimiento de los recursos, los fiscales Eduardo Velázquez y Miguel Crucey, de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, defendieron la suficiencia de los elementos probatorios que sirvieron de fundamento a las condenas.
Velázquez sostuvo que durante el proceso la acusación quedó demostrada más allá de toda duda razonable y consideró que los argumentos presentados por los recurrentes no contienen elementos jurídicos ni probatorios suficientes para provocar la revocación de la sentencia.
Corte decidirá el 2 de octubre
Tras escuchar los planteamientos de las partes, el tribunal de alzada se reservó el fallo para el próximo 2 de octubre de 2026.
La Tercera Sala Penal está integrada por los magistrados Pedro Sánchez Rivera, quien la preside; Nancy Joaquín y Mariana Daneyda García.
En relación con los argumentos ofrecidos directamente por los procesados durante el ejercicio de su defensa material, el Ministerio Público reconoció que se trata de una facultad protegida por la Constitución y el Código Procesal Penal.
La decisión que adopte la Corte determinará si mantiene las condenas dictadas en primera instancia o si acoge alguno de los planteamientos formulados mediante los recursos de apelación.
Una estructura que operaba mediante manipulación informática
La Operación Gavilán puso bajo investigación un esquema que, según la acusación del Ministerio Público, utilizaba mecanismos de cibercrimen para intervenir irregularmente los sistemas tecnológicos institucionales.
Las autoridades atribuyeron a la estructura la realización de maniobras destinadas a alterar, modificar, borrar o eliminar registros de antecedentes penales almacenados en las bases de datos de la Procuraduría General de la República y del Ministerio Público.
De acuerdo con la acusación, estas operaciones eran realizadas a cambio de pagos y sobornos con el propósito de obtener beneficios económicos ilícitos.
El caso adquirió especial relevancia debido a las consecuencias que podía producir la modificación irregular de información penal. Según el expediente, algunas de las personas beneficiadas con las alteraciones podían obtener documentos, incluidos pasaportes, además de eludir determinados controles migratorios, fronterizos o judiciales.
Trece condenas en primera instancia
En agosto de 2025, el tribunal que conoció el proceso impuso 13 condenas contra integrantes de la estructura procesada por la manipulación de registros correspondientes a cientos de personas.
Para sustentar el expediente, el órgano acusador indicó que presentó durante el juicio testimonios, peritajes informáticos y financieros, documentos oficiales, pruebas digitales y evidencias audiovisuales.
Ahora una parte de esas condenas se encuentra bajo el escrutinio de la jurisdicción de segundo grado.
La decisión prevista para octubre tendrá especial importancia no solo para los cuatro recurrentes, sino también para un proceso judicial que puso en discusión la seguridad de los registros penales del Estado, la integridad de las bases de datos institucionales y el uso del cibercrimen para alterar información pública sensible.