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Pese a que la Circunvalacion Norte fue designada con el nombre de Luis Crouch Bogart diputados buscan cambiarle el nombre.
Santo Domingo, R.D.-Un proyecto de ley se conoce en la Cámara de Diputados que busca designar la avenida Circunvalación Norte de Santiago con el nombre del expresidente Salvador Jorge Blanco, lo que ha generado cuestionamientos en diversos sectores, debido a que esa vía ya había sido nombrada oficialmente como Luis Crouch Bogaert mediante una ley vigente desde el año 2015.
El punto central de la denuncia no gira en torno a los méritos históricos del exmandatario, sino al hecho de que el Congreso estaría impulsando una nueva designación sobre una obra pública que ya cuenta con un nombre legalmente establecido recientemente.
La vía fue designada con el nombre de Luis Crouch Bogaert mediante la Ley 12-15, promulgada el 6 de febrero de 2015, que reconoce al empresario, ingeniero y promotor institucional por sus aportes al desarrollo económico, social, educativo y cultural de Santiago y del país.
El texto legal establece que la denominación corresponde a la avenida que inicia en la autopista Duarte, desde el cruce de Canabacoa, hasta la autopista Joaquín Balaguer, próximo al municipio de Villa González, en la provincia Santiago.
La controversia surgió luego de que la Cámara de Diputados aprobara en dos lecturas consecutivas un proyecto de ley que dispone designar la misma vía con el nombre del doctor Salvador Jorge Blanco, quien fue presidente de la República entre 1982 y 1986.
La iniciativa plantea reconocer la trayectoria política, jurídica y pública del exmandatario, nacido en Santiago de los Caballeros, pero su aprobación ha reabierto el debate sobre la memoria histórica, la seguridad jurídica de las designaciones públicas y el respeto a reconocimientos previamente aprobados por el propio Congreso Nacional.
Críticos de la medida sostienen que, antes de aprobar una nueva designación, los legisladores debieron verificar que la avenida ya tenía un nombre oficial establecido por ley. En ese sentido, advierten que sustituir el nombre de Luis Crouch Bogaert podría interpretarse como un desconocimiento a una figura estrechamente vinculada al desarrollo institucional de Santiago.
La discusión ahora pasa al terreno institucional: si el Congreso desea modificar el nombre de la vía, tendría que hacerlo de manera expresa, reconociendo que existe una ley vigente que ya asignó esa denominación.
Quién fue Luis Crouch Bogaert
Luis Crouch Bogaert fue un ingeniero, empresario y promotor del desarrollo regional, reconocido especialmente por su papel en la creación de la Asociación para el Desarrollo Incorporado, APEDI, fundada el 6 de julio de 1961 por un grupo de empresarios santiagueros.
La ley que designó la Circunvalación Norte con su nombre destaca que Crouch Bogaert encabezó ese grupo empresarial que buscó modernizar las industrias nacionales, en una época en que muchas operaban de manera artesanal.
Desde APEDI surgieron o fueron impulsadas instituciones de alto impacto en la vida económica, educativa, científica, social y cultural del país, entre ellas la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, PUCMM; la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos; el Instituto Superior de Agricultura, hoy Universidad ISA; el Banco Popular Dominicano; el Aeropuerto Internacional del Cibao; la Corporación Zona Franca Industrial de Santiago; CORAASAN; Plan Sierra; el CEDAF y otras entidades de desarrollo.
La norma también resalta su trayectoria de vida apegada a la solidaridad, la honestidad, la ciencia, el trabajo y el desarrollo de Santiago y del país.
Por esa razón, para sectores santiagueros, el nombre de Luis Crouch Bogaert en la Circunvalación Norte no constituye un simple homenaje simbólico, sino el reconocimiento a una figura que ayudó a construir parte de la infraestructura institucional y económica moderna de la región Norte.
Quién fue Salvador Jorge Blanco
José Salvador Omar Jorge Blanco fue abogado, escritor, dirigente político y presidente de la República Dominicana durante el período 1982-1986.
Nacido en Santiago de los Caballeros el 5 de julio de 1926, desarrolló una amplia trayectoria en el ámbito jurídico y político. Antes de llegar a la Presidencia, fue senador por el Distrito Nacional y figura importante del Partido Revolucionario Dominicano, PRD.
También tuvo participación en momentos relevantes de la vida institucional dominicana posterior a la caída de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo, y su figura es recordada por sectores políticos como parte de la tradición democrática perredeísta.
Sin embargo, su trayectoria pública también está marcada por controversias. Su gobierno enfrentó una severa crisis económica, protestas sociales y tensiones vinculadas a las medidas de ajuste de la época. Tras dejar el poder, Jorge Blanco fue sometido a un largo proceso judicial por acusaciones de corrupción, tema que todavía forma parte del debate histórico sobre su figura.
Para sus defensores, el expresidente merece reconocimientos públicos por su carrera política, jurídica y democrática. Para sus críticos, cualquier homenaje debe ser discutido con mayor amplitud, especialmente cuando implica sustituir un reconocimiento ya otorgado por ley a otra figura relevante de Santiago.
Sobre la Circunvalación Norte
La avenida Circunvalación Norte de Santiago fue inaugurada el 24 de febrero de 2014 durante el gobierno del presidente Danilo Medina, luego de décadas de reclamos de distintos sectores de Santiago para descongestionar el tránsito urbano y mejorar la conexión del Cibao con otras regiones del país.
La obra fue presentada oficialmente como una vía de cuatro carriles y una extensión aproximada de 26 kilómetros, concebida para permitir que los vehículos que se desplazan desde o hacia la Línea Noroeste, el Nordeste y la Costa Norte no tengan que atravesar necesariamente el centro de la ciudad de Santiago.
Según datos oficiales divulgados durante su inauguración, la obra tuvo un costo de US$130 millones, con un monto por kilómetro alcanzó aproximadamente RD$ 226.8 millones, tomando como referencia el monto final informado y la extensión de la vía.
La circunvalación cuenta con cuatro carriles, pasos a desnivel, distribuidores y una estación de peaje. En su trayecto toca terrenos de los municipios de Puñal, Tamboril, Licey al Medio, Santiago de los Caballeros y Villa González.
Su importancia estratégica radica en que funciona como una vía de alivio para el tránsito pesado e interurbano, reduce los tiempos de desplazamiento, mejora la movilidad hacia distintos puntos del Cibao y contribuye al dinamismo comercial de la región.
El debate de fondo
El nuevo intento de cambiar el nombre de la Circunvalación Norte abre una discusión que va más allá de dos figuras históricas.
Por un lado, Salvador Jorge Blanco fue un expresidente nacido en Santiago, con una trayectoria política y jurídica que sus promotores buscan reivindicar. Por otro, Luis Crouch Bogaert representa una tradición de liderazgo empresarial e institucional directamente vinculada al desarrollo moderno de Santiago.
El punto sensible es que la vía ya tenía nombre por ley. Por tanto, el debate no es únicamente a quién honrar, sino si resulta correcto borrar o sustituir un reconocimiento legal previo sin una discusión pública suficiente y sin explicar las razones para desplazar la memoria de una figura ya consagrada por el Congreso.
En ese contexto, sectores críticos entienden que el Congreso debe revisar la iniciativa, precisar sus efectos sobre la Ley 12-15 y evitar que una decisión legislativa termine enfrentando innecesariamente dos memorias públicas vinculadas a Santiago.
El Senado tendrá ahora la posibilidad de examinar el alcance de la propuesta y determinar si procede mantener el nombre vigente de Luis Crouch Bogaert, modificarlo o abrir una discusión más amplia sobre la forma en que el Estado dominicano asigna nombres a sus obras públicas.
Santo Domingo.-Las reformas del Poder Judicial constituyen una exigencia permanente de un Estado Social y Democrático de Derecho. La legitimidad la justicia no se agota en la corrección formal de sentencias. Se construye mediante la calidad del servicio, la previsibilidad de sus actuaciones, la duración razonable de los procesos y la seguridad ciudadana de que la justicia es administrada con solvencia moral, altos criterios técnicos, integridad, independencia, imparcialidad y respeto irrestricto a la dignidad humana. De ahí que las reformas institucionales deban asumirse como un compromiso permanente, dirigido a consolidar un sistema más eficiente, inclusivo y cercano.
El Poder Judicial tiene la responsabilidad de asegurar que toda persona encuentre en los tribunales una respuesta oportuna pero también jurídicamente fundada. Esta responsabilidad trasciende los períodos de gobierno, las autoridades de turno. Por ello, las reformas judiciales deben ser concebidas como políticas de largo alcance, sustentadas siempre en la planificación, la transparencia, la rendición de cuentas y la evaluación objetiva de sus resultados.
La continuidad de las reformas no implica inmovilismo ni resistencia al cambio. Por el contrario, exige la capacidad institucional de preservar los avances alcanzados, corregir las deficiencias advertidas y responder, con prudencia, a las nuevas demandas sociales. Una reforma que no logra consolidarse como política de Estado corre el riesgo de convertirse en una iniciativa transitoria, vulnerable a interrupciones que afectan la eficiencia del servicio judicial y debilitan la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
Mora judicial y control de calidad
Sin duda alguna como institución en los últimos 7 años hemos avanzado muy significativamente en la lucha contra la mora jurisdiccional. Es por ello por lo que estamos obligados preservar las condiciones que nos permiten continuar hasta erradicar la mora por completo, al tiempo de fortalecer los controles de calidad.
En este esfuerzo es indispensable seguir fortaleciendo los sistemas de gestión de expedientes, los mecanismos de asignación y seguimiento de casos y continuar adoptando medidas para identificar y fiscalizar las causas de retraso. Permitir la rendición de cuentas en tiempo real, es decir, contar con indicadores públicos de duración de los procesos: inventario de expedientes, cumplimiento de plazos y productividad, sin convertir a los jueces en simples generadores de números. La calidad de las decisiones debe mantenerse como criterio central.
Naturalmente, la erradicación total de la mora judicial nos debe llevar a la reflexión de si la estructura y organización del Poder Judicial ya ha quedado rezagada, ameritando una mejor concepción. Es tiempo de pensar en la viabilidad, o no, de insertar al sistema, como criterio de calidad, la asignación por especialidad y no solo por demarcación, la distribución nacional de la administración de recursos en un gobierno abierto colaborativo y de buena gestión de cumplimiento, los criterios de competencia prorrogada opcionales y cerrados por disponibilidad para mayor equilibrio en la distribución de la carga laboral, entre otras buenas prácticas de sistemas modelos.
Asegurar la mejora continua de las condiciones económicas y laborales
La independencia judicial requiere jueces bien formados, pero también instituciones que cuiden su salud mental, su seguridad, su dignidad y sus condiciones laborales. La capacitación debe continuar siendo permanente y los beneficios deben ser progresivos y revisables. Todo sistema que exige excelencia debe ofrecer las condiciones necesarias para alcanzarla.
La progresividad implicará tener conciencia de que debemos ampliar los canales de participación y comunicación institucional, sin comprometer la reserva de los casos ni la independencia de las decisiones. Los tribunales no son islas, todo lo que afecte a un tribunal afecta la totalidad del sistema, debemos reflexionar en los temas de gestión crisis como plan nacional.
Acceso a la justica
El acceso a la justicia no se satisface únicamente con la existencia formal de tribunales. Es necesario que las personas puedan comprender los procedimientos, obtener asistencia adecuada y recibir decisiones dentro de un plazo razonable, un plazo que debe poder en algún momento, cuando no es legal, ser estimado. Eso implica que es tiempo también de pensar en ampliar la formación judicial como obligatoria en espacios adicionales a la Escuela Nacional de la Judicatura: tal vez, incluir la educación judicial en secundaria, grado y post grado. La justicia debe ser técnicamente rigurosa, pero también comprensible y cercana. Saber de justicia, no es trasmitir saber de problemas. La justicia es el más alto, digno y noble ideal social.
Transformación digital e inclusión
La tecnología debe ponerse al servicio de las personas. La transformación digital debe seguir el camino de la inclusión. Es arduo sabido que las personas no tienen igual acceso a internet, equipos o conocimientos tecnológicos. Por eso, junto con la justicia digital es sustancial continuar ampliando la cobertura nacional de los servicios de orientación, asistencia presencial y mecanismos que eviten que la brecha tecnológica se convierta en una nueva barrera.
También debe prestarse especial atención a la protección de datos personales, la seguridad de la información y el uso responsable de herramientas de inteligencia artificial. Además de reflexionar, holísticamente, en la utilidad y funcionabilidad país de los datos que almacenamos y resguardamos.
Promover una cultura de solución pacífica de conflictos
La jurisdicción debe ser fuerte, pero no todos los conflictos tienen que llegar a juicio. Es importante fortalecer la mediación, la conciliación y otros mecanismos alternativos, siempre que respeten los derechos de las partes y no se utilicen para presionar a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. En este punto debemos hacer ejercicios de factibilidad: sincerar la causa por las que los mecanismos alternos no aumentan su utilidad y promoverlos como un ganar-ganar, no solo mirando las partes, sino también a sus representantes.
Construir una
La legitimidad del Poder Judicial depende también de la confianza en sus procesos de selección, evaluación y promoción. Los jueces son el centro de la carrera, debe asegurarse mediante el respeto al mérito y la igualdad de oportunidades, al tiempo de exigir buena gerencia.
La presencia de más mujeres en los espacios de decisión debe ser una política institucional permanente, no una excepción. Es necesario que nuestras juezas sientan que nuestro sistema le hace justicia elevando paridad. Esto asegura el sentido de permanencia e identificación, lo que es sustancial para el desarrollo de un buen clima laboral.
En conclusión, la reforma judicial no puede quedar sometida a la temporalidad de los cargos, a los cambios de administración ni a las prioridades coyunturales. Allí donde las reformas se interrumpen sin evaluación ni justificación institucional, no solo se pierden recursos y esfuerzos: también se debilita la seguridad jurídica, se afecta la confianza pública y se compromete la capacidad del sistema de justicia para responder adecuadamente a las exigencias de la sociedad.
El Poder Judicial dominicano tiene ante sí el deber histórico de consolidar una justicia que no solo sea formalmente accesible, sino materialmente efectiva; una justicia que reconozca las desigualdades existentes y actúe para superarlas; una justicia capaz de proteger los derechos fundamentales y de ofrecer respuestas oportunas frente a las nuevas realidades sociales. Esa tarea no puede depender de esfuerzos individuales ni de iniciativas aisladas. Requiere compromiso con la continuidad, consenso institucional y una firme voluntad de preservar aquello que contribuya al fortalecimiento del sistema.
El Ministerio Público mantiene abiertas varias líneas de investigación después de que el cuerpo del joven fuera localizado tras 21 días desaparecido; propietarios de un establecimiento permanecen detenidos
SANTIAGO.– La muerte de Albert de Jesús Aracena, cuyo cuerpo fue localizado después de permanecer 21 días desaparecido, continúa rodeada de interrogantes mientras el Ministerio Público de Espaillat espera los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias y causa de su fallecimiento.
El fiscal titular de Espaillat, Yorelbin Rivas, informó que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), organismo encargado de realizar los estudios correspondientes.
Los resultados forenses serán fundamentales para determinar si la muerte se produjo por ahogamiento, como han alegado personas detenidas en relación con el caso, o si existen evidencias compatibles con otra causa.
Una versión que genera dudas
De acuerdo con las informaciones ofrecidas por el representante del Ministerio Público, los propietarios del establecimiento New York Grill, quienes permanecen detenidos, han sostenido que Aracena habría muerto ahogado en una piscina.
Según esa versión, posteriormente habrían enterrado el cadáver con el propósito de evitar que el establecimiento fuera cerrado.
Sin embargo, esta explicación no ha sido asumida como definitiva por las autoridades.
Rivas manifestó públicamente sus dudas sobre esa hipótesis y dejó claro que la Fiscalía continuará profundizando las pesquisas antes de establecer una conclusión sobre lo sucedido.
“Esa teoría a mí no me resulta, por eso estamos investigando”, expresó el fiscal, según las declaraciones suministradas.
La posición del Ministerio Público mantiene abierta la posibilidad de que las circunstancias del fallecimiento sean distintas de las relatadas inicialmente por los detenidos.
Autopsia será determinante
Uno de los elementos centrales de la investigación será el informe forense.
La autopsia deberá aportar información científica que permita establecer la causa de muerte y determinar si los hallazgos encontrados en el cadáver son compatibles con un fallecimiento por ahogamiento o si, por el contrario, existen indicios que conduzcan la investigación en otra dirección.
Hasta contar con esos resultados y con los demás elementos recolectados durante las pesquisas, las autoridades no han establecido de manera definitiva la calificación jurídica de los hechos.
Este aspecto resulta especialmente relevante debido a las circunstancias posteriores al fallecimiento, particularmente el enterramiento del cadáver, situación que forma parte de las actuaciones que investiga el Ministerio Público.
Investigan a otras personas
Durante las investigaciones también han surgido informaciones relacionadas con un ciudadano haitiano que presuntamente habría trabajado en el establecimiento, según confirmó el fiscal.
No obstante, con la información disponible hasta el momento no se ha establecido públicamente cuál habría sido su participación o conocimiento de los hechos.
Las autoridades deberán determinar quiénes estuvieron presentes, qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Aracena y cuáles personas pudieron intervenir posteriormente.
21 días de incertidumbre
El hallazgo del cuerpo puso fin a 21 días de incertidumbre sobre el paradero del joven, pero abrió una nueva etapa de la investigación: establecer cómo murió y reconstruir lo ocurrido desde el momento de su desaparición hasta la localización del cadáver.
Ahora la investigación descansa en una combinación de evidencias forenses, declaraciones de los involucrados y demás elementos probatorios que pueda reunir el Ministerio Público.
Mientras tanto, la versión de un supuesto ahogamiento continúa siendo solamente una de las hipótesis examinadas.
Será el resultado de la autopsia, acompañado de las demás evidencias obtenidas por los investigadores, el que permitirá determinar si esa explicación encuentra respaldo científico o si la muerte de Albert de Jesús Aracena ocurrió bajo circunstancias diferentes.
Hasta entonces, el caso permanece abierto y cualquier atribución definitiva de responsabilidad deberá esperar los resultados de la investigación.
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ADP prepara acción ante el Tribunal Constitucional contra artículos del nuevo Código Penal
El gremio magisterial advierte que varias disposiciones podrían generar procesos judiciales contra docentes por actuaciones vinculadas con la vigilancia, disciplina y cuidado de los estudiantes
Santo Domingo.– La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) anunció que prepara una acción ante el Tribunal Constitucional contra varias disposiciones del nuevo Código Penal que, a juicio del gremio, podrían afectar el ejercicio de la función docente y abrir la posibilidad de judicializar actuaciones propias de las responsabilidades de los maestros en los centros educativos.
El presidente de la organización, Eduardo Hidalgo, informó que la ADP cuestionará los artículos 121, 145, 146, 171, 173, 214, 309, 310 y 313, al considerar que algunas de esas disposiciones requieren una delimitación más precisa cuando sean aplicadas en el ámbito escolar.
Hidalgo ofreció las declaraciones durante el panel “El impacto del Nuevo Código Penal en el ejercicio de la función docente”, celebrado en la sede de la ADP, en Gascue.
Gremio defiende protección de menores, pero pide garantías para docentes
El dirigente sindical aseguró que la organización respalda las disposiciones destinadas a proteger a niños, niñas y adolescentes, pero entiende que esa protección debe armonizarse con las garantías de los educadores y con las responsabilidades que estos asumen diariamente dentro de las escuelas.
La preocupación de la ADP se concentra en la posibilidad de que determinadas actuaciones relacionadas con la disciplina, vigilancia, orientación o cuidado de los estudiantes puedan originar procesos judiciales contra profesores.
Entre las disposiciones cuestionadas por el sindicato, Hidalgo hizo referencia al artículo 121, relacionado con el hostigamiento e intimidación; al 145, relativo al acoso sexual; y al 173, vinculado con la discriminación.
También manifestó preocupación por disposiciones relacionadas con el abandono de niños, niñas y adolescentes cuando existe un deber de vigilancia o cuidado, debido a que los docentes tienen responsabilidades de esa naturaleza durante el desarrollo de la jornada escolar.
Para el gremio, la legislación debe permitir diferenciar claramente una actuación docente legítima de aquellas conductas que efectivamente constituyan una infracción penal.
ADP teme denuncias sin fundamento
Otro de los puntos planteados por Hidalgo fue el riesgo de que acusaciones carentes de fundamento puedan afectar la reputación y la carrera profesional de un maestro antes de que los hechos sean debidamente establecidos.
El presidente de la ADP sostuvo que el sindicato mantiene una posición firme frente a conductas como el acoso sexual y aseguró que los miembros de la organización sometidos a la justicia por acusaciones de esa naturaleza son suspendidos del gremio.
Sin embargo, entiende necesario que existan mecanismos capaces de distinguir entre denuncias sustentadas y acusaciones formuladas con la intención de perjudicar a un educador.
La posición del sindicato, según explicó, no procura disminuir la protección penal de los estudiantes, sino evitar que disposiciones cuya finalidad es proteger derechos puedan interpretarse de manera que obstaculicen injustificadamente el ejercicio de la docencia.
Observaciones fueron presentadas antes de aprobarse el Código
La ADP informó que sus inquietudes sobre la reforma penal no surgieron después de su aprobación.
Hidalgo recordó que el pasado 15 de julio la organización entregó a la comisión que trabajaba el proyecto de Código Penal un documento con observaciones relativas a varios de los artículos que ahora pretende cuestionar constitucionalmente.
Según el dirigente, las preocupaciones del gremio no fueron solucionadas satisfactoriamente durante el proceso legislativo, razón por la cual se encuentran preparando la acción constitucional.
La intención es presentar el recurso a principios de septiembre, según adelantó.
Buscarán respaldo del Colegio de Abogados
La ADP también pretende sumar otros sectores a su iniciativa.
Hidalgo indicó que esperan contar con el respaldo del Colegio de Abogados de la República Dominicana, cuyo presidente, Trajano Vidal Potentini, participó en el panel realizado por el sindicato.
El encuentro contó además con las intervenciones del diputado Wandy Modesto Batista; el maestro y abogado José Vega; y el consultor jurídico de la ADP, John A. Bello. La actividad fue moderada por Nolberto Ortiz, secretario de Finanzas de la organización.
La ADP plantea que el debate sobre el nuevo Código Penal debe encontrar un punto de equilibrio entre dos intereses que considera esenciales: garantizar una protección efectiva de los estudiantes y preservar las condiciones necesarias para que los profesores puedan ejercer legítimamente sus funciones.
Año escolar comienza en medio de otras preocupaciones
Durante el encuentro con periodistas, Hidalgo también se refirió al inicio del año escolar y señaló dificultades relacionadas con infraestructura, sobrepoblación estudiantil, falta de agua y déficit de personal docente y administrativo en algunos centros educativos.
Según afirmó, determinados planteles no pudieron comenzar las clases este martes debido a que todavía no estaban dadas las condiciones necesarias, por lo que algunos iniciarían sus labores la próxima semana.
De esta manera, el comienzo del nuevo período escolar coincide con un debate jurídico que podría trasladarse próximamente al Tribunal Constitucional y que coloca en discusión hasta dónde llega la responsabilidad penal del docente y cuáles garantías deben acompañar el ejercicio de su autoridad dentro de las aulas.