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Diputados dicen que no merecen sanción por no presentar declaración jurada dentro del plazo
Santo Domingo, R.D.-Diputados de diferentes partidos políticos entienden no son necesarias ni justas las medidas sancionadoras, por la falta de presentación de declaración jurada ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), dentro del plazo establecido.
Al ser cuestionados sobre el editorial de este martes de Listín Diario, que refiere los legisladores se enfrenten a “sanciones correspondientes, si es posible mediante un juicio político para su amonestación o destitución”, los legisladores indicaron que sí hicieron las diligencias para realizarlo dentro del plazo, sin embargo, “trabas” en el sistema lo imposibilitaron.
“Los resultados son exactamente que los niveles de exigencia que difieren exactamente en lo que uno está acostumbrado a presentar como declaración jurada, la consecuencia es que uno no haya podido cumplir con los mismos, puesto que ellos tendrán una explicación”, refirió el vocero en la Cámara Baja del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.
Sánchez, quien además manifestó no haber declarado aún su patrimonio, se cuestionó “¿hasta dónde llega la declaración de la Cámara?”, al juzgar de exageración lo pedido por el órgano regente.
“No me molesta que hayan sectores que exijan hasta que tranquen a uno por uno no haber cumplido con lo que la ley no establece, hasta donde llega la declaración jurada, pienso que el Listín debe investigar qué es lo que es una declaración jurada y que es lo que está exigiendo la Cámara de Cuentas como declaración jurada, ¿es una auditoria? O sea, ¿yo tengo que decirle a la Cámara de Cuentas el número de tarjeta de crédito mía hasta con los tres numeritos de atrás? Para que me la clonen”, respondió.
En tanto el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, indicó que desde la bancada oficialista se ha guiado por lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y contrario a imponer sanciones, por lo que se debe ser flexible cuando se imponen requisitos que no estaban anteriormente.
“Nosotros siempre nos vamos a agarrar a la ley, si es lo que la ley establece está bien, ahora, la ley tiene también que mostrar flexibilidad cuando se imponen cosas que no estaban previstas y que por demás no son acordes con los requerimientos que debe tener una institución o que se han salido de su jurisdicción”, indicó Díaz.
De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, señaló que la ausencia de los diputados a cumplir con lo establecido en un periodo hábil de 30 días, no tiene que ver totalmente con los legisladores que no hayan completado, pues esto obedece a “modificaciones” en lo solicitado.
“No tiene que ver 100% con los legisladores que no hayan completado, pues el mismo proceso que modificado la Cámara de Cuentas está siendo violatorio del artículo 3 de la misma ley que crea la declaración jurada, yo pienso que porque un diputado no haya podido completar una carta para demostrar lo que tiene debajo, eso no da ápice a que no esté completa”, sostuvo.
El artículo 3 de la referida ley precisa: “La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por notario público, el cual se publicará por cualquier medio, electrónico o impreso”.
Indicó que por documentos como hoja por hoja del pasaporte, visada o no, o no presentar las redes sociales, no debería marcarse como incompleta la declaración.
“Una declaración no es más que ir donde un notario público, declarar lo que usted tiene, sustentarlo con un acto notarial y eso es la declaración jurada, el rol por el contrario de la Cámara de Cuentas es, investigar lo que usted ha presentado y no lo es como usted lo ha presentado, someterlo por perjurio, yo pienso que es la misma Cámara de Cuentas que tiene que hacer un proceso profundo de por qué modificó el formulario y entonces nosotros ahí podemos decir que los diputados no han completado el proceso”, agregó.
Elías Wessin Chávez, vocero del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que sería muy drástico sancionar tanto a diputados como senadores, ya que a su juicio, estos lo hicieron en el tiempo hábil.
“Yo creo que es muy drástico, yo creo que todos los diputados estuvieron en el tiempo hábil y hay un espacio de tiempo para completar los expedientes”, aseguró.
Comisión de apoyo
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó al término de la sesión de este martes indicó que al solicitar ante la el órgano la cantidad de diputados que habían depositado a las 10:00 de la mañana de hoy para conocer el estado, se le negó la información.
Asimismo, invitó a los diputados auxiliarse de una comisión conformada por la secretaria general administrativa de la Cámara Baja, a los fines de brindarles soporte a los legisladores que aún no han culminado el proceso.
“Todo el fin de semana estuvimos trabajando y vamos a continuar hasta que quede un diputado o diputada o diputado del período pasado, que también tienen que presentarla, nosotros vamos a estar en ese proceso de ayuda para que podamos resolver eso”, sostuvo.
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Hazin y EL Gordo supuestamente extorsionaron Eduardo Read, dice éste al Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D.-La defensa de Eduardo Read Estrella, quien a través de su empresa Grupo Read presuntamente recibió pagos que ascienden a RD$7,110, 824,754.42 desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, por contratos y adendas con la ARS a través del supuesto esquema de corrupción en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) dónde se desfalcó al Estado por miles millones de pesos, denunció que su cliente fue «víctima de extorsión» de parte del exdirector ejecutivo de esa entidad, Santiago Hazim y «El Gordo», quien es señalado como la «mano derecha» del exfuncionario.
Mediante un comunicado de prensa, los abogados del implicado manifiestan que presentaron ante el juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, «los elementos que confirman que fue víctima de un esquema de extorsión atribuido al emisario de Santiago Hazim, José Pablo Ortiz Giráldez».
El Ministerio Público se refiere como «El Gordo» a José Pablo Ortiz Giráldez, quien es señalado como la «mano derecha” de Hazim y la persona “clave” en el supuesto cobro de sobornos a empresas que realizaron contratos con esa entidad.
Entre los documentos entregados por la defensa figuran pruebas de la prestación real y continua de servicios a Senasa, así como los informes mensuales auditados por la Sisalril.
También se presentaron evidencias de la estructura operativa de más de 718 empleados y colaboradores vinculados a las empresas Khersun, Deleste y Farmacard, además de comprobaciones notariales que certifican la calidad del servicio brindado a los afiliados de Senasa a través de 35 sucursales, 18 centros afiliados y 17 dispensarios médicos.
El juez del juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, recesó la audiencia de conocimiento de medida de coerción de los implicados del caso Senasa.
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Caso contra Hazim se centraliza en sus inmuebles, según su Declaración Jurada de Patrimonio
Santo Domingo, R.D.-La disputa en torno a la justificación de los inmuebles del principal imputado en el caso SENASA, Santiago Hazim, acusado de presuntos actos de corrupción lleva al Ministerio Público a evaluar su Declaración Jurada de Patrimonio, la cual toma relevancia luego de las recientes declaraciones de su abogado Miguel Valerio y la disputa sobre la justificación de los mismos.
Dos de las residencias y el solar mantienen un valor de RD$7,550,000 cada una, mientras que el otro domicilio ubicado en España exhibe un valor de RD$24,000,000.
A su nombre, el médico sostiene una finca en el Líbano, adquirida en 1985, con un valor de RD$3,031,577; dos locales comerciales con data en los años 1994 y 2001, correspondiente a RD$5,850,000 cada uno, y un edificio con registro en el 2004 y un monto de RD$1,700,000.
En cuanto a vehículos de motor, Santiago Hazim figura como propietario de dos jeepetas Lincoln adquiridas en el 2013 y 2020 valoradas en RD$2,066,616.15 y RD$6,724,575; un automóvil Fiat en el año 2010 de RD$487,727.24 y una jeep Toyota con un costo de RD$813,373.44.
De armas de fuego solo figura una pistola automática marca Walther, Carl GMBH, con un valor de RD$120,00; sin especificar la cantidad de electrodomésticos, el documento muestra un total de RD$9,067,500 agregados a su valor, además de las prendas, relojes, joyas y otros con un monto de RD$40,950,000.
Al mantener un régimen matrimonial de comunidad de bienes con su pareja, el informe muestra nueve cuentas bancarias donde solo figura en tres como propietario con montos de hasta RD$1,189.657.17.
Desde el año 1993 hasta el 1999 muestra un perfil de accionista en empresas nacionales con valores iniciados de RD$150,000 hasta llegar a RD$186,500,000, mientras que sus ingresos en el Senasa, posición ocupada desde agosto de 2020 hasta agosto de 2025, rondaban en un neto de RD$310,976.10.
Hazim también recibió honorarios profesionales de RD$285,000 en el Centro Médico UCE.
Señalado lo anterior, la declaración refleja que el exfuncionario manejaba gastos equivalentes a RD$384,515 y acumulaba deudas de RD$1,039,377.
Santo Domingo, R.D.-William Durán Jerez, general retirado de la Policía Nacional, fue condenado este jueves a siete años y dos meses de prisión por una corte del Distrito Sur de Florida por su vínculo con el caso de narcotráfico del exregidor del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Edickson Herrera Silvestre.
En la audiencia, que duró exactamente 40 minutos y en la que estuvo también el fiscal Kevin Gerarde, al general retirado se le informó que podía apelar en caso de que así lo quisiera. Esto, a pesar de que Durán Jerez había firmado un acuerdo de culpabilidad el pasado 24 de septiembre donde admitía ser parte de la red de narcotráfico del exregidor.
¿Cómo operaban?
De acuerdo al expediente, la red criminal conspiró desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022 para enviar al menos cinco kilogramos de cocaína hacia el sur de Florida.
Durante ese período, el regidor Herrera Silvestre permaneció en República Dominicana y coordinó el plan Herrera Silvestre adquirió un buque llamado «The Ghost» o «El Fantasma», embarcación que le costó unos 200 mil dólares del tráfico junto a al menos dos co-conspiradores.
Este hotel funcionó como el lugar de almacenamiento provisional y despacho. La ruta de los narcóticos incluía el traslado de cocaína desde las costas dominicanas en un bote pequeño hasta el buque en alta mar, que después era responsable de llevar la carga directamente a suelo estadounidense.
La cocaína era adquirida en Suramérica y traída a República Dominicana.
Además de traficar su propia mercancía, Herrera Silvestre cobraba a otros narcotraficantes la suma de 5,000 dólares por cada kilogramo que transportaba. Así, la red había montado un negocio considerable dentro del narcotráfico internacional.
Durán Jerez ocupó, entre otras posiciones, la supervisión general de la Junta Central Electoral (JCE), hasta 2005. Al igual que la dirección de Seguridad Preventiva de la institución del orden ciudadano en años posteriores.