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Diputados dicen que no merecen sanción por no presentar declaración jurada dentro del plazo
Santo Domingo, R.D.-Diputados de diferentes partidos políticos entienden no son necesarias ni justas las medidas sancionadoras, por la falta de presentación de declaración jurada ante la Cámara de Cuentas de la República Dominicana (CCRD), dentro del plazo establecido.
Al ser cuestionados sobre el editorial de este martes de Listín Diario, que refiere los legisladores se enfrenten a “sanciones correspondientes, si es posible mediante un juicio político para su amonestación o destitución”, los legisladores indicaron que sí hicieron las diligencias para realizarlo dentro del plazo, sin embargo, “trabas” en el sistema lo imposibilitaron.
“Los resultados son exactamente que los niveles de exigencia que difieren exactamente en lo que uno está acostumbrado a presentar como declaración jurada, la consecuencia es que uno no haya podido cumplir con los mismos, puesto que ellos tendrán una explicación”, refirió el vocero en la Cámara Baja del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gustavo Sánchez.
Sánchez, quien además manifestó no haber declarado aún su patrimonio, se cuestionó “¿hasta dónde llega la declaración de la Cámara?”, al juzgar de exageración lo pedido por el órgano regente.
“No me molesta que hayan sectores que exijan hasta que tranquen a uno por uno no haber cumplido con lo que la ley no establece, hasta donde llega la declaración jurada, pienso que el Listín debe investigar qué es lo que es una declaración jurada y que es lo que está exigiendo la Cámara de Cuentas como declaración jurada, ¿es una auditoria? O sea, ¿yo tengo que decirle a la Cámara de Cuentas el número de tarjeta de crédito mía hasta con los tres numeritos de atrás? Para que me la clonen”, respondió.
En tanto el vocero del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Amado Díaz, indicó que desde la bancada oficialista se ha guiado por lo que establece la Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio y contrario a imponer sanciones, por lo que se debe ser flexible cuando se imponen requisitos que no estaban anteriormente.
“Nosotros siempre nos vamos a agarrar a la ley, si es lo que la ley establece está bien, ahora, la ley tiene también que mostrar flexibilidad cuando se imponen cosas que no estaban previstas y que por demás no son acordes con los requerimientos que debe tener una institución o que se han salido de su jurisdicción”, indicó Díaz.
De su lado, el vocero de la Fuerza del Pueblo, Rafael Castillo, señaló que la ausencia de los diputados a cumplir con lo establecido en un periodo hábil de 30 días, no tiene que ver totalmente con los legisladores que no hayan completado, pues esto obedece a “modificaciones” en lo solicitado.
“No tiene que ver 100% con los legisladores que no hayan completado, pues el mismo proceso que modificado la Cámara de Cuentas está siendo violatorio del artículo 3 de la misma ley que crea la declaración jurada, yo pienso que porque un diputado no haya podido completar una carta para demostrar lo que tiene debajo, eso no da ápice a que no esté completa”, sostuvo.
El artículo 3 de la referida ley precisa: “La declaración jurada de patrimonio consiste en un inventario de bienes autenticados por notario público, el cual se publicará por cualquier medio, electrónico o impreso”.
Indicó que por documentos como hoja por hoja del pasaporte, visada o no, o no presentar las redes sociales, no debería marcarse como incompleta la declaración.
“Una declaración no es más que ir donde un notario público, declarar lo que usted tiene, sustentarlo con un acto notarial y eso es la declaración jurada, el rol por el contrario de la Cámara de Cuentas es, investigar lo que usted ha presentado y no lo es como usted lo ha presentado, someterlo por perjurio, yo pienso que es la misma Cámara de Cuentas que tiene que hacer un proceso profundo de por qué modificó el formulario y entonces nosotros ahí podemos decir que los diputados no han completado el proceso”, agregó.
Elías Wessin Chávez, vocero del Partido Quisqueyano Demócrata Cristiano (PQDC) y el Revolucionario Dominicano (PRD), dijo que sería muy drástico sancionar tanto a diputados como senadores, ya que a su juicio, estos lo hicieron en el tiempo hábil.
“Yo creo que es muy drástico, yo creo que todos los diputados estuvieron en el tiempo hábil y hay un espacio de tiempo para completar los expedientes”, aseguró.
Comisión de apoyo
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, indicó al término de la sesión de este martes indicó que al solicitar ante la el órgano la cantidad de diputados que habían depositado a las 10:00 de la mañana de hoy para conocer el estado, se le negó la información.
Asimismo, invitó a los diputados auxiliarse de una comisión conformada por la secretaria general administrativa de la Cámara Baja, a los fines de brindarles soporte a los legisladores que aún no han culminado el proceso.
“Todo el fin de semana estuvimos trabajando y vamos a continuar hasta que quede un diputado o diputada o diputado del período pasado, que también tienen que presentarla, nosotros vamos a estar en ese proceso de ayuda para que podamos resolver eso”, sostuvo.
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Pepca asegura que pruebas del caso Calamar sustentarán solicitud de condena contra imputados
Mirna Ortiz afirmó que el Ministerio Público presentará pruebas testimoniales y periciales para sustentar su acusación; la lectura del expediente continuará el lunes 21 de septiembre
SANTO DOMINGO.– La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, afirmó que el Ministerio Público considera que las pruebas que presentará durante el juicio de fondo del denominado caso Calamar permitirán sustentar su solicitud de condena contra los imputados.
“Indiscutiblemente, frente a la contundencia de estas pruebas, este tribunal tendrá que condenar a cada uno de los imputados con las penas que en su momento vamos a solicitar”, declaró Ortiz al referirse a la acusación que conoce el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
La procuradora de Corte sostuvo que, conforme a la tesis del órgano acusador, el expediente describe una presunta estructura que habría utilizado instituciones del Estado para desarrollar un esquema de corrupción destinado a obtener beneficios económicos.
“Esta estructura criminal utilizó el Estado como instrumento, la corrupción como método y el lucro para enriquecerse y permanecer en el poder”, manifestó.
Acusación contiene 3,383 páginas
Ortiz explicó que las distintas líneas de investigación contenidas en las 3,383 páginas de la acusación están acompañadas de referencias a pruebas testimoniales y periciales que el Ministerio Público pretende incorporar y debatir durante el juicio.
Entre los procesados figura el exministro de Hacienda Donald Guerrero, junto a otros imputados incluidos en el expediente del caso Calamar.
La lectura de la acusación estuvo encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, acompañado por el equipo de fiscales litigantes.
El conocimiento del expediente continuará el lunes 21 de septiembre, cuando está previsto proseguir con la lectura de la acusación.
Ministerio Público dice que investigaciones continúan
Consultada sobre empresarios y una empresa que hasta el momento no forman parte del proceso, Ortiz indicó que las investigaciones relacionadas con el caso permanecen abiertas.
“El Ministerio Público sigue investigando, seguimos avanzando. Ustedes saben que las investigaciones no se agotan en un solo proceso y más adelante veremos”, expresó.
Por su parte, el abogado José Martínez Hoepelman señaló que la jornada judicial transcurrió con normalidad y que las defensas permitieron que el Ministerio Público desarrollara sus alegatos de apertura sin interrupciones.
Tribunal deberá valorar las pruebas
Las declaraciones de Ortiz representan la posición y teoría acusatoria del Ministerio Público. Corresponderá al Tercer Tribunal Colegiado valorar durante el juicio las pruebas presentadas por la acusación y las defensas, así como los argumentos de todas las partes, antes de determinar si existe o no responsabilidad penal.
Los imputados en el caso Calamar mantienen la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria definitiva dictada conforme al debido proceso.
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Expresidente de la JCE defiende permanencia de partidos minoritarios en el sistema político dominicano
Julio César Castaños Guzmán sostiene que las organizaciones pequeñas representan sectores minoritarios y forman parte de la tradición democrática del país
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la Junta Central Electoral (JCE) Julio César Castaños Guzmán se pronunció a favor de preservar la participación de los partidos políticos minoritarios en República Dominicana, al considerar que estas organizaciones contribuyen a la representación de distintos sectores de la sociedad.
“Esos partidos deben mantenerse todos por el bien de la democracia”, expresó el jurista al referirse al papel que desempeñan las organizaciones de menor tamaño dentro del sistema político dominicano, según declaraciones publicadas este miércoles por El Día.
Castaños Guzmán argumentó que los partidos pequeños no constituyen un fenómeno reciente y señaló que han formado parte de la vida política nacional desde los orígenes de la República.
A su juicio, eliminar esas organizaciones reduciría las alternativas disponibles para determinados sectores del electorado.
Defiende representación de las minorías
El expresidente de la JCE sostuvo que la importancia de una organización política no debería analizarse exclusivamente a partir de su tamaño o de la cantidad de votos obtenidos en las elecciones.
Según explicó, también deben considerarse aspectos como sus ideas, estructuras internas y capacidad para establecer alianzas.
“La fortaleza de un partido se evalúa por su pensamiento, por sus estructuras y las alianzas que hace”, manifestó Castaños Guzmán, de acuerdo con el reporte periodístico suministrado.
El jurista vinculó además su posición con la representación política de los grupos minoritarios, señalando que estos tienen reconocimiento dentro del orden constitucional dominicano.
“Las minorías están en la Constitución”, afirmó al defender la continuidad de espacios políticos que permitan canalizar distintas expresiones de la sociedad.
Partidos políticos y democracia
Castaños Guzmán sostuvo que el sistema de partidos constituye un componente esencial del régimen democrático y relacionó la existencia de organizaciones políticas institucionalmente sólidas con la calidad de la democracia.
Sus declaraciones se producen en medio de discusiones públicas sobre el funcionamiento, reconocimiento y permanencia de las organizaciones políticas en República Dominicana.
El régimen de partidos dominicano está regulado, entre otras normas, por la Ley núm. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, mientras que la Constitución reconoce el papel de estas organizaciones en el fortalecimiento de la democracia y establece principios relativos a su organización y funcionamiento.
La posición expresada por Castaños Guzmán constituye su valoración sobre el sistema de partidos y la representación de las minorías, dentro del debate sobre el papel que deben desempeñar las organizaciones políticas de menor tamaño en la democracia dominicana.
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Abinader rechaza propuesta para hacer obligatoria la enseñanza del creole en escuelas dominicanas
El mandatario calificó la iniciativa como un “despropósito” y afirmó que el Gobierno apuesta por fortalecer la enseñanza del inglés
SANTO DOMINGO.– El presidente de la República, Luis Abinader, rechazó la propuesta legislativa que busca establecer como obligatoria la enseñanza del creole en las escuelas públicas y privadas de República Dominicana, iniciativa que también contempla incorporar el inglés y el francés al modelo educativo. El mandatario calificó la enseñanza obligatoria del creole como un “despropósito” y aseguró que la propuesta no cuenta con el respaldo de su administración.
Abinader manifestó que el Gobierno tiene interés en fortalecer la enseñanza del inglés en los centros educativos, pero marcó distancia respecto a la inclusión obligatoria del creole. También señaló que la iniciativa no fue discutida ni respaldada por el Gobierno ni por el Partido Revolucionario Moderno (PRM).
¿Qué plantea el proyecto?
La iniciativa fue presentada en la Cámara de Diputados por Julio César Beltré Méndez, diputado del PRM por la provincia Azua. El proyecto propone incorporar obligatoriamente la enseñanza de creole, inglés y francés desde el nivel primario hasta el secundario.
De acuerdo con el contenido de la propuesta, la medida abarcaría centros educativos públicos, privados y de gestión mixta autorizados por el Ministerio de Educación y no estaría limitada exclusivamente a las provincias fronterizas.
El legislador fundamenta la inclusión del creole en las relaciones históricas, comerciales, culturales y migratorias existentes entre República Dominicana y Haití, así como en la dinámica de las comunidades fronterizas. En el caso del inglés, destaca su importancia para sectores como turismo, comercio, tecnología y servicios, mientras que al francés le atribuye relevancia internacional, diplomática y cultural.
Aplicación sería gradual
El proyecto contempla que, en caso de convertirse en ley, el Ministerio de Educación disponga de 12 meses para elaborar el currículo, establecer contenidos, carga horaria y estándares de competencia lingüística.
Su implementación sería progresiva, con un período máximo de cinco años, comenzando por el primer ciclo del nivel primario. También contempla programas para la formación y certificación de docentes capaces de impartir los idiomas.
Una propuesta que genera debate
La iniciativa ha provocado posiciones diferentes entre sectores políticos, educativos y sociales. Mientras sus promotores argumentan que el conocimiento de otros idiomas ampliaría las competencias de los estudiantes y facilitaría la comunicación y las relaciones internacionales, otros sectores cuestionan que el creole deba establecerse como materia obligatoria en todo el sistema educativo.
Incluso dentro del sector magisterial se han divulgado posiciones distintas. La Asociación Dominicana de Profesores (ADP) aclaró posteriormente que su Comité Ejecutivo Nacional no había adoptado una posición institucional oficial sobre la propuesta.
Por el momento, la enseñanza obligatoria del creole no está vigente en República Dominicana. Se trata de una propuesta legislativa que deberá agotar el procedimiento correspondiente en el Congreso Nacional antes de que pueda convertirse en ley.