Nacionales
Buscan modificar Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial
Santo Domingo.-La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó este lunes un proceso de fiscalización de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la República Dominicana con el objetivo de realizar un proceso de reforma que ayude a organizar el tránsito vehicular y reducir los accidentes.
Con esa finalidad, los integrantes de la comisión se reunieron con Hugo Beras, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el equipo técnico de esa institución, para escuchar sus propuestas de modificación y conocer de los planes que ejecuta para la organización del tránsito en todo el país.
«Nosotros queremos manifestarle que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no deja cosas a media, esta es una reunión que para nosotros es de suma importancia porque este es un tema de seguridad nacional, debemos seguir insistiendo en la fiscalización, el cumplimiento de la Ley y la educación vial», recalcó Rodríguez Restituyo.
Afirmó que la fiscalización y aplicación de la Ley va a ser real cuando todos los ciudadanos, desde el presidente de la República hasta el ciudadano más humilde respeten la Ley y que los actores de hacerla cumplir no les tiemble el pulso para aplicarla sin importar a quien fuese.
Al exponer los proyectos y avances del Intrant, Hugo Beras explicó que actualmente están trabajando en cuatro ejes fundamentales para reducir los tapones y los accidentes de tránsito, como son: la implementación de la educación vial en las escuelas, la aplicación para octubre y noviembre de la licencia por puntos, trabajos técnicos para la aplicación, próximamente, de la foto multa y la inspección técnica del parque vehicular.
Beras dijo que todos esos planes están contemplados en la Ley 63-17, y que no se habían aplicado por diversas razones.
«El Gobierno, a través del Intrant está montando todo el mandato jurídico asentado en la Ley 63-17″, aseguró.
Dijo que para lograr implementar esos planes, están trabajando en la instalación de un Centro de Gestión del Tráfico vehicular, desde donde se observará la movilidad vial en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago y las principales carreteras, donde según dijo se mueve el 70 por ciento del parque vehicular del país.
La comisión de diputados estuvo integrada, además de Rodríguez Restituyo, por Juan Alberto Aquino, Sócrates Pérez, Santiago Vilorio, Carlos García, Pedro Martínez, José Benedicto Hernández, Diómedes Omar Rojas y Alexander Cuevas.
Fueron recibidos por Hugo Beras, director, Fidias Bencosme, director jurídico, Giselle Bobadilla, directora de planificación y Dary Terrero, director de comunicaciones.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.