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Buscan modificar Ley 63-17 de Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial

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Santo Domingo.-La Comisión Permanente de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados comenzó este lunes un proceso de fiscalización de la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de la República Dominicana con el objetivo de realizar un proceso de reforma que ayude a organizar el tránsito vehicular y reducir los accidentes.

Con esa finalidad, los integrantes de la comisión se reunieron con Hugo Beras, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), y el equipo técnico de esa institución, para escuchar sus propuestas de modificación y conocer de los planes que ejecuta para la organización del tránsito en todo el país.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, Juan Dionisio Rodríguez Restituyo, dijo que los grandes taponamientos en las principales ciudades del país y la cantidad de muertes por accidente de tránsito son tan alarmantes que se han convertido en un problema de derechos humanos.

«Nosotros queremos manifestarle que la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados no deja cosas a media, esta es una reunión que para nosotros es de suma importancia porque este es un tema de seguridad nacional, debemos seguir insistiendo en la fiscalización, el cumplimiento de la Ley y la educación vial», recalcó Rodríguez Restituyo.

Afirmó que la fiscalización y aplicación de la Ley va a ser real cuando todos los ciudadanos, desde el presidente de la República hasta el ciudadano más humilde respeten la Ley y que los actores de hacerla cumplir no les tiemble el pulso para aplicarla sin importar a quien fuese.

Al exponer los proyectos y avances del Intrant, Hugo Beras explicó que actualmente están trabajando en cuatro ejes fundamentales para reducir los tapones y los accidentes de tránsito, como son: la implementación de la educación vial en las escuelas, la aplicación para octubre y noviembre de la licencia por puntos, trabajos técnicos para la aplicación, próximamente, de la foto multa y la inspección técnica del parque vehicular.

Beras dijo que todos esos planes están contemplados en la Ley 63-17, y que no se habían aplicado por diversas razones.

«El Gobierno, a través del Intrant está montando todo el mandato jurídico asentado en la Ley 63-17″, aseguró.

Dijo que para lograr implementar esos planes, están trabajando en la instalación de un Centro de Gestión del Tráfico vehicular, desde donde se observará la movilidad vial en el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santiago y las principales carreteras, donde según dijo se mueve el 70 por ciento del parque vehicular del país.

La comisión de diputados estuvo integrada, además de Rodríguez Restituyo, por Juan Alberto Aquino, Sócrates Pérez, Santiago Vilorio, Carlos García, Pedro Martínez, José Benedicto Hernández, Diómedes Omar Rojas y Alexander Cuevas.

Fueron recibidos por Hugo Beras, director, Fidias Bencosme, director jurídico, Giselle Bobadilla, directora de planificación y Dary Terrero, director de comunicaciones.

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Sigue todavia el debate y los intentos por acabar con la cesantia laboral.

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Santo Domingo.-El sustitivo concebido en el Código de Trabajo para la cesantía laboral es el seguro de desempleo, cuya opción es la propuesta que tienen bajo la manga los sectores empresariales del pais.

El punto es que el tema del seguro de desempleo es terreno de la Ley de Seguridad Social, que tiene pendiente de modificación desde el año 2011, luego de haber sido promulgada en el año 2001 bajo el número 87-01.

Sin embargo, la ley vieja, que debe ser modificada, ya contempla la creación de un seguro de desempleo y señala directamente una modificación a la cesantía laboral, aunque especificando que se trabaje sin que se pierdan derechos adquiridos.

Pero los 18 meses ya computan 25 años desde la aprobación de la referida ley, sin que hasta el momento los integrantes de la mesa tripartita logren ponerse de acuerdo en torno a un mandato legal.

Esta ha sido una de las principales causas que han impedido, entonces, una reforma al Código de Trabajo, una pieza que el Poder Ejecutivo aspira modificar desde el primer cuatrienio de gobierno del oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), pero sin tocar aspectos relacionados con la cesantía.

El tema tiene tales niveles de sensibilidad que los actores políticos representados en la Cámara de Diputados y en el Senado ni siquiera se atreven a fijar posturas públicas, aunque tras bastidores comparten la idea del seguro de desempleo.

Entrevistado sobre el particular, el senador Alexis Victoria Yeb declaró que lo que se procura es el libre mercado, pero respetando a la vez los derechos adquiridos.

Y aunque la ley del 2001 habla de reformar en un plazo de 18 meses, Victoria Yeb afirmó que el tema deberá abordarse en los próximos cinco o diez años.

“Eso no se va a tocar (la cesantía) y no debe tocarse. Este no es el momento de crear más situaciones por cómo está el mercado y la situación política en sentido general”, indicó Victoria Yeb.

Entretanto, el proyecto reposa en la Cámara de Diputados con fines de ser conocido en una segunda lectura que, según una nota de prensa del hemiciclo, se realizará esta misma semana.

Los trabajos de comisión fueron dirigidos por el diputado Mélido Mercedes y, pese a la cantidad de encuentros que se sostuvieron con legisladores y personas de interés en torno al tema, se supo que muchos de ellos debieron ser suspendidos por falta de apoyo de las partes.

Si los diputados aprueban la pieza esta semana, la misma deberá retornar, debido a las modificaciones introducidas, al Senado de la República, órgano que tendría la obligación de aprobarla sin cambios o, de lo contrario, la iniciativa se caería, para posteriormente ser enviada al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El tema aquí es que los sectores empresariales agrupados en el Consejo Nacional de la Empresa Privada consideran que la pieza que se trabaja no reúne las características que inicialmente se consensuaron, lo que los lleva a oponerse a la misma.

Detrás de todas las quejas subsiste el tema de la cesantía, que ya el legislador consideró hace 25 años, mediante una ley, que debía regirse por un seguro de desempleo, algo que, pese a estar consignado allí, no genera apoyo popular.

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Autoridades Identifican piloto y copiloto fallecidos en accidente de avión en La Romana

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Santo Domingo, R.D.-Las autoridades identificaron al piloto Erick Diago y al copiloto Rudy Gahasal como las dos personas fallecidas tras el accidente de una aeronave que se precipitó a tierra cuando intentaba regresar al Aeropuerto Internacional de La Romana, de donde había despegado minutos antes, luego de que el avión presentara fallas mecánicas.

De acuerdo a informes preliminares, la aeronave partió inicialmente desde Puerto Rico y aterrizó en La Romana para reabastecer combustible y dejar dos pasajeros. El destino final de los pilotos era Austin, Texas, Estados Unidos.

Mientras, un equipo técnico de la Comisión Investigadora de Accidentes de Aviación (CIAA) del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), encabezada por su presidente Pedro Alberto Piña se trasladó hacia el lugar del incidente para realizar las investigaciones de lugar

La comisión indicó que la aeronave presentó una situación de emergencia cuando se encontraba aproximadamente a 16 millas náuticas al suroeste de La Romana.

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Imputados en Operacion XL526 en espera de medida de coerción.

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Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes  alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.

Las autoridades señalan como cabecillas a Carlos José Parra Languar, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Sosa Almonte.
Otros detenidos son: Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yumeiry Altagracia Cabrera, Danny Rafael Laguar, Augusto José Reyes y Julio Antonio Peralta del Rosario.

El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal. 

El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.

Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.

La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.

El Tribunal de Atención Permanente de Santiago deberá fijar en las próximas horas la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción.

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