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A fin de escoger el nuevo procurador general de la República validan modificación Ley 138-11.
Santo Domingo, R.D.-Fue aprobada en primera lectura este miércoles en la Cámara de Diputados la iniciativa que modifica la Ley 138-11 del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a fin de agilizar la escogencia del nuevo procurador general de la República dentro de 100 días a partir del 16 de agosto, según quedó estipulado en el artículo 171 de la nueva Constitución, promulgada el pasado 27 de octubre.
Cuando se reanuden las sesiones, a principio de enero, los diputados debatirán y aprobarán en segunda lectura la pieza. La misma ya fue admitida en el Senado, donde fue propuesta por Ricardo de los Santos y Omar Fernández, quienes también pertenecen al CNM.
Específicamente, se plantea modificar los artículos 2 y 3 consistentes en la composición y la función del CNM, así como agregar el capítulo XII, compuestos por varios artículos.
Respecto a las funciones, el 3 dice que estas serán: designar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal Constitucional, del Tribunal Superior Electoral (TSE), al procurador general de la República y procuradores adjuntos a solicitud del presidente, así como evaluar el desempeño de los jueces del SCJ.
De igual manera, el artículo 16, sobre la abstención, precisa: «En todos los casos en que un miembro del CNM aspire o acepte su postulación como juez o procurador general de la República, o uno de los procuradores adjuntos, se debe abstener de participar en su elección».
Un punto que se añade es que la escogencia del procurador debe ser con un mínimo de 5 votos, que podrán ser confirmados al final de sus períodos. Una vez promulgada la ley, el órgano constitucional tiene un máximo de 30 días para adecuar el reglamento de aplicación.
Los miembros del CNM
Con la nueva Carta Magna, la composición del CNM quedó rediseñada de la siguiente manera: el presidente Luis Abinader, quien lo preside; Ricardo de los Santos, presidente del Senado; Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados; Omar Fernández, representante de la segunda mayoría en la Cámara Alta; Tobías Crespo, represente la segunda mayoría en la Cámara de Diputados; Napoleón Estévez, presidente del TC; Luis Henry Molina, presidente de la SCJ, y Nancy Salcedo, jueza del SCJ, y que fungirá como secretaria del CNM.
¿Quién será el nuevo titular?
El nombramiento del titular de la Procuraduría fue uno de los puntos principales de reforma constitucional del presidente Luis Abinader, quien se quitó la facultad de designación a fin de que la República Dominicana tenga el denominado «Ministerio Público independiente».
Sin embargo, el mandatario le solicitó seguir en el puesto hasta agotar el proceso de escogencia del nuevo titular del Ministerio Público.
Santo Domingo.– Con el apoyo de la mayoría de los oficialistas la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Presupuesto General del Estado para el año 2026, que asciende a RD$1 billón 744 mil millones, equivalente al 20.1 % del Producto Interno Bruto (PIB), cuya pieza ahora pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación.
Pese a que el Código Tributario establece desde 1992 la indexación salarial, el ajuste por inflación no fue incluido en la propuesta aprobada, lo que generó la protesta de la oposición. Durante la sesión, diputados del Partido Fuerza del Pueblo exhibieron carteles y reiteraron que el presupuesto debía contemplar este ajuste, que consideran necesario para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores ante el aumento del costo de la vida.
El oficialismo defendió la aprobación del presupuesto, argumentando que prioriza educación, salud, infraestructura y protección social, y que busca garantizar la estabilidad financiera del país durante el 2026.
Con esta decisión, el Congreso concluye uno de los procesos legislativos más relevantes del año, dejando formalmente definido el marco financiero con el que operará el Gobierno durante el próximo año.
Santo Domingo. –Nuevas coberturas exclusivas para sus afiliados han sido incorporadas en el Regimen Contributivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), que ya había dispuesto una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS).
La resolución establece un incremento en los honorarios médicos ambulatorios, que abarca consultas médicas especializadas, consultas odontológicas y consultas psiquiátricas y de psicología, con el objetivo de garantizar una atención más accesible y de calidad para todos los beneficiarios.
En el renglón de medicamentos ambulatorios, la resolución integra 40 nuevos fármacos, entre ellos 20 nuevos principios activos de primer, segundo y tercer nivel.
También se incorporan medicamentos pertenecientes a Programas Especiales de Salud Pública, así como tratamientos actualizados para el VIH, la Hepatitis B y la Tuberculosis.
Asimismo, se incluyen nuevos procedimientos para el diagnóstico y control de la tuberculosis, fortaleciendo la capacidad de respuesta frente a esta enfermedad y contribuyendo a una atención más oportuna y efectiva.
Las inclusiones son en cumplimiento con la Resolución 624-02 aprobada por el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la cual actualiza el catálogo del Plan de Servicios de Salud (PDSS).
Estas medidas fortalecen el acceso a servicios esenciales, medicamentos y procedimientos de alto impacto para la salud de la población afiliada.
Igualmente, se incorpora un cápita diferenciado por grupo etario y factores de riesgo dentro del Régimen Contributivo, lo que permitirá una gestión más equitativa y eficiente de los recursos, ajustándose a las necesidades reales de cada segmento poblacional.
Santo Domingo. Un nuevo consejo consultivo en el Seguro Nacional de Salud conformará el presidente Luis Abinader, cuyo órgano tendrá la función principal de aprobar toda operación o erogación que supere un monto determinado, con el objetivo de fortalecer los mecanismos internos de control y reducir los riesgos de irregularidades administrativas.
Así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, al explicar que el cual operará de manera adicional al consejo ya existente en la institución.
El consultor jurídico también indicó que, aunque la ley ya contempla estructuras de regulación, la intención del Gobierno es reforzar los filtros de supervisión incorporando una instancia que será designada por el presidente y que operará por encima de la actual estructura administrativa de SeNaSa.
Peralta agregó que la actual gestión ha implementado medidas de control incluso antes de que se aprueben formalmente los cambios legales, lo que, según dijo, ha generado quejas de algunos sectores debido a la reorganización de asignaciones, incluidos casos de personal policial.
La iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ejecutivo por aumentar los niveles de transparencia y control institucional en medio del escandalo de corrupción investigado por la justicia a través de la Operación Cobra.
La columna principal de los gastos millonarios cuestionados por la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, SISALRIL, y ahora bajo la lupa del Ministerio Público, está configurada por compra de nutrientes y antioxidantes, servicios privados de atención primaria y adquisición de vacunas, Los valores millonarios fueron cuestionados en múltiples ocasiones por personal técnico de la SISALRIL que llegó a advertir que los gastos en nutrientes, por ejemplo, ponían en riesgo la sostenibilidad económica de la ARS pública.
En el periodo comprendido entre 2020 a 2025, la ARS estatal erogó valores para esos fines que ascienden a poco más de cinco mil millones de pesos (RD$5,083,164.602). De este monto, la principal partida se la llevó la empresa “Khersun”, propiedad del investigado empresario Eduardo Read, que facturó casi cuatro mil millones de pesos (RD$3,897,064.602).
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, calificó de indignante lo cometido por los imputados en el caso de fraude al Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Caso Cobra”, quienes presuntamente realizaron procedimientos médicos innecesarios poniendo en riesgo la vida de los asegurados únicamente para cobrar recursos del Estado.
Además de Hazim Albainy, exdirector del Senasa, también están imputados:
Gustavo Enrique Messina Cruz, exgerente financiero de la institución, quien luego renunció y desempeñó funciones durante la gestión de Hazim (2020–2024).
Germán Rafael Robles Quiñones, exgerente jurídico del Senasa durante toda la gestión de Hazim.
Francisco Iván Minaya Pérez, exgerente de Salud de la institución.
Rafael Luis Martínez Hazim, sobrino del exdirector y fundador del centro de telemedicina MyCare.
Como proveedores del Estado están imputados: Eduardo Read Estrella, odontólogo; Cinty Acosta Sención; Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera.