Nacionales
30 cambios y nuevas designaciones hace director de la Policía Nacional.
Santo Domingo.–Nuevos cambios introdujo hoy el mayor general Andres Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional, cuyas designaciones incluyó a titulares en más de 30 direcciones regionales, especializadas, de áreas y depertamentales, con el objetivo de seguir mejorando los niveles de seguridad en todo el territorio nacional.
Entre las nuevas designaciones figura la del Subdirector General Policial, general Esteban Figuereo García, quien en adición a sus funciones asumirá como Director Central de Transformación Policial, en sustitución del general Juan Hilario Guzmán Badia. Mientras que el general Jorge Perdomo Sena asume como Director Central de Recursos Humanos, en sustitución del también general Figuereo García.
En tanto que el general Jorge Luis Galan Guerrero fue designado como director Regional La Altagracia, en sustitución del coronel Ramón Diclo Mateo, quien a su vez será el nuevo director Regional en La Vega.
En tanto que el general Wandy Made Montilla, quien ocupaba la Dirección Regional Este, en lo adelante asumirá funciones similares en la Regional Santo Domingo Este, donde sustituye al también general Eddy Francisco Pérez Peralta, quien asumirá como director en la Dirección Regional Santo Domingo Oeste.
Las designaciones y cambios dispuestos por el mayor general Cruz Cruz incluyen al general Eduardo Escalante Alcántara, quien asume la Dirección Regional San Cristóbal. Anteriormente ocupaba funciones similares en Santo Domingo Oeste.
Mientras que el general Jesús R. Tejada Tejada fue designado como director Regional Cibao Central, en sustitución del general Juan Bautista Jiménez Reinoso.
Asimismo, el general Pablo Francisco Ortega Brito fue designado como director Regional María Trinidad Sánchez, en sustitución del general Miguel Mata Rodrìguez, quien en lo adelante tendrá a su cargo la Dirección Regional Cibao Sur, con sede en Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Las designaciones abarcan también al general Juan Sebastián Guzmán Toribio, como Director de la Dirección de Área de la Policía Escolar, puesto que desempeñaba el general Francisco Osoria de la Cruz.
Mientras que el general Ramón Samuel Azcona Reyes fue designado Director Regional Noroeste, con asiento en Mao, Valverde, en sustitución del general Guzmán Toribio.
En tanto que el general Antonio del Carmen de los Santos fue designado como Director Central de Asuntos Legales, en sustitución de la coronel Flavia Montero Romero.
- Mientras que en la Dirección Central de Planificación y Desarrollo (Diplan) fue designado el coronel Miguel Alb. Balbuena Álvarez, en sustitución del también coronel Juan Antonio Bello Balaguer.
Otra Dirección Regional que tendrá nuevo director es la Espaillat, donde fue designado el coronel Enmanuel Pérez Polanco, en sustitución del coronel Luis Simón Castaños.
El mayor general Cruz Cruz también dispuso la designación del general Juan Gautreaux Martínez, como director de Área de Tecnología de la Información y la Comunicación, en sustitución del coronel Miltón Santana Mora.
Mientras que la coronel Ana Jiménez Cruceta fue designada como nueva Directora Regional Sur Central, con asiento en Baní, provincia Peravia, en sustitución del también coronel Glauco Alejandro Mercedes, quien a su vez asumirá como titular de Área de Antiruidos y Contaminación Sónica, función que desempeñaba la coronel Juana Almonte Martínez.
Las designaciones abarcan, además, al coronel Edwin Cabrera, quien se desempeñará como Intendente de Armas, en sustitución del coronel Francisco A. Francisco Pimentel, quien a su vez asume las funciones de Director de Área de Implementación del Modelo de Servicio Público de Policía.
Otras designaciones son las de los coroneles Carlos Peña Méndez como Director de Area del Comité de Retiro de la Policía Nacional, en sustitución del general ® Julio C. Betances Hernández; coronel Yuveres Cuevas Aquino como director de Área de Antipandillas, cargo que era desempañado por el general ® Rufino Ant. Contreras Ruiz.
Mientras que el coronel Edward Jesús Díaz Núñez fue designado Director de Area de Servicios Especilizados, en sustitución del coronel Emilio Corcino Galván.
También el coronel Margaro Martínez de la Cruz fue designado como nuevo Director de Área de la Policía Comunitaria, en sustitución del también coronel Roberto L. Lerebours García.
Los cambios y designaciones también incluyen al coronel Garibaldy de la Rosa Nazir, quien pasará a desempeñar como director de Area de Derechos Humanos, en sustitución del coronel Roberto Ant. Albino Filpo.
En tanto que el coronel Johanny Confesor Matos Pérez desempeñará las funciones de Director de Area de Contrainteligencia, en sustitución del teniente coronel Héctor Manuel Mateo Castillo. Se suma a las designaciones el coronel Eduardo Melo Santana como Encargado de Recursos Humanos de la Policía de Turismo, en sustitución del coronel Elvin Vallejo Morillo.
Mientras que el coronel Edward Keyner Perdomo Sena fue designado como director de Área de Supervisoria de Cárceles bajo control de la Policía Nacional, en sustitución del coronel Yldebrando de Jesús Guzmán Toribio.
Nacionales
Ministerio Público pide tribunal rechace solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazar la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Estrategia dilatoria de la defensa
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Nacionales
Procuradora dice que memes, caricaturas y parodias no constituyen delito bajo nuevo Código Penal
Santo Domingo, R.D.-La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.
Santo Domingo, R.D.-La fiscal del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, afirmó este miércoles que el Ministerio Público entiende que el caso de la tragedia ocurrida en el
Jet Set corresponde a un homicidio involuntario, de acuerdo con la legislación vigente.
Ramos sostuvo que, aunque la pena contemplada para este tipo de delito es de dos años, considera que ese tiempo resulta insuficiente debido a la magnitud de la tragedia, en la que fallecieron 236 personas.
Además, señaló que la entrada en vigencia del nuevo Código Penal permitirá establecer sanciones mucho más severas para casos que se asemejan a este.
Indicó que una pena de hasta diez años habría sido más adecuada, aunque reconoció que el proceso debe regirse por la legislación aplicable al momento en que ocurrieron los hechos.