Santo Domingo, R.D.-Tras la publicación de un reportaje del periodico Listín Diario que vislumbra violaciones de tránsito que no son fiscalizadas, el general Ramón Peralta, director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), expresó que los miembros de esa institución no son suficientes para cumplir con todas sus labores.Nacionales
Director Digesett dice no tiene miembros suficientes para cumplir con las funciones
Santo Domingo, R.D.-Tras la publicación de un reportaje del periodico Listín Diario que vislumbra violaciones de tránsito que no son fiscalizadas, el general Ramón Peralta, director de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), expresó que los miembros de esa institución no son suficientes para cumplir con todas sus labores.Peralta manifestó que la entidad realiza operativos fiscalizadores a diario en un trabajo gradual que necesita de mayor esfuerzo, por lo que los 3,922 miembros, que dijo forman parte de la unidad, no son suficientes y calcula que 10,000 sería un número promedio para dar abasto en sus funciones.
“Nosotros hacemos operativos de fiscalizaciones a diario de conductores que se paran en lugares prohibidos, fiscalizaciones de luz roja también, es parte del reportaje que yo lo estuve leyendo. A diario hacemos operativos en cuanto a la violacion de señalización de no estacione”, expresó el general.
Sin embargo, el trabajo de investigación realizado por el medio expone que estas transgresiones “no son las únicas contempladas en la Ley 241-67, 214-01, 143-01, la 63-17, y las regulaciones del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant)”.
Estos dictámenes normativos establecen una multa de 1,000 pesos por tirar desperdicios en la vía pública, no tener parabrisas y la ausencia de espejo retrovisor.
Lo mismo por conducir un vehículo con exceso de pasajeros, transportar más de dos personas en el asiento delantero, tener cristales tintados y no detener la marcha cuando un vehículo escolar está montando o desmontando usuarios.
Entre otras infracciones que no fueron referidas por Peralta, quien solo hizo alusión a la ley 63-17 que regula y supervisa la movilidad, el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial dominicana, además de establecer las instituciones responsables de planificar y ejecutar dichas actividades.
Las declaraciones del funcionario fueron ofrecidas la mañana de este lunes mientras agentes de la institución, en unidad con el Comité Nacional de los Derechos Humanos, daban inicio a un operativo de concientización y educación vial en la intersección de la av. 27 de Febrero con Máximo Gómez.
Nacionales
Exprocurador sostiene que declaraciones de Wilson Camacho debilitan acusación en su contra
Santo Domingo.- Jean Alain Rodriguez, exprocurador general de la República, afirmó este miércoles que las recientes declaraciones del director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldan los cuestionamientos que ha realizado sobre la investigación y la acusación presentada en su contra.
Durante un receso de la audiencia del proceso judicial que enfrenta, Rodríguez respondió a los señalamientos de Camacho sobre una supuesta estrategia de amedrentamiento contra los fiscales vinculados al caso.
Según explicó, al manifestar públicamente que se sintió amedrentado mientras él dirigía la Procuraduría General de la República, Camacho estaría reconociendo una situación que, a juicio del exfuncionario, le impedía participar en una investigación relacionada con su persona.
«Siendo así, él acaba por destruir la acusación, porque un fiscal que se siente amedrentado sencillamente está inhibido o inhabilitado”, sostuvo Rodríguez.
El exprocurador reiteró que desde hace años ha señalado que algunos miembros del Ministerio Público no debieron intervenir en el proceso debido a circunstancias que, según afirma, comprometían su imparcialidad.
- Asimismo, criticó que los fiscales respondieran con señalamientos personales, en lugar de abordar los argumentos planteados en una demanda impulsada por el abogado Carlos Balcácer.
Rodríguez concluyó asegurando que las declaraciones de Camacho constituyen una nueva evidencia de las presuntas irregularidades que, según sostiene, afectan el expediente judicial en su contra.
Santo Domingo, RD. – Wilkin Garcia Peguero< «Mantequilla», tendrá que afrontar qie el Ministerio Público solicitr en su contra prisión preventiva como medida de coerción al imputarlo de asociación de malhechores, tentativa de homicidio agravada, agresión física y estafa en perjuicio del joven Yeison Mata Albuey.
El imputado se encuentra bajo custodia en la Fiscalía de Monte Plata para ser interrogado, y luego ser sometido a la justicia por los hechos que se le atribuyen. García Peguero fue arrestado mediante una orden emitida por un juez de la Coordinación de los Juzgados de la Instrucción de Monte Plata, mientras se desplazaba como pasajero en una motocicleta por el sector Arroyo Hondo Viejo, en el Distrito Nacional.
El órgano acusador trabaja en la instrumentación de la solicitud de medida de coerción contra García Peguero, la cual será depositada ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Monte Plata dentro del plazo de 48 horas establecido por el Código Procesal Penal. Dicho plazo vence antes de las 10:00 de la noche de este jueves.
Ministerio Público arresta a «Mantequilla» por estafa y otros delitos
Tras su arresto, García Peguero (Mantequilla)imputado fue trasladado al Centro de Atención y Privación de Libertad de Ciudad Nueva.
La operación fue ejecutada por miembros de la Unidad de Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados (Ucaprec), bajo la dirección de la fiscal Andry De Los Santos, en coordinación con el Departamento Operativo II de la Unidad Central de Búsqueda y Captura de Prófugos, Rebeldes y Condenados de la Policía Nacional.
Cabe recordar que Wilkin García Peguero, conocido como “Mantequilla”, cumplió una condena de dos años de prisión luego de que los jueces del Tribunal Colegiado de Monte Plata lo declararan culpable de abuso de confianza en perjuicio de varias personas del municipio Sabana Grande de Boyá. La sentencia fue emitida el 22 de marzo de 2024.
En ese proceso, el Ministerio Público sometió a García Peguero a la justicia tras recibir más de 25 querellas por presunta estafa, además de diez denuncias que posteriormente fueron convertidas en querellas para integrarse al expediente judicial.
Según la acusación, García Peguero captó millones de pesos a través de una empresa no regulada denominada 3.14 Inversiones World Wide, que operaba desde un local comercial y una residencia ubicados en el municipio Sabana Grande de Boyá, provincia Monte Plata.
El caso de “Mantequilla” ha generado gran atención pública debido a las múltiples denuncias relacionadas con presuntas estafas financieras y ahora por las nuevas acusaciones de intento de homicidio, agresión física y asociación de malhechores en perjuicio de joven Yeison Mata Albuey.
Santo Domigo, R.D.-La Ley 3-19 que crea el Colegio Dominicano de Abogados de la República Dominicana incorrectamente tenia la existencia simultánea de tribunales disciplinarios nacionales y distritales, lo que en opinión del Tribunal Constitucional genera incertidumbre sobre cuál era el juez para procesar a los abogados acusados de cometer irregularidades,
Mediante la Sentencia TC/0331/26, la alta corte acogió parcialmente una acción directa de inconstitucionalidad presentada por el Movimiento para el Rescate del CARD (Moreca) y anuló los artículos 56 y 58 de la legislación, que creaban tribunales disciplinarios en los distintos distritos judiciales del país.
La decisión deja como único órgano disciplinario al Tribunal Disciplinario de Honor, con sede en el Distrito Nacional, y ordena al Congreso Nacional adecuar la legislación para corregir las deficiencias detectadas en el régimen disciplinario del gremio.
El TC determinó que la ley creó dos estructuras con competencias prácticamente idénticas para conocer denuncias disciplinarias contra abogados en primera instancia: el Tribunal Disciplinario de Honor y los tribunales disciplinarios distritales.
Según la sentencia, esa coexistencia impedía identificar con claridad cuál era el órgano competente para conocer cada caso, vulnerando principios constitucionales como la seguridad jurídica, el debido proceso y la garantía del juez natural.
Para llegar a esa conclusión, la alta corte aplicó el denominado «test de razonabilidad» y reconoció que el objetivo del legislador —acercar la justicia disciplinaria a los distintos territorios del país— era legítimo. Sin embargo, consideró que el mecanismo escogido resultó irrazonable y desproporcionado porque generó un sistema paralelo de tribunales con funciones superpuestas.
El tribunal advirtió que esa estructura también podía producir desigualdades procesales. Mientras un abogado sometido ante un tribunal distrital disponía de una vía recursiva adicional ante el Tribunal Disciplinario de Honor, quienes eran procesados directamente por este último no contaban con el mismo esquema de revisión, creando diferencias injustificadas entre profesionales sometidos a procedimientos similares.
La sentencia también rechazó uno de los principales argumentos de Moreca, que sostenía que los abogados no debían ser juzgados disciplinariamente por otros miembros del gremio.
Sobre ese punto, el TC concluyó que la existencia de una jurisdicción disciplinaria integrada por abogados no vulnera la Constitución siempre que esté previamente establecida por ley y sus integrantes sean seleccionados mediante procedimientos objetivos y previamente definidos.
En consecuencia, la alta corte validó la permanencia del Tribunal Disciplinario de Honor como órgano competente para ejercer el control ético y disciplinario de los profesionales del derecho.
Aunque la decisión elimina hacia el futuro los tribunales disciplinarios distritales, el TC dispuso que los expedientes que actualmente se encuentran en trámite ante esas instancias podrán continuar hasta su conclusión para evitar afectar procesos ya iniciados.