Economía
Discrepancia en los datos impide establecer déficit fiscal del semestre
A diferencia de lo declarado, el déficit es de RD$22,199 MM
Luis Reyes, titular de la Dirección General de Presupuesto.
SANTO DOMINGO. Las estadísticas más recientes publicadas por la Dirección General de Presupuesto (DIGEPRES) reflejan que el déficit fiscal para el primer semestre del año, medido por la diferencia entre los ingresos fiscales totales y el gasto público total, supuestamente asciende a RD$15,178.30 millones.
De ser así, se trataría de un déficit que crece muy lento, y que de continuar ese ritmo durante lo que resta del año, quedaría muy por debajo de la meta incluida en el Presupuesto Público de 2014, donde se registra que será de RD$77,709 millones, equivalente al 2.8% del PIB.
Según la reestimación oficial realizada en junio pasado, se espera que el PIB alcance los RD$2,767,265.4 millones, lo que hace que para el primer semestre de 2014, el monto del déficit que divulga DIGEPRES equivalga al 0.55% del producto. Para estar a mitad de camino, este porcentaje es muy bajo, por lo que a menos que las estadísticas fiscales reflejen un ritmo mucho más intenso del gasto durante el segundo semestre, y que eso se refleje en informes más consistentes, el año cerraría con una cifra oficial del déficit mucho más bajo que el proyectado.
Este desempeño de las cuentas públicas se puede interpretar como que el Gobierno aplica una política más restrictiva del gasto, con el objetivo de acelerar el desmonte del déficit fiscal de 6.6% del PIB (según el FMI) que el 16 de agosto de 2012 las nuevas autoridades encontraron, al subir por primera vez las escalinatas del Palacio Nacional.
Magín Díaz, director de Crédito Público, en una entrevista que le fue realizada a finales del mes de julio, reveló que esa es una decisión del presidente Danilo Medina: que el déficit fiscal de este año sea menor al 2.8% autorizado en el Presupuesto.
Más recientemente, este 19 de agosto, Luis Reyes, director de Presupuesto, declaró que el déficit acumulado refleja un esfuerzo por contener el gasto y llegar con las menores presiones posibles a finales de año.
Informes inconsistentes
Pero en el momento en que se habla de un pacto fiscal que entre sus nortes estaría elevar la calidad del gasto público, los informes que sobre el mismo se publican reflejan importantes inconsistencias que cuestionan su credibilidad. Por ejemplo, en el informe correspondiente a enero-junio fue omitido el dato sobre las fuentes financieras, que son los recursos que el Gobierno obtiene mediante emisión de nuevas deudas internas y externas para ser destinados a financiar el déficit, cubrir programas o disminuir otras deudas.
En el informe que cubre hasta mayo de 2014, en las estadísticas de la DIGEPRES se incluye un total ejecutado de fuentes financieras por hasta RD$ 140,393.8 millones.
Considerando un déficit fiscal RD$2,571.1 millones, reflejado en ese informe oficial, el resultado apuntaba a que el Gobierno contaba con una disponibilidad de fondos por RD$81,187.9 millones, lo que fue publicado por Diario Libre. Sin embargo, en su informe a junio, DIGEPRES no publica el dato sobre las fuentes financiera, lo que impide determinar el verdadero déficit del Gobierno, tras analizar los datos por “debajo de la línea”.
Pero una fuente experta, reveló a Diario Libre que hasta junio esa partida asciende a RD$72,0000 millones. Este monto es muy inferior a los RD$140,293.8 millones que oficialmente se publicó para los primeros cinco meses de año. Y esto es una importante y grave inconsistencia, pues altera un dato relevante sobre el desempeño de la economía: el déficit fiscal del Gobierno Central.
Una fuente financiera para enero-junio de 2014 por una magnitud de RD$72,000 millones implica un residual negativo por debajo de la línea de RD$8,845.1 millones. Y esto significa una sola cosa: el déficit real durante el primer semestre del año es de RD$23,643.4 millones, un monto muy superior a los RD$13,000 millones a RD$14,000 millones anunciado este 19 de agosto por el director de Presupuesto, Luis Reyes, desde el Palacio Nacional.
¿Es importante el dato sobre el déficit fiscal para la gente de la calle? La historia reciente responde: A partir del 2008 y hasta 2012, la deuda pública se incrementó en 158%, bajo la sombras de déficits fiscales cuasi clandestinos.
Eso llevó a que en octubre de 2012, el nuevo Gobierno impusiera a la sociedad la octava reforma tributaria desde el año 2000. “La deuda ha subido por que el país tiene déficit desde el 2008”, previamente había declarado Magín Díaz, director de Crédito Público, a Diario Libre.
Un informe “corregido”
Casi al cierre de esta historia, el encargado de Prensa de DIGEPRES, Bernardo Núñez, remitió el informe corregido sobre la ejecución presupuestaria hasta junio. Lo primero que se observa es que las fuentes financieras a mayo no son por RD$140,393.8 millones, que la entidad publicó en su informe para los primeros cinco meses del año. Es de RD$70,202.6 millones. También, que si se incluye el residual que se refleja debajo de la línea, el déficit del semestre es de RD$22,199.4 millones. Atribuyó la discrepancia a errores.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.