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Disminuye confianza en el Gobierno y en partidos políticos, según encuesta

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Santo Domingo, RD.-La población dominicana ha perdido la confianza en el Gobierno del presidente Danilo Medina, en los partidos políticos e instituciones públicas, de acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas coordinada por la Universidad de Vanderbilt y el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).

Según el documento de nombre “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia”, la confianza en los partidos políticos ha tenido de forma continua el promedio más bajo, cayendo a 28.4 en 2019 en una escala de 0 a 100. 

El promedio de la confianza en el Congreso disminuyó a 41 puntos y la confianza en las elecciones también ha seguido disminuyendo, con un nivel de solo 37.2 puntos en 2019.

“En comparación con la región, la República Dominicana es el tercer país con la más alta percepción de corrupción”, señala el documento; el 58.5 % de la población piensa que la corrupción está muy generalizada entre los funcionarios públicos y el 87 % de la población indica que la mitad, más de la mitad o todos los políticos están involucrados en actos de corrupción.

Según el documento la identificación partidaria continúa en descenso. “Al preguntársele a la ciudadanía si simpatiza por un partido político, en el 2012 un 63.4 % contestó afirmativamente, en 2016 un 42.4 % y en el 2019 solo un 36.2 %”.

La delincuencia y la inseguridad son los problemas más graves en República Dominicana. Los datos indican que la victimización por delincuencia aumentó de 17% en el 2010 a 25.5% en el 2019, aunque se mantuvo estable en 2019 con relación a 2016. Los actos de delincuencia más comunes son distintas modalidades de robo (con o sin armas de fuego, o robos a domicilio).

“Las personas con mayor probabilidad de ser víctimas de delincuencia son las que viven en los principales centros urbanos, los más jóvenes y los más ricos. Sin embargo, las tasas de victimización son altas entre casi todos los segmentos de la sociedad”, señala la documentación.

 La percepción de inseguridad también ha registrado un incremento en los últimos años, pero en el 2019 se mantuvo similar al 2016, con un 32% de los dominicanos que dijo sentirse “muy inseguro en su barrio”, el mayor porcentaje en la región según señala la encuesta. Las percepciones de inseguridad son mayores para quienes viven en los grandes centros urbanos y para las mujeres.

La encuesta registra un declive significativo del porcentaje de la población que se identifica como católico de 67.6% en 2008 a 49.2% en el 2019. Contrario al aumento de la identificación como evangélicos de 12.1 % en 2008 a 26 % en 2019.

El 60.7 % de los dominicanos justificaría el aborto cuando peligra la salud de la madre, el 61.1 % lo justificaría cuando el feto es inviable debido a una malformación congénita, y el 49.6 % lo justificaría cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto.

El 65.8 % de los dominicanos cree que cuando una mujer trabaja fuera de la casa, los hijos sufren, siendo el porcentaje más alto en esta variable para la región.

El 33.9 % de los encuestados en la República Dominicana en el 2019 expresa que los hombres son mejores líderes que las mujeres, el segundo valor más alto en esta ronda de encuestas del Barómetro de las Américas.

La confianza en la Policía Nacional se incrementó ligeramente en 2019 (39.2 puntos) respecto a 2016, aunque la confianza en la Policía en la República Dominicana sigue siendo una de las más bajas en la región.

El documento, presentado por la Dra. Rosario Espinal indica que, para la ciudadanía, lejos de ser una institución que da seguridad, la Policía genera poca confianza, ya que el 61.9% de los dominicanos cree que la Policía está involucrada en la delincuencia.

El 40.8 % de los dominicanos tiene planes de emigrar en los próximos tres años para trabajar o vivir en otro país. La intención de emigrar es mayor entre los hombres y entre los más jóvenes. El 34.7 % de los dominicanos ha considerado emigrar específicamente por la inseguridad.

En los últimos años se ha reducido significativamente el apoyo a los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes. La aprobación a que los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana sean ciudadanos dominicanos experimentó una reducción abrupta de casi 17 puntos porcentuales, de 50.9 % en 2014 a 34 % en 2019.

 

También se observa una disminución importante en la aprobación de que el gobierno otorgue permisos de trabajo a los inmigrantes haitianos indocumentados, de 37.3 % en el 2014 a 27.3 % en el 2019.

Para esta encuesta fueron entrevistados 31,050 personas de 20 países de América Latina y el Caribe entre finales de 2018 hasta el verano de 2019.

Señalan que esta vez no se aplicó el cuestionario ni en Haití, ni en Venezuela, debido a la inestabilidad en ambas naciones.

 

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JCE presenta plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres

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Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE), a través de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género de la institución, presentó a la ciudadanía a través de sus redes sociales la plataforma digital del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, espacio que estará integrado en la página de la institución.

Mediante un comunicado, la JCE explicó que el observatorio tiene como finalidad asesorar, diseñar, implementar, desarrollar y evaluar las acciones orientadas a fomentar la participación de las mujeres en la política.

Asimismo, indicó que esta iniciativa, que se encuentra bajo la coordinación de la miembro titular del Pleno y coordinadora de la Comisión de Políticas de Igualdad de Género, Dolores Fernández, es una plataforma que busca recopilar, analizar y visibilizar información sobre los avances, brechas y desafíos de la participación política femenina en República Dominicana.

Además, destacó que el observatorio funciona como una herramienta dinámica de estadísticas interactivas que permite conocer la evolución de la participación política de las mujeres en el país y a través de sus secciones, se podrán explorar datos sobre: candidaturas y cargos electos, participación en los partidos políticos, concurrencia electoral por sexo y participación de mujeres en juntas y colegios electorales.

La misión de este observatorio es, en primer lugar, analizar los niveles de cumplimiento de metas y objetivos nacionales e internacionales en torno a la igualdad de género en materia de representación política y, en segundo lugar, motivar e impulsar la participación paritaria de las mujeres en la toma de decisiones.

Entre los objetivos de esta propuesta, figuran: generar información cuantitativa y cualitativa sobre la representación política de mujeres y hombres en el ámbito nacional; medir los niveles de cumplimiento de metas y objetivos internacionales en torno a la igualdad de género; visibilizar avances de igualdad de género en los partidos políticos y aportar datos que sirvan para elaborar insumos claves para el análisis, la formulación de propuestas y el diseño de estrategias de incidencia política.

Asimismo, procura fortalecer las políticas públicas de igualdad, promover la paridad y la representación política equitativa, garantizar los derechos políticos de las mujeres e impulsar acciones para prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres.

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Telemicro: TSA indicó que Indotel actuó de forma precipitada al asignar frecuencia del Canal 3

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Santo Domingo, R.D.-El Grupo Telemicro reaccionó al fallo judicial del Tribunal Superior Administrativo (TSA) sobre la asignación de la frecuencia del canal 3 VHF. En un documento indicó que la Tercera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) reconoció que el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), en su rol de autoridad para la gestión del espectro radioeléctrico, actuó de forma «imprudente y precipitada» al asignar el Canal 3 digital a favor de Franasyn, S.R.L., mediante la Resolución núm. 132-2024 dictada el 14 de noviembre de 2024.

Indicó que el tribunal estableció, luego del análisis de las pruebas aportadas por las partes en el litigio sobre el Canal 3 en la banda VHF, que el «regulador (Indotel) tenía pleno conocimiento de que existía un proceso judicial abierto sobre el derecho de uso y explotación de esa frecuencia».

«El órgano apuntó que, en tales circunstancias, esa entidad encargada de gestión radioeléctrica debía actuar con la debida prudencia y observar el principio de realizar una buena administración, absteniéndose de adoptar decisiones que pudieran incidir en el proceso, como lo fue asignar el Canal 3 a favor de un tercero, en este caso la sociedad Franasyl. S.R.L.», dice un documento enviado por la Corporación de Televisión y Microondas Rafa, S.A. (Telemicro).

Derechos de Franasyl

La Tercera Sala del TSA reconoció la legitimidad de los derechos alegados por Franasyl, S.R.L. en torno al Canal 3 virtual y declaró válida su intervención voluntaria en el proceso.

En su decisión, el tribunal rechazó en todas sus partes el recurso contencioso administrativo interpuesto por Telemicro y confirmó íntegramente la Resolución núm. 080-2022 emitida por el Indotel.

La sentencia se produce tras el reenvío ordenado por la Suprema Corte de Justicia mediante la decisión SCJ-TS-25-0203, que instruyó una nueva valoración del caso después de identificar un vicio de desnaturalización de los hechos en un fallo anterior.

  • Telemicro buscaba que la justicia anulara la resolución del Indotel alegando derechos adquiridos sobre el Canal 3 VHF derivados de una comunicación emitida por el órgano regulador en 2004.

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Senado contra la pared con el CPP: aprobar o rechazar

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Santo Domingo, R.D.-El Senado de la República conocerá este viernes en única discusión el proyecto de ley del nuevo Código Procesal Penal, con las decenas de modificaciones que hizo la Cámara de Diputados y la opción de aprobar o rechazar el documento.

El pleno senatorial deberá decidir “lo más rápido posible”, debido al plazo que le otorga el Tribunal Constitucional en la sentencia 0765/24. En su fallo, emitido el 6 de diciembre de 2024, la alta corte declaró nula la Ley 10-15, que modifica el Código Procesal Penal del 2002, y dio un año al Congreso Nacional, hasta el 11 de este mes, para tener listo un nuevo marco legal.

La pieza de ley que estudian los congresistas generó fuertes debates en la Cámara de Diputados mientras era conocida, por artículos que tienen que ver con las facultades del Ministerio Público (MP) en los procesos, como los de peritajes. Uno de ellos es el artículo 211, sobre el nombramiento de peritos.

La moción de Pacheco y Díaz, que es similar a la versión que llegó del Senado, consiga tres párrafos, en el que establecen que los peritos en cualquier otro momento son nombrados, mediante resolución motivada, por el juez o tribunal, a propuesta de parte; el número de peritos es determinado según la complejidad de las cuestiones a plantear, considerando las sugerencias de las partes; y el dictamen o la resolución que ordena el peritaje fija con precisión las razones que lo motivan, su objeto y alcance, así como el plazo para la presentación de dichos dictámenes.

El Procesal Penal vigente no condiciona el nombramiento del perito por el Ministerio Público a que no sea “anticipo jurisdiccional”. Dice, más bien, que durante la etapa preparatoria los nombra el Ministerio Público.

Ejecución del peritaje

Amado Díaz propuso también -siendo acogida por la mayoría-, modificar el artículo 215 del nuevo Código, que trata sobre la ejecución del peritaje, para agregar al MP, quien había sido dejado fuera de ese apartado en la aprobación en primera discusión. Se estableció que el órgano persecutor, juez o tribunal que ha dispuesto el peritaje, resuelva todas las cuestiones que se planteen durante su realización.

La CD modificó el artículo 48 de la pieza

Otro punto de debate en los diputados fue el de la interrupción de la prescripción, artículo 48, numeral 1, uno de los que se quejó Eugenio Cedeño. La Cámara modificó dicho apartado -al dejar quitar la frase “presentada por el Ministerio Público”, para que diga que la prescripción se interrumpe por: la imposición de medida de coerción; la presentación de la acusación; y el pronunciamiento de la sentencia, aunque sea revocable.

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