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Disminuye confianza en el Gobierno y en partidos políticos, según encuesta

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Santo Domingo, RD.-La población dominicana ha perdido la confianza en el Gobierno del presidente Danilo Medina, en los partidos políticos e instituciones públicas, de acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas coordinada por la Universidad de Vanderbilt y el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).

Según el documento de nombre “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia”, la confianza en los partidos políticos ha tenido de forma continua el promedio más bajo, cayendo a 28.4 en 2019 en una escala de 0 a 100. 

El promedio de la confianza en el Congreso disminuyó a 41 puntos y la confianza en las elecciones también ha seguido disminuyendo, con un nivel de solo 37.2 puntos en 2019.

“En comparación con la región, la República Dominicana es el tercer país con la más alta percepción de corrupción”, señala el documento; el 58.5 % de la población piensa que la corrupción está muy generalizada entre los funcionarios públicos y el 87 % de la población indica que la mitad, más de la mitad o todos los políticos están involucrados en actos de corrupción.

Según el documento la identificación partidaria continúa en descenso. “Al preguntársele a la ciudadanía si simpatiza por un partido político, en el 2012 un 63.4 % contestó afirmativamente, en 2016 un 42.4 % y en el 2019 solo un 36.2 %”.

La delincuencia y la inseguridad son los problemas más graves en República Dominicana. Los datos indican que la victimización por delincuencia aumentó de 17% en el 2010 a 25.5% en el 2019, aunque se mantuvo estable en 2019 con relación a 2016. Los actos de delincuencia más comunes son distintas modalidades de robo (con o sin armas de fuego, o robos a domicilio).

“Las personas con mayor probabilidad de ser víctimas de delincuencia son las que viven en los principales centros urbanos, los más jóvenes y los más ricos. Sin embargo, las tasas de victimización son altas entre casi todos los segmentos de la sociedad”, señala la documentación.

 La percepción de inseguridad también ha registrado un incremento en los últimos años, pero en el 2019 se mantuvo similar al 2016, con un 32% de los dominicanos que dijo sentirse “muy inseguro en su barrio”, el mayor porcentaje en la región según señala la encuesta. Las percepciones de inseguridad son mayores para quienes viven en los grandes centros urbanos y para las mujeres.

La encuesta registra un declive significativo del porcentaje de la población que se identifica como católico de 67.6% en 2008 a 49.2% en el 2019. Contrario al aumento de la identificación como evangélicos de 12.1 % en 2008 a 26 % en 2019.

El 60.7 % de los dominicanos justificaría el aborto cuando peligra la salud de la madre, el 61.1 % lo justificaría cuando el feto es inviable debido a una malformación congénita, y el 49.6 % lo justificaría cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto.

El 65.8 % de los dominicanos cree que cuando una mujer trabaja fuera de la casa, los hijos sufren, siendo el porcentaje más alto en esta variable para la región.

El 33.9 % de los encuestados en la República Dominicana en el 2019 expresa que los hombres son mejores líderes que las mujeres, el segundo valor más alto en esta ronda de encuestas del Barómetro de las Américas.

La confianza en la Policía Nacional se incrementó ligeramente en 2019 (39.2 puntos) respecto a 2016, aunque la confianza en la Policía en la República Dominicana sigue siendo una de las más bajas en la región.

El documento, presentado por la Dra. Rosario Espinal indica que, para la ciudadanía, lejos de ser una institución que da seguridad, la Policía genera poca confianza, ya que el 61.9% de los dominicanos cree que la Policía está involucrada en la delincuencia.

El 40.8 % de los dominicanos tiene planes de emigrar en los próximos tres años para trabajar o vivir en otro país. La intención de emigrar es mayor entre los hombres y entre los más jóvenes. El 34.7 % de los dominicanos ha considerado emigrar específicamente por la inseguridad.

En los últimos años se ha reducido significativamente el apoyo a los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes. La aprobación a que los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana sean ciudadanos dominicanos experimentó una reducción abrupta de casi 17 puntos porcentuales, de 50.9 % en 2014 a 34 % en 2019.

 

También se observa una disminución importante en la aprobación de que el gobierno otorgue permisos de trabajo a los inmigrantes haitianos indocumentados, de 37.3 % en el 2014 a 27.3 % en el 2019.

Para esta encuesta fueron entrevistados 31,050 personas de 20 países de América Latina y el Caribe entre finales de 2018 hasta el verano de 2019.

Señalan que esta vez no se aplicó el cuestionario ni en Haití, ni en Venezuela, debido a la inestabilidad en ambas naciones.

 

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Cerca de dos meses después de concluido el periodo del presidente de la SCJ Abinader aún no ha convocado CNM

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Santo Domingo, R.D.-El pasado 5 de abril concluyó el periodo de siete años para el cual fue escogido el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina en el 2019, quien al momento de su designacion por el presidente de entonces Danilo Medina fungia como miembro del Comite Central del Partido de la Liberacion Dominicana, pero casi dos meses después el presidente Abinader no ha  convocado el Consejo Nacional de la Magistratura para su reevaluacion.

Tras asumir la silla presidencial en 2020, el gobernante Luis Abinader pasó a ser el encargado de instruir las labores del CNM en la selección de los jueces que conforman las altas cortes del país, dentro de las que se encuentran el Tribunal Superior Electoral (TSE), Tribunal Constitucional (TC), la Procuraduría General de la República (PGR) y la SCJ.

Precisamente, una de las evaluaciones pendientes es la del puesto de Henry Molina. Sin embargo, 49 días después de que concluyeran los siete años del magistrado, el mandatario Abinader se mantiene todavía sin convocar a los integrantes del Consejo para determinar si escogerán un nuevo o mantendrán el mismo presidente en el Poder Judicial.

También forman parte de la lista de vencidos los jueces Fran Euclides Soto Sánchez, Manuel Herrera Carbuccia y Francisco Antonio Jerez, Molina Peña, los jueces Vanessa E. Acosta Peralta, Samuel Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello, María G. Garabito, Justiniano Montero Montero, Nancy Salcedo Fernández y Rafael Vásquez Goico, quienes componen el pleno de la SCJ.

El artículo 26 de la Ley Orgánica 138-11 es el que delimita el tiempo de funciones que tendrán los presidentes de las principales instancias judiciales.

En caso de que la intención de Molina sea permanecer en la posición por un segundo periodo consecutivo, los integrantes del CNM deberán utilizar el siguiente criterio para decidir sobre su confirmación durante la evaluación de desempeño: “Su integridad, imagen pública, reputación intelectual, destrezas profesionales, capacidad de análisis, laboriosidad, competencias académicas, atención y eficiencia a casos asignados, y tendrá como base de sustentación de informes”.

“Permanencia de jueces. Los jueces del Tribunal Constitucional, de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Superior Electoral, vencido el período para el que fueron designados, permanecerán en sus cargos hasta la toma de posesión de quienes les sustituyan”, artículo 38.

La prima en hacerlo fue La Red de Observadores por la Institucionalidad (ROI) luego de que el pasado 28 de abril le pidiera al presidente Abinader reunir “de manera inmediata” al CNM para concluir con la selección o confirmación de 11 jueces que terminaron su periodo.

En tanto, la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) comunicó el pasado 6 de mayo que el proceso debe realizarse “sin más dilaciones, debido a la importancia que reviste la renovación y evaluación de los jueces para la estabilidad democrática y la confianza ciudadana en el Poder Judicial”.

El Instituto Dominicano de Derecho Penal (IDDP) coincidió el pasado 12 de mayo con la ROI y Adocco, advirtiendo que esta situación coloca a la matrícula de la Suprema en una fase de “rezago”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es uno de los ocho miembros que tiene el CNM. El pasado 7 de abril, Pacheco aseguró al ser entrevistado en el Congreso Nacional que “dentro de muy poco tiempo” se reuniría el Consejo.

47 días después de esas declaraciones, el presidente Abinader ni ninguno de los integrantes han adelantado la fecha en que sostendrían el encuentro.

Mientras tanto, el Poder Judicial ha registrado durante los últimos días un episodio de inestabilidad, luego de que el pasado jueves aproximadamente 500 jueces decidieran realizar un paro laboral de 24 horas en alrededor de 36 distritos judiciales del territorio nacional para visibilizar sus exigencias: mejoras en las “precarias” condiciones de trabajo, la necesidad de que se implemente una reforma estructural en el sistema, entre otras.

Esta situación ha provocado señalamientos en contra de Henry Molina. Según el director del IDDP, Carlos Balcácer, entiende que el magistrado no ha sido capaz de exigirle al presidente Luis Abinader el cumplimiento de la entrega del dinero que debe recibir el Poder Judicial para solucionar la insatisfacción de los servidores.

“Lamentablemente, el presidente de la Suprema no ha sido capaz, como sí lo hicieron presidentes anteriores con autonomía económica propia, de exigirle al presidente de la nación que aporte las partidas económicas que merece el Poder Judicial. Eso es lo que explica esa situación”, expresó Balcácer el pasado miércoles durante una actividad realizada en el Palacio Nacional.

¿Continuarán los paros laborales en la Justicia?

La Asociación Dominicana de Jueces y Juezas de Paz (Adojupa), Jueces y Juezas por la Democracia (Judemo) aclaró ayer a los medios de comunicación que hasta el momento no ha sostenido un diálogo con el Consejo del Poder Judicial (CPJ) para alcanzar un acuerdo.

A pesar de que prevén continuar con las manifestaciones en caso de que sus exigencias no sean atendidas, las asociaciones reiteraron su disposición de participar en un diálogo institucional.

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El PLD participó en discusion sobre encuestas, dice Paliza.

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Santo Domingo, R.D.-José Ignacio Paliza,  presidente del PRM,  reaccionó este domingo a las críticas del expresidente Danilo Medina sobre la prohibición de publicar encuestas fuera de los plazos establecidos, recordándole que el PLD participó en la discusión del reglamento elaborado por la Junta Central Electoral (JCE) que tomó la medida.

Paliza respondió a declaraciones de Medina, quien consideró «sospechosa» la decisión de suspender las encuestas fuera de tiempo, señalando que el reglamento fue socializado previamente con todos los partidos políticos y firmas encuestadoras.

«La JCE publicó en abril de 2025, a través de diversos medios, el borrador de reglamento para encuestas conforme lo establece la Ley 107-13″, expresó el dirigente oficialista en una publicación en redes sociales.

Asimismo, recordó que el pasado 5 de junio la Junta celebró una audiencia pública con representantes de las organizaciones políticas, incluyendo al Partido de la Liberación Dominicana (PLD), para escuchar observaciones y sugerencias sobre el documento.

«El PLD participó en ella. Inclusive, fue otorgado un plazo adicional para observaciones», sostuvo Paliza en una nota de prensa.

Con estas declaraciones, el presidente del PRM defendió el proceso llevado a cabo por la JCE y rechazó los cuestionamientos hechos por Medina en torno a la regulación de las encuestas electorales.

Medina, presidente del PLD y expresidente de la República, dijo este domingo que se le hacía «sumamente sospechosa» la prohibición de la JCE en torno a las encuestas y planteó que la medida buscaba tapar lo mal que está el gobernante Partido Revolucionario Moderno. También expresó que estaba consciente que la Junta podía tomar la medida.

«La ley la autoriza a hacer eso, pero es sumamente sospechoso que sea en este momento que se eliminen las encuestas. Eso no se hizo en el 2024, cuando las utilizaron para crear la percepción de invencibilidad del Gobierno», indicó a periodistas en Sánchez Ramírez, donde encabezó un acto de juramentación.

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Autoridades desmantelan red de trata de personas en Puerto Plata.

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Santo Domingo.- Sesenta y dos mujeres fueron rescatadas de la explotacion sexual comercial en Puerta Plata con el desmantelamiento por parte de miembros de la Unidad Especializada de Investigación Conjunta Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Delitos Conexos (UITIMC), adscrita a la Procuraduría Especializada Contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT).

La acción contra el grupo criminal, integrado por dominicanos y extranjeros, se llevó a cabo durante un amplio operativo ejecutado en distintas zonas del distrito municipal de Cabarete, municipio de Sosúa, Puerto Plata, en una labor conjunta con el Departamento II, Especial de Investigación de Delitos Transnacionales (Deidet), bajo la coordinación de la Procuraduría Fiscal de Puerto Plata.

Las autoridades ejecutaron en total siete órdenes judiciales de allanamientos y arrestaron a seis personas en el marco de una investigación contra la red dedicada a la trata de personas, bajo la modalidad de explotación sexual y proxenetismo.

La teniente coronel de la Policía, Lidavel Pérez Beltré, coordinadora de la UITIMC, dijo que los detenidos fueron trasladados a la Fiscalía de Puerto Plata para los fines judiciales correspondientes.

Durante el operativo fueron rescatadas 51 mujeres de nacionalidad dominicana y 11 haitianas, que fueron entregadas al personal de Asistencia y Protección a Víctimas y Testigos de la Procuraduría General de la República para los procedimientos de lugar.

También, un total de veinticinco (25) hombres indocumentados, aproximadamente, en su mayoría de nacionalidad haitiana, los cuales fueron entregados al personal de interdicción de la Dirección General de Migración de la provincia.

Las autoridades también ocuparon armas de fuego, vehículos, varios equipos electrónicos, incluyendo teléfonos celulares, computadoras portátiles, CPU, tabletas y DVR, así como cuadernos, libros de registros, sumas importantes de dinero en efectivo y una gran cantidad de preservativos, así como varios objetos relacionados a esa actividad delictiva.

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