Santo Domingo, RD.-La población dominicana ha perdido la confianza en el Gobierno del presidente Danilo Medina, en los partidos políticos e instituciones públicas, de acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas coordinada por la Universidad de Vanderbilt y el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).Nacionales
Disminuye confianza en el Gobierno y en partidos políticos, según encuesta
Santo Domingo, RD.-La población dominicana ha perdido la confianza en el Gobierno del presidente Danilo Medina, en los partidos políticos e instituciones públicas, de acuerdo a la encuesta Barómetro de las Américas coordinada por la Universidad de Vanderbilt y el del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (Lapop).Según el documento de nombre “Cultura política de la democracia en la República Dominicana y en las Américas, 2018/19: Tomándole el pulso a la democracia”, la confianza en los partidos políticos ha tenido de forma continua el promedio más bajo, cayendo a 28.4 en 2019 en una escala de 0 a 100.
El promedio de la confianza en el Congreso disminuyó a 41 puntos y la confianza en las elecciones también ha seguido disminuyendo, con un nivel de solo 37.2 puntos en 2019.
“En comparación con la región, la República Dominicana es el tercer país con la más alta percepción de corrupción”, señala el documento; el 58.5 % de la población piensa que la corrupción está muy generalizada entre los funcionarios públicos y el 87 % de la población indica que la mitad, más de la mitad o todos los políticos están involucrados en actos de corrupción.
Según el documento la identificación partidaria continúa en descenso. “Al preguntársele a la ciudadanía si simpatiza por un partido político, en el 2012 un 63.4 % contestó afirmativamente, en 2016 un 42.4 % y en el 2019 solo un 36.2 %”.
La delincuencia y la inseguridad son los problemas más graves en República Dominicana. Los datos indican que la victimización por delincuencia aumentó de 17% en el 2010 a 25.5% en el 2019, aunque se mantuvo estable en 2019 con relación a 2016. Los actos de delincuencia más comunes son distintas modalidades de robo (con o sin armas de fuego, o robos a domicilio).
“Las personas con mayor probabilidad de ser víctimas de delincuencia son las que viven en los principales centros urbanos, los más jóvenes y los más ricos. Sin embargo, las tasas de victimización son altas entre casi todos los segmentos de la sociedad”, señala la documentación.
La percepción de inseguridad también ha registrado un incremento en los últimos años, pero en el 2019 se mantuvo similar al 2016, con un 32% de los dominicanos que dijo sentirse “muy inseguro en su barrio”, el mayor porcentaje en la región según señala la encuesta. Las percepciones de inseguridad son mayores para quienes viven en los grandes centros urbanos y para las mujeres.
La encuesta registra un declive significativo del porcentaje de la población que se identifica como católico de 67.6% en 2008 a 49.2% en el 2019. Contrario al aumento de la identificación como evangélicos de 12.1 % en 2008 a 26 % en 2019.
El 60.7 % de los dominicanos justificaría el aborto cuando peligra la salud de la madre, el 61.1 % lo justificaría cuando el feto es inviable debido a una malformación congénita, y el 49.6 % lo justificaría cuando el embarazo es el resultado de una violación o incesto.
El 65.8 % de los dominicanos cree que cuando una mujer trabaja fuera de la casa, los hijos sufren, siendo el porcentaje más alto en esta variable para la región.
El 33.9 % de los encuestados en la República Dominicana en el 2019 expresa que los hombres son mejores líderes que las mujeres, el segundo valor más alto en esta ronda de encuestas del Barómetro de las Américas.
La confianza en la Policía Nacional se incrementó ligeramente en 2019 (39.2 puntos) respecto a 2016, aunque la confianza en la Policía en la República Dominicana sigue siendo una de las más bajas en la región.
El documento, presentado por la Dra. Rosario Espinal indica que, para la ciudadanía, lejos de ser una institución que da seguridad, la Policía genera poca confianza, ya que el 61.9% de los dominicanos cree que la Policía está involucrada en la delincuencia.
El 40.8 % de los dominicanos tiene planes de emigrar en los próximos tres años para trabajar o vivir en otro país. La intención de emigrar es mayor entre los hombres y entre los más jóvenes. El 34.7 % de los dominicanos ha considerado emigrar específicamente por la inseguridad.
En los últimos años se ha reducido significativamente el apoyo a los derechos de los inmigrantes haitianos y sus descendientes. La aprobación a que los hijos de inmigrantes haitianos nacidos en la República Dominicana sean ciudadanos dominicanos experimentó una reducción abrupta de casi 17 puntos porcentuales, de 50.9 % en 2014 a 34 % en 2019.
También se observa una disminución importante en la aprobación de que el gobierno otorgue permisos de trabajo a los inmigrantes haitianos indocumentados, de 37.3 % en el 2014 a 27.3 % en el 2019.
Para esta encuesta fueron entrevistados 31,050 personas de 20 países de América Latina y el Caribe entre finales de 2018 hasta el verano de 2019.
Señalan que esta vez no se aplicó el cuestionario ni en Haití, ni en Venezuela, debido a la inestabilidad en ambas naciones.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.