Nacionales
Principales imputados de casos de corrupción han salido de la cárcel.
Mientras los principales imputados de los casos de corrupción ya están en su casa, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, instó a los miembros del Ministerio Público, en todos los niveles, a reafirmar su compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión y a obviar la crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura.
«Permanezcamos al servicio de la sociedad y la administración de justicia, no utilicemos vías distintas a los procesos judiciales para hacer valer nuestros reclamos, porque si con sus actuaciones provocan la pérdida de la confianza en nuestros honorables jueces y juezas, les fallamos a las víctimas, a los imputados y a la sociedad», le pidió la magistrada a los procuradores adjuntos en un carta.
Precisó que la crítica a los miembros del Poder Judicial en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel de legitimidad que los distingue de aquellos elegidos mediante voto popular, pero la crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir, a su reputación.
A continuación carta íntegra de la magistrada Germán Brito
21 de diciembre de 2022.
A los (as) Procuradores(as) Adjuntos (as) de la Procuradora General
Distinguidos(as) Adjuntos(as):
Durante los últimos días, se han producido una serie de situaciones que coloca a nuestra Procuraduría General de la República, y a la totalidad del Ministerio Público, en un estado de vulnerabilidad y, por qué no, con un paño de vergüenza ajena.
Parte de lo que hace la administración de justicia lo que es, se debe a que los juristas actuando como abogados, jueces y ministerios públicos deben seguir cada uno su rol. En el caso del Ministerio Público existe una entrega mayor a la legalidad y a la imparcialidad para mantener la integridad del sistema de justicia como auxiliares de los jueces con quienes se comparten. Aunque el Ministerio Público es una parte del proceso, se debe a otras virtudes y compromisos éticos distintos a los del abogado de la defensa que se debe enteramente a su cliente de conformidad con el derecho. El Ministerio Público no solo se debe a la sociedad, incluso se debe al imputado, pero, por igual a mantener la confianza en el sistema de justicia en su totalidad.
La crítica a los miembros del Poder Judicial en el contexto de sus atribuciones es sana, sobre todo debido al nivel de legitimidad que los distingue de aquellos elegidos mediante voto popular. Por ello la crítica a sus decisiones es la mejor manera de asegurar la transparencia e integridad de la labor judicial. Pero, la crítica, a veces fuerte, a las decisiones del proceder judicial no puede entenderse en una crítica al juez como persona, es decir, a su reputación. Ciertamente, hay decisiones que deben ser cuestionadas, no hay mejor espacio para hacerlo que a través de las vías de recursos, con respeto y deferencia, pero bien fundamentado y con una exposición clara de los agravios.
Lo anterior, sin embargo, no es posible con una respuesta apresurada apenas salido el dispositivo de la sentencia o la decisión íntegra, pero, sin haber sido debidamente leída. Los jueces y juezas, como administradores de justicia, son criticados de otra manera y atendiendo a la santidad de su función, no podemos comportarnos como si el Ministerio Público tuviese un interés actual y directo en el desenlace del caso. Nuestro trabajo es, ante todo, defender los intereses de la sociedad, incluso del imputado cuando sabemos que no hay pruebas o surgen pruebas en beneficio de este.
Incluso como abogadas y abogados, en nuestra posición como miembros del Ministerio Público, sobre todo aquellos que llevan casos complejos, es necesario un ejercicio de prudencia y ponderación. Las respuestas deben ser limitadas, directas y precisas, pero, no alimentar la posible desconfianza de la sociedad en las instituciones, sobre todo contribuir con los juicios paralelos: nuestro trabajo es en los tribunales e informar a la opinión pública, pero no, continuar el litigio por los medios, así como en otras esferas distintas a los tribunales.
A modo de ejemplo, un magistrado investigado entabló una disputa culpando al Ministerio Público de las actuaciones en su contra. En vez de realizar una intervención que afecta la percepción de las investigaciones y su integridad, hubiese bastado que se le hiciera notar que la actuación fue iniciativa de la inspectoría del Poder Judicial que observó tener evidencias sobre posibles conductas dolosas de aquel magistrado. Bastaba, por igual, indicar que de parte del Ministerio Público solo se procedió iniciar la investigación pertinente como parte de nuestros deberes bajo la Ley Orgánica del Ministerio Público y otras normas aplicables
Al examinar las decisiones y evaluar los agravios, como Ministerio Público debemos hacerlo con una veta de autocrítica tendente a confirmar si en alguna medida contribuimos a dar argumentos a la decisión que cuestionamos. No se pretenda partir del supuesto que todas las sentencias son conforme al derecho, en particular con el debido proceso y la tutela judicial efectiva, ajenas a cualquier crítica.
Hay sentencias que pudieran ser valoradas como no apegadas a derecho, y que no resistiría un examen desde el punto de vista de la coherencia y la lógica, pero los medios de comunicación no son el espacio pertinente para dirimir estos asuntos
. No se cuestiona el derecho de nadie a expresarse sobre distintos temas, en especial en casos de interés público, pero, no al precio de comprometer la integridad y la objetividad del Ministerio Público, así como de las investigaciones en curso. Los miembros del Ministerio Público somos, ante todo, auxiliares de la justicia y debemos colaborar en mantener la confianza en las instituciones y contribuir a su mejora, con independencia que se discrepa de la decisión.
A pesar de que están en juego valores que no corresponden a la lógica de la sociedad del espectáculo, hay otros que trascienden un caso determinado y puedan frustrar el justo deseo de justicia en la población. Un amigo que me suele decir «hoy usted está en modo juez”, todos los oficios marcan y pueden que me hayan marcado los años de jueza. No olvido un caso durante dicho periodo, en el cual tuve una disidencia porque creí que debía retenérsele la falta; el Procurador de entonces, aparentemente recibió una directriz política de no recurrir y que, pues, solo se le ocurrió nada más que salir con que «no recurrir porque los jueces no le merecían confianza». Este no debe ser el ejemplo de las relaciones entre el Poder Judicial y el Ministerio Público, no es la relación que se espera en un Estado social y democrático de derecho.
Esta agresividad mutua que ahora existe nos lleva a preguntarnos a quién beneficia, porque el perjudicado es evidente, al sistema de administración de justicia y sociedad. La población y la toma de los medios de comunicación para continuar el proceso por otras vías, pero, contra los jueces, no son más que municiones para aquellos que no quieren una administración y auxilio de la justicia fuerte e independiente.
Así las cosas, apelando al deber de decoro y respeto que todos los miembros del Ministerio Público deben no solo a todas las partes del proceso y la sociedad, también a los jueces y juezas que participan en la administración de justicia. Esta es una obligación que viene de las mejores virtudes de los miembros del Ministerio Público, por igual de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el Reglamento Disciplinario y de la Constitución, a propósito del derecho al debido proceso, en su vertiente de la independencia, presunción de inocencia y tutela judicial efectiva.
Por tales motivos, se insta a los miembros del Ministerio Público, en todos los niveles, a reafirmar su compromiso con los deberes jurídicos y éticos de la profesión, obviar la crítica ácida contra la reputación de las personas que ejercen la judicatura. Permanezcamos al servicio de la sociedad y la administración de justicia, no utilicemos vías distintas a los procesos judiciales para hacer valer nuestros reclamos, porque si con sus actuaciones provocan la pérdida de la confianza en nuestros honorables jueces y juezas, les fallamos a las víctimas, a los imputados y a la sociedad.
Nacionales
Defensa de sargento enviada a prisión por muerte de su hija llama a abordar la salud mental con empatía
Santo Domingo, R.D.-El 20 por ciento de la poblacion en la República Dominicana padece algún tipo de trastorno emocional o psiquiátrico, cuyo ejemplo al respecto es el caso de la sargento mayor de la Policía Nacional, Glenny Tellería Alberto, quien desde el año 2022 padece de depresión y otros padecimientos psiquiátricos.
Así lo manifestó el jurista Jean Carlos Martínez, abogado de la sargento mayor enviada a prisión al pabellón psiquiátrico del Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres, en San Cristóbal.
El abogado indicó que su representada se encontraba en tratamiento bajo el cuidado permanente y la supervisión de su familia. Sin embargo, desafortunadamente ocurrió la tragedia en la que resultó muerta la menor de 10 años de edad.
“En el caso de nuestra representada, estaba bajo cuidado médico y en el seno de su familia. Con este lamentable hecho que ha ocurrido, lo que queremos es que el tema se enfoque de una manera humana, sin morbo. Lo que hay es un dolor grande en una familia y en el seno de la sociedad”, afirmó el togado.
Medida de coerción a la sargento de la Policía
El hecho ocurrió en el sector Manoguayabo, municipio Santo Domingo Oeste.
La magistrada ordenó que la imputada cumpla la medida en el pabellón de psiquiatría de Najayo Mujeres, luego de que el Ministerio Público le imputara el delito de homicidio voluntario.
La decisión se sustentó, entre otros elementos, en un examen médico que establece que la imputada padece esquizofrenia. Además, familiares de la imputada manifestaron que fue diagnosticada con esa enfermedad hace aproximadamente dos años, según consta en la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano persecutor.
En la solicitud de medida de coerción del Ministerio Público, establece que el pasado 18 de julio, alrededor de la 1:30 de la tarde, la imputada, quien ostenta el rango de sargento mayor de la Policía Nacional, tomó una pulidora eléctrica de mano dentro de la habitación donde se encontraba su hija de 10 años. Posteriormente, conectó la herramienta, se colocó sobre la menor y presuntamente le ocasionó una herida cortante en el cuello.
En ese momento, el hermano de la imputada, Glenny Telleria Alberto, al escuchar los gritos de la niña, entró a la habitación y encontró a su hermana presuntamente hiriendo a la menor con la pulidora eléctrica. De inmediato, la apartó, cargó a la niña en sus brazos y le reclamó: «¡Glenny, por qué hiciste eso!».
Acto seguido, trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia, donde llegó sin signos vitales. De acuerdo con el acta de levantamiento del cadáver, la causa de la muerte fue una herida cortante en el cuello compatible con una lesión ocasionada por una pulidora eléctrica.
Tras el hecho, la imputada fue trasladada bajo custodia policial al Hospital Universitario Docente Central de las Fuerzas Armadas, donde permaneció ingresada hasta este martes. Luego de recibir el alta médica, fue conducida al tribunal, alrededor de las 2:27 de la tarde de este martes, para el conocimiento de la solicitud de medida de coerción.
La niña falleció mientras recibía atenciones médicas en un centro de salud de esa jurisdicción.
SANTO DOMINGO.– Un incremento su produjo este martes en los precios internacionales del petróleo como consecuencia de las persistentes tensiones geopolíticas en Oriente Medio y los riesgos para el suministro mundial de crudo, un escenario que mantiene bajo presión a economías altamente dependientes de las importaciones energéticas, como la República Dominicana.
En la jornada, el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en torno a US$84.34, mientras que el Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, alcanzó US$91.01 por barril, su nivel más alto en varias semanas.
El comportamiento del mercado responde a la incertidumbre generada por la situación en el Mar Rojo y Oriente Medio, donde los riesgos para las rutas de transporte de hidrocarburos han incrementado la volatilidad de los precios. La Agencia Internacional de la Energía (AIE) advirtió que una prolongación de estas tensiones podría afectar el suministro global y provocar nuevas alzas del crudo.
Para la República Dominicana, que importa la totalidad del petróleo que consume, el encarecimiento del crudo representa un desafío para la estabilidad de los precios internos de los combustibles, el costo del transporte, la generación eléctrica y la inflación.
En los últimos meses, el Gobierno ha recurrido a subsidios y ajustes focalizados para mitigar el impacto de las variaciones internacionales sobre los consumidores, una política que también incrementa la presión sobre las finanzas públicas cuando los precios del petróleo permanecen elevados.
Analistas consideran que, si el barril de petróleo continúa por encima de los 90 dólares durante un período prolongado, podrían aumentar los costos de producción y distribución de bienes y servicios, afectando el crecimiento económico y el poder adquisitivo de los hogares.
Las autoridades dominicanas mantienen un seguimiento permanente de la evolución del mercado energético internacional para evaluar su impacto sobre la economía nacional y definir las medidas necesarias para reducir los efectos de la volatilidad en los precios de los combustibles.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva impuso el Juzgado de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste contra la sargento mayor Glenny Tellería Alberto, acusada de causarle la muerte a su hija de 10 años con una pulidora eléctrica, en un hecho ocurrido el pasado sábado 18 de julio en el sector Batey Bienvenido, Manoguayabo.
La jueza Cecilia Toribio dispuso que la imputada cumpla la medida en el área de psiquiatría del Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo-Mujeres, en San Cristóbal, con el fin de que reciba atención médica especializada.
La decisión fue tomada luego de que el tribunal acogiera la solicitud de los fiscales de la Unidad de Procesamiento de Casos y de Delitos contra las Personas de Santo Domingo Oeste, quienes pidieron prisión preventiva como medida de coerción.
El abogado de la defensa, Yan Carlos Martínez, informó que su representada recibía tratamiento psiquiátrico y supervisión familiar desde 2022, y que se encontraba bajo medicación al momento del hecho.
El defensor pidió comprensión ante lo que calificó como una tragedia familiar y social, y llamó a la ciudadanía a prestar mayor atención a la salud mental.
Valoró además que el tribunal haya dispuesto que la mujer permanezca en un centro con atención médica especializada durante el proceso.
El hermano de la acusada, Tony Alexander Eusebio Rodríguez Alberto, quien presenció parte de los hechos, relató que al escuchar gritos entró a la habitación y encontró a la mujer sobre la cama agrediendo a la niña, por lo que intervino y trasladó a la menor al Centro Médico Divina Misericordia de Manoguayabo, donde fue recibida sin signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional arrestaron posteriormente a la mujer en flagrancia, mientras que el Ministerio Público calificó provisionalmente el hecho como una violación a los artículos 295 y 304 del Código Penal dominicano.
Entre las pruebas recolectadas por la Policía Científica figuran la pulidora eléctrica utilizada, el acta de levantamiento de cadáver emitida por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) y testimonios de familiares y agentes actuantes.