Opinión
Disolución voluntaria y forzosa de las Organizaciones de la Sociedad Civil
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1 año agoon
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LA REDACCIÓNPor Rommel Santos Díaz
La disolución de Organizaciones de la Sociedad Civil, así como la liquidación y disposición de sus bienes seguirá las previsiones de sus Estatutos, conforme exprese la voluntad de sus miembros. En caso de liquidación los estatutos y las políticas internas de una OSC establecerán la distribución de sus activos, pudiendo ser transferidos a otras entidades civiles de igual objeto. Los miembros no deben distribuir el patrimonio de la organización entre sí mismos.
La disolución compulsiva como sanción legal, es apropiada excepcionalmente en los casos más graves, que signifiquen una afectación a un interés legítimo reconocido en la Convención Americana de Derechos Humanos, y cuando aplicar medidas menos restrictivas no alcancen para proteger dicho interés.
Los casos de disolución de Organizaciones de la Sociedad Civil han aumentado de manera marcada en algunos países de la región latinoamericana y caribeña. Una tendencia preocupante es un creciente número de confiscaciones de bienes de las organizaciones clausuradas.
Estas tendencias representan una amenaza alarmante al ejercicio de la libertad de asociación en la región de Latinoamérica y Caribe, en algunos casos, Organizaciones de la Sociedad Civil denuncian que se imponen las confiscaciones como castigo político, contrario al derecho de propiedad reconocido por la Convención Americana de Derechos Humanos.
Se puede fomentar el cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos en cuanto a la disolución de Organizaciones de la Sociedad Civil creando regímenes de sanciones apropiadas al interés del Estado del caso y que respeten la voluntad expresada en los estatutos de las mismas.
Procede señalar que el estándar ilustrativo interamericano establece que los Estados deben asegurar un recurso imparcial para casos de suspensión o disolución de las organizaciones no lucrativas.
En el ámbito global, la suspensión y la disolución involuntarias son tal vez las sanciones más graves que las autoridades pueden imponer a una organización. Deben utilizarse únicamente cuando sean insuficientes otras medidas menos restrictivas, y deben regirse por los principios de proporcionalidad y necesidad. Además las asociaciones deberían tener el derecho a interponer recursos contra las decisiones relativas a la suspensión o la disolución ante un tribunal independiente e imparcial.
Las asociaciones pueden ser disueltas por la voluntad de los miembros o por decisión de un tribunal. La disolución voluntaria puede ocurrir cuando se han cumplido las metas y objetivos, o cuando se fusiona con otra asociación o cuando ya no desea operar. La disolución involuntaria requiere la decisión de un tribunal independiente e imparcial.
Finalmente, la disolución por el Estado solo puede darse donde ha existido una violación graves del derecho interno, de conformidad con los tratados internacionales de derechos humanos y como último recurso. El nivel de gravedad requerido solo se da en casos de objetivos legítimos, como donde la asociación en cuestión busca lograr actos coordinados de intimidación masiva de miembros de la población, en casos racialmente motivados, por ejemplo.
Opinión
Se repite la historia de la corrupción administrativa.
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3 días agoon
octubre 3, 2024Por José Cabral
Personajes involucrados con el Partido Revolucionario Moderno (PRM) y muy cercanos del presidente Abinader hoy repiten la historia que por décadas han servido para depredar el patrimonio público de la República Dominicana.
El escándalo de corrupción del Intrant involucra dos personas que penetran las instituciones públicas, no porque tengan méritos para ello, sino por la influencia de sus ascendientes.
José Angel Canaán (Jochy), hijo del periodista Guillermo Gómez, quien a través de su programa “Aeromundo”, que se transmite por Color Visión, sirvió de medio de propaganda del Partido Revolucionario Moderno (PRM) durante la pasada y la antepasada campaña electoral, es el protagonista de la historia de corrupción que involucra sumas muy cuantiosas de las arcas nacionales.
El asunto es tan grave que el imputado penetra los organismos de inteligencia del Estado a través de una empresa privada que opera sobre la base del fraude, pero que además proporcionaba ese tipo de información de seguridad nacional y muy sensible diariamente al propio presidente de la República.
Además, hay que recordar que Guillermo Gómez fue un aliado muy estrecho de Leonel Almonte y del propio presidente durante el Gobierno de su primo Salvador Jorge Blanco.
Es decir, que se trata de lo que muy bien puede decirse un perredeísta histórico, lo cual le sirve para entrar a cualquier círculo del actual gobierno, amén de que es muy amigo del presidente Luis Abinader, en favor de quien hizo campaña también fuera de los medios de comunicación.
Estos datos permiten colegir y entender por qué su hijo a través de lo que domina, que es la tecnología, ha entrado fácilmente a un entorno que tiene que ver con la seguridad nacional, pero además en el caso se puede colegir que ante la acción de dejar sin dejar sin operación una buena cantidad de los semáforos de la capital dominicana el asunto se volvió incontrolable para aquellos conectados con la cima del poder
Jochi había creado fama de tener muchas habilidades para el espionaje y la intervención telefónica de figuras importantes del país, cuya conducta también le ha generado una mala reputación en la sociedad, pero no fue obstáculo para que penetrara mediante contratos instituciones tan sagradas como el Ministerio de Defensa.
Pero ahora este joven buscó aliarse con nada más y nada menos que con un sobrino de una gloria de la televisión nacional, Freddy Beras Goico, Hugo Beras, cuya condición de este último daba una fortaleza a ambos en términos de tráfico de influencia y de imagen que les permitiría conseguir cualquier cosa que se propusieran.
Y exactamente de esa manera planifican estafar al Estado con una suma de dinero en la que sobresale un detalle importante de la corrupción administrativa en el país, que contratos de algo más de cien millones se convierten de buenas a primeras, mediante manipulaciones ilegales, en miles de millones.
Aunque como abogado y periodista no puedo dar como un hecho lo que dice el Ministerio Público y porque más que nada debo acogerme al principio de la presunción de inocencia, pero en razón de que eso es lo que se estila entre los que adquieren algún poder en el país, existen pocas razones para dudar de las imputaciones que a ambos se les hace.
Sin embargo, de cualquier modo que se analice este caso, el mismo envía un mensaje muy contundente a la sociedad, de que a la mayor brevedad posible se debe promover el restablecimiento de valores para contrarrestar un mal que hoy arropa a la toda la nación.
Lo más preocupante del fenómeno es que este mal ya constituye una cultura que no es tan fácil de erradicar, pero de todos modos se impone preguntarse cuántas cosas buenas hubieran hecho estos dos personajes si se hubieran inclinados por el bien en vez de por el mal.
Por Isaías Ramos
En la letra del poeta Antonio Machado, encontramos una verdad profunda y a menudo dolorosa: “todo pasa y todo queda”. En el contexto actual de nuestro país, estas palabras resuenan con una claridad inquietante. Nos encontramos en medio de un deterioro sin precedentes que afecta no solo nuestra economía, sino también la moralidad y la espiritualidad de nuestra sociedad.
La realidad es que vivimos en un ciclo vicioso donde las mismas decisiones erradas son respaldadas por una población ciega ante el sufrimiento colectivo. Este apoyo inquebrantable hacia quienes nos han llevado a la miseria moral, económica y social se manifiesta como una especie de fatalismo; hay quienes creen que el cambio es imposible, mientras que otros prefieren ignorar las evidencias del fracaso.
Sin embargo, esta ceguera voluntaria no hace más que perpetuar un sistema que continúa creando un deterioro social sin precedentes, cargado de desigualdad e injusticia.
El modelo económico impuesto ha demostrado ser adverso a los principios fundamentales consagrados en nuestra constitución. No solo hemos sido testigos del gran endeudamiento nacional bajo este gobierno, que se presenta como el mayor en nuestra historia, sino que también hemos visto cómo se reduce drásticamente la inversión en capital humano y social.
El caos migratorio mantiene nuestros hospitales, escuelas y sectores laborales inundados de extranjeros compitiendo por los servicios y trabajos de los dominicanos que viven en situaciones vulnerables, afectando la tranquilidad de toda la nación.
Asimismo, un sistema de justicia que sentencia a los inocentes y libera a los corruptos y criminales. Las promesas de progreso se desvanecen frente a una realidad palpable: hospitales colapsados, escuelas olvidadas y comunidades sumidas en la extrema pobreza.
Lo realmente alarmante es hacia dónde nos está llevando este sistema político bajo un modelo económico salvaje y brutal. Un sistema que parece estar diseñado para beneficiar únicamente a unos pocos, mientras abandona al resto a su suerte. La falta de acciones concretas para mejorar el bienestar general es evidente; lo único que crece es la desesperanza entre aquellos que luchan diariamente por sobrevivir.
En el Frente Cívico y Social creemos que este hermoso país, rico en recursos humanos y naturales, merece algo mejor. Merece un camino hacia el orden, la justicia y, sobre todo, la igualdad de oportunidades para todos sus ciudadanos. Pero esto solo será posible si comenzamos a cuestionar nuestras elecciones colectivas; si comprendemos que apoyar sin criterio puede llevarnos aún más profundo en esta espiral destructiva.
En el FCS estamos convencidos de que es tiempo de abrir los ojos ante la cruda realidad; es momento de reflexionar sobre qué tipo de futuro queremos construir juntos. Solo así podremos romper las cadenas del miedo y la indiferencia para avanzar hacia un renacer moral, económico y espiritual tan necesario para nuestra nación.
Como bien dice Machado: “todo pasa”, pero no debemos permitir que todo quede inalterado ante nuestros ojos cerrados. Es hora de despertar para exigir cambios significativos antes de perder lo poco que nos queda: nuestra dignidad como pueblo luchador.
Como proyecto cívico y social, hacemos un llamado al pueblo dominicano a exaltar nuestro lema nacional como nunca antes, honrando a Dios sobre todas las cosas, amando nuestra patria como nuestro verdadero hogar y defendiendo nuestra libertad con valentía y arrojo.
Y sobre esa base, construyamos juntos ese renacer moral, económico y espiritual tan necesario para nuestra nación, porque solo unidos podremos enfrentar estos desafíos históricos, poniendo fin al ciclo vicioso descrito anteriormente e iniciando uno nuevo, lleno de esperanza renovada, donde prevalezca finalmente lo justo sobre lo injusto.
¡Despierta, RD!
Por Narcisa Isa Conde
Estamos emplazados a enfrentar el enorme daño cultural que le está haciendo Abinader y su régimen (cada vez más empresarial-religioso), a este pueblo.
En otras oportunidades he escrito y hablado del significado de la leyenda de la Virgen de Las Mercedes como invento de alta jerarquía de Iglesia Católica, cuya aparición durante la batalla del Santo Cerro supuestamente respaldó el genocidio español contra los habitantes originarios del Valle del Cibao; leyenda que ha sido usada durante siglos para justificar la brutal conquista y colonización de esta isla.
Recientemente los medios de comunicación informaron que la Vicepresidenta Raquel Peña encabezó la delegación del gobierno a la ceremonia del Santo Cerro, organizada por la cúpula católica dominicana -olvidándose del Sermón de Montesino y distanciándose del perdón pedido por el Papa Francisco por la complicidad de su iglesia con las matanzas ejecutadas por el imperio español- para seguir celebrando la supuesta aparición de la Virgen de Las Mercedes en respaldo al primer genocidio en esta isla.
Desde el púlpito de la iglesia del Santo Cerro, la vice declaró que estaba allí “sobre todo” para “acompañar a la Virgen de las Mercedes para que siga iluminando el camino de la prosperidad”, que al parecer se inició con aquella masacre.
Raquel es católica de la “teología de la dominación”, muy distante de la “teología de la liberación”, por lo que se explica su actitud. Ella pertenece a la élite capitalista de Santiago y de la PUCAMAIMA, muy vinculada a Agripino y pieza clave de la actual gestión neocolonialista.
No es extraño, pues, que Raquel fuera al Santo Cerro a rendir culto a la virgen inventada por los conquistadores, símbolo de lo mas conservador de la iglesia católica dominicana, para pedirle “ser guía y protección de este pueblo”
Esa actitud es armónica con la segunda figura de un régimen que en la actualidad sirve a la dominación imperialista y apoya a los nuevos conquistadores y colonialistas, con sede en la Casa Blanca; ella encaja muy bien con su complacencia con las mineras depredadoras, las intervenciones de USAID, Comando Sur y FMI, la entrega del Puerto de Manzanillo, el respaldo a Guaidó y al mata sacerdotes González Urrutia, y las alianzas con los Uribe. Noboa, Duque y comparsa.
Pero lo peor no es eso. Lo peor es que Raquel Peña preside el Gabinete de Educación de este país, lo que implica una mayor imposición del dogma religioso contra la ciencia en el sistema educativo, el uso del 4 % para enseñar a no pensar, el aplastamiento de la educación laica y la fusión en mayor escala del estado con la religión.
Estamos emplazados a enfrentar el enorme daño cultural que le está haciendo Abinader y su régimen (cada vez más empresarial-religioso), a este pueblo.