La profesional y sus hijos, de 12 y 7 años, sufrieron graves quemaduras en un apartamento del Distrito Nacional al que se habían mudado menos de 24 horas antes. Familiares reclaman investigar posibles fallas en las instalaciones de gas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Una odontóloga de 37 años y sus dos hijos menores de edad permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos tras resultar gravemente heridos durante una explosión ocurrida en un apartamento del residencial Andares del Mirador, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

La profesional fue identificada como Loida Díaz Lima, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 30 % de su cuerpo, mientras sus hijos, un niño de 12 años y una niña de 7, presentan lesiones de mayor gravedad.

El incidente ocurrió la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026, menos de 24 horas después de que la familia se trasladara a su nueva vivienda.

Los familiares denunciaron posibles irregularidades en las instalaciones del apartamento y solicitaron una investigación que permita establecer las causas de la explosión y determinar si existieron negligencias durante la construcción.

Menores permanecen intubados y bajo vigilancia médica

Los dos niños reciben atención especializada en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, donde permanecen bajo ventilación mecánica debido a la gravedad de las lesiones.

La directora del centro hospitalario, Mabel Jones Luciano, informó que ambos presentan una leve mejoría, aunque su condición continúa siendo delicada.

El niño sufrió quemaduras en aproximadamente el 50 % de su superficie corporal, mientras que su hermana presenta lesiones en el 30 %.

Los menores registran quemaduras de segundo y tercer grado, además de afectaciones en las vías respiratorias provocadas por la inhalación de humo caliente.

En tanto, su madre permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar, donde se encuentra estable dentro de su condición clínica.

Familia sospecha fallas en tuberías de gas

Kenia Díaz Lima, hermana de la odontóloga, explicó que la familia había adquirido el apartamento mediante financiamiento y se había mudado durante la tarde del jueves 5 de noviembre.

Según las informaciones preliminares recibidas por los familiares, la explosión pudo originarse por una acumulación de gas dentro de la vivienda.

La familia presume que algunas tuberías destinadas a la conexión de electrodomésticos carecían de tapas de seguridad, lo que habría permitido el escape del combustible.

También planteó la posibilidad de que una chispa eléctrica generada al conectar un bebedero desencadenara la explosión.

Sin embargo, estas hipótesis todavía no han sido confirmadas oficialmente, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones técnicas.

Autoridades realizan levantamientos en el apartamento

Miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), especialistas en explosivos y personal del Cuerpo de Bomberos realizaron inspecciones en el inmueble para determinar el origen del incidente.

La explosión ocasionó importantes daños materiales, incluyendo afectaciones en puertas, ventanales, cristales y otras estructuras del apartamento.

Los investigadores deberán establecer si existieron fugas de gas, deficiencias en las instalaciones, incumplimientos de normas de seguridad o cualquier otra circunstancia que pudiera haber contribuido al accidente.

Familia anuncia posibles acciones legales

Los familiares manifestaron su intención de emprender acciones legales si las investigaciones determinan que la explosión fue consecuencia de fallas de construcción, instalaciones defectuosas u otras actuaciones negligentes.

También solicitaron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan.

El caso plantea interrogantes sobre los controles de seguridad que deben observarse antes de entregar una vivienda, especialmente en lo relacionado con las instalaciones de gas y electricidad.

La eventual existencia de responsabilidad civil o penal dependerá de los resultados de los peritajes y de las pruebas que se obtengan durante las investigaciones.

Familiares mantienen esperanza de recuperación

Mientras las autoridades continúan las investigaciones, los familiares concentran sus esfuerzos en acompañar la evolución médica de la odontóloga y sus dos hijos.

Los parientes agradecieron las manifestaciones de solidaridad y las oraciones recibidas, al tiempo que expresaron su esperanza de que los tres puedan superar las graves lesiones sufridas.

La tragedia ha generado preocupación sobre la seguridad de las instalaciones residenciales y la importancia de realizar inspecciones técnicas que permitan prevenir accidentes capaces de poner en peligro la vida de familias enteras.

Equipos electrónicos y sustancias químicas figuran entre los objetos ocupados durante los allanamientos realizados en San Francisco de Macorís. El imputado enfrenta cargos relacionados con terrorismo y amenazas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, acusado de presuntamente planificar un atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader, que habría sido programado para el pasado 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución.

De acuerdo con las autoridades, durante los allanamientos realizados como parte de las investigaciones fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que están siendo sometidos a evaluaciones para determinar su posible vinculación con los hechos denunciados.

La investigación también hace referencia a armas de fuego, pertrechos militares y posibles artefactos explosivos, aunque los informes oficiales consultados no precisan que todos estos elementos hayan sido efectivamente incautados.

Fiscalía investiga presunta planificación de atentado

El expediente del Ministerio Público establece que el supuesto ataque habría sido planificado para ejecutarse en la sede del Congreso Nacional, coincidiendo con las actividades conmemorativas del 182 aniversario de la Constitución dominicana.

Las autoridades sostienen que recibieron informaciones de organismos de inteligencia sobre presuntas amenazas contra el mandatario, lo que motivó la apertura de una investigación penal.

El imputado fue arrestado mediante una orden judicial emitida por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.

Las diligencias estuvieron a cargo de los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, con el apoyo de organismos especializados de inteligencia.

Allanaron vivienda y establecimiento comercial

Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron allanamientos en la residencia del acusado y en la Ferretería Molina, establecimiento ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch, donde labora De la Cruz Sosa.

Durante los operativos se ocuparon equipos electrónicos, entre ellos dispositivos que podrían contener información relevante para esclarecer las presuntas amenazas.

Los investigadores también examinan sustancias químicas incautadas, con el propósito de establecer su naturaleza y determinar si guardan relación con la supuesta planificación de actos violentos.

Los materiales permanecen sujetos a evaluaciones técnicas, por lo que su ocupación no constituye, por sí sola, una demostración de que existiera un plan terrorista ejecutable.

Imputación por terrorismo agrava situación judicial

El Ministerio Público atribuye al acusado infracciones relacionadas con terrorismo y amenazas contra el jefe del Estado.

Según la información difundida, determinadas modalidades del delito de terrorismo pueden contemplar sanciones que alcanzan los 40 años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica aplicable y de los hechos que lleguen a demostrarse.

Sin embargo, la imposición de cualquier sanción dependerá del desarrollo del proceso judicial, la valoración de las pruebas y una eventual sentencia condenatoria.

Conocerán medida de coerción este martes

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís tiene previsto conocer este martes 10 de noviembre de 2026 la solicitud de medida de coerción contra De la Cruz Sosa.

La audiencia fue aplazada anteriormente, mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el imputado por los hechos investigados.

Durante esta etapa, el tribunal deberá evaluar los elementos presentados por el órgano acusador, las posiciones de la defensa y los presupuestos legales necesarios para determinar la medida cautelar correspondiente.

Investigación continúa bajo supervisión judicial

El caso ha generado atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y a que involucra presuntas amenazas contra el presidente de la República.

No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar si las pruebas obtenidas permiten establecer la existencia de un plan delictivo y la eventual responsabilidad penal del investigado.

De la Cruz Sosa conserva el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso, garantías que deben observarse durante todas las etapas de la investigación y del procedimiento judicial.

El expediente judicial atribuye a los investigados supuestas funciones de coordinación, reclutamiento y organización de reuniones. El presunto ataque habría sido planificado para el 6 de noviembre, durante la conmemoración del Día de la Constitución.

SANTIAGO, República Dominicana. – Al menos diez personas figuran en una investigación del Ministerio Público por su presunta vinculación con un plan para ejecutar un atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader, supuestamente previsto para este viernes 6 de noviembre de 2026.

De acuerdo con una solicitud de medida de coerción contenida en un expediente de 57 páginas, las autoridades investigan la existencia de una presunta estructura organizada cuyos integrantes habrían desempeñado distintas funciones para coordinar un posible ataque contra el mandatario.

Las indagatorias señalan que el supuesto atentado habría sido planificado para coincidir con los actos conmemorativos del Día de la Constitución, presuntamente en las instalaciones del Congreso Nacional.

Identifican a diez personas relacionadas con la investigación

El expediente señala a Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, como principal investigado y presunto coordinador de parte de las actividades relacionadas con el supuesto plan.

También menciona a Leomar Antonio Brens Moya, Michael García, Sucette Franshelle Miqui Salcedo, Sobeida María Baldera Peña, Robinzon Montero Montero, Miguel Odanis Peralta Susana, Ismael Amadis Torres, Ramón Antonio Olaverría Rosario e Isaac Rafael Encarnación.

Según el Ministerio Público, las personas señaladas habrían participado, en distintos niveles, en actividades relacionadas con reuniones, intercambio de informaciones, reclutamiento y asignación de responsabilidades.

No obstante, la inclusión de sus nombres en el expediente no constituye una declaración judicial de culpabilidad ni demuestra, por sí sola, su participación en los hechos investigados.

Investigan presunta coordinación mediante plataformas digitales

De acuerdo con las indagatorias, los investigadores identificaron comunicaciones relacionadas con la supuesta planificación del atentado y conversaciones sobre posibles acciones contra el jefe de Estado.

El expediente hace referencia a intercambios de información vinculados con materiales que podrían utilizarse para fabricar artefactos explosivos, así como con la vigilancia de los desplazamientos presidenciales.

Las autoridades también investigan si existieron acuerdos concretos para ejecutar el supuesto ataque o si las comunicaciones identificadas constituyeron amenazas y manifestaciones de intención sin actos de ejecución.

Ministerio Público atribuye distintas funciones a los señalados

Entre las personas mencionadas figura Leomar Antonio Brens Moya, a quien las notas de inteligencia relacionan con comentarios acerca de un posible ataque sorpresa.

También aparece Sucette Franshelle Miqui Salcedo, residente en Estados Unidos, quien, según el expediente, habría tenido la responsabilidad de promover movilizaciones y reclutar participantes en el estado donde reside.

A Isaac Rafael Encarnación, conocido como «la Fórmula», los investigadores le atribuyen supuestas labores de convocatoria de reuniones y asignación de tareas.

Asimismo, figura Ramón Antonio Olaverría Rosario, identificado con el alias de «el Teca».

En el caso de Sobeida María Baldera Peña, el expediente señala que presuntamente administraba un grupo de WhatsApp utilizado para promover convocatorias a manifestaciones.

Los demás mencionados también forman parte de las diligencias investigativas desarrolladas por las autoridades para determinar si existieron vínculos con el supuesto plan.

Dos personas fueron detenidas durante las investigaciones

De acuerdo con las informaciones divulgadas, Delvinson de la Cruz Sosa permanece detenido y enfrenta una solicitud de tres meses de prisión preventiva presentada por el Ministerio Público bajo una imputación de terrorismo.

El imputado fue arrestado durante un allanamiento realizado en San Francisco de Macorís, provincia Duarte, donde las autoridades ocuparon equipos electrónicos y sustancias químicas que están siendo evaluados como posibles evidencias.

Por su parte, otro de los señalados se presentó voluntariamente ante las autoridades policiales, mientras continúa el proceso de investigación.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción contra De la Cruz Sosa fue aplazada para el martes 10 de noviembre de 2026, a las 4:00 de la tarde.

Defensa niega participación en el supuesto atentado

Delvinson de la Cruz Sosa ha rechazado públicamente conocer el supuesto plan atribuido por las autoridades y ha remitido a sus abogados las preguntas relacionadas con las acusaciones.

De igual manera, otro de los investigados que compareció voluntariamente ante la Policía negó haber participado en una conspiración contra el mandatario y sostuvo que sus contactos con el principal sospechoso estuvieron relacionados con actividades laborales.

Estas declaraciones forman parte de las posiciones de los investigados y deberán ser examinadas junto con los elementos probatorios que presente el Ministerio Público.

Investigación deberá determinar responsabilidades individuales

La investigación continúa abierta para establecer si existió una estructura destinada a ejecutar actos terroristas y cuál habría sido la participación concreta de cada una de las personas señaladas.

Desde el punto de vista jurídico, las autoridades deberán determinar la naturaleza de las actuaciones investigadas y distinguir entre amenazas, actividades de protesta, posibles acuerdos delictivos y conductas que puedan constituir infracciones penales.

El derecho a la manifestación pacífica y a la libertad de expresión está protegido por la Constitución, mientras que las amenazas y los actos de violencia deben investigarse conforme a las disposiciones legales correspondientes.

Por el momento, las acusaciones permanecen sujetas al conocimiento de los tribunales y todas las personas investigadas conservan la presunción de inocencia, el derecho de defensa y las garantías del debido proceso.

El caso ha generado atención pública por la gravedad de las imputaciones y por involucrar la seguridad del presidente de la República, mientras se espera que las autoridades presenten las pruebas que sustenten sus señalamientos ante los órganos judiciales competentes.