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DNCD decomisa 100 paquetes de cocaína dentro de contenedor en puerto de Manzanillo: 6 en Pedernales y apresa un venezolano con dólares
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó 100 paquetes de un polvo blanco presumiblemente cocaína o heroína, encontrados ocultos dentro de un contenedor en una embarcación enclavada en el puerto del municipio de Manzanillo, provincia Montecristi, y cuyo destino final era el vecino país de Haití.
La información la ofreció el vocero de la agencia antidrogas, Miguel Medina, quien además informó sobre la ocupación de otros seis kilogramos de un sustancia que se presume es cocaína y/o heroína a dos hombres apresados en momentos que se transportaban a bordo de una camioneta marca Toyota Tacoma, color Blanco, propiedad de uno de ellos en los alrededores del Parque Eólico de la Provincia de Pedernales.
En tanto que miembros de la DNCD, el Ministerio Público y con la asistencia de informaciones e inteligencia de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), ocuparon también una indeterminada cantidad de dólares a un venezolano que presuntamente está ligado a actividades de narcotráfico, arrestado a bordo de una jeepeta en el parqueo de un centro comercial de la Avenida Luperón, en el Distrito Nacional.
La DNCD dijo que los 100 paquetes ocupados en el Puerto de Manzanillo fueron encontrados dentro de cuatro bultos a bordo de la embarcación Ivory Girl, que llegó al país procedente de Bélgica en tránsito hacia la vecina nación de Haití.
La agencia antinarcóticos precisó que el importante decomiso fue posible gracias a una intensa labor de inteligencia realizada por el DNI, conjuntamente con su Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), la División Regional Norte con asiento en Santiago de los Caballeros y miembros del Ejército de la República Dominicana, la colaboración oportuna de las autoridades de Aduanas y el apoyo de soldados del Centro Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP).
La parte jurídica de la operación fue supervisada por la magistrada Dinorah Liberato, procuradora interina de la provincia de Montecristi, el fiscal adjunto Milio Francisco Martínez y la fiscalizadora Katiuska Báez, quienes dispusieron el trasladado del alijo a la sede central de la DNCD, desde donde posteriormente será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo de la droga ocupada.
El organismo refirió que continúa profundizando las investigaciones para determinar responsabilidades en torno al cargamento ocupado y su posible vínculo con alguna red de narcotráfico internacional.
Los seis kilogramos ocupados a dos hombres en Pedernales.
En cuanto a los seis kilogramos ocupados a dos hombres en Pedernales, la DNCD indicó que dichos individuos fueron apresados en medio de un operativo hecho en los alrededores del Parque Eólico de esa provincia, en momentos que ambos se transportaban a bordo de la camionera marca Toyota Tacoma, color Blanco, Placa No. L317685, propiedad de uno de ellos.
Los seis paquetes de la referida sustancia estaban en el interior de una mochila de color negro que llevaban a bordo de la mencionada camioneta, la cual le fue confiscada. Al chofer, se le ocupó en su cintura la pistola marca Tanfoglio, calibre 9mm, serie No. Z11394, con un cargador y seis (06) capsulas, además de la suma de RD$8,550.00 pesos en diferentes denominaciones.
Indeterminada cantidad de dólares ocupados a un venezolano.
Por otro lado, el organismo antinarcóticos comunicó que una indeterminada cantidad de dólares le fue ocupada a un nacional venezolano arrestado en el paqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Luperón, en la capital.
Se trata de dos fardos de dólares ocupados en un operativo hecho en presencia de Nelson Beltre, magistrado Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo y con la asistencia de inteligencia de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), estaban dentro de una funda plástica de color negro que el extranjero tenía a bordo de una jeepeta marca Hyundai Santa Fe GLS, año 2007, de color azul, placa No. G259215 vehículo que también le fue confiscado por las autoridades.
La DNCD y DEA sindican al nacional venezolano como parte de una red ligada a actividades de narcotráfico internacional, razón por la que se le dio seguimiento y se procedió a su apresamiento. También se le ocupó cuatro teléfonos móviles de distintas marcas y documentos personales.
Se informó que el Banco de Reservas hará el conteo oficial del dinero ocupado y determinará cuál es la cantidad exacta, lo cual será comunicado a los medios de comunicación en las próximas horas.
Nacionales
Fiscal acusado de corrupción tenia millones, cheques y dólares que son pruebas en su contra.
Santo Domingo, R.D.-Una copia de un cheque de administracion superior al millón de pesos, además de los 10 mil dólares que fueron incautados al fiscal Aurelio Valdez Alcántara y presentados como evidencia del presunto soborno que recibió, el Ministerio Público presentó otras pruebas en el caso.
Asimismo, la Dirección de Persecución afirma haberle incautado un recibo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) a su nombre correspondiente a una transferencia inmobiliaria, cuyo contrato de venta asciende a 6 millones de pesos.
El cheque y el recibo de la transferencia del inmueble tienen como fechas el 17 y 23 de diciembre de 2025, tres meses antes de Valdez Alcántara ser detenido. Les fueron ocupados durante un allanamiento a su residencia en Santo Domingo Este.
Su apresamiento se ejecutó «en flagrante delito» en una entrega controlada por la Procuraduría General. Según la imputación, ejerció coacción continua contra el exgerente de Atención al Usuario del Senasa, Roberto Canaán Acta, para que este accediera a la entrega de lo que le pedía.
La solicitud de medida de coerción también menciona «un recibo de depósito de cheques de fecha 15 de mayo de 2024 del Banco de Reservas» de más de 571 mil pesos «a nombre de Aurelio Valdez Alcántara» como otro de los comprobantes incautados en el allanamiento a su domicilio.
Contra el fiscal se solicita un año de prisión preventiva, como medida de coerción, audiencia que ha sido aplazada en dos ocasiones, la última vez el martes 7 de este mes de abril, cuando se postergó para el próximo viernes 10.
En las descripciones de las pruebas en el expediente, se menciona, igualmente, una solicitud de liquidación de préstamo hipotecario, de fecha 17 de diciembre del 2025, emitida por una entidad financiera a Valdez Alcántara sobre un inmueble ubicado en el sector Tropical del Este. El «crédito hipotecario» es de un valor de 4 millones de pesos.
En su residencia se ocupó también «la cantidad de 20 billetes de cien dólares para un total de 2,000,00 dólares americanos».
Los 10 mil dólares atribuidos al soborno, el Ministerio Público indica que les fueron hallados en el sunroof (ventana del techo del vehículo) luego de su reunión con Canaán Acta, en horas de la tarde del 27 de marzo, en el área de parqueos del cuarto piso de una plaza comercial en el Distrito Nacional.
Según el Ministerio Público, el fiscal Aurelio Valdez Alcántara «advirtió a Canaán sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno» consistente en 200 mil dólares, los cuales luego les bajó a 150 mil.
Exigía el dinero»a cambio de alterar el curso de los procesos de investigación puestos a su cargo».
El procurador fiscal entró a formar parte en el Ministerio Público en agosto del 2017 y, en el 2020, al equipo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en donde «se incorporó a la investigación y a la litigación de varios procesos», informa el mismo expediente judicial.
Santo Domingo, R.D.-Las lluvias que se han producidos en las últimas horas en el país causaron daños a las instalaciones de la Embajada de Estados Unidos en Santo Domingo.
Fotos panorámicas fueron proporcionados a los medios de comunicacion del derrumbe de una pared que rodea la residencia de varios diplomáticos de la embajada, próximo a la avenida República de Colombia. También se observan residuos acumulados sobre un puente que cruza la parte trasera de la propiedad.
La embajada respondió a una solicitud de información indicando que se encuentra evaluando la situación junto a las autoridades dominicanas.
«Estamos al tanto de reportes sobre posibles daños en propiedades de la Embajada tras las recientes condiciones climáticas. La seguridad de nuestro personal y visitantes es nuestra prioridad, y nos encontramos evaluando y gestionando la situación en coordinación con autoridades dominicanas», afirmó Michelle Angulo, vocera de la Embajada de Estados Unidos.
La mañana de este miércoles, el Gran Santo Domingo amaneció afectado debido a las intensas lluvias registradas durante gran parte de la madrugada, producto de los efectos de una vaguada que incide sobre el territorio nacional.
Desde tempranas horas, residentes en distintos sectores del Distrito Nacional, así como en Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste, reportaron inundaciones en calles y viviendas, lo que ha dificultado significativamente el desplazamiento hacia sus lugares de trabajo y centros educativos.
- Mientras tanto, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que las condiciones del tiempo continuarán influenciadas por una vaguada. Sin embargo, prevé que comiencen a disminuir de forma gradual durante el transcurso de la tarde, especialmente en el Gran Santo Domingo.
A través de una nota de prensa, el meteorólogo del Indomet, Heriberto Fabián, explicó que se registran aguaceros de moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, principalmente en las regiones noreste, sureste —incluido el Gran Santo Domingo—, la zona fronteriza y parte del suroeste.
En cuanto a las alertas meteorológicas, la entidad mantiene bajo alerta a las provincias San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.
SANTO DOMINGO.- Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, al cumplirse el primer aniversario de la tragedia del Jet Set, declaró que el Ministerio Público tiene la misión constitucional de tutelar los derechos de las víctimas y evitar que el proceso judicial se convierta en un ejercicio de dilaciones innecesarias.
Reynoso subrayó que las aproximadamente 400 víctimas, entre fallecidos y heridos, así como sus familiares y la sociedad dominicana en general, tienen el derecho inalienable a recibir una respuesta judicial en un tiempo oportuno.
Recordó que este caso que afecta a cientos de víctimas directas, a la vez mantiene en vilo a miles de ciudadanos y a la sociedad en general, que, en uso legítimo de sus derechos a una respuesta del sistema de justicia, demandan transparencia y celeridad.
“Las víctimas merecen una respuesta en un plazo razonable. Estamos hablando de un dolor que afecta a miles de personas, y el sistema de justicia tiene la obligación de responder a ese clamor sin permitir que se abuse de manera indebida de las vías procesales para entorpecer el fondo del proceso”, manifestó la procuradora.
La máxima autoridad del Ministerio Público calificó como totalmente innecesario el pedido de contraperitaje solicitado por la defensa de los acusados, así como su autorización por parte del tribunal.
Reynoso señaló que el argumento de un supuesto explosivo carece de fundamento técnico frente a un expediente robusto que contiene evidencias contundentes sobre las fallas estructurales del edificio que alojaba el Jet Set.
Además, indicó que los propietarios sobrecargaron el techo, el cual no fue concebido para el cambio de uso ni la sobrecarga que colocaron los acusados Antonio Espaillat López y Maribel Espaillat.
Berenice sostuvo que, si los acusados están compungidos y sienten respeto por la dignidad de las víctimas, no deberían entorpecer el conocimiento del fondo del proceso, solicitando contraperitajes absurdos.
“Sus acciones muestran total incoherencia con sus palabras”, afirmó Reynoso.
Indicó que resulta jurídicamente irrelevante pretender evaluar la carbonatación del concreto o realizar otros estudios geofísicos profundos, cuando la estructura ya había emitido señales inequívocas de fatiga mecánica, que fueron previamente advertidas y deliberadamente ignoradas por los responsables del local.
Recordó que la ciencia de la ingeniería forense establece que, ante un cuadro de fallas visibles y progresivas, la causa jurídica no reside en la microestructura del material, sino en la falta de medidas de mitigación inmediatas.
“Por tanto, someter el proceso a pruebas de cromatografía de gases para detectar explosivos o estudios de suelos kársticos sin que exista un solo indicio fáctico que los sustente, solo es un ejercicio de especulación técnica que busca distar sobre la responsabilidad y postergar, injustificadamente, la decisión judicial sobre un evento lamentable cuya peligrosidad era previsible y evitable”, aseveró Reynoso.
La procuradora general de la República enfatizó que el debido proceso jamás puede ser una prerrogativa exclusiva de los imputados, sino un derecho fundamental que asiste a todas las partes involucradas en el proceso penal.
Bajo esta premisa, Reynoso sostuvo que el acceso a una justicia pronta y cumplida constituye la tutela judicial efectiva a la que tienen derecho todas las víctimas y la sociedad en su conjunto.
“El debido proceso es una garantía de las partes; así como protege la presunción de inocencia, también protege el derecho de las víctimas a que su causa sea conocida sin dilaciones indebidas y bajo el principio de razonabilidad”, indicó.
“Dilatar el proceso con argumentos que contradicen la evidencia técnica, más que ejercer un derecho de defensa constituye una franca vulneración del derecho de las víctimas a la verdad y a la reparación”, puntualizó Yeni Berenice Reynoso.
La procuradora general de la República garantizó que el Ministerio Público agotará todas las medidas dentro de su ámbito de competencia para asegurar que las víctimas reciban la decisión judicial a la que tienen derecho.
Sostuvo que el órgano persecutor reafirma su firme compromiso con las víctimas y ha presentado un expediente sólido que sustenta la responsabilidad penal de los involucrados.
Al mismo tiempo, dijo, se mantendrá vigilante ante cualquier intento de desvirtuar los hechos con teorías alejadas de la realidad técnica y científica del caso.