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DNCD decomisa 100 paquetes de cocaína dentro de contenedor en puerto de Manzanillo: 6 en Pedernales y apresa un venezolano con dólares
SANTO DOMINGO.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) decomisó 100 paquetes de un polvo blanco presumiblemente cocaína o heroína, encontrados ocultos dentro de un contenedor en una embarcación enclavada en el puerto del municipio de Manzanillo, provincia Montecristi, y cuyo destino final era el vecino país de Haití.
La información la ofreció el vocero de la agencia antidrogas, Miguel Medina, quien además informó sobre la ocupación de otros seis kilogramos de un sustancia que se presume es cocaína y/o heroína a dos hombres apresados en momentos que se transportaban a bordo de una camioneta marca Toyota Tacoma, color Blanco, propiedad de uno de ellos en los alrededores del Parque Eólico de la Provincia de Pedernales.
En tanto que miembros de la DNCD, el Ministerio Público y con la asistencia de informaciones e inteligencia de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), ocuparon también una indeterminada cantidad de dólares a un venezolano que presuntamente está ligado a actividades de narcotráfico, arrestado a bordo de una jeepeta en el parqueo de un centro comercial de la Avenida Luperón, en el Distrito Nacional.
La DNCD dijo que los 100 paquetes ocupados en el Puerto de Manzanillo fueron encontrados dentro de cuatro bultos a bordo de la embarcación Ivory Girl, que llegó al país procedente de Bélgica en tránsito hacia la vecina nación de Haití.
La agencia antinarcóticos precisó que el importante decomiso fue posible gracias a una intensa labor de inteligencia realizada por el DNI, conjuntamente con su Centro de Información y Coordinación Conjunta (CICC), la División Regional Norte con asiento en Santiago de los Caballeros y miembros del Ejército de la República Dominicana, la colaboración oportuna de las autoridades de Aduanas y el apoyo de soldados del Centro Especializado de Seguridad Portuaria (CESEP).
La parte jurídica de la operación fue supervisada por la magistrada Dinorah Liberato, procuradora interina de la provincia de Montecristi, el fiscal adjunto Milio Francisco Martínez y la fiscalizadora Katiuska Báez, quienes dispusieron el trasladado del alijo a la sede central de la DNCD, desde donde posteriormente será enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para determinar el tipo de la droga ocupada.
El organismo refirió que continúa profundizando las investigaciones para determinar responsabilidades en torno al cargamento ocupado y su posible vínculo con alguna red de narcotráfico internacional.
Los seis kilogramos ocupados a dos hombres en Pedernales.
En cuanto a los seis kilogramos ocupados a dos hombres en Pedernales, la DNCD indicó que dichos individuos fueron apresados en medio de un operativo hecho en los alrededores del Parque Eólico de esa provincia, en momentos que ambos se transportaban a bordo de la camionera marca Toyota Tacoma, color Blanco, Placa No. L317685, propiedad de uno de ellos.
Los seis paquetes de la referida sustancia estaban en el interior de una mochila de color negro que llevaban a bordo de la mencionada camioneta, la cual le fue confiscada. Al chofer, se le ocupó en su cintura la pistola marca Tanfoglio, calibre 9mm, serie No. Z11394, con un cargador y seis (06) capsulas, además de la suma de RD$8,550.00 pesos en diferentes denominaciones.
Indeterminada cantidad de dólares ocupados a un venezolano.
Por otro lado, el organismo antinarcóticos comunicó que una indeterminada cantidad de dólares le fue ocupada a un nacional venezolano arrestado en el paqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Luperón, en la capital.
Se trata de dos fardos de dólares ocupados en un operativo hecho en presencia de Nelson Beltre, magistrado Procurador Fiscal de la provincia Santo Domingo y con la asistencia de inteligencia de la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), estaban dentro de una funda plástica de color negro que el extranjero tenía a bordo de una jeepeta marca Hyundai Santa Fe GLS, año 2007, de color azul, placa No. G259215 vehículo que también le fue confiscado por las autoridades.
La DNCD y DEA sindican al nacional venezolano como parte de una red ligada a actividades de narcotráfico internacional, razón por la que se le dio seguimiento y se procedió a su apresamiento. También se le ocupó cuatro teléfonos móviles de distintas marcas y documentos personales.
Se informó que el Banco de Reservas hará el conteo oficial del dinero ocupado y determinará cuál es la cantidad exacta, lo cual será comunicado a los medios de comunicación en las próximas horas.
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.