Nacionales
DNCD decomisa 1,502 paquetes de cocaína
LA DROGA ESTABA OCULTA EN EL INTERIOR DE UNA EMBARCACIÓN
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Armada Dominicana y la coordinación del Ministerio Público, decomisó 1,502 paquetes de un polvo blanco que se presume es cocaína, los cuales eran transportados en un barco el pasado 31 de diciembre.
El vocero de la DNCD, Carlos Devers, explicó que las autoridades dominicanas, junto a países aliados, daban seguimiento a un buque con alto perfil sospechoso que fue int e r c e p t a d o por Unidades Navales de Holanda y Estados Unidos en aguas internacionales y escoltado bajo estrictas medidas de seguridad por miembros de la Armada Dominicana al Puerto de Sans Souci en Santo Domingo.
Solo en el mes de diciembre la DNCD decomisó más de 3,500 kilos de cocaína, superando significativamente las ocupaciones del año anterior.
Cargamento. Los 1,502 paquetes de cocaína eran transportados en una embarcación que fue apresada el 31 de diciembre pasado
“Después de 48 horas ininterrumpidas de intensa búsqueda, agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Publico decomisaron los más de 1,500 paquetes de la sustancia ocultos en el interior de la embarcación”, dijo Devers.
Hay 12 presos Sostuvo que la droga está en poder de las autoridades, y que en ese operativo fueron detenidas 12 personas, que formaban parte de la tripulación de barco, entre los que figuran colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragu¨enses, hondureños y dominicanos.
Los implicados en este caso están siendo entregados al Ministerio Publico para ser sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, mientras que las autoridades amplían el proceso investigativo para detener a otros miembros de esta red de tráfico ilícito de drogas, señala la agencia en un comunicado de prensa.
El cargamento de la sustancia que se presume cocaína fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para someterlo a los análisis correspondientes.
La DNCD destacó el firme apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y otras agencias de seguridad e inteligencia, así como la cooperación internacional, lo que ha dado como resultado duros golpes al narcotráfico internacional, evitando que grandes cargamentos de drogas puedan ser introducidos a territorio dominicano.
PAÍS SIGUE SIENDO UN PUENTE DE TRÁFICO
Un reportaje publicado por Listín Diario el 27 de diciembre pasado estableció que al menos 2,014 kilogramos de cocaína habían sido decomisados tan solo en lo que iba de ese mes el país, lo que ponía en evidencia el esfuerzo que hacen las autoridades dominicanas por combatir el tráfico ilegal de esa sustancia, pero también revela que el país sigue siendo uno de los territorios utilizados para llevar la droga de Sudamérica a los mercados norteamericanos y europeos.
Asímismo, que pese a la implementación de nuevos radares y otros equipos para el combate del tráfico de drogas, el apoyo estadounidense y los acuerdos regionales e internacionales concertados para combatir el flagelo, la República Dominicana sigue siendo uno de los puentes preferidos de los carteles.
listindiario.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
Aunque aseguran que por temor los casos no llegan ante el Ministerio de Trabajo ni a la Policía.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
En ese sentido, las sindicalistas consideraron oportuno la habilitación de mecanismos para prevenir ese tipo de violencia contra la mujer.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
En segundo lugar, se produce una burocracia parlamentaria innecesaria. Las comisiones deben volver a estudiar los mismos proyectos, emitir informes que ya habían hecho, realizar nuevas vistas públicas sobre textos que ya fueron conocidos. El Pleno del Senado o de la Cámara de Diputados debe volver a leer, discutir y votar los mismos artículos. Todo ese tiempo y esfuerzo se desperdicia, y mientras tanto otros temas, nuevos y urgentes, quedan rezagados.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Peor aún, se congestiona la agenda legislativa con proyectos repetidos. Las comisiones se llenan de iniciativas reintroducidas. Los equipos legislativos trabajan más en recuperar lo que ya se hizo que en construir propuestas nuevas. Se pierde visión estratégica. El Congreso entra en un círculo vicioso de tramitología, donde el proceso se impone al propósito.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
Ante esta realidad, la solución es clara: reformar el Reglamento del Senado y el artículo 104 de la Constitución para permitir que los proyectos de ley mantengan su vigencia durante todo el cuatrienio constitucional, no apenas por un año. Que los esfuerzos legislativos no se pierdan por formalismos, sino que avancen hasta ser aprobados o rechazados de forma expresa. Que el Congreso legisle con seriedad, sin premura artificial ni dilaciones forzadas.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.