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DNCD decomisa 1,502 paquetes de cocaína
LA DROGA ESTABA OCULTA EN EL INTERIOR DE UNA EMBARCACIÓN
Santo Domingo.- La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), con el apoyo de la Armada Dominicana y la coordinación del Ministerio Público, decomisó 1,502 paquetes de un polvo blanco que se presume es cocaína, los cuales eran transportados en un barco el pasado 31 de diciembre.
El vocero de la DNCD, Carlos Devers, explicó que las autoridades dominicanas, junto a países aliados, daban seguimiento a un buque con alto perfil sospechoso que fue int e r c e p t a d o por Unidades Navales de Holanda y Estados Unidos en aguas internacionales y escoltado bajo estrictas medidas de seguridad por miembros de la Armada Dominicana al Puerto de Sans Souci en Santo Domingo.
Solo en el mes de diciembre la DNCD decomisó más de 3,500 kilos de cocaína, superando significativamente las ocupaciones del año anterior.
Cargamento. Los 1,502 paquetes de cocaína eran transportados en una embarcación que fue apresada el 31 de diciembre pasado
“Después de 48 horas ininterrumpidas de intensa búsqueda, agentes de la DNCD y miembros del Ministerio Publico decomisaron los más de 1,500 paquetes de la sustancia ocultos en el interior de la embarcación”, dijo Devers.
Hay 12 presos Sostuvo que la droga está en poder de las autoridades, y que en ese operativo fueron detenidas 12 personas, que formaban parte de la tripulación de barco, entre los que figuran colombianos, venezolanos, cubanos, nicaragu¨enses, hondureños y dominicanos.
Los implicados en este caso están siendo entregados al Ministerio Publico para ser sometidos a la justicia por violación a la ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, mientras que las autoridades amplían el proceso investigativo para detener a otros miembros de esta red de tráfico ilícito de drogas, señala la agencia en un comunicado de prensa.
El cargamento de la sustancia que se presume cocaína fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) para someterlo a los análisis correspondientes.
La DNCD destacó el firme apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la Procuraduría General de la República y otras agencias de seguridad e inteligencia, así como la cooperación internacional, lo que ha dado como resultado duros golpes al narcotráfico internacional, evitando que grandes cargamentos de drogas puedan ser introducidos a territorio dominicano.
PAÍS SIGUE SIENDO UN PUENTE DE TRÁFICO
Un reportaje publicado por Listín Diario el 27 de diciembre pasado estableció que al menos 2,014 kilogramos de cocaína habían sido decomisados tan solo en lo que iba de ese mes el país, lo que ponía en evidencia el esfuerzo que hacen las autoridades dominicanas por combatir el tráfico ilegal de esa sustancia, pero también revela que el país sigue siendo uno de los territorios utilizados para llevar la droga de Sudamérica a los mercados norteamericanos y europeos.
Asímismo, que pese a la implementación de nuevos radares y otros equipos para el combate del tráfico de drogas, el apoyo estadounidense y los acuerdos regionales e internacionales concertados para combatir el flagelo, la República Dominicana sigue siendo uno de los puentes preferidos de los carteles.
listindiario.com
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Ministerio Público formaliza cargos contra red del caso «Onco14» por fraude millonario a SeNaSa y pacientes de cáncer
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio Público formaliza la imputación contra una estructura criminal desarticulada mediante la Operación Onco14, acusada de orquestar un sofisticado esquema de fraude en perjuicio del Estado dominicano, el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y cientos de pacientes oncológicos de la región del Cibao.
La investigación, dirigida por la Dirección General de Persecución, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) y la Fiscalía de Santiago, señala como cabecillas a tres exdirectivos del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, entidad que administra el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Los imputados son Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Consejo del Patronato y exmiembro de la junta directiva del IORC, Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la fundación Tócate RD-Casa de Acogida.
También Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta, quien fungió simultáneamente como vicepresidenta y auditora interna y externa del patronato durante la gestión del imputado.
Según el expediente, los acusados utilizaron empresas fachada, incluyendo Vargas Lora & Asociados (actualmente Vargas Guzmán Accounting Center) y la fundación antes mencionada, para desviar fondos destinados a tratamientos médicos vitales para pacientes del régimen subsidiado.
Un control prolongado para fines ilícitos
El Ministerio Público subraya una irregularidad clave en la investigación, aunque los estatutos del IORC estipulaban un mandato de dos años para la presidencia, Héctor Antonio Lora Cruceta se mantuvo en el cargo desde el 9 de octubre de 2018 hasta el 6 de octubre de 2025.
Para los fiscales, esta permanencia prolongada evidencia un interés deliberado por mantener el control absoluto sobre los recursos económicos de la institución y las aportaciones estatales.
El procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, destacó que esta es la tercera estructura criminal enfrentada como parte de las investigaciones sobre el fraude al SeNaSa, una labor de depuración iniciada con la Operación Senasa bajo la dirección de la Procuradora General, Yeni Berenice Reynoso.
En los allanamientos, realizados con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), se ocuparon dinero en efectivo y títulos de propiedad, dispositivos electrónicos (computadoras, celulares, DVR), documentación comprometedora y vehículos.
Tipificación penal
Según el Ministerio Público el grupo deberá responder por una serie de cargos graves que incluyen asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología (acceso ilícito a sistemas), lavado de activos.
Santo Domingo, R.D.-Diego Pesqueira, vocero de la Policía Nacional, informó que dos personas fueron encontradas muertas, así como una joven con signos vitales en un apartamento de la Torre Arpel 07, ubicada en el sector Piantini, Distrito Nacional.
Los fallecidos fueron identificados como Raisa Luisa Mendoza, de 50 años, y su hijo Yadhir Nael Cornelio, de 24 años de edad.
Mientras que la joven Caroline Milagros Pérez, de 22 años, novia del fallecido, fue encontrada con signos vitales.
Pesqueira explicó que el caso se encuentra en una fase inicial de investigación y que las autoridades trabajan de manera conjunta con el Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido.
“Hasta el momento no tenemos mayores detalles que ofrecer. Estas tres personas fueron encontradas en el lugar y, preliminarmente, no se observaron signos de violencia”, declaró el portavoz policial.
Indicó que se esperan los resultados de la autopsia y de los análisis toxicológicos que realiza el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), los cuales permitirán determinar de forma precisa la causa de muerte de las víctimas.
“Debemos esperar los resultados de la autopsia que está realizando el Inacif, que establecerán de una manera clara, precisa e inequívoca la causa de muerte”, sostuvo.
El vocero agregó que la joven sobreviviente será entrevistada por los investigadores tan pronto su condición lo permita, como parte de las diligencias que se desarrollan bajo la coordinación del Ministerio Público.
Al ser cuestionado sobre posibles hipótesis, Pesqueira evitó adelantar conclusiones y afirmó que la Policía Nacional solo ofrecerá información sustentada en evidencias.
“Estamos en la fase de levantamiento y de entrevistas. No podemos como autoridades ofrecer versiones sin contar con evidencias que sustenten nuestras declaraciones”, expresó.
Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda donde fueron halladas las tres personas.
Santo Domingo, R.D.-Con el propósito de fortalecer la convivencia pacífica y el bienestar en las comunidades, el Ministerio de Interior y Policía puso en marcha este jueves el Programa de Intervención Integral para la Seguridad Ciudadana.
En una primera etapa, la iniciativa será implementada en el sector Villas Agrícolas, del Distrito Nacional, y posteriormente se extenderá a otras localidades del país.
El acto estuvo encabezado por la titular del ministerio, Faride Raful, quien destacó que las instituciones involucradas en el programa trabajarán de manera coordinada con la comunidad.
“La seguridad ciudadana la construimos entre todos, junto a las instituciones que deben fungir como acompañantes”, afirmó.
De acuerdo con la ministra, antes del lanzamiento del programa las autoridades realizaron un diagnóstico para identificar las principales necesidades y brechas que pueden ser abordadas desde el Estado.
“Asumimos esas brechas para buscar soluciones. Antes de desarrollar el programa conversamos con comerciantes, juntas de vecinos e iglesias”, aseguró.
Raful explicó que los comunitarios solicitaron una mejor iluminación del sector, la adecuación de espacios públicos y un esquema de seguridad permanente.
Asimismo, sostuvo que una de las prioridades del plan es impedir que conductores de motocicletas realicen piruetas en las calles que alteren el orden público.
“Queremos que el espacio público vuelva a ser de la gente y no de las motocicletas que andan calibrando en las calles. Es una tarea de todos y entre todos vamos a recuperarlo”, expresó.
La ministra informó que al menos nueve sectores han sido evaluados con la finalidad de ser incorporados al programa.
“Y tiene que funcionar; de lo contrario, es mejor retirarse de esto”, afirmó.
Según las autoridades, esta primera intervención en Villas Agrícolas incluirá la instalación de más de 500 luminarias, el fortalecimiento del patrullaje policial y la incorporación de nuevos agentes en los destacamentos de la zona.
Insta a realizar denuncias
La ministra también exhortó a los comunitarios presentes en el lanzamiento a denunciar cualquier hecho que atente contra la seguridad ciudadana, al señalar que en muchas ocasiones las autoridades desconocen los casos por falta de reportes.
“A veces me dicen: ‘Ustedes no hacen nada’, pero muchas veces, cuando acudimos al lugar, nos percatamos de que desconocíamos el caso porque no había sido denunciado”, explicó.
- El programa contempla, además, la ejecución de actividades sociales, el control territorial y acciones orientadas a la reducción de crímenes y delitos en la localidad.
- En la elaboración y ejecución del programa participaron 40 instituciones públicas.
- En el acto estuvieron presentes la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; la ministra de la Mujer, Gloria Reyes; el director de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta; y representantes comunitarios del sector.