Nacionales
DNCD desmantela plantación de marihuana en comunidad rural de Baní
SANTO DOMINGO.-Miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) desmantelaron una plantación de 72 matas de marihuana en una comunidad rural de Baní, todas de entre 6 y 10 pies.
También ocupó 600 porciones de cocaína, marihuana y crack, una pistola, municiones y teléfonos móviles en poder de a ocho individuos, entre ellos 3 haitianos, que operaban puntos de venta de narcóticos en la capital y el interior.
Explicó que la plantación de marihuana fue descubierta por agentes antidrogas en la Loma Los Cachos, en la sección Honduras, cuyo propietario es perseguido para arrestarlo y entregarlo al Ministerio Público, de acuerdo a una nota emitida por Roberto Lebrón, portavoz del organismo.
Las matas de marihuana fueron enviadas a la sede de la DNCD para los fines de rigor.
Agregó que el desmantelamiento de la plantación de marihuana en Bani fue realizado por agentes de la División Regional Sur Central de la DNCD en esa ciudad, quienes actuaron en coordinación con la Fiscalía de esa jurisdicción. Se tenía la información de que un hombre solo conocido como Juan había cultivado la marihuana en la citada loma, dato ofrecido por una persona que conoce la zona.
Asimismo, dijo que los ocho individuos arrestados por operar puntos de venta de estupefacientes en distintos lugares del país, y a quienes les fueron ocupadas 600 porciones de diferentes narcóticos, son Luis Antonio Montas Ravelo, alias Ciguin; Joel Sánchez Concepción, apodado Moreno; Nelson Eleuterio Hernández, José Ramón Taveras Rodríguez, llamado Chelo; Luis Emilio Naveo, Joseph Arilus, Tony Luis y Willy Pie, los tres últimos, de nacionalidad haitiana.
Dijo que los puntos de drogas desmantelados fueron intervenidos en los sectores Miramar de San Pedro de Macorís, en los barrios Cienfuegos y San Miguel de Santiago, en Los Barrancones del municipio Pepillo Salcedo, en Montecristi, y en la calle Los Mártires del sector Cristo Rey, en el Distrito Nacional.
La agencia antinarcóticos precisó que al nombrado Montas Ravelo, los agentes le ocuparon un total 280 porciones de cocaína, marihuana y crack; a Sánchez Concepción, se le ocuparon 60 porciones de cocaína y un radio de comunicación; al nombrado Nelson Eleuterio Hernández le ocuparon 97 porciones de marihuana, 42 de cocaína y la suma de RD$2,500 pesos en efectivo, y al tal «Chelo» se le ocuparon 45 porciones de cocaína y crack.
Mientras que a Luis Emilio Naveo y a los haitianos Joseph Arilus, Tony Luis y Willy Pie, los agentes de la DNCD le ocuparon una porción grande cocaína, la pistola marca Norinco, calibre 9 milímetros, Serie número 559933, con 08 cápsulas para la misma, así como también 6 cápsulas para pistola calibre 38, 19 cápsulas para 9 milímetros, 2 cápsulas para calibre 45, una balanza para pesar drogas, la suma de RD$6,890.00 pesos dominicanos y 5 teléfonos móviles.
eldia.com.do
Santiago, R.D.-La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Santiago impuso este miércoles tres medidas de coerción a una mujer, acusada de ser cómplice en la muerte a tiros de su esposo en el municipio de Tamboril.
La magistrada Yiberty Polanco, del referido tribunal, impuso arresto domiciliario, impedimento de salida del país y la colocación de grilletes electrónicos contra Daneris Pérez Espinal.
«Dentro del proceso que se lleva a cabo, está ya no podrá ser víctima ni testigo, sino, que en este proceso pasó a ser un imputado más, junto a Fabricio Antonio Báez Pérez y a Giancarlos Café», explicó Carlos Villanueva, abogado de la familia de la víctima. Asimismo, Informó que analizará la motivación que haga la jueza para determinar si apela o no la decisión.
«Hubo manipulación de los hijos, (dijeron) que ella estaba enferma (…). entonces, su mamá está enferma y mi hermano, ¿adónde?, muerto, lo acribilló, ordenado por su mamá, su sobrino y el sicario», criticó Ana Dolores al advertir que las cosas no se van a quedar así.
De acuerdo al Ministerio Público, la mujer habría pagado la suma de RD$4 millones a un sobrino para que éste contratara a un sicario que acabara con la vida de Julio César Rodríguez Paula, de 68 años
Nacionales
Proyecto para modificar Ley de aviación civil fue enviada a la Comisión de Justicia del Senado.
Santo Domingo, R.D.-El proyecto que modifica la Ley 491-06 fue enviado a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado de la República la tarde de este martes, el cual fue sometida por el Poder Ejecutivo con el objetivo de modernizar y someter a los nuevos tiempos con la inclusión de controles para regular el uso de drones en el país.
El proyecto fue citado por Ricardo de los Santos, presidente de la Cámara Alta, quien, de inmediato, la remitió a la comisión para sus análisis y rendición de informe favorable en las próximas asambleas.
Una vez la pieza sea estudiada por la Comisión de Justicia y Derechos Humanos será sometida a votación por el Pleno. Luego, pasará a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, y más adelante volverá al Poder Ejecutivo para su promulgación y publicación o su observación.
La Comisión de Justicia está integrada por Pedro Catrain, presidente; Yván Lorenzo, vicepresidente; y los miembros Dionis Sánchez, José Manuel del Castillo, Alexis Victoria Yeb, Franklin Romero, Félix Bautista y Faride Raful.
Cambios propuestos a ley Aviación Civil
Entre los cambios que busca el Ejecutivo es que operadores de drones, vehículos aéreos muy de moda en la actualidad, deban tener una licencia y, que, en caso de cometer faltas, estos deberán pagar entre RD$25,000 hasta RD$500,000 de multas.
Además, los operarios podrían pagar una multa de hasta un millón de pesos si el dron obstruye o desvía el objetivo de cualquier inspección o investigación.
De igual manera, la nueva ley también suspenderá las licencias de los pilotos que operen un avión bajo los efectos del alcohol o las drogas, al igual que penaliza a los que usen aviones para el narcotráfico y transporte ilegal de armas.
Santo Domingo, R.D.-La defensa del ex-procurador Jean Alain Rodríguez, principal imputado en la Operación Medusa, Carlos Balcácer, Nelys Rivas y Gustavo Biaggi, acusaron al Ministerio Público de violentar el debido proceso.
Los abogados presentaron varios incidentes en los que detallaron las presuntas infracciones que anularían la acusación contra el imputado.
De acuerdo con Biaggi, la primera de las violaciones fue el arresto del exprocurador en el 2021, en la cual no se le permitió la libertad de tránsito, impidiendo que viajara y, posteriormente, ejecutando un arresto sin ninguna orden o investigación formal en su contra.
Asimismo, señaló los «embargos ilegales» realizados por la Procuraduria Especializada Contra la Corrupción (Pepca) durante el arresto del exprocurador, sin haber alegadamente presentado documentos que avalaran esa acción.
También manifestó que al exprocurador ( (2016-2020) le fueron incautados bienes, los cuales fueron adquiridos de forma licita y previo al período de investigación, que es cuando él desempeñaba como funcionario público (2016-2020).
«Si usted persigue bienes ilícitos tiene que ser bienes que fueron adquiridos durante el período en que se le imputa haber hecho esas previsiones»
Entre ellos fueron señalados un apartamento en el residencial Las Gabrielas, que el exprocurador adquirió hace 22 años, además de una villa adquirida en 2006 y la embarcación Carpe Diem, comprada en 2014.
«Al momento de la Pepca incautar de forma irregular ha violentado las disposiciones de la Constitución dominicana, específicamente el articulo 51 cuando se habla de derecho fundamental a la propiedad», intervino Rivas.
Asimismo, comentó sobre la incautación de un local propiedad de la empresa Jurinvest Abogados SRL.
También, un inmueble en Casa de Campo, dos solares y un vehículo propiedad de otra compañía denominada Inversiones Cavalieri.
Indicó que la Pepca incautó, incluso, una vivienda de los padres de la esposa de Rodríguez, la cual no forma parte de los bienes de ambos
Filtración a la prensa
Otros señalamiento hechos por la barra de defensa contra el MP, fue la presunta filtración de información a la prensa.
De acuerdo con los alegatos de Biaggi, el órgano persecutor facilito la acusación a la prensa antes de la defensa conocerla, premisa que el Ministerio desmintió.
Pepca
Otros de los incidentes, expuestos por Balcácer fue «la falta de competencia del Pepca» para llevar la acusación y la investigación del acusado, indicando que a quien le corresponde es a la Fiscalia de Distrito Nacional, por una cuestión de jurisdicción.
Por esto, solicitaron al juez Amauri Martínez, del Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, anular la acusación contra Rodríguez.