Nacionales
DNCD expulsa oficiales por vínculos con narco
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este martes que expulsó a varios oficiales y alistados que alegadamente permitían a jefes de redes de narcotráfico que enviaran cocaína al exterior a través de los aeropuertos.
La DNCD dijo que entre los expulsados figura un mayor de la Policía que se desempeñaba como sub encargado de la institución en el Aeropuerto Gregorio Luperón, en Puerto Plata.
El presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, indicóó a través de un comunicado que el último arrestado “por estar ligado a una red criminal es el mayor policial José Antonio Polanco González”.
Informó el desmantelamiento de una compleja estructura de narcotráfico que logró enviar decenas de kilos de cocaína al exterior, sobre todo a Europa y Canadá, contando para cometer sus actividades ilícitas con la colaboración directa de un grupo de oficiales y alistados adscritos en los aeropuertos de Punta Cana, Puerto Plata y Las Américas, los cuales fueron cancelados.
La entidad explicó que luego de una investigación que duró cerca de 14 meses permitió detectar las acciones cometidas por la banda encabezada por dos individuos identificados como Miguel Manuel Nicasio Quezada, alias Cristian; y Miguel Herrera Tapia y/o Ramón Capellán Morillo.
«Hace poco fueron expulsados del Ejército y de la Marina dos segundos tenientes y tres alistados, los dos primeros adscritos a la DNCD y los restantes al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA)», agregó.
Rosado Mateo dijo que estos militares y policías jugaron un papel determinante dando facilidades para que las ‘mulas’ o equipajes cargados de cocaína pudieran salir del país sin ser detectados.
La DNCD resaltó que además de Polanco, figuran como alegados facilitadores de la red el ex segundo teniente del Ejército Gil Pompito Díaz; el alférez de fragata Javier paredes’ los cabos Juan Gabriel Castillo Gómez y Lubestiano Ubrí Valdez, así como el raso Eduardo Antonio Gómez, estos tres últimos pertenecientes al CESAC.
Los envíos de «mulas» y maletas con droga, según la agencia antinarcóticos, eran realizados desde Punta Cana a Londres y de Puerto Plata a Canadá, donde fueron arrestados Félix Yague Abello, Ana Isabel Expósito Palacio, Isabel Pardo Puertolas y Solís Jaramillo.
«Esos frustrados viajeros, cumpliendo instrucciones de Nicasio Quezada y Herrera Tapia, fueron de alguna manera escoltados en Punta Cana por los dos segundos tenientes cancelados y por los alistados expulsados del CESA» agregó.
Informó que también fueron arrestadas las «mulas» Ignacio Lunas Puelles y Judith Akpovo, en España; Edelmiro Jiménez, Jackson Contreras y Jimmy Rousin, en Cadaná; así como Alexander Morillo, en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
También en Toronto, Canadá, fue ocupada una maleta llena de cocaína que había sido embarcada por la terminal de Puerto Plata, decomiso hecho por las autoridades de ese país gracias a que fueron notificadas a tiempo por la agencia antinarcóticos, explicó.
Sin embargo, la DNCD dijo que otras militares podrían resultar implicados, algunos con rangos de coronel, debido a las informaciones encontradas en los equipos electrónicos ocupados a los jefes de la banda, quienes tenٕían como centro de operaciones las ciudades de La Vega y Santiago.
La entidad antidrogas dijo que otros implicados en la red son Fidel Mendoza, definido por la DNCD como :preparador de mulas», y Johanny Chevalier, esposa de Nicasio Quezada, además de un individuo identificado como Joseph Amstron, del que se supone en la ficha clave en Canadá.
El Caribe
Santo Domingo, R.D.-El Poder Judicial lanzó una nueva Política de Protección de Datos, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Enmienda a contrato
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Modificación de crédito
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-El Ministerio de Educación (Minerd) informó que más de 600 docentes del sistema educativo dominicano fueron desvinculados por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.