Nacionales
DNCD expulsa oficiales por vínculos con narco
La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) anunció este martes que expulsó a varios oficiales y alistados que alegadamente permitían a jefes de redes de narcotráfico que enviaran cocaína al exterior a través de los aeropuertos.
La DNCD dijo que entre los expulsados figura un mayor de la Policía que se desempeñaba como sub encargado de la institución en el Aeropuerto Gregorio Luperón, en Puerto Plata.
El presidente de la DNCD, mayor general Rolando Rosado Mateo, indicóó a través de un comunicado que el último arrestado “por estar ligado a una red criminal es el mayor policial José Antonio Polanco González”.
Informó el desmantelamiento de una compleja estructura de narcotráfico que logró enviar decenas de kilos de cocaína al exterior, sobre todo a Europa y Canadá, contando para cometer sus actividades ilícitas con la colaboración directa de un grupo de oficiales y alistados adscritos en los aeropuertos de Punta Cana, Puerto Plata y Las Américas, los cuales fueron cancelados.
La entidad explicó que luego de una investigación que duró cerca de 14 meses permitió detectar las acciones cometidas por la banda encabezada por dos individuos identificados como Miguel Manuel Nicasio Quezada, alias Cristian; y Miguel Herrera Tapia y/o Ramón Capellán Morillo.
«Hace poco fueron expulsados del Ejército y de la Marina dos segundos tenientes y tres alistados, los dos primeros adscritos a la DNCD y los restantes al Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria (CESA)», agregó.
Rosado Mateo dijo que estos militares y policías jugaron un papel determinante dando facilidades para que las ‘mulas’ o equipajes cargados de cocaína pudieran salir del país sin ser detectados.
La DNCD resaltó que además de Polanco, figuran como alegados facilitadores de la red el ex segundo teniente del Ejército Gil Pompito Díaz; el alférez de fragata Javier paredes’ los cabos Juan Gabriel Castillo Gómez y Lubestiano Ubrí Valdez, así como el raso Eduardo Antonio Gómez, estos tres últimos pertenecientes al CESAC.
Los envíos de «mulas» y maletas con droga, según la agencia antinarcóticos, eran realizados desde Punta Cana a Londres y de Puerto Plata a Canadá, donde fueron arrestados Félix Yague Abello, Ana Isabel Expósito Palacio, Isabel Pardo Puertolas y Solís Jaramillo.
«Esos frustrados viajeros, cumpliendo instrucciones de Nicasio Quezada y Herrera Tapia, fueron de alguna manera escoltados en Punta Cana por los dos segundos tenientes cancelados y por los alistados expulsados del CESA» agregó.
Informó que también fueron arrestadas las «mulas» Ignacio Lunas Puelles y Judith Akpovo, en España; Edelmiro Jiménez, Jackson Contreras y Jimmy Rousin, en Cadaná; así como Alexander Morillo, en el Aeropuerto Internacional Las Américas (AILA).
También en Toronto, Canadá, fue ocupada una maleta llena de cocaína que había sido embarcada por la terminal de Puerto Plata, decomiso hecho por las autoridades de ese país gracias a que fueron notificadas a tiempo por la agencia antinarcóticos, explicó.
Sin embargo, la DNCD dijo que otras militares podrían resultar implicados, algunos con rangos de coronel, debido a las informaciones encontradas en los equipos electrónicos ocupados a los jefes de la banda, quienes tenٕían como centro de operaciones las ciudades de La Vega y Santiago.
La entidad antidrogas dijo que otros implicados en la red son Fidel Mendoza, definido por la DNCD como :preparador de mulas», y Johanny Chevalier, esposa de Nicasio Quezada, además de un individuo identificado como Joseph Amstron, del que se supone en la ficha clave en Canadá.
El Caribe
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.