Opinión
DNI, nueva ley y el rol oculto de la CIA-EU
Por Narciso Isa Conde
El Departamento Nacional de Inteligencia-DNI se reestructuró en la posguerra de abril, bajo el impacto de la intervención militar de 1965, durante el régimen terrorista de Estado de Balaguer.
Su primera jefatura estuvo a cargo del Contralmirante Valdez Albizu, sindicado como importante agente de la CIA, procedente del M2 de la Marina de Guerra en RD.
Eran tiempos de la guerra fría y de la criminalización del comunismo y las izquierdas en toda su diversidad.
Desde su inicio el DNI estuvo tutelado por la Agencia Central de Inteligencia-CIA y financiado en un 60% por fondos del AID, hoy USAID.
La Estación de la CIA instaló una de sus estaciones en el mismo edificio del DNI, al lado del Palacio Nacional.
Nada de eso, que se sepa, ha variado sustancialmente.
El DNI no es dominicano, carece de soberanía, es una dependencia del sistema de inteligencia del imperialismo estadounidense y responde a sus actualizaciones y reestructuraciones, como la que se contempla en la nueva ley 01-24, que la transforma en Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
Su jefe actual, Lic. Luis Soto, es civil y nadie sabe dónde estudió la materia, ni cuáles son sus méritos. Lo nombró formalmente el presidente Abinader, pero realmente su designación, dadas las características neocoloniales del estado dominicano y las propias de ese organismo, tiene factura de ultramar.
Ser civil no excluye ser oficial de inteligencia, ni tampoco excluye vínculos con la CIA y el sistema de inteligencia estadounidense.
Por lo menos yo y los camaradas del Movimiento Caamañista-MC “no nos chupamos el dedo” y no tenemos empacho en decirlo.
Su desempeño es tan soterrado que resulta muy sospechoso en tiempos de multi-intervención de la USAID-CIA en el estado-gobierno de este país, de presencia recurrente del Comando Sur, entrega del Puerto de Manzanillo al Comando Sur y USAID, exploración de tierras raras por el Ejército de EEUU, control yanqui-israelí de la frontera terrestre (montada sobre el Muro fronterizo) y de los centros inteligencia altamente tecnificados, con conexiones satelitales y disponibilidad de uso discrecional de la plataforma PEGAZO.
· CONJURA Y SUPRA-PODER.
En el contexto de esta ultra recolonización, vienen ahora con la nueva ley de la DNI, para convertir ese aparato en un supra poder de inteligencia, bajo la jefatura formal del presidente de turno y el asistente-director de la entidad DNI, en tanto ambos están dispuestos a operar dentro de los parámetros de una moderna gobernación de colonia.
Al examinar la nueva ley y el impacto de lo que acontece en Nuestra América y el mundo, se evidencia que ella responde al interés supra nacional de ampliar el poder de espionaje y control militar-policial de EEUU sobre y dentro del estado dominicano y de nuestra sociedad.
En esta ocasión, la instrumentación de ese propósito imperialista se fabricó chapuceramente mediante la combinación del referido proyecto de ley y una evidente conjura a nivel de la Cámara de Diputados que eliminó la restricción establecida originalmente en su artículo 11 (la autorización previa del juez o jueza competente) y para desechar toda formulación que disminuyera el ilimitado poder que le confiere la Ley 1-24, ya promulgada, a una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y un Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), que agrupará a todas las agencias investigativas del Estado, bajo control exclusivo de sus jefes.
Todo lo develado indica que en plena campaña electoral para Abinader era una carga política pesada eliminar a nivel del proyecto la obligatoriedad de la previa decisión de un juez/a o tribunal, como condición para que la DNI pudiera exigirles libremente a terceros las informaciones correspondientes, sujetas las negativas a severas sanciones,
El proyecto, antes de aprobarse y promulgarse, incluyó muchas otras maneras de convertir a la DNI en supra poder ultra-centralizado y dictatorial, llamado a suplantar funciones del Ministerio Publico (MP) y del propio presidente de la república.
La carga de descrédito del artículo 11 modificado, que obliga a todo mundo a delatar compulsivamente y arbitrariamente, fue traspasada a una conjura fraguada en la Cámara de Diputados, con una participación destacada de su Comisión de Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, de los jefes del PRM, PLD y FP, y del propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que fue capaz de hacer una lectura amañada del texto correspondiente.
Eso de seguro se logró con la intervención soterrada de altas jerarquía de las fuerzas armadas, PN y DNI, que fueron expresamente consultadas; como también a nivel de cúpulas de partidos y gobierno manipulados desde la embajada gringa y la CIA. La mano peluda del Coloso del Norte los aglutina a todos.
Esa sucia maniobra fue facilitada por el silencio cómplice o el bajo perfil de los voceros de los partidos menores y los sectores consultados.
Influyó determinantemente el temor a los poderes fácticos-permanentes imperialistas y pro-imperialistas, que aunque operen soterradamente, son fáciles de percibir y sentir por políticos lacayos, actores diversos llenos de miedo y entidades subordinadas a EE.UU.
Una vez dado el palo a toda velocidad, y evidente el rechazo en una amplia franja de la sociedad al artículo 11 adulterado, brotó la ola de críticas hipócritas, simulaciones y maromas verbales en los propios responsables de ese engendro legal; y también en los cómplices de esa espuria maniobra previamente asumida o aceptada.
De todas maneras, Abinader la promulgó y lo hizo luego de leerla, evidenciando su apoyo; amén de que sus voceros la defienden. Sobresale así el entramado perverso montado para imponer la redacción de un artículo de corte tiránico, dificilísimo de defender e incluso de imponer. El proceso se ha empantanado de mala manera.
Parecería que el espíritu de Trujillo redactó, aprobó y promulgó esa ley, y en cierta medida fue así; porque lo inspiran sus herederos: nuevos militantes del fantasma del fascismo actualizado que recorre América y el mundo, con nombres tan sonoros como Biden, Trump, Len Phen, Giorgia Meloni, Bolsonaro, Bukele, Lasso, Noboa, Milei y el fracatan de partidos y movimientos infectados de racismo, machismo, xenofobia, bandolerismo, fundamentalismo religioso y capitalismo gansteril.
Pero más allá de lo acontecido alrededor del artículo 11, esa ley contiene formulaciones que garantizan la imposición de un arbitrario supra poder de inteligencia, que subordina en mayor el estado y el gobierno dominicanos, al “gobierno o estado profundo” que dirige la política exterior y traza la estrategia de dominación continental y mundial de los presidentes estadounidenses.
· MAS SOBRE LA INACEPTABLE LEY DE LA DNI.
La ley 01-24 establece que “la parte operativa de la DNI estará conformada por un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), constituido por todos los organismos y órganos encargados de realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional, coordinados de manera funcional”.
Establece, además, que no será una dependencia de las Fuerzas Armadas, sino del Presidente de la República; con la Estación de la CÍA en el centro de sus procedimientos y decisiones, agregó yo.
Tendrá autonomía presupuestaria y “regulará los fondos destinados a tareas de inteligencia y contrainteligencia de las demás agencias investigadoras”, subordinadas a sus decisiones; lo que le da poder para modificar presupuestos.
El artículo 7 de esta ley asume que “corresponde a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “definir, emitir y desarrollar los principios rectores” del sistema de inteligencia, cuando a quienes realmente le corresponde hacerlo es a quienes aprueben la ley. La DNI no debe definir a su antojo sus principios rectores, puesto que eso equivale a situarse por encima del poder estatal constituido.
En el artículo 8 se dice que la DNI debe “cooperar con el Ministerio Público, en caso de que éste lo requiera”, y agrega que lo haría “siempre que la DNI lo considere necesario…”
Ese párrafo violenta el ordenamiento legal del país. El MP es el organismo rector de esas investigaciones penales y la DNI está obligada a suministrar las informaciones y cooperación requerida por el MP.
En general la ley en materia de investigación criminal y acción penal irrespeta la subordinación obligada al MP y pretende perseguir y apresar por cuenta propia antes previamente a la acción delictiva.
El artículo 8 autoriza perseguir e investigar a toda persona u organización que cometa una “agresión a la constitución”; acusación altamente interpretativa, que se presta a criminalizar las personas y entidades que adversan los contenidos fundamentales de la constitución vigente.
El artículo 9 sirve de base a la represión de todo aquel o aquella, persona o movimiento, que pretenda “establecer una forma diferente de gobierno”; algo inherente a la izquierdas revolucionarias, comunistas, socialistas o simplemente democráticas alternativas al actual Estado, al neoliberalismo y a su orden constitucional.
Esto equivale a volver a una especie de guerra fría, que no fue tan fría, cargada de asesinatos, abusos, negaciones de derechos, discriminaciones política-ideológicas y arbitrariedades.
No son funciones de la DNI “asesorar al presidente de la República sobre planes y estrategias de seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera”; como se establece en el artículo 12 de esa ley, suplantado y militarizando atribuciones especializadas de instituciones civiles del Estado.
En el artículo 9 de la nueva ley de la DNI, se le concede el derecho a “obtener, evaluar e interpretar informaciones de carácter estratégico”, pero eso exige definir previamente lo que determina el carácter estratégico de una información, algo ausente en ese texto.
“Controlar el ingreso y salida de personas extranjeras al y del territorio nacional, disponiendo su admisión o no en el país”, como establece el artículo 8, son atribuciones de la Dirección General de Migración. A la DNI sólo le corresponde suministrar las informaciones y fundamentar sugerencias.
Si como dice esa ley en su artículo 13, “los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) son de libre designación y separación por el director nacional, y deberán ser dominicanos de nacimiento u origen”, estamos frente a una instancia del Estado que se estructura y gobierna así misma; colocándose por encima del Poder Ejecutivo.
En la misma tesitura, la ley 01-24 en su artículo 12 consigna que la DNI “gozará de autonomía en expedición y permisos de armas sin limitación, a contrapelo de que no se trata de una instancia militar o policial con atribuciones represivas. Se arma autónomamente, lo que se presta a mil diabluras.
En su artículo 19 se establece que “La DNI contará con régimen de seguridad social para su personal”, reproduciendo a nivel de estado los cuestionables privilegios que potencian las desigualdades sociales.
Al examinar los artículos 22, 23, 44 y 25 sobre el “REGIMEN FINANCIERO”, la ley consigna que “la DNI dispondrá de un contralor financiero, designado por el director nacional, el cual llevará a cabo el control financiero”, lo que implica fiscalizarse a sí misma, algo inadmisible.
Igual establece que “la (DNI) dispondrá de bienes del patrimonio del Estado para el cumplimiento de sus fines”, sin incluir las restricciones y regulaciones necesarias.
De la rendición de cuenta al presidente, esa ley es capaz de excluir lo que al director le antoje, a cambio de un certificado que él mismo emite. Igual ocurre con las contrataciones, cuando se establecen compartimentaciones secretas.
La “secretidad” se esgrime para manejar fondos y contratos como le venga en gana a sus jefes; y en el colmo de los colmos, esta ley consagra las donaciones secretas, las prestaciones de servicios a particulares y la designaciones y cancelaciones de personal, sin fiscalización. Licencia para delinquir.
Esas prerrogativas fácilmente se convierten en sobornos y negocios a realizar desde una institución pública para favorecer empresas y personas privadas. Es una ruta hacia el mercenarismo y la privatización de estructuras militares, muy en boga en la política del PENTÁGONO.
Su artículo 90 establece la conformación del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que estará integrado por las jefaturas de Hacienda, PGR, Defensa y otros ministerios y dependencias estatales. Todo un gabinete.
Exigirá también prisión a quienes denuncien algo de sus interioridades, reñidas o no con las leyes y la moral; sin importar que se trate de poner al descubierto sus propias violaciones a la ley y los casos de corrupción, torturas, abusos internos y crímenes ocultos.
Todo a nombre de una Seguridad Nacional inexistente, en tanto somos un país sin autodeterminación.
Examinada en su esencia y sus detalles, la ley de la DNI no solo crea un aparato que tutela al gobierno y al estado, atribuyéndole más poderes al presidente de la república; sino que además crea un mecanismo en el que su Director Nacional tiene los poderes de un dictador autónomo, con atribuciones propias del Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y Ministerio Público.
Tales pretensiones solo son posibles cuando un poder supranacional se interesa en que sea así.
Quede claro que quien suscribe este artículo y el Movimiento Caamañista-MC a que pertenezco, consideramos esta ley como componente más en la negación de derechos y un paso más hacia el establecimiento progresivo de un régimen neocolonial de corte dictatorial con pinta neofascista, que nadie con dignidad y convicciones democráticas está en el deber de respetar.
A la vez reiteramos que es un derecho inalienable, en un país donde no hay una democracia institucionalizada, ni realmente participativa y soberana; donde no existe ni siquiera democracia electoral; donde impera una constitución neoliberal, cargada de presidencialismo autoritario y protectora de un régimen de propiedad, un proceso de gansterización del capitalismo y brutales desigualdades sociales… es un deber optar por la vía extra-institucional y ejercer la democracia de calle para hacer colapsar un ordenamiento tan injusto y proceder a crear un nuevo modelo de estado y sociedad.
Vamos a enfrentar tanto esta ley draconiana, como el poder constituido sobre la base de la Constitución del 2010, no importa las consecuencias punitivas y represivas, que por demás estamos seguros nuestro pueblo sabrá derrotar.(26-01-24, Santo Domingo, RD)
Por José Cabral
La tragedia ocurrida en el Yet Set, aparte de ser un escenario con grandes escenas de dolor de los familiares de las víctimas, se agrega el protagonismo polítiquero de una serie de actores que sólo les importa que tanto capital político pueden sacar del lamentable acontecimiento.
Esa es una realidad que se repite regularmente en el país, porque los dirigentes de los partidos, que son los principales responsables de lo ocurrido por no manejar con eficiencia el Estado dominicano, son especialistas para aparecer como los más afectados con casos como el que nos ocupa en la actualidad.
Los hechos, que ya ha adquirido una dimensión que trascienden las fronteras nacionales, necesariamente imponen la pregunta que cualquier ciudadano sensato se haría y es hasta dónde lo ocurrido servirá de escarmiento a los dominicanos, principalmente al funcionario público y al que tiene la misión y el privilegio de controlar el Estado.
La razón del colapso del techo de la discoteca Jet Set también existe o perdura en una gran cantidad de edificaciones públicas y privadas, lo cual tiene una explicación en la ineficiencia e ineficacia de todo el sistema que sirve de soporte al fracaso que representa el Estado.
Este problema del peligro que impera en la sociedad dominicana, la cual tiene una serie de fallas tectónicas que amenazan la tranquilidad nacional, ante la falta de una política de prevención, de fiscalización y de regulación, tiene su explicación en la cultura de la improvisación que forma parte de la cultura de la dominicanidad-
Sin embargo, debo decir que lo ocurrido en el Yet Set obedeció, no a un fenómeno natural como todo el mundo lo sabe, el cual es imprevisible, es decir, que no hay forma de evitarlo, sino a la deficiencia de las autoridades para tener un mayor control sobre los edificios públicos y privados, comerciales y residenciales, y de la gran cantidad de objetos pesados colocados en sus techos, como plantas eléctricas.
Porque la realidad es que el problema tiene un alcance que penetra de forma muy profunda al propio sistema de justicia, cuyos jueces se excusan en que las acciones legales en contra de todas las irregularidades que arropan al país no puede ser motu propio, pero cuando las mismas se interponen los jueces se comportan con una alta irresponsabilidad.
En los actuales momentos hay una serie de procesos que se conocen en la jurisdicción inmobiliaria, muy concretamente en los tribunales de jurisdicción original, en los que el manejo de este tipo de irregularidades, que se convierten en una bomba de tiempo en contra de la gente, duermen el sueño eterno como resultado de la ineptitud, la negligencia o la complicidad de muchos juzgadores.
De manera, que en mi opinión el principal responsable de la tragedia que hoy nos afecta es el Estado, principal culpable de lo ocurrido por no cumplir con su misión.
La verdad es que no es mucho lo que se puede esperar de una sociedad donde la falta de fiscalización es una de las principales falencias del Estado dominicano, lo cual no es sólo a nivel de la realidad de lo que se produce en los edificios públicos y privados, residenciales y comerciales, sino de todas las instancias que trabajan con salud, educación, medio ambiente y todos los demás renglones que son competencia del sistema público y privado nacional.
Por: Edgard Paniagua Miguel
Alguien se quedó sin Papá
Alguien se quedó sin Mamá
Alguien se quedó sin hijo
Alguien perdió su todo.
Hoy, alguien se quedó sin hermano
Hoy, alguien se quedó sin sobrina
Hoy, alguien se quedó sin abuelo
Hoy, alguien se quedó sin abuela
Hoy no hubo distinción de clase social
Hoy no hubo distinción de raza
Hoy no hubo distinción alguna
Hoy todos perdimos a alguien.
Hoy, la brevedad de la vida,
La incertidumbre de nuestra existencia,
Lo vano que todo parece a la luz de la realidad final, nos deja al descubierto y desnudos.
La respuesta solo está en Dios, las especulaciones en el hombre.
Y Dios generalmente no da respuestas.
Del hombre es esperar en Dios, en Su santidad y bondad, misericordia y amor.
Aunque no lo entendamos los suficiente, la Fe en El debe sostenernos hasta el final. Como expresara Job; “aunque El me mataré, en El esperaré”.
No busquemos respuestas en los misterios insondables de Dios.
No busquemos respuestas en la inescrutable voluntad Divina.
De nosotros, solo es pensar, y de forma radical que, Sus propósitos son Justos Santos y Buenos.
Cómo entender que Dios en Su segunda persona entregó Su vida para salvar a pecadores?
Los sucesos “a destiempo”
Los eventos “sin explicaciones”
Los “porqué a Mi”
No tienen razonamientos terrenales certeros…
Ahí está la Fe, la inconmovible Fe en un Dios santo justo y bueno.
Y de ahí viene La Paz y el consuelo, el reposo, y la espera de ver el cumplimiento de Su promesas en nosotros.
La oportunidad de conocer finalmente los “por qué” de todo lo vivido lo tiene cada ser humano que parta de esta tierra al instante de su partida….conocerá de primera mano, por parte del Señor Jesús, la respuesta a cada pregunta que tenga.
Y de seguro, cada respuesta será entendida y asimilada como “verdad” como “correcta”.
Dios sigue dando oportunidades para salvar, las tragedias son medios para llegar a Él, afianzarse en El y sostenerse en El.
Si usted no quiere perder a “Alguien” en la circunstancia que fuese, asegúrese de que ambos estén reconciliados con Dios a través de Jesús.
Ahí no hay muerte, ni abismo que los separe.
En Jesús estarán tarde o temprano, juntos por toda la eternidad.
La muerte y la vida están en manos de Dios.
Esa realidad nos debe llevar a arreglar nuestras cuentas con El a través del Señor y Salvador Jesús.
Y esto sin perder más tiempo.
“No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte; y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee.”
Eclesiastés 8:8 RVR1960
Por Isaías Ramos
En la madrugada de este martes, el corazón de nuestra nación fue sacudido por un desastre evitable: el derrumbe del techo de la discoteca Jet Set. Este trágico suceso se suma a otros eventos dolorosos de nuestra historia reciente, como la inmensa explosión en San Cristóbal el 14 de agosto de 2023, cuyas causas y número de víctimas aún son desconocidos, y el colapso del túnel de la 27 de febrero el 18 de noviembre del mismo año, que se cobró nueve vidas.
Este reciente colapso, por la magnitud de vidas perdidas en un solo lugar, nos recuerda el Degüello de Moca, cuando Jean-Jacques Dessalines y Henri Christophe en abril de 1805 desataron una brutal carnicería contra una población acorralada en su iglesia y totalmente indefensa.
Esta discoteca, con más de cincuenta años de antigüedad, había sido objeto de reparaciones meramente estéticas tras un incendio, sin la debida supervisión de los daños estructurales por parte de las autoridades competentes.
Esta negligencia se agravó por la sobrecarga que soportaba el edificio: transformadores eléctricos, equipos de aire acondicionado, plantas eléctricas y sistemas de sonido, cuyas vibraciones contribuyeron al desastre.
La actual tragedia no solo refleja un fallo en la supervisión, sino también las profundas fallas de un sistema estatal dirigido por una clase política que, durante décadas, ha priorizado sus intereses particulares sobre la seguridad y el bienestar del pueblo.
El colapso de la discoteca es un síntoma de un problema más amplio: la corrupción y el clientelismo que han marcado la gestión estatal durante las últimas décadas. La falta de responsabilidad y el desprecio por la ley y la constitución que juraron proteger demuestran cómo los intereses particulares han prevalecido sobre los colectivos, sacrificando la seguridad y la vida de los ciudadanos.
Este momento de dolor debe ser también un punto de inflexión. No podemos permitir que la irresponsabilidad de unos pocos determine el destino de muchos. Como sociedad, debemos exigir cambios profundos en la gestión del Estado y en cómo se fiscaliza y regula la seguridad en espacios públicos.
Para prevenir futuras tragedias, es esencial que los ciudadanos se empoderen y participen activamente en la vigilancia de las acciones gubernamentales. Necesitamos una reforma política que no solo castigue la corrupción de manera efectiva, sino que también fomente una cultura de responsabilidad y transparencia en todos los niveles de gobierno.
La tragedia de la discoteca Jet Set debe servirnos de lección y llamado a la acción. Solo a través de un compromiso firme con los valores de justicia, solidaridad y respeto por la ley podremos aspirar a construir una nación donde prevalezcan la seguridad y el bienestar para todos los dominicanos. Es tiempo de unirnos y transformar nuestro dolor en un motor para el cambio, asegurando que tales desgracias no se repitan.
Desde el Frente Cívico y Social, invitamos a toda la comunidad dominicana a unirse en un acto de reflexión y oración. Que este profundo dolor se transforme en un despertar colectivo hacia los valores más nobles de nuestra sociedad. Es momento de buscar, con humildad y fe, la sabiduría y el consuelo necesarios para superar este oscuro momento y construir, juntos, un futuro más seguro y próspero para nuestro país.
Por último, en el FCS deseamos en estos momentos que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde los corazones y las mentes de cada dominicano, y en especial, bendiga y brinde fuerza a las familias afectadas y a los valientes equipos de rescate que aún trabajan sin descanso.
Despierta, RD!