Opinión
DNI, nueva ley y el rol oculto de la CIA-EU
Por Narciso Isa Conde
El Departamento Nacional de Inteligencia-DNI se reestructuró en la posguerra de abril, bajo el impacto de la intervención militar de 1965, durante el régimen terrorista de Estado de Balaguer.
Su primera jefatura estuvo a cargo del Contralmirante Valdez Albizu, sindicado como importante agente de la CIA, procedente del M2 de la Marina de Guerra en RD.
Eran tiempos de la guerra fría y de la criminalización del comunismo y las izquierdas en toda su diversidad.
Desde su inicio el DNI estuvo tutelado por la Agencia Central de Inteligencia-CIA y financiado en un 60% por fondos del AID, hoy USAID.
La Estación de la CIA instaló una de sus estaciones en el mismo edificio del DNI, al lado del Palacio Nacional.
Nada de eso, que se sepa, ha variado sustancialmente.
El DNI no es dominicano, carece de soberanía, es una dependencia del sistema de inteligencia del imperialismo estadounidense y responde a sus actualizaciones y reestructuraciones, como la que se contempla en la nueva ley 01-24, que la transforma en Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)
Su jefe actual, Lic. Luis Soto, es civil y nadie sabe dónde estudió la materia, ni cuáles son sus méritos. Lo nombró formalmente el presidente Abinader, pero realmente su designación, dadas las características neocoloniales del estado dominicano y las propias de ese organismo, tiene factura de ultramar.
Ser civil no excluye ser oficial de inteligencia, ni tampoco excluye vínculos con la CIA y el sistema de inteligencia estadounidense.
Por lo menos yo y los camaradas del Movimiento Caamañista-MC “no nos chupamos el dedo” y no tenemos empacho en decirlo.
Su desempeño es tan soterrado que resulta muy sospechoso en tiempos de multi-intervención de la USAID-CIA en el estado-gobierno de este país, de presencia recurrente del Comando Sur, entrega del Puerto de Manzanillo al Comando Sur y USAID, exploración de tierras raras por el Ejército de EEUU, control yanqui-israelí de la frontera terrestre (montada sobre el Muro fronterizo) y de los centros inteligencia altamente tecnificados, con conexiones satelitales y disponibilidad de uso discrecional de la plataforma PEGAZO.
· CONJURA Y SUPRA-PODER.
En el contexto de esta ultra recolonización, vienen ahora con la nueva ley de la DNI, para convertir ese aparato en un supra poder de inteligencia, bajo la jefatura formal del presidente de turno y el asistente-director de la entidad DNI, en tanto ambos están dispuestos a operar dentro de los parámetros de una moderna gobernación de colonia.
Al examinar la nueva ley y el impacto de lo que acontece en Nuestra América y el mundo, se evidencia que ella responde al interés supra nacional de ampliar el poder de espionaje y control militar-policial de EEUU sobre y dentro del estado dominicano y de nuestra sociedad.
En esta ocasión, la instrumentación de ese propósito imperialista se fabricó chapuceramente mediante la combinación del referido proyecto de ley y una evidente conjura a nivel de la Cámara de Diputados que eliminó la restricción establecida originalmente en su artículo 11 (la autorización previa del juez o jueza competente) y para desechar toda formulación que disminuyera el ilimitado poder que le confiere la Ley 1-24, ya promulgada, a una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y un Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), que agrupará a todas las agencias investigativas del Estado, bajo control exclusivo de sus jefes.
Todo lo develado indica que en plena campaña electoral para Abinader era una carga política pesada eliminar a nivel del proyecto la obligatoriedad de la previa decisión de un juez/a o tribunal, como condición para que la DNI pudiera exigirles libremente a terceros las informaciones correspondientes, sujetas las negativas a severas sanciones,
El proyecto, antes de aprobarse y promulgarse, incluyó muchas otras maneras de convertir a la DNI en supra poder ultra-centralizado y dictatorial, llamado a suplantar funciones del Ministerio Publico (MP) y del propio presidente de la república.
La carga de descrédito del artículo 11 modificado, que obliga a todo mundo a delatar compulsivamente y arbitrariamente, fue traspasada a una conjura fraguada en la Cámara de Diputados, con una participación destacada de su Comisión de Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, de los jefes del PRM, PLD y FP, y del propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que fue capaz de hacer una lectura amañada del texto correspondiente.
Eso de seguro se logró con la intervención soterrada de altas jerarquía de las fuerzas armadas, PN y DNI, que fueron expresamente consultadas; como también a nivel de cúpulas de partidos y gobierno manipulados desde la embajada gringa y la CIA. La mano peluda del Coloso del Norte los aglutina a todos.
Esa sucia maniobra fue facilitada por el silencio cómplice o el bajo perfil de los voceros de los partidos menores y los sectores consultados.
Influyó determinantemente el temor a los poderes fácticos-permanentes imperialistas y pro-imperialistas, que aunque operen soterradamente, son fáciles de percibir y sentir por políticos lacayos, actores diversos llenos de miedo y entidades subordinadas a EE.UU.
Una vez dado el palo a toda velocidad, y evidente el rechazo en una amplia franja de la sociedad al artículo 11 adulterado, brotó la ola de críticas hipócritas, simulaciones y maromas verbales en los propios responsables de ese engendro legal; y también en los cómplices de esa espuria maniobra previamente asumida o aceptada.
De todas maneras, Abinader la promulgó y lo hizo luego de leerla, evidenciando su apoyo; amén de que sus voceros la defienden. Sobresale así el entramado perverso montado para imponer la redacción de un artículo de corte tiránico, dificilísimo de defender e incluso de imponer. El proceso se ha empantanado de mala manera.
Parecería que el espíritu de Trujillo redactó, aprobó y promulgó esa ley, y en cierta medida fue así; porque lo inspiran sus herederos: nuevos militantes del fantasma del fascismo actualizado que recorre América y el mundo, con nombres tan sonoros como Biden, Trump, Len Phen, Giorgia Meloni, Bolsonaro, Bukele, Lasso, Noboa, Milei y el fracatan de partidos y movimientos infectados de racismo, machismo, xenofobia, bandolerismo, fundamentalismo religioso y capitalismo gansteril.
Pero más allá de lo acontecido alrededor del artículo 11, esa ley contiene formulaciones que garantizan la imposición de un arbitrario supra poder de inteligencia, que subordina en mayor el estado y el gobierno dominicanos, al “gobierno o estado profundo” que dirige la política exterior y traza la estrategia de dominación continental y mundial de los presidentes estadounidenses.
· MAS SOBRE LA INACEPTABLE LEY DE LA DNI.
La ley 01-24 establece que “la parte operativa de la DNI estará conformada por un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), constituido por todos los organismos y órganos encargados de realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional, coordinados de manera funcional”.
Establece, además, que no será una dependencia de las Fuerzas Armadas, sino del Presidente de la República; con la Estación de la CÍA en el centro de sus procedimientos y decisiones, agregó yo.
Tendrá autonomía presupuestaria y “regulará los fondos destinados a tareas de inteligencia y contrainteligencia de las demás agencias investigadoras”, subordinadas a sus decisiones; lo que le da poder para modificar presupuestos.
El artículo 7 de esta ley asume que “corresponde a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “definir, emitir y desarrollar los principios rectores” del sistema de inteligencia, cuando a quienes realmente le corresponde hacerlo es a quienes aprueben la ley. La DNI no debe definir a su antojo sus principios rectores, puesto que eso equivale a situarse por encima del poder estatal constituido.
En el artículo 8 se dice que la DNI debe “cooperar con el Ministerio Público, en caso de que éste lo requiera”, y agrega que lo haría “siempre que la DNI lo considere necesario…”
Ese párrafo violenta el ordenamiento legal del país. El MP es el organismo rector de esas investigaciones penales y la DNI está obligada a suministrar las informaciones y cooperación requerida por el MP.
En general la ley en materia de investigación criminal y acción penal irrespeta la subordinación obligada al MP y pretende perseguir y apresar por cuenta propia antes previamente a la acción delictiva.
El artículo 8 autoriza perseguir e investigar a toda persona u organización que cometa una “agresión a la constitución”; acusación altamente interpretativa, que se presta a criminalizar las personas y entidades que adversan los contenidos fundamentales de la constitución vigente.
El artículo 9 sirve de base a la represión de todo aquel o aquella, persona o movimiento, que pretenda “establecer una forma diferente de gobierno”; algo inherente a la izquierdas revolucionarias, comunistas, socialistas o simplemente democráticas alternativas al actual Estado, al neoliberalismo y a su orden constitucional.
Esto equivale a volver a una especie de guerra fría, que no fue tan fría, cargada de asesinatos, abusos, negaciones de derechos, discriminaciones política-ideológicas y arbitrariedades.
No son funciones de la DNI “asesorar al presidente de la República sobre planes y estrategias de seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera”; como se establece en el artículo 12 de esa ley, suplantado y militarizando atribuciones especializadas de instituciones civiles del Estado.
En el artículo 9 de la nueva ley de la DNI, se le concede el derecho a “obtener, evaluar e interpretar informaciones de carácter estratégico”, pero eso exige definir previamente lo que determina el carácter estratégico de una información, algo ausente en ese texto.
“Controlar el ingreso y salida de personas extranjeras al y del territorio nacional, disponiendo su admisión o no en el país”, como establece el artículo 8, son atribuciones de la Dirección General de Migración. A la DNI sólo le corresponde suministrar las informaciones y fundamentar sugerencias.
Si como dice esa ley en su artículo 13, “los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) son de libre designación y separación por el director nacional, y deberán ser dominicanos de nacimiento u origen”, estamos frente a una instancia del Estado que se estructura y gobierna así misma; colocándose por encima del Poder Ejecutivo.
En la misma tesitura, la ley 01-24 en su artículo 12 consigna que la DNI “gozará de autonomía en expedición y permisos de armas sin limitación, a contrapelo de que no se trata de una instancia militar o policial con atribuciones represivas. Se arma autónomamente, lo que se presta a mil diabluras.
En su artículo 19 se establece que “La DNI contará con régimen de seguridad social para su personal”, reproduciendo a nivel de estado los cuestionables privilegios que potencian las desigualdades sociales.
Al examinar los artículos 22, 23, 44 y 25 sobre el “REGIMEN FINANCIERO”, la ley consigna que “la DNI dispondrá de un contralor financiero, designado por el director nacional, el cual llevará a cabo el control financiero”, lo que implica fiscalizarse a sí misma, algo inadmisible.
Igual establece que “la (DNI) dispondrá de bienes del patrimonio del Estado para el cumplimiento de sus fines”, sin incluir las restricciones y regulaciones necesarias.
De la rendición de cuenta al presidente, esa ley es capaz de excluir lo que al director le antoje, a cambio de un certificado que él mismo emite. Igual ocurre con las contrataciones, cuando se establecen compartimentaciones secretas.
La “secretidad” se esgrime para manejar fondos y contratos como le venga en gana a sus jefes; y en el colmo de los colmos, esta ley consagra las donaciones secretas, las prestaciones de servicios a particulares y la designaciones y cancelaciones de personal, sin fiscalización. Licencia para delinquir.
Esas prerrogativas fácilmente se convierten en sobornos y negocios a realizar desde una institución pública para favorecer empresas y personas privadas. Es una ruta hacia el mercenarismo y la privatización de estructuras militares, muy en boga en la política del PENTÁGONO.
Su artículo 90 establece la conformación del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que estará integrado por las jefaturas de Hacienda, PGR, Defensa y otros ministerios y dependencias estatales. Todo un gabinete.
Exigirá también prisión a quienes denuncien algo de sus interioridades, reñidas o no con las leyes y la moral; sin importar que se trate de poner al descubierto sus propias violaciones a la ley y los casos de corrupción, torturas, abusos internos y crímenes ocultos.
Todo a nombre de una Seguridad Nacional inexistente, en tanto somos un país sin autodeterminación.
Examinada en su esencia y sus detalles, la ley de la DNI no solo crea un aparato que tutela al gobierno y al estado, atribuyéndole más poderes al presidente de la república; sino que además crea un mecanismo en el que su Director Nacional tiene los poderes de un dictador autónomo, con atribuciones propias del Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y Ministerio Público.
Tales pretensiones solo son posibles cuando un poder supranacional se interesa en que sea así.
Quede claro que quien suscribe este artículo y el Movimiento Caamañista-MC a que pertenezco, consideramos esta ley como componente más en la negación de derechos y un paso más hacia el establecimiento progresivo de un régimen neocolonial de corte dictatorial con pinta neofascista, que nadie con dignidad y convicciones democráticas está en el deber de respetar.
A la vez reiteramos que es un derecho inalienable, en un país donde no hay una democracia institucionalizada, ni realmente participativa y soberana; donde no existe ni siquiera democracia electoral; donde impera una constitución neoliberal, cargada de presidencialismo autoritario y protectora de un régimen de propiedad, un proceso de gansterización del capitalismo y brutales desigualdades sociales… es un deber optar por la vía extra-institucional y ejercer la democracia de calle para hacer colapsar un ordenamiento tan injusto y proceder a crear un nuevo modelo de estado y sociedad.
Vamos a enfrentar tanto esta ley draconiana, como el poder constituido sobre la base de la Constitución del 2010, no importa las consecuencias punitivas y represivas, que por demás estamos seguros nuestro pueblo sabrá derrotar.(26-01-24, Santo Domingo, RD)
Por Rommel Santos Diaz
Adicionalmente, el Estatuto de Roma prevé la posibilidad de la rehabilitación. Según el artículo 110, la Corte deberá revisar todas las condenas de prisión cuando el recluso haya cumplido las dos terceras partes de la pena o 25 años de prisión en caso de cadena perpetua para determinar si esta puede reducirse.
En el punto anterior la CPI considera estos aspectos como si la persona hubiese asistido a la Corte con la localización de cualquier bien objeto de una multa, decomiso u órdenes de reparación que pudiesen beneficiar a la víctima.
La CPI también podrá tomar en consideración ¨otros factores indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba, que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficientemente claro e importante como para justificar la reducción de la pena¨
Por consiguiente una cadena perpetua podría reducirse a 25 años de prisión en algunos casos. Si la CPI decide no reducir la sentencia de la persona después de la primera revisión, volverá a examinar la cuestión con la periodicidad y con arreglo a los criterios indicados en las Reglas de Procedimientos y Prueba.
Durante las negociaciones sobre las penas de la CPI, muchos Estados estuvieron a favor de la aplicación de la pena de muerte en los casos extremos. El numero de Estados con pena de muerte es poco menor que el de aquellos que no tienen pena de muerte.
No existe la oportunidad para rehabilitación alguna cuando se impone la pena de muerte. Por ende la cadena perpetua con la posibilidad de reducirla a 25 años, es un compromiso razonable entre la pena de muerte y la prisión máxima de 30 años.
Los Estados deberán recordar que el artículo 80 del Estatuto de Roma expresamente establece que el Estatuto no afecta la aplicación por parte de los Estados de aquellas penas prescritas por su propio derecho interno , ni afecta la ley de aquellos Estados que no impongan las penas prescritas en el Estatuto de Roma.
Los Estados Partes no deben imponer las mismas penas por los mismos delitos en su jurisdicción, ni deberán aplicar las condenas de prisión a no ser que voluntariamente lo quieran hacer. En este caso, los Estados podrán también especificar las condiciones bajo las cuales aceptarían a las personas condenadas, inclusive la condición de no aplicar la cadena perpetua.
Por consiguiente, los Estados Partes que cuenten con las disposiciones constitucionales que prohíban la imposición de la cadena perpetua solo necesitaran permitir la excepción de entregar a la persona a la CPI, pese a que tal persona pueda ser condenada a cadena perpetua.
Los Estados Partes del Estatuto de Roma deberán entregar a la persona acusada a la CPI cuando ésta así lo solicite, aún si existe la posibilidad de que dicha persona sea condenada a cadena perpetua.
En el caso de muchos Estados, la potestad de la CPI para imponer la cadena perpetua no necesitará la aplicación de medidas legislativas particulares. Sin embargo, en algunos Estados la constitución explícitamente prohíbe la extradición de una persona a un Estado donde se aplica esta pena , o que declara la cadena perpetua como un castigo cruel. Estos Estados cuentan con dos opciones:
- a) Establecer claramente, en la norma que implemente el Estatuto, la distinción entre la extradición de una persona a otro Estado y la entrega de una persona a la Corte Penal Internacional.
Algunos Estados podrán realizar esta distinción en su legislación, lo cual les permitiría entregar personas a la CPI aunque exista una restricción a la ¨extradicion¨de personas a tribunales que impongan la pena de cadena perpetua. Esto les permitiría mantenerla prohibición de extraditar a una persona a un tribunal extranjero, sin interferir con la habilidad de cooperar plenamente con la CPI.
- b) La reforma a la Constitución podría ser mínima, dirigida solo a la introducción de una excepción al principio. Podría especificarse que la cadena perpetua impuesta por la CPI de conformidad con el Estatuto de Roma para algunos de los crímenes allí enumerados no viola la Constitución.
Debería también mencionarse que el Estado puede entregar a la persona acusada a la CPI a pesar de que exista la posibilidad de la cadena perpetua. La enmienda constitucional podría también mencionar que la CPI puede reducir la condena después de 25 años, existiendo así la posibilidad de la rehabilitación.
Finalmente, la ventaja de una reforma constitucional que elimina cualquier posibilidad de un conflicto normativo, garantiza que los tribunales nacionales dicten sus fallos de conformidad con sus obligaciones legales establecidas en el Estatuto de Roma.
Luis Abinader enfrenta críticas por su incapacidad para frenar las ejecuciones extrajudiciales de la Policía Nacional, reflejando un temor a su poder.
- El texto denuncia ocho muertes de un tirón y 40 en un mes.
- Se acusa al presidente de conminar entregas, avalando de hecho ejecuciones extrajudiciales.
- La supuesta reforma policial es calificada de farsa para entretener y engañar.
Por Narciso Isa Conde
Ahora las ejecuciones judiciales o asesinatos policiales son por paquetes o ramilletes: ocho de un tirón… 40 en un mes y unos días.
El nuevo jefe, o da la orden, o la banda criminal interna tiene luz verde para tirar los cadáveres en las narices de los pobladores donde acribillan a los condenados ilegalmente a pena de muerte.
Abinader los conmina a entregarse para evitar que le vaya peor, autorizando en los hechos su ejecución.
Dicen, con razón, que Luis Abinader le tiene miedo a todo.
A Donald Trump, a Marco Rubio, a la CIA, a la DEA, a Netanyahu, al Mossad, al Comando Sur…
A los Vicini, los Rainieri, los Risek… a los bancos y las bancas, a sus ARS y AFP, y a todos los oligarcas más ricos que él…
A los granceros… a los magnates depredadores y explotadores y a los influencers de diferentes calibres y calañas…
A los López Pilarte y Miguel Gutiérrez.
A Hipólito, a Leonel y hasta el semi-acosado Danilo.
En este delicado tema de la perversión de la P.N. de sus matanzas, de sus prácticas y asociaciones mafiosas recurrentes… su estructura criminal y sus asesores israelí, estadounidense, chilenos, colombianos y españoles saben muy bien que Abinader le tiene miedo, y que la reforma es una farsa para entretener y un cuento para engañar.
En verdad, no le temen a ese allante.
Por ese miedo, Abinader es incapaz de dar una orden para cerrar categóricamente el tenebroso capítulo de las ejecuciones extrajudiciales.
Es incapaz de dar un zapatazo, de emplazar a los jefes policiales, de amenazarlos con castigos severos, para que detengan su horrible carrera delictiva. Carece de energía y valor para ponerlos en su sitio, aunque sea solo en ese punto.
Por el contrario, perdió autoridad y continúa apoyando y modernizando un cuerpo policial criminal, integrado por bandas especializadas en todos los delitos; dotándolo de nuevos equipos que mal usan, deterioran o se roban.
Esa cobardía permisiva y su ideología convierten al mandatario en cómplice de una institución cuyas entrañas están podridas.
El mal es estructural, sistémico, crónico. No cede con cirugía extirpadora de tumores. Desde hace décadas hizo metástasis.
Luis Abinader lo sabe y alimenta sus tumores y metástasis. Cada cambio de jefatura y cada reforma y cada plan de seguridad ciudadana, es eso.
La cultura despótica, criminal, delictiva… resiste “depuraciones” parciales. Ella se recompone fácilmente y se retroalimenta, siempre asociada a otras variantes de la corrupción de Estado, ya sea política, empresarial o narco-criminal.
En el interior de la Policía Nacional se recicla también la ideología autoritaria-neoliberal rodeada de un Estado y una sociedad civil en los que domina el criterio de que la gente vale por lo que consume, por las banalidades que disfruta y el dinero que posee.
Rebrota fácilmente en su seno el viejo caudillismo (Trujillo, Balaguer…), reencarnado y estimulado por los presidentes más recientes: Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Danilo Medina y el propio Luis Abinader, el actual.
La P.N.es un cuerpo militar y se auto-protege con el manto del autoritarismo y el secretismo castrense.
Un cuerpo acostumbrado al abuso, la crueldad y el robo.
Más que interrogar, tortura; física y mentalmente.
Los mayores ingresos personales a nivel de alta oficialidad provienen de lo ilícito, sin que nadie los fiscalice: extorsión, soborno empresarial, complicidad con bandas civiles, protección de delincuentes de todas las calañas, narco-corrupción.
La policía no previene ni persuade, sino que mete miedo y reprime, y hasta le hace la guerra al pueblo, maltratando a civiles.
Atemoriza a presidentes cobardes y a congresistas perversos que la exhortan a ser más duros y más criminales.
Importantes sectores de la P.N. son insaciablemente adictos a esas inconductas inducidas por sus jefes y estimuladas por el modelo de actuación de la clase dominante-gobernante.
Por Oscar López Reyes
En su fuero eminentemente profesional, el periodista labora para empresas periodísticas, instituciones estatales y organizaciones de otras índoles, con la ética “como el zumbido al moscardón” y la dignidad sobre la mesa. En cualesquiera de esas órbitas, diáfanamente ha de mantener su compromiso con la libertad, la democracia y el bien común, sin manipular la verdad ni inquirir ventajas personales; sin erosionar confianzas ni confabularse con pestañas tenebrosas del poder político-económico.
Con unos y otros presidentes de la República he interactuado en 50 años, ya en entrevistas, tertulias y otros encuentros periodísticos y en quehaceres oficiales. Incumbentes de todos los gobiernos han requerido los servicios profesionales independientes de quien escribe, sin condicionamientos políticos en un clima de respeto. En todos he aceptado las propuestas de trabajo, menos en una regencia de ocho años.
7.- JOAQUÍN BALAGUER RICARDO (1 de septiembre de 1906, Bisonó, Santiago-14 de julio de 2002, Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996. Durante su administración 1966-1978, varios periodistas cayeron abatidos a balazos, y para abordarlo había que aprovechar circunstancias especiales, como su llegada al salón de Embajadores del Palacio Nacional para encabezar las reuniones de cada miércoles de la Comisión Nacional de Desarrollo, y al término tanto de las misas dominicales de la capilla de la Casa de Gobierno como en las inauguraciones de obras públicas.
En 1973 decidió presidir una rueda de prensa, en la mañana de cada jueves, y por lo general se exigía que, con antelación, presentaran las preguntas a ser formuladas que eran punzantes y con frecuencia respondía exaltado. Singularizó por la anarquía, por cuyas razones fue suspendida sin retorno. En su nuevo gobierno de 10 años (1986-1996), Joaquín Balaguer se mostró más receptivo con los periodistas. Por lo menos una vez a la semana yo lo entrevistaba durante sus caminatas, a las 6 de la tarde, por el parque Mirador Sur. Me entregó el Premio de los Jayces ‘72 como joven sobresaliente de 1992, en un acto en el Palacio Nacional, y en ese período laboré como encargado de relaciones públicas del Instituto para el Desarrollo del Suroeste (Indesur), con sede en Azua.
8.- ANTONIO GUZMÁN FERNÁNDEZ (12 de febrero de 1911, La Vega- 4 de julio de 1982, Santo Domingo). Administración gubernamental: 16 de agosto de 1978 – 4 de julio de 1982. A este modelo de accionar democrático y cambios, había que sacarle los datos con preguntas directas, durante inauguraciones y otras actividades, y sus informaciones más relevantes provenían de sus discursos.
Guzmán Fernández respondía con un lenguaje campechano, y se coronó con la gloria de que en su gestión se instalaron y desarrollaron las principales unidades de relaciones públicas gubernamentales. En el citado cuatrienio, conversé con él cuando yo fungía como encargado de relaciones públicas del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI). Y en El Nuevo Diario profundicé en un análisis sobre las razones de su suicidio en su despacho del Palacio Nacional, el 4 de julio de 1982, entre la medianoche y la madrugada.
9.- JACOBO MAJLUTA AZAR (9 de octubre de 1934, Santo Domingo-2 de marzo de 1996, Tampa, Florida, Estados Unidos. Jefe de Estado en funciones: 4 de julio de 1982-16 de agosto de 1982, 43 días. Como vicepresidente constitucional, el 4 de julio de 1982 asumió la presidencia de la República tras el fallecimiento del presidente Antonio Guzmán Fernández, ambos electos para el período 1978-1982.
Platicamos periodísticamente en encuentros en su vieja residencia de la avenida Independencia número 555 (entre las calles Benito Monción y Socorro Sánchez) y su nueva residencia de Arroyo Hondo, con el auxilio y la compañía de Rafael Gamundi Cordero. Sobresalió por su afectividad y franqueza con los periodistas.
10.- SALVADOR JORGE BLANCO (5 de julio de 1926 -Santiago-26 de diciembre de 2010, Santo Domingo). Ciclo de su autoridad presidencial: 16 de agosto de 1982 y 16 de agosto de 1986. Este tercer presidente de la República del PRD tomaba asiento en su despacho del Palacio Nacional a las 7 de la mañana, a la misma hora en que este servidor comenzaba a laborar como periodista del Departamento de Prensa de la sede presidencial. En esa condición asiduamente tomaba notas de declaraciones oficiales en actos a los que no tenían acceso los periodistas que cubrían la fuente palaciega. Luego me designaron director de relaciones públicas de los ministerios de Relaciones Exteriores e Industria y Comercio.
Jorge Blanco contestaba preguntas de los reporteros en actos especiales, como en la presentación de credenciales de diplomáticos y encuentros sociales. Cada jueves conversaba con ellos al término de las Audiencias Populares, organizadas en el hoy salón Hermanas Mirabal de la primera planta del Palacio Nacional y en gobernaciones de distintos pueblos. Dos veces lo visité cuando estuvo recluido –en un ambiente cuasi solitario- en la desaparecida cárcel preventiva del ensanche La Fe y publiqué crónicas sobre su internamiento en la clínica Gómez Patiño y su salida del país con fines de salud.
11.- LEONEL FERNÁNDEZ REYNA (26 de diciembre de 1953, Santo Domingo). Lapsos como regente del Poder Ejecutivo: 1996-2000 y 2004-2012. Catedrático y filosófico de la comunicación en las aulas universitarias y en el diario existir, resaltaba que no se peleaba con sacerdotes ni periodistas. En esa línea, confraternizó y ayudó a una legión de estos últimos.
Compañeros en la escuela de comunicación social de la Universidad Dominicana O&M y los encuentros con el teórico Jimmy Sierra, solidarios en los avatares del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y cercanos de oficinas en la calle El Conde, Fernández Reyna me llamó como asesor de comunicación de los consejos consultivos de los dominicanos en el exterior, con asiento en el Palacio Nacional, y luego como secretario del consejo de administración de Certv/RTVD, honoríficamente durante tres años, cuando presenté renuncia.
12.- HIPÓLITO MEJÍA DOMÍNGUEZ (22 de febrero de 1941, Gurabo, Santiago). Mandato presidencial: 2000-2004. Hablaba con franqueza y sin contención con los periodistas hasta tres veces en un solo día. Responsable y valiente, se caracterizó por ser locuaz y jocoso, y espontáneamente me otorgó -el 5 de abril de 2003- la condecoración de la Medalla Presidencial al Mérito Civil, en una ceremonia celebrada en el Palacio Nacional.
Tras ser designados por Hipólito Mejía, Manuel (Chiqui) Troncoso Cuesta, presidente y gerente general, y Luis Martínez como subgerente del Banco Nacional de la Vivienda (BNV), me encargaron de las relaciones públicas de esa institución, en el 2001.
13.- DANILO MEDINA SÁNCHEZ (10 de noviembre de 1951, Arroyo Cano, San Juan). Mandato presidencial: 2012-2020. Ha sido el más huidizo, apagado e insulso de los presidentes de la República, y apenas abrió los brazos para hacer buenas migas e intimar con una camada de buenos allegados redactores élites y comentaristas. Mis relaciones en la gobernanza de Medina Sánchez no pasaron de un simple saludo y una mirada furtiva.
Cinco viejos camaradas del Partido Comunista de la República Dominicana (Pacoredo), entre ellos dos sometidos actualmente a la Justicia por corrupción, no pudieron convencerme para que junto a ellos me integrara a la campaña electoral de Medina Sánchez, y no acepté trabajar en el gobierno durante su mandato de ocho años. ¡Presidente, la afectividad, presidente!, encabezaban los artículos publicados en el vespertino El Nacional, como advertencia.
14.- LUIS ABINADER CORONA (12 de julio de 1967, en Santo Domingo). Mandatos presidenciales: 2020-2024 y 2024-2028. En el 2020 innovó con un nuevo estilo de suministrar informaciones: el Twitter, ahora X. Prosiguió, desde el 28 de agosto de 2023, con LA Semanal con la Prensa, en el salón de las Cariátides del Palacio Nacional, transmitida en vivo por la plataforma de streaming YouTube. Se enquistó en el espacio de diálogo gubernamental más innovador, abierto entre formalidades protocolares y bromas, así como dinámico en la generación de noticias preeminentes.
Con Abinader Corona he mantenido nexos académicos y familiares por cuatro décadas, y en estos 6 años de su gobierno he sido director de comunicación de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) y la Contraloría General de la República, para sumar 42 años de servicios a instituciones del Estado.
Sinopsis. En el Palacio Nacional (dos veces) y en un palacio judicial, en la Cancillería, un banco estatal, Radiotelevisión Dominicana, Industria y Comercio, en la Contraloría, el Indrhi, el Consejo Nacional de Fronteras, Indesur y Digecog conocí y platiqué con jefes de Estado y estas instituciones me obsequiaron múltiples ofrendas: vida, participación en eventos históricos, tener acceso a informaciones privilegiadas, aprendizajes y experiencias para el crecimiento personal, amistades, honores y agasajos. Y me abrieron pétalos para escribir sobre políticas públicas, transformaciones en el Estado y memoriales históricos.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.
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