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Opinión

DNI, nueva ley y el rol oculto de la CIA-EU

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Por Narciso Isa Conde

El Departamento Nacional de Inteligencia-DNI se reestructuró en la posguerra de abril, bajo el impacto de la intervención militar de 1965, durante el régimen terrorista de Estado de Balaguer.

Su primera jefatura estuvo a cargo del Contralmirante Valdez Albizu, sindicado como importante agente de la CIA, procedente del M2 de la Marina de Guerra en RD.

Eran tiempos de la guerra fría y de la criminalización del comunismo y las izquierdas en toda su diversidad.

Desde su inicio el DNI estuvo tutelado por la Agencia Central de Inteligencia-CIA y financiado en un 60% por fondos del AID, hoy USAID.

La Estación de la CIA instaló una de sus estaciones en el mismo edificio del DNI, al lado del Palacio Nacional.

Nada de eso, que se sepa, ha variado sustancialmente.

El DNI no es dominicano, carece de soberanía, es una dependencia del sistema de inteligencia del imperialismo estadounidense y responde a sus actualizaciones y reestructuraciones, como la que se contempla en la nueva ley 01-24, que la transforma en Dirección Nacional de Inteligencia (DNI)

Su jefe actual, Lic. Luis Soto, es civil y nadie sabe dónde estudió la materia, ni cuáles son sus méritos. Lo nombró formalmente el presidente Abinader, pero realmente su designación, dadas las características neocoloniales del estado dominicano y las propias de ese organismo, tiene factura de ultramar.

Ser civil no excluye ser oficial de inteligencia, ni tampoco excluye vínculos con la CIA y el sistema de inteligencia estadounidense.

Por lo menos yo y los camaradas del Movimiento Caamañista-MC “no nos chupamos el dedo” y no tenemos empacho en decirlo.

Su desempeño es tan soterrado que resulta muy sospechoso en tiempos de multi-intervención de la USAID-CIA en el estado-gobierno de este país, de presencia recurrente del Comando Sur, entrega del Puerto de Manzanillo al Comando Sur y USAID, exploración de tierras raras por el Ejército de EEUU, control yanqui-israelí de la frontera terrestre (montada sobre el Muro fronterizo) y de los centros inteligencia altamente tecnificados, con conexiones satelitales y disponibilidad de uso discrecional de la plataforma PEGAZO.

· CONJURA Y SUPRA-PODER.

En el contexto de esta ultra recolonización, vienen ahora con la nueva ley de la DNI, para convertir ese aparato en un supra poder de inteligencia, bajo la jefatura formal del presidente de turno y el asistente-director de la entidad DNI, en tanto ambos están dispuestos a operar dentro de los parámetros de una moderna gobernación de colonia.

Al examinar la nueva ley y el impacto de lo que acontece en Nuestra América y el mundo, se evidencia que ella responde al interés supra nacional de ampliar el poder de espionaje y control militar-policial de EEUU sobre y dentro del estado dominicano y de nuestra sociedad.

En esta ocasión, la instrumentación de ese propósito imperialista se fabricó chapuceramente mediante la combinación del referido proyecto de ley y una evidente conjura a nivel de la Cámara de Diputados que eliminó la restricción establecida originalmente en su artículo 11 (la autorización previa del juez o jueza competente) y para desechar toda formulación que disminuyera el ilimitado poder que le confiere la Ley 1-24, ya promulgada, a una Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) y un Sistema Nacional de Inteligencia (SIN), que agrupará a todas las agencias investigativas del Estado, bajo control exclusivo de sus jefes.

Todo lo develado indica que en plena campaña electoral para Abinader era una carga política pesada eliminar a nivel del proyecto la obligatoriedad de la previa decisión de un juez/a o tribunal, como condición para que la DNI pudiera exigirles libremente a terceros las informaciones correspondientes, sujetas las negativas a severas sanciones,

El proyecto, antes de aprobarse y promulgarse, incluyó muchas otras maneras de convertir a la DNI en supra poder ultra-centralizado y dictatorial, llamado a suplantar funciones del Ministerio Publico (MP) y del propio presidente de la república.

La carga de descrédito del artículo 11 modificado, que obliga a todo mundo a delatar compulsivamente y arbitrariamente, fue traspasada a una conjura fraguada en la Cámara de Diputados, con una participación destacada de su Comisión de Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, de los jefes del PRM, PLD y FP, y del propio presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, que fue capaz de hacer una lectura amañada del texto correspondiente.

Eso de seguro se logró con la intervención soterrada de altas jerarquía de las fuerzas armadas, PN y DNI, que fueron expresamente consultadas; como también a nivel de cúpulas de partidos y gobierno manipulados desde la embajada gringa y la CIA. La mano peluda del Coloso del Norte los aglutina a todos.

Esa sucia maniobra fue facilitada por el silencio cómplice o el bajo perfil de los voceros de los partidos menores y los sectores consultados.

Influyó determinantemente el temor a los poderes fácticos-permanentes imperialistas y pro-imperialistas, que aunque operen soterradamente, son fáciles de percibir y sentir por políticos lacayos, actores diversos llenos de miedo y entidades subordinadas a EE.UU.

Una vez dado el palo a toda velocidad, y evidente el rechazo en una amplia franja de la sociedad al artículo 11 adulterado, brotó la ola de críticas hipócritas, simulaciones y maromas verbales en los propios responsables de ese engendro legal; y también en los cómplices de esa espuria maniobra previamente asumida o aceptada.

De todas maneras, Abinader la promulgó y lo hizo luego de leerla, evidenciando su apoyo; amén de que sus voceros la defienden. Sobresale así el entramado perverso montado para imponer la redacción de un artículo de corte tiránico, dificilísimo de defender e incluso de imponer. El proceso se ha empantanado de mala manera.

Parecería que el espíritu de Trujillo redactó, aprobó y promulgó esa ley, y en cierta medida fue así; porque lo inspiran sus herederos: nuevos militantes del fantasma del fascismo actualizado que recorre América y el mundo, con nombres tan sonoros como Biden, Trump, Len Phen, Giorgia Meloni, Bolsonaro, Bukele, Lasso, Noboa, Milei y el fracatan de partidos y movimientos infectados de racismo, machismo, xenofobia, bandolerismo, fundamentalismo religioso y capitalismo gansteril.

Pero más allá de lo acontecido alrededor del artículo 11, esa ley contiene formulaciones que garantizan la imposición de un arbitrario supra poder de inteligencia, que subordina en mayor el estado y el gobierno dominicanos, al “gobierno o estado profundo” que dirige la política exterior y traza la estrategia de dominación continental y mundial de los presidentes estadounidenses.

· MAS SOBRE LA INACEPTABLE LEY DE LA DNI.

La ley 01-24 establece que “la parte operativa de la DNI estará conformada por un Sistema Nacional de Inteligencia (SNI), constituido por todos los organismos y órganos encargados de realizar labores de inteligencia y contrainteligencia para la seguridad nacional, coordinados de manera funcional”.

Establece, además, que no será una dependencia de las Fuerzas Armadas, sino del Presidente de la República; con la Estación de la CÍA en el centro de sus procedimientos y decisiones, agregó yo.

Tendrá autonomía presupuestaria y “regulará los fondos destinados a tareas de inteligencia y contrainteligencia de las demás agencias investigadoras”, subordinadas a sus decisiones; lo que le da poder para modificar presupuestos.

El artículo 7 de esta ley asume que “corresponde a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) “definir, emitir y desarrollar los principios rectores” del sistema de inteligencia, cuando a quienes realmente le corresponde hacerlo es a quienes aprueben la ley. La DNI no debe definir a su antojo sus principios rectores, puesto que eso equivale a situarse por encima del poder estatal constituido.

En el artículo 8 se dice que la DNI debe “cooperar con el Ministerio Público, en caso de que éste lo requiera”, y agrega que lo haría “siempre que la DNI lo considere necesario…”

Ese párrafo violenta el ordenamiento legal del país. El MP es el organismo rector de esas investigaciones penales y la DNI está obligada a suministrar las informaciones y cooperación requerida por el MP.

En general la ley en materia de investigación criminal y acción penal irrespeta la subordinación obligada al MP y pretende perseguir y apresar por cuenta propia antes previamente a la acción delictiva.

El artículo 8 autoriza perseguir e investigar a toda persona u organización que cometa una “agresión a la constitución”; acusación altamente interpretativa, que se presta a criminalizar las personas y entidades que adversan los contenidos fundamentales de la constitución vigente.

El artículo 9 sirve de base a la represión de todo aquel o aquella, persona o movimiento, que pretenda “establecer una forma diferente de gobierno”; algo inherente a la izquierdas revolucionarias, comunistas, socialistas o simplemente democráticas alternativas al actual Estado, al neoliberalismo y a su orden constitucional.

Esto equivale a volver a una especie de guerra fría, que no fue tan fría, cargada de asesinatos, abusos, negaciones de derechos, discriminaciones política-ideológicas y arbitrariedades.

No son funciones de la DNI “asesorar al presidente de la República sobre planes y estrategias de seguridad alimentaria, ambiental, de salud pública, energética, cibernética, económica y financiera”; como se establece en el artículo 12 de esa ley, suplantado y militarizando atribuciones especializadas de instituciones civiles del Estado.

En el artículo 9 de la nueva ley de la DNI, se le concede el derecho a “obtener, evaluar e interpretar informaciones de carácter estratégico”, pero eso exige definir previamente lo que determina el carácter estratégico de una información, algo ausente en ese texto.

“Controlar el ingreso y salida de personas extranjeras al y del territorio nacional, disponiendo su admisión o no en el país”, como establece el artículo 8, son atribuciones de la Dirección General de Migración. A la DNI sólo le corresponde suministrar las informaciones y fundamentar sugerencias.

Si como dice esa ley en su artículo 13, “los miembros de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) son de libre designación y separación por el director nacional, y deberán ser dominicanos de nacimiento u origen”, estamos frente a una instancia del Estado que se estructura y gobierna así misma; colocándose por encima del Poder Ejecutivo.

En la misma tesitura, la ley 01-24 en su artículo 12 consigna que la DNI “gozará de autonomía en expedición y permisos de armas sin limitación, a contrapelo de que no se trata de una instancia militar o policial con atribuciones represivas. Se arma autónomamente, lo que se presta a mil diabluras.

En su artículo 19 se establece que “La DNI contará con régimen de seguridad social para su personal”, reproduciendo a nivel de estado los cuestionables privilegios que potencian las desigualdades sociales.

Al examinar los artículos 22, 23, 44 y 25 sobre el “REGIMEN FINANCIERO”, la ley consigna que “la DNI dispondrá de un contralor financiero, designado por el director nacional, el cual llevará a cabo el control financiero”, lo que implica fiscalizarse a sí misma, algo inadmisible.

Igual establece que “la (DNI) dispondrá de bienes del patrimonio del Estado para el cumplimiento de sus fines”, sin incluir las restricciones y regulaciones necesarias.

De la rendición de cuenta al presidente, esa ley es capaz de excluir lo que al director le antoje, a cambio de un certificado que él mismo emite. Igual ocurre con las contrataciones, cuando se establecen compartimentaciones secretas.

La “secretidad” se esgrime para manejar fondos y contratos como le venga en gana a sus jefes; y en el colmo de los colmos, esta ley consagra las donaciones secretas, las prestaciones de servicios a particulares y la designaciones y cancelaciones de personal, sin fiscalización. Licencia para delinquir.

Esas prerrogativas fácilmente se convierten en sobornos y negocios a realizar desde una institución pública para favorecer empresas y personas privadas. Es una ruta hacia el mercenarismo y la privatización de estructuras militares, muy en boga en la política del PENTÁGONO.

Su artículo 90 establece la conformación del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que estará integrado por las jefaturas de Hacienda, PGR, Defensa y otros ministerios y dependencias estatales. Todo un gabinete.

Exigirá también prisión a quienes denuncien algo de sus interioridades, reñidas o no con las leyes y la moral; sin importar que se trate de poner al descubierto sus propias violaciones a la ley y los casos de corrupción, torturas, abusos internos y crímenes ocultos.

Todo a nombre de una Seguridad Nacional inexistente, en tanto somos un país sin autodeterminación.

Examinada en su esencia y sus detalles, la ley de la DNI no solo crea un aparato que tutela al gobierno y al estado, atribuyéndole más poderes al presidente de la república; sino que además crea un mecanismo en el que su Director Nacional tiene los poderes de un dictador autónomo, con atribuciones propias del Poder Ejecutivo, Congreso Nacional y Ministerio Público.

Tales pretensiones solo son posibles cuando un poder supranacional se interesa en que sea así.

Quede claro que quien suscribe este artículo y el Movimiento Caamañista-MC a que pertenezco, consideramos esta ley como componente más en la negación de derechos y un paso más hacia el establecimiento progresivo de un régimen neocolonial de corte dictatorial con pinta neofascista, que nadie con dignidad y convicciones democráticas está en el deber de respetar.

A la vez reiteramos que es un derecho inalienable, en un país donde no hay una democracia institucionalizada, ni realmente participativa y soberana; donde no existe ni siquiera democracia electoral; donde impera una constitución neoliberal, cargada de presidencialismo autoritario y protectora de un régimen de propiedad, un proceso de gansterización del capitalismo y brutales desigualdades sociales… es un deber optar por la vía extra-institucional y ejercer la democracia de calle para hacer colapsar un ordenamiento tan injusto y proceder a crear un nuevo modelo de estado y sociedad.

Vamos a enfrentar tanto esta ley draconiana, como el poder constituido sobre la base de la Constitución del 2010, no importa las consecuencias punitivas y represivas, que por demás estamos seguros nuestro pueblo sabrá derrotar.(26-01-24, Santo Domingo, RD)

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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