Opinión
Doce razones para no participar en comicios del 2024
Por Narciso Isa Conde
El Movimiento Caamañista (MC) declara ante el país que decidió no participar en los procesos electorales fijados para este año 2024. Convicciones muy profundas y consistentes han determinado este posicionamiento político frente a las votaciones a las alcaldías, congreso y presidencia de la república.
· LAS DOCE RAZONES:
1.- PORQUE las heroicas luchas por la democracia y la libertad han sido obstruidas y secuestradas por una partidocracia insensible y voraz, por las continuas intervenciones del poder imperialista estadounidense y por el poder del dinero de elites capitalistas y mafias diversas.
2.- PORQUE las denominadas elecciones municipales, congresuales y presidenciales están basadas en una Constitución profundamente antidemocrática y en dos leyes hechas a la medida de los intereses de partidos corruptos y de las cúpulas capitalistas-imperialistas y narco-capitalistas que los manipulan.
3.-PORQUE el sistema electoral dominicano no garantiza equidad y respeto para todos los que participan en estos procesos. El pueblo no elige. Eligen los partidos con más poder y más dinero:
· Empleando fondos procedentes del estado y sus contribuyentes, injustamente asignados por ellos mismos;
· Recibiendo financiamientos de tutumpotes megamillonarios, que invierten en el mercado electoral para multiplicar fortunas y controlar el estado;
· Usando dineros procedentes del ejercicio inmoral de las funciones públicas, del lavado del producto de la corrupción política, del narcotráfico, las bancas de apuestas y otros negocios turbios.
En todos estos casos han usado esos medios, recursos y condiciones para manipular las votaciones y apoderarse de la mayor parte de los cargos electivos.
4.-PORQUE en todos los niveles abundan candidatos y candidatas con antecedentes de corrupción y evidencias mafiosas.
5.-PORQUE durante 58 años, en procesos electorales parecidos a éstos, sólo se ha logrado más de lo mismo y se han agravado problemas cruciales que afectan a la nación y al pueblo en vertientes tan sensibles como alimentación, salud, seguridad social, educación y seguridad ciudadana.
6.-PORQUE elecciones tras elecciones no cesan el deterioro ambiental y la vulnerabilidad frente a los fenómenos naturales; el caos en el transporte; la opresión y violencia contra la mujer; el auge del racismo; las enormes desigualdades sociales; el injusto régimen salarial y la explotación y sobreexplotación de los trabajadores y trabajadoras; en tanto el sistema electoral facilita que los partidos que acceden al gobierno no se dediquen a resolverlos.
7.-PORQUE en estas últimas décadas se han empeorado la inseguridad ciudadana, el aplastamiento de la soberanía y la autodeterminación por el poder imperialista de EEUU y sus aliados; la crisis de agua y de los sistemas de drenajes pluviales y sanitarios; la minería destructiva; el robo y la narco-economía; la privatización del patrimonio público y natural de la nación; y el maltrato de las relaciones con Haití y su pueblo, con graves daños al espíritu de coexistencia, cooperación y oportunidades económicas mutuamente ventajosas.
8.- PORQUE el sistema electoral ha transformado gran parte de los partidos en compañías por acciones; muchos/as votantes -sobre todo a los/as más pobres- son tratados/as como clientes y el voto convertido en mercancía; degradando comicios e instituciones, y reforzando su carácter comercial y su esencia excluyente.
Tan excluyentes y antidemocráticas son estas votaciones, que los llamados partidos emergentes que no tienen manera de emerger, terminan plegándose a los que dominan el sistema a base de dinero y de poder, a cambio de cuotas menores.
9.- PORQUE el sistema de medios de comunicación, al servicio del gran capital e influido determinantemente por el derroche de publicidad gubernamental y privada, excluye, margina o minimiza todo lo que no responde a sus intereses y sacan del debate los temas fundamentales, banalizando los procesos electorales.
10.-PORQUE desde 1966, en materia de elecciones se ha demostrado, que si no se cambian sus bases constitucionales y legales, su sistema de partidos, sus mecanismos de financiamientos y sus actuales reglas de juego, los resultados serán siempre más de lo mismo y su producto igual o peor; como ha pasado muchas veces en el Congreso, las Alcaldías y en el propio Poder Ejecutivo.
11.-PORQUE es poco o nada lo que pueden hacer las contadas personas honestas y con voluntad de reformas que logran colarse en este tipo de votaciones para ocupar cargos electivos.
12.-PORQUE desde el poder central se ha anulado la independencia del poder municipal, tanto con la ley de ordenamiento territorial como con prerrogativas onerosas en favor de las mineras.
· NUEVA RUTA HACIA UN NUEVO PROCESO CONSTITUYENTE.
En resumen: porque las pregonadas “fiestas de la democracia”, realizadas después de la invasión militar yanqui de 1965, han resultado verdaderas trampas; y porque éstas votaciones no serán diferentes, decidimos no avalar la continuidad de ese círculo vicioso y viciado.
En lugar de participar en votaciones tramposas y viciadas, hemos optado por seguir desplegando nuestras energías por otra ruta; procurando, a los compas de luchas sociales más politizadas, erosionar la gobernabilidad de estas instituciones extremadamente degradadas.
Esta nueva ruta procura crear conciencia colectiva de la necesidad de reemplazar esta institucionalidad a través de un PROCESO CONSTITUYENTE SOBERANO Y PARTICIPATIVO, capaz de construir nuevas bases constitucionales, que posibiliten establecer una nueva institucionalidad realmente democrática y garantizar comicios verdaderamente libres.
Bajo las actuales condiciones, molestarse en participar en esos comicios y acudir a votar solo contribuye a legitimar y prolongar esta situación.
Estas son nuestras sinceras y firmes convicciones, respetando el parecer y las actitudes de quienes de buena fe y con honestidad probada consideren beneficioso participar en estas votaciones. A nadie descalificaremos por asumir esas actitudes, pero si exhortamos a reflexionar y a debatir estas ideas, las cuales trascienden estas nuevas votaciones normadas por reglas inaceptables para nosotros/as
POR LA COORDINACIÓN CENTRAL DEL MOVIMIENTO CAAMAÑISTA: Narciso Isa Conde, Raúl Guerrero, Elisabeth Mejía y Rafael Félix.
Por Narciso Isa Conde
Vivimos una sociedad de grandes injusticias, discriminaciones y opresiones, las que son mayores si se examinan en la relación hombre-mujer; lacerantes y crueles en temas como el acceso al empleo y los ingresos, derecho a la salud, relación de poder en la familia y la sociedad, forma de participar en la política y cruel despliegue de la violencia masculina.
La violencia no se detiene ni se revierte con Estados y Gobiernos que se niegan a combatir la ideología patriarcal-machista, a educar en torno a la teoría de género, a defender los derechos de la población femenina, a superar los fundamentalismos religiosos, a impartir educación sexual y promover la enseñanza basada en los permanentes adelanto de la ciencia.
La matriz de las modalidades de violencia de género es ideológica-cultural, constantemente reproducida por la clase dominante y el Estado bajo su tutela, incluido su poderoso sistema de comunicación, sus instancias educativas públicas y privadas, sus poderes eclesiales y sus diversos.
No es solo cuestión de reconocer y condenar verbalmente los feminicidios.
No es asunto que se solucione con establecer, como simple formalidad, un Ministerio de la Mujer.
No es tema para limitarse expresar pesares o allantar con medidas superficiales y con leyes que no se cumplen.
A eso se limita la clase dominante-gobernante dominicana, su Estado, su Gobierno, las cúpulas de sus iglesias y el propio presidente Abinader con su equipo de gobierno.
Aquí el sistema educativo, los aparatos de comunicación y cultura han sido asaltados por la ideología machista.
El Estado ha pisoteado el laicismo y el valor de las humanidades y las ciencias sociales, con la anuencia y participación de Luis Abinader,
Importa mucho por eso destacar esa realidad y detenernos siempre en dos características relevantes de la sociedad dominicana: la opresión y la explotación de las mujeres:
La opresión tiene sus raíces en un sistema capitalista plagado de desigualdades, que le da continuidad a una cultura dominante machista que coloca a las mujeres en posición subordinada frente a los hombres; quienes abusivamente se asumen como propietarios de sus vidas y de sus cuerpos.
En ese contexto toda independencia femenina, toda resistencia a ser propiedad masculina, todo desamor provocado por el maltrato y el menosprecio, se paga con agresiones y hasta con la vida, pasando por sufrimientos inenarrables.
Así opera la sociedad patriarcal-machista dirigida por un Estado generador y complaciente frente a distintas formas de violencia y exclusión machista (física, psicológica, económica) contra mujeres y niñas. Todo un poder dominante que opera como una fábrica de feminicidios
La explotación se sustenta en una cultura dominante clasista que empobrece hombres y mujeres trabajadoras -y que mezclada con la división sexual del trabajo y basada en el interés exclusivo del capital por la ganancia- genera y se apropia de más riquezas en base al trabajo desvalorizado de las mujeres en múltiples labores y también en el trabajo absolutamente no remunerado, asignándoles unilateralmente a las mujeres las tareas del cuidado de la familia y del hogar.
La paternidad irresponsable, del abandono total de la familia por los hombres, que determina que la mitad de los hogares estén a cargo de mujeres, se suma a ese despliegue de calamidades.
Aquí y en gran parte del planeta. las mujeres viven múltiples formas de maltrato y discriminación que son tanto más graves y dolorosas cuando ellas son más pobres, negras y con menos oportunidades.
La lucha de las mujeres por la igualdad es cuestión de poder y contra ese poder es necesario que juntos encaucemos la lucha para alcanzar la liberación de todos/as los/as oprimidos/as y explotados/as.
Se ha dicho con razón, que lo personal, en este y muchos casos es también político, y lo político implica valorar que la base de esta gran trampa opresora es el sistema y que hay que cambiarlo por otro que desplace y reemplace la alianza criminal del patriarcado con el capital.
Por Rommel Santos Diaz
Las solicitudes de asistencia se cumplirán de conformidad con el procedimiento aplicable en el derecho interno del Estado requerido y, salvo si ese derecho lo prohíbe, en la forma especificada en la solicitud, incluidos los procedimientos indicados en ella y la autorización a las personas especificadas en ella para estar presentes y prestar asistencia en el trámite.
En el caso de una solicitud urgente y cuando la Corte Penal Internacional lo pida, los documentos o pruebas incluidos en la respuesta serán transmitidos con urgencia.
El Estatuto de Roma establece que las respuestas del Estado Parte requerido serán transmitidas en su idioma y forma original.
Cuando resulte necesario en el caso de una solicitud que pueda ejecutarse sin necesidad de medidas coercitivas, en particular la entrevista a una persona o la recepción de pruebas de una persona voluntariamente, aun cuando sea sin la presencia de las autoridades del Estado Parte requerido si ello fuere esencial para la ejecución de la solicitud, y el reconocimiento de un lugar u otro recinto que no entrañe un cambio en el , el Fiscal podrá ejecutar directamente la solicitud en el territorio de un Estado.
Cuando el Estado Parte requerido fuere un Estado en cuyo territorio se hubiera cometido presuntamente el crimen, y hubiere habido una de admisibilidad de conformidad con los artículos 18 o 19, el Fiscal podra ejecutar directamente la solicitud tras celebrar todas las consultas posibles con el Estado Parte requerido.
En los demás casos, el Fiscal podra ejecutar la solicitud tras celebrar consultas con el Estado Parte requerido y con sujeción a cualquier condición u observación razonable que imponga o haga ese Estado Parte.
Cuando el Estado Parte requerido considere que hay problemas para la ejecución de una solicitud de conformidad con las solicitudes a que se hace referencia en los artículos 933 y 96 del Estatuto de Roma, celebrará consultas sin demora con la Corte Penal Internacional para resolver la cuestión.
Finalmente, las disposiciones en virtud de las cuales una persona que sea oída o interrogada por la Corte Penal Internacional con arreglo al artículo 72 podrá hacer valer las restricciones previstas para impedir la divulgación de información confidencial relacionada con la seguridad nacional serán igualmente aplicables al cumplimiento de las solicitudes de asistencia a que se hace referencia en el presente artículo.
Opinión
La dignidad humana y los procesos político-electorales en la República Dominicana (2006–2026).
Por Robinson Lebrón
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El presente artículo analiza de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos político-electorales de la República Dominicana durante el periodo 2006–2026. A partir de la reforma constitucional de 2010, la dignidad humana se consagró como el principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho, transformando la dimensión procedimental del voto en un derecho fundamental sustantivo. Mediante un enfoque cualitativo y dogmático, la investigación examina el balance entre la expansión formal de los derechos ciudadanos evidenciada en políticas de inclusión como el Voto Accesible, el Voto Penitenciario y la tutela judicial efectiva del debido proceso partidario por parte del Tribunal Superior Electoral (TSE) y la realidad fáctica de los procesos electorales dominicanos.
El análisis revela que, a pesar del blindaje institucional y jurisprudencial, subsisten patologías estructurales arraigadas como el clientelismo sistémico, la mercantilización del voto y la instrumentalización político-electoral del gasto social del Estado. Asimismo, se constata que la transición del debate hacia el entorno digital ha generado nuevas amenazas a la integridad moral a través de campañas de desinformación automatizada mediante robots y violencia política de género en redes sociales. Se concluye que la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas sigue supeditada a una profunda transformación cultural del sistema de partidos y a la aplicación efectiva de regímenes sancionatorios que erradiquen la coerción basada en la vulnerabilidad económica de la población.
El sistema democrático contemporáneo ha superado la concepción procedimental del voto para orientarse hacia un modelo sustantivo, donde el ciudadano es el eje central de las decisiones públicas. En el ordenamiento jurídico de la República Dominicana, esta visión adquirió un carácter vinculante a partir de la reforma constitucional del 26 de enero de 2010. Dicha reforma refundó el Estado dominicano bajo el modelo de un Estado Social y Democrático de Derecho, consagrando explícitamente en su artículo 5 que la Constitución se fundamenta en el respeto irrestricto a la dignidad humana. De este modo, la dignidad dejó de ser un enunciado meramente filosófico para convertirse en un principio jurídico superior, una norma transversal y un derecho fundamental absoluto e inviolable (artículo 38) que debe guiar la actuación de todos los poderes públicos, incluidos los órganos electorales.
Bajo este marco constitucional, los procesos político-electorales celebrados en el país durante las últimas dos décadas (2006–2026) han experimentado una profunda transformación normativa e institucional. El ejercicio de los derechos de ciudadanía —concebidos como el derecho a elegir y ser elegido en condiciones de equidad— se vincula directamente con la autonomía moral y la libertad del individuo. Durante este periodo, la promulgación de normativas clave como la Ley No. 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, la Ley No. 15-19 (y su posterior evolución hacia la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral), así como las jurisprudencias del Tribunal Superior Electoral (TSE) y del Tribunal Constitucional (TC), han buscado estructurar un ecosistema político que garantice la inclusión social, el debido proceso partidario, la paridad de género y el acceso al sufragio de poblaciones históricamente vulnerabilidades, tales como los internos preventivos y las personas con discapacidad.
Sin embargo, el análisis del periodo 2006–2026 revela una persistente desigualdad entre el marco garantista del derecho positivo y la realidad fáctica de las campañas electorales dominicanas. A pesar de los significativos avances tecnológicos y logísticos implementados por la Junta Central Electoral (JCE), la dignidad de los electores continúa enfrentando serios desafíos culturales y estructurales. Fenómenos sistémicos como el clientelismo arraigado, la compra abierta de voluntades en los recintos electorales, la desproporción en el financiamiento de los candidatos y el uso instrumentalizado de los recursos asistenciales del Estado tienden a cosificar al ciudadano, reduciendo su condición de agente político soberano a la de una mercancía económica.
Asimismo, el auge de los entornos digitales en la última década ha introducido nuevas amenazas a la integridad personal a través de campañas de difamación automatizada y la vulneración del derecho al honor. Frente a este escenario, el presente artículo tiene como objetivo analizar de manera crítica la evolución, los hitos normativos y las persistentes vulneraciones a la dignidad humana en el marco de los procesos políticos electorales de la República Dominicana durante los últimos veinte años. A través de un enfoque cualitativo y dogmático, se examina el balance entre la expansión formal de los derechos políticos y la persistencia de prácticas tradicionales que erosionan la autonomía del votante. Se sostiene como tesis central que, si bien el Estado dominicano ha blindado institucional y jurisprudencialmente las garantías del sufragio, la pervivencia de una cultura política de subordinación económica y el desborde ético en las campañas digitales constituyen los principales reductos que limitan la plena realización de la dignidad ciudadana en las urnas.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
rlebroncespedes@gmail.com
El autor es abogado y Docente Universitario.