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Domésticas piden a diputados no eliminar convenio con OIT que las protege

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SANTO DOMINGO, República Dominicana.-Sindicatos de trabajadoras domésticas llamaron este jueves a la Cámara de Diputados para que desoiga la supuesta petición de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom) de eliminar el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Trabajo Decente para las Trabajadoras Domésticas.

Victoria García, presidenta de la Asociación de Trabajadoras del Hogar, dijo que ese convenio les garantiza seguridad laboral, un salario establecido y seguridad social, que es a lo que supuestamente se opone Copardom.

Las trabajadoras sostienen la necesidad de que el citado acuerdo sea ratificado para que se les garantice el derecho de igualdad en el trato laboral a más de medio millón de trabajadoras domésticas que sostienen a sus familias con un bajo salario.

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Nacionales

Más 50 oficinas de abogados han firmado acuerdos de culpabilidad con el Ministerio Público

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Santo Domingo, R.D.-Un total de 52 oficinas de abogados que representan imputados de delitos de criminalidad organizada han pactado acuerdos con el Ministerio Público para aceptar su culpabilidad, cuyos procesos han sido judicializados ante los tribunales.

Al ofrecer la información en un comunicado de prensa, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina.

Indicó que, desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.

«Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente», señala el comunicado.

Indica que el Ministerio Público reconoció el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho.

Sin embargo, calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales.

El comunicado establece que «pretender que el Ministerio Público le atribuya a miembros del nivel medio de una estructura criminal toda la responsabilidad cuando las evidencias establecen de forma clara que la mayor parte de los recursos fue a parar a los principales acusados que desempeñaban funciones de primer orden en el Estado, es pedirle al órgano acusador que tome las decisiones más fáciles y que se sume como cómplice a la impunidad frente a la corrupción de la que un sector privilegiado estuvo disfrutado históricamente».

«Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos», afirma el documento enviado a la prensa.

Aseguró que «estas campañas tienen todas las características de no ser financiadas con recursos de patrimonio lícito, lo que obliga al Ministerio Público a tomar medidas cautelares para evitar que se sigan utilizando recursos para obstruir los procesos».

Destacó que la Suprema Corte de Justicia, la comunidad jurídica y la cooperación jurídica internacional han reclamado de manera permanente que se apliquen las soluciones alternas al proceso penal, una práctica que no es novedosa en el sistema acusatorio. Sobre todo, en materia de criminalidad organizada, en la que suelen ser de vital importancia para desmantelar las cabezas de las organizaciones criminales.

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Por tercera vez aplazan audiencia contra pastor acusado de abuso sexual a menores

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Por tercera ocasión fue aplazado el conocimiento de medidas de coerción contra el pastor Johan Manuel Castillo Ortega, acusado de agresión sexual contra menores de edad.

La jueza de la Oficina Judicial de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste, Cecilia Toribio, aplazó la audiencia para este lunes 24 a las 12:00 del mediodía.

La decisión fue tomada a solicitud de la defensa del imputado para que el tribunal notifique la revisión de presupuesto o arraigo.

La decisión fue rechazada por familiares de las menores que alegaron se le quiere dar largas al asunto.

Abogados tras audiencias

Castillo Ortega fue acusado inicialmente de abusar de dos hermanas, de 13 y 17 años, supuestamente en el sótano de la congregación.

El pasado lunes 17 el Ministerio Público añadió otras acusaciones contra el imputado. Se trata de otras tres supuestas víctimas que denuncian que fueron violadas por el implicado, dos menores y una adulta.

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El pleno de la JCE debe ser escogido por el Senado entre mediados de octubre y noviembre

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Santo Domingo, R.D.-Con la declaración de los ganadores de los comicios presidenciales y congresuales del pasado mes de mayo, la Junta Central Electoral (JCE) y los miembros de su pleno culminaron el trabajo que les fue encomendado hace cuatro años.

Mientras incineran los materiales utilizados y reciben los informes del pasado proceso, el presidente Román Jáquez Liranzo y los demás miembros Rafael Armando Vallejo Santelises, Dolores Altagracia Fernández, Patricia Lorenzo y Sami Rafael Chami Isa se mantienen a la espera de si se mantendrán por otros cuatro años a la cabeza del órgano electoral.

Del grupo, ya Chami Isa solicitó públicamente que los cuatro miembros titulares sean “ratificados” en sus respectivos puestos debido al “gran trabajo” que realizaron los miembros durante el proceso electoral pasado.

«Entiendo que los cinco tenemos mucha oportunidad y mucha ventaja porque, como reitero, se ha hecho un muy buen trabajo a favor de la democracia», expresó Chami Isa en una declaración dada a varios medios de comunicación en el Senado de la República.

Precisamente es ese órgano del Poder Legislativo, una vez sea instalado con sus nuevos miembros el próximo 16 de agosto, que tiene la tarea de escoger o ratificar tanto a los miembros del pleno, incluido su presidente, como a sus respectivos suplentes.

A partir del inicio de ese nuevo periodo constitucional, según la Constitución, la cámara alta tiene un plazo de 60 días para realizar las rondas de entrevistas y demás métodos de evaluación, para de esa forma escoger a los cinco miembros titulares del pleno y sus suplentes; la aprobación debe darse con las dos terceras partes de la matrícula del Senado.

LOS REQUISITOS

Según lo establecido en la ley 20-23 sobre Régimen Electoral, para ser presidente (y suplente), la persona debe ser dominicano de nacimiento u origen; tener más de 35 años de edad y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; además de ser licenciado o doctor en derecho, con al menos 12 años mínimo de ejercicio.

Mientras que para ser miembro del pleno o suplente, se requiere ser dominicano, tener más de 30 años y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos; y ser graduado con título universitario y estar habilitado para el ejercicio profesional, preferiblemente en las áreas de administración o afines, informática o afines y ciencias jurídicas o afines, con ocho años mínimo de ejercicio.

Entre los miembros del pleno no puede haber vínculo conyugal, de parentesco o afinidad entre sí, hasta el tercer grado inclusive, ni con los candidatos a presidencia y vicepresidencia de la República, hasta el primer grado.

La ley igual indica que si aconteciere que, con posterioridad a la designación de los miembros titulares o suplentes se presentasen candidatos con el vínculo conyugal, de parentesco o afinidad, el titular o suplente afectado con esta condición cesará temporalmente en sus funciones, con disfrute de sueldo, desde el momento en que dicha candidatura sea admitida por el órgano partidario correspondiente, hasta que se declare cerrado el proceso electoral de que se trate, y sus funciones serán asumidas por el suplente correspondiente.

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