Santo Domingo.- El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito reiteró que los ejecutivos de la empresa Lajun Corporación deberían estar en prisión preventiva por la violación de los artículos 174, 175, 176 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, y a la vez debe nombrarse un administrador judicial para manejar el vertedero de Duquesa.Nacionales
Domínguez Brito reitera ejecutivos Lajun deben estar en prisión
Santo Domingo.- El Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito reiteró que los ejecutivos de la empresa Lajun Corporación deberían estar en prisión preventiva por la violación de los artículos 174, 175, 176 de la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente, y a la vez debe nombrarse un administrador judicial para manejar el vertedero de Duquesa.El titular del organismo indicó que el pasado 03 de agosto depositaron ante la Fiscalía de la Provincia del Santo Domingo una querella contra los gerentes de la empresa y espera que más temprano que tarde el sistema de justicia accione, y se instruya el expediente a los fines de proceder contra Adrián Chistopher Lee-Chin y la empresa Lajun Corporation S.R.L., como responsable civil.
“La administración actual de la empresa Lajun Corporation, S.R.L., maneja de manera inapropiada y violenta las disposiciones de la Ley General sobre Medio Ambiente; actualmente se producen grandes daños y se pone en riesgo la salud de los habitantes del Gran Santo Domingo. De no asumirse una posición firme por parte del sistema judicial se pondría en riesgo la salud de la gente en el Gran Santo Domingo, y eso no puede permitirse”, advirtió.
Indicó que ya el Ayuntamiento Santo Domingo Norte notificó la anulación del contrato con la empresa y el pasado 15 de agosto el Ministerio de Medio Ambiente y este ayuntamiento solicitaron al Juez Presidente de la Cámara Civil y Comercial de la provincia Santo Domingo como medida cautelar la autorización a los fines de designar un administrador judicial de dicho vertedero.
“Urge también nombrar un administrador judicial que se ocupe de las operaciones en el vertedero de Duquesa y puede buscar junto a las autoridades una solución definitiva. Estamos a la espera de la orden del juez”, aseguró.
Domínguez Brito precisó que “Si bien es cierto que se necesita un precio justo, no menos cierto es que con la salud de la gente no se negocia”.
Reveló que actualmente dicha empresa cobra aproximadamente 15 millones de pesos mensuales por diferentes vías, sin ningún tipo de inversión para el Manejo de los Residuos Sólidos, lo que ha obligado a los Ayuntamientos del Distrito Nacional y Santo Domingo Norte al alquiler de equipos para paliar la situación.
“Ante tales dificultades y diferentes esfuerzos por llegar a una conciliación la única alternativa para el Estado Dominicano es la nulidad del contrato, la restitución de los derechos inmobiliarios a favor del Estado y procurar la correcta administración de dicho vertedero”, dijo el funcionario.
Medio Ambiente indicó que como bien señala la Constitución en el numeral 5 del artículo 67: “Los poderes pu´blicos prevendra´n y controlara´n los factores de deterioro ambiental, impondra´n las sanciones legales, la responsabilidad objetiva por dan~os causados al medio ambiente y a los recursos naturales y exigira´n su reparacio´n. Asimismo, cooperara´n con otras naciones en la protección de los ecosistemas a lo largo de la frontera marítima y terrestre”.
Durante varios meses se viene desarrollando un conflicto entre las alcaldías y la empresa Lajun Corporación por el vertido de los residuos sólidos en el vertedero de Duquesa. Este conflicto ha obligado la intervención del Ministerio de Medio Ambiente quien mantiene una firme posición de que el vertedero debe estar abierto y funcionando a toda capacidad mientras se resuelve el conflicto.
Recordó que en este proceso las investigaciones llevadas a cabo por las autoridades dieron como resultado que de manera fraudulenta la actual administradora del Vertedero de Duquesa obtuvo el traspaso ante la Jurisdicción Inmobiliaria de los terrenos donde opera el vertedero los cuales eran propiedad del Estado Dominicano y a nombre del Consejo Estatal del Azúcar.
listindiario.com
Santo Domingo.– La designación del nuevo director general de la Policía Nacional, Andrés Modesto Cruz Cruz, reactivó el debate sobre el uso de la «mano dura» para enfrentar la delincuencia y cómo garantizar seguridad ciudadana sin vulnerar los derechos humanos.
¿Qué declararon las autoridades sobre la gestión del nuevo director?
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, afirmó que el nuevo director de la Policía inició «con el pie izquierdo», porque aunque se comprometió a continuar la reducción de la tasa de criminalidad, según dijo, no se refirió a temas clave como los intercambios de disparos, la depuración policial y la profundización de la reforma estructural.
En la Cámara de Diputados, el presidente de la Comisión de Interior y Policía, Carlos Sánchez, señaló que no se trata de promover mano dura, sino de fortalecer la institucionalidad y respaldar la reforma que cursa en el Congreso.
Desde la misma cámara baja, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Pedro Martínez, sostuvo que la principal demanda ciudadana es seguridad, pero advirtió que las ejecuciones extrajudiciales y actuaciones fuera del marco legal afectan la imagen del país y vulneran el Estado de derecho.
Acciones y propuestas en el Senado y acto de traspaso de mando
En el Senado, legisladores expresaron que el orden debe imponerse con protocolos claros, tecnología y formación, evitando excesos, y hay quienes defienden la aplicación del régimen de consecuencias contra quienes violen la ley, subrayando que debe hacerse sin irrespetar a la ciudadanía.
Durante el acto de traspaso de mando, el director policial, Andrés Modesto Cruz Cruz, aseguró que dará continuidad a la gestión de su antecesor en la reducción de la criminalidad y que su administración no buscará acumulación de poder, sino fortalecer el trabajo institucional en materia de seguridad.
- No obstante el debate, legisladores oficialistas instan a la población a otorgar un voto de confianza tras la reciente designación del director de la Policía.
Nacionales
Caso Medusa: Defensa de Alfredo Solano arremete contra Ministerio Público y denuncia desinformación sobre juicio
Santo Domingo. – Los abogados del exsubdirector financiero de la Procuraduría General de la República, Alfredo Solano Augusto, rechazaron las afirmaciones del Ministerio Público, que mediante una nota de prensa atribuyó a la defensa la presentación de incidentes con fines dilatorios en el proceso judicial que también involucra al exprocurador Jean Alain Rodríguez.
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Los juristas Manuel Sierra e Ybo René Sánchez Díaz aclararon que, durante la audiencia celebrada el pasado 18 de febrero, la jueza del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, Claribel Nivar Arias, no emitió reproches contra los abogados defensores, sino que exhortó a las partes a sintetizar sus exposiciones con el propósito de agilizar el conocimiento del caso, dada su complejidad y volumen.
“El Ministerio Público miente al denunciar supuestas tácticas dilatorias. Se trata de la exposición de medios de defensa que el propio tribunal autorizó mediante la resolución 00034/25 a favor de los acusados”, expresaron los togados.
Debate sobre la duración del proceso
La defensa recordó que la investigación fue iniciada el 20 de agosto de 2020 y que el caso ha atravesado diversas etapas judiciales desde entonces. Señalaron que la extensión del expediente, que supera las 12 mil páginas, ha incidido en la duración del juicio.
El Ministerio Público, por su parte, ha señalado en comunicaciones públicas que algunos incidentes presentados por las defensas han contribuido a retrasos en el desarrollo del proceso.
Asimismo, insistieron en que no se produjeron los alegados reproches por parte del tribunal y que la magistrada únicamente solicitó mayor síntesis en las exposiciones para facilitar el avance del juicio.
“Por tanto, no es cierto los alegados reproches para que los abogados organicen sus incidentes, y muchos los supuestos retrasos o dilaciones a cargo de los abogados. Se trata de una información distribuida mediante nota de parte del MP, de forma malintencionada con el fin de esconder sus fracasos en el caso Jean Alain Rodríguez”, expresaron Sierra y Sánchez.
Antecedentes procesales
Los juristas recordaron que, durante la audiencia preliminar celebrada en enero de 2023 ante el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, el tribunal rechazó planteamientos similares sobre supuestas tácticas dilatorias atribuidas a la defensa.
El proceso continúa su curso ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, donde se conocen las acusaciones del Ministerio Público y los argumentos de las defensas. Hasta el momento, no se ha emitido una decisión definitiva sobre el fondo del caso.
Nacionales
Mirna Ortiz recomienda a Gonzalo Castillo «no comer ansias» y asegura que el caso irá a juicio
Santo Domingo, R-D–La titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, calificó como prematuras las afirmaciones de la defensa de Gonzalo Castillo sobre una supuesta falta de pruebas y aseguró que el órgano persecutor «desmontará cada una de las falsedades» presentadas en el tribunal.
Al responder a los argumentos de los abogados defensores, quienes afirmaron que el expediente está «blindado con algodón» y que el caso no llegará a juicio de fondo, la magistrada Ortiz recomendó al exministro de Obras Públicas «no comer ansias».
Puntualizó que el Ministerio Público aún no ha producido su réplica contra Castillo, proceso que tendrá lugar el próximo miércoles 25, ante la jueza Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional.
«A partir del próximo miércoles sucederá exactamente lo que ha pasado hoy: desmontaremos todos y cada uno de los argumentos falsos que han querido montar las defensas», sentenció Ortiz a su salida de la audiencia.
Gonzalo Castillo, exministro de Obras Públicas acusado de participar en entramado de corrupción durante su mandato. .Instagram
La magistrada señaló que, durante la jornada de este miércoles, el Ministerio Público presentó evidencias que detallan el entramado de corrupción que presuntamente operaba desde el Ministerio de Hacienda durante la gestión de Donald Guerrero.
Según Ortiz, el grupo de funcionarios bajo investigación utilizó una estructura, en parte dirigida por Ángel Lockward, para ejecutar pagos millonarios de forma irregular, los cuales superaban el 65 % de lo que supuestamente se adeudaba a los presuntos acreedores.
«El Ministerio Público demostró que se realizaron pagos a personas fallecidas y que se pagó a individuos que no poseían la calidad legal para recibir fondos del Estado», acotó.
Para la Pepca, es evidente que el único objetivo de esta estructura era obtener dinero público de manera fácil y rápida a través de maniobras fraudulentas que, a juicio de Ortiz, han quedado plenamente demostradas con las evidencias presentadas ante el tribunal.
El proceso se reanudará el miércoles 25, fecha en la que el Ministerio Público presentará su réplica contra los alegatos de la defensa de Gonzalo Castillo.