Nacionales
Dominicano reclamado en extradición por EEUU acepta irse de manera voluntaria.
Santo Domingo, R.D.-Un dominicano, identificado como Francisco Alberto López Reyes, aceptó irse de manera voluntaria en extradición hacia los Estados Unidos para enfrentar los cargos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de activos.
En ese sentido, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, dispusieron la extradición luego de que el acusado se acogiera al proceso abreviado, para irse voluntariamente a responder por los hechos que se le imputan.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, María Garabito, Frank Soto y Francisco Ortega Polanco, libro acta de que el reclamado en extradición aceptaba irse de manera voluntaria para enfrentar los cargos que se le formulan.
Asimismo, los jueces pusieron a cargo de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la presente decisión, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia.
La solicitud de extradición fue presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Andrés Chalas Velásquez.
En la audiencia las autoridades norteamericanas estaban representadas por la abogada Analdis Alcántara Abreu.
Francisco Alberto está siendo señalado como líder de una organización que se encargaba de fabricar medicamentos falsificados haciéndose pasar por pastillas legítimas, que en realidad contenían fentanilo y metanfetamina.
De acuerdo con Damián Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Francisco Alberto López Reyes, principal sospechoso en el caso, trabajó junto a 17 personas en República Dominicana, Estados Unidos y la India.
López Reyes, de 44 años, es acusado de conspiración para el tráfico de estupefacientes con resultado de muerte; distribución de estupefacientes con resultado de muerte; conspiración para cometer lavado de dinero, a quien condenarían de cadena perpetua obligatoria.
«La proliferación de farmacias falsas en línea está alimentando la epidemia de fentanilo en esta nación. Como se alega, Francisco López Reyes, también conocido como “Frank”, y sus lugartenientes han dirigido una red mundial de estos sitios web y han comercializado, fabricado, vendido y distribuido agresivamente millones de píldoras letales de fentanilo destinadas a imitar medicamentos recetados legítimos. Las víctimas del plan incluyen personas de todos los ámbitos de la vida, personas de todas las edades y ocupaciones, de los 50 estados, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania y Eslovenia», dijo Williams.
Estas pastillas eran vendidas en al menos 40 sitios webs que parecían reales, y que incluso contenían reseñas de supuestos clientes y chatbots, para responder preguntas de los interesados.
Estos laboratorios fueron descubiertos en sótanos de edificios en Manhattan y el Bronx, en Nueva York.
Hasta el momento las autoridades han atribuido nueve muertes, entre agosto de 2023 y junio de este año, a causa del consumo de estas pastillas, incluida una veterana de la armada estadounidense, de 45 años, quien falleció al consumir la pastilla que pensaba que era oxicodona.
El fiscal indicó que estos falsificadores copiaron las mismas formas y colores de las pastillas de oxicodona y adderall, y que dentro de estas había drogas ilegales, como fentanilo y metanfetamina, respectivamente.
Entre las personan que usaron los medicamentos están médicos, profesores, bailarines, abogados, doctores, entre otros perfiles, en todo el territorio estadounidense.
Santo Domingo.- Fue aplazado para el próximo miércoles 10 de abril por el Juzgado de Atención Permanente de este distrito judicial el conocimiento de la medida de coerción contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, imputado como el estratega legal de la red criminal desmantelada en junio de 2024 mediante la Operación Gaviota.
La magistrada Fátima Veloz tomó la decisión a fin de otorgar tiempo al abogado defensor para preparar los presupuestos de defensa del imputado, quien se mantuvo prófugo durante varios meses, alegando el vencimiento del plazo de prescripción de la acción penal para evadir su presentación ante la justicia.
El Ministerio Público sostiene que Santillán Faulkner ha recurrido a múltiples maniobras para evitar ser procesado judicialmente, incluyendo la evasión de allanamientos, el abandono de sus residencias habituales y la permanencia en paradero desconocido por tiempo prolongado.
Santillán Faulkner enfrenta cargos por crímenes de alta tecnología, fraude, lavado de activos y violaciones a las leyes monetarias y financieras, según lo establecido en la Ley 53-07, el Código Penal Dominicano, la Ley 183-02, la Ley 249-17, la Ley 127-64 y la Ley 155-17, entre otras normativas.
La red desmantelada en la Operación Gaviota operó entre los años 2020 y 2024, movilizando más de RD$4,239 millones y US$11.6 millones, afectando a más de 330 personas. Su presunto cabecilla, Rafael Martínez Batista, junto a otros 25 imputados y múltiples empresas, enfrenta actualmente un proceso judicial en el Séptimo Juzgado de la Instrucción.
La Dirección General de Persecución del Ministerio Público solicitó prisión preventiva, como medida de coerción, contra Héctor Aníbal Santillán Faulkner, señalado como cabeza legal del esquema fraudulento liderado por Rafael Martínez Batista y desmantelado mediante la Operación Gaviota.
La solicitud fue presentada ante la Oficina de Atención Permanente por el director general de Persecución, el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Jonathan Pérez Fulcar, Yudelka Holguín Liz, Emmanuel Ramírez, Miguel Crucey y Alexis Piña.
Santo Domingo, R.D.-La Junta Central Electoral (JCE) fue ordenada mediante sentencia del Tribunal Superior Electoral (TSE) a incluir a la urbanización Costa Verde como parte de la circunscripción 1 del Distrito Nacional, a los fines de garantizar el derecho de elegir y ser elegibles de los accionantes, así como la de cualquier otro ciudadano con residencia en esta urbanización.
La solicitud fue realizada mediante la sentencia TSE/0004/2025, firmada por Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo, juez presidente; Rosa Pérez de García, Pedro Pablo Yermenos Forastieri, Fernando Fernández Cruz y Hermenegilda del Rosario Fondeur Ramírez, jueces titulares y Rubén Darío Cedeño Ureña, secretario general.
Mediante un comunicado, la institución explicó que la decisión fue tomada con motivo de la acción de amparo incoada el 21 de marzo 2025 por Nelson Enrique Ventura Javier, Luis Manuel Puché Cordero, María Fernanda Pérez Rivas y Aquiles de Jesús Machuca González contra el presidente de la JCE, Román Andrés Jáquez Liranzo y los jueces de esa institución.
Santo Domingo, R.D.-Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) solicitó este jueves “con urgencia” al Congreso Nacional aprobar tres piezas legislativas para continuar desarrollando diversos procesos jurídicos del país.
Molina realizó este pedimento mientras visitaba a los presidentes de las dos cámaras del Poder Legislativo para rendir cuentas sobre los avances del Poder Judicial alcanzados desde 2019, hasta el 2024.
El titular del órgano judicial indicó que la transformación del sistema requiere aún de una base legal “sólida y moderna”.
Es por esto que consideró necesario actualizar la Ley Orgánica 28-11 del Poder Judicial, para renovar el sistema, “dotándolo de más eficiencia, independencia y flexibilidad”.
Además, Molina entiende que es fundamental realizar una reforma legislativa a la Ley de Registro Inmobiliario para fortalecer los procesos técnicos y registrales, lo cual beneficiará al sector público y privado.
“Permitirá habilitar un sistema de carrera registral para garantizar la idoneidad, independencia y la profesionalización de los encargados de la calificación registral y técnica”, declaró.
También, le recomendó a los congresistas edificar una nueva ley para la optimización de los procesos que podría simplificar y agilizar los trámites judiciales, reduciendo “la litigiosidad innecesaria”.
Reiteró, por último, adelantar las modificaciones dirigidas al Código Procesal Penal, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) emitiera en varias ocasiones una sentencia de inconstitucionalidad sobre el contenido de la actual ley.
“Para quien les habla, lograr este cambio es una cuestión de principios. Si creemos realmente en la justicia como un derecho universal, debemos eliminar las barreras económicas de acceso a la misma. Y esta es la modesta contribución que el Poder Judicial quiere y puede hacer en este sentido”, aseveró Molina ante los representantes del órgano constitucional.
El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, dijo estar en disposición de priorizar las reformas requeridas por el Poder Judicial. Junto al senador, también se encontraba Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados.
“Logros”
El plan Cero Mora de la SCJ “resolvió” 48,717 recursos de casación, eliminando expedientes anteriores al año 2023; y, al cierre del año 2024; la Segunda Sala de esa alta corte “cumplió con la meta de no tener casos con una antigüedad mayor a 6 meses, dejando atrás 42 años de asuntos pendientes”.
“Esta cultura de cumplimiento se ha extendido a todos los tribunales del país. Al cierre de marzo 2025, el 72% de los tribunales están al día en el país. Es decir, en el último año hemos logrado, que la mayoría de los tribunales de la República hayan dejado atrás la mora”, afirmó Molina.
Mencionó la implementación del sistema de transcripción automática en 31 tribunales, “reduciendo” en un 80% el tiempo de elaboración de las actas de audiencia, pasando de 5 días a 1 día y la reducción de un 53% del tiempo promedio de respuesta en trámites registrales, que pasó de 15 a 7 días.
Un “logro significativo” es el lanzamiento del Observatorio del Poder Judicial, el cual tiene el objetivo de promover la transparencia, la participación ciudadana y la rendición de cuentas efectiva.
También, recordó la creación, del Plan Estratégico Decenal, en alianza con distintos sectores de la sociedad y entidades internacionales, con aproximadamente 3,000 participantes, donde se recogieron 746 iniciativas orientadas a modernizar la infraestructura judicial y reducir la mora procesal.