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Dominicano reclamado en extradición por EEUU acepta irse de manera voluntaria.
Santo Domingo, R.D.-Un dominicano, identificado como Francisco Alberto López Reyes, aceptó irse de manera voluntaria en extradición hacia los Estados Unidos para enfrentar los cargos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de activos.
En ese sentido, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, dispusieron la extradición luego de que el acusado se acogiera al proceso abreviado, para irse voluntariamente a responder por los hechos que se le imputan.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, María Garabito, Frank Soto y Francisco Ortega Polanco, libro acta de que el reclamado en extradición aceptaba irse de manera voluntaria para enfrentar los cargos que se le formulan.
Asimismo, los jueces pusieron a cargo de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la presente decisión, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia.
La solicitud de extradición fue presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Andrés Chalas Velásquez.
En la audiencia las autoridades norteamericanas estaban representadas por la abogada Analdis Alcántara Abreu.
Francisco Alberto está siendo señalado como líder de una organización que se encargaba de fabricar medicamentos falsificados haciéndose pasar por pastillas legítimas, que en realidad contenían fentanilo y metanfetamina.
De acuerdo con Damián Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Francisco Alberto López Reyes, principal sospechoso en el caso, trabajó junto a 17 personas en República Dominicana, Estados Unidos y la India.
López Reyes, de 44 años, es acusado de conspiración para el tráfico de estupefacientes con resultado de muerte; distribución de estupefacientes con resultado de muerte; conspiración para cometer lavado de dinero, a quien condenarían de cadena perpetua obligatoria.
«La proliferación de farmacias falsas en línea está alimentando la epidemia de fentanilo en esta nación. Como se alega, Francisco López Reyes, también conocido como “Frank”, y sus lugartenientes han dirigido una red mundial de estos sitios web y han comercializado, fabricado, vendido y distribuido agresivamente millones de píldoras letales de fentanilo destinadas a imitar medicamentos recetados legítimos. Las víctimas del plan incluyen personas de todos los ámbitos de la vida, personas de todas las edades y ocupaciones, de los 50 estados, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania y Eslovenia», dijo Williams.
Estas pastillas eran vendidas en al menos 40 sitios webs que parecían reales, y que incluso contenían reseñas de supuestos clientes y chatbots, para responder preguntas de los interesados.
Estos laboratorios fueron descubiertos en sótanos de edificios en Manhattan y el Bronx, en Nueva York.
Hasta el momento las autoridades han atribuido nueve muertes, entre agosto de 2023 y junio de este año, a causa del consumo de estas pastillas, incluida una veterana de la armada estadounidense, de 45 años, quien falleció al consumir la pastilla que pensaba que era oxicodona.
El fiscal indicó que estos falsificadores copiaron las mismas formas y colores de las pastillas de oxicodona y adderall, y que dentro de estas había drogas ilegales, como fentanilo y metanfetamina, respectivamente.
Entre las personan que usaron los medicamentos están médicos, profesores, bailarines, abogados, doctores, entre otros perfiles, en todo el territorio estadounidense.
Santo Domingo, R.D.-Una nueva política de protección de datos fue anunciada por el El Poder Judicial, la cual busca mantener en el anonimato informaciones personales sensibles y se aplicará en las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, así como en los juzgados y tribunales de primer y segundo grado.
La regla general de la normativa busca evitar que se identifique a una persona física, cuyos nombres y apellidos podrán ser inicializados en los casos de publicaciones oficiales o solicitudes de acceso, exceptuando las identidades de los magistrados o lo relativo a personas jurídicas (sociedades).
La secretaría del tribunal es la encargada de editar esa documentación, a la que terceros tendrán acceso una vez realizada la disociación o anonimización de los datos, mientras por ley está prohibida la entrega de decisiones relativas a adopciones.
Las personas físicas son aquellas en figurar como partes de un proceso judicial, correspondiendo a los demandantes, demandados, reclamantes, querellados, querellantes, apelantes, apelados, recurrentes, recurridos, imputados e intervinientes, además de las víctimas, testigos o informantes, y los auxiliares (policías, personal sanitario, educativo, notarios).
El reglamento levantado dará una consideración especial cuando se recopilen los datos de niños, niñas y adolescentes, igual que a las personas con discapacidad o vulnerables.
En un segundo renglón están los económicos-financieros, consistiendo en los números de cuentas bancarias, tarjetas de crédito y otros instrumentos financieros, direcciones de inmuebles en posesión, informaciones financieras, datos registrales de bienes inmuebles y bienes sujetos a matriculación.
Este reglamento también versa sobre documentaciones laborales, conociendo los números de contrato de trabajo o el contratado en sí, en caso de incluir en su contenido datos personales; siguiendo a la ubicación o nombre donde se realiza la prestación laboral y los contactos del trabajo (teléfono, correo electrónico…).
La salud tiene sus datos protegidos, de manera que en una decisión judicial podrá anularse el número de la historia clínica, enfermedad, grado de discapacidad, causa de interdicción, estado de salud, condiciones psicológicas, religión o creencias, origen racial, opiniones políticas, afiliación sindical, información de carácter genético o biométrico.
Y otro tipo de documentación etiquetada como sensible es la geolocalización.
La puesta en marcha de la política fue anunciada por Luis Henry Molina, juez presidente de la Suprema Corte de Justicia, en un acto de presentación que tuvo lugar en la Sala Augusta.
SANTO DOMINGO.-El Senado de la República Dominicana aprobó dos préstamos de 525 millones de dólares para, según se dijo, mejorar redes de electricidad y normalizar el servicio
El hemiciclo validó dos enmiendas para variar las tasas a otros empréstitos.
El Poder Ejecutivo explicó que 225 millones de dólares serán utilizados para mejorar las redes eléctricas y normalizar el servicio a clientes de las empresas distribuidoras de energía Edesur, Edeeste y Edenorte.
Dijo que los otros 300 millones serán asignados al programa Acción Climática para un Crecimiento Económico Sostenible.
Este miércoles el pleno también aprobó una enmienda al contrato de préstamo suscrito en 2022 entre el Gobierno y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) por 60 millones de dólares para financiar el proyecto de fortalecimiento del sector agropecuario.
Asimismo, dio luz verde a un acuerdo de modificación a un crédito de 54 millones de dólares entre el Gobierno y JP Morgan Chase Bank de Londres para financiar un proyecto de saneamiento pluvial y sanitario de la cañada de Guajimía.
sp-am
Santo Domingo, R.D.-Más de seiscientos docentes fueron desvinculados del Ministerio de Educación (Minerd) por cometer faltas graves, especialmente, por abandono del cargo y recibir remuneraciones sin trabajar.
Del total, 348 maestros solicitaron su cancelación de manera voluntaria y 279 fueron separados de manera forzosa, debido a «faltas graves y abandono de sus puestos de trabajo».
Las desvinculaciones se produjeron durante el periodo transcurrido entre los meses de diciembre 2023 y agosto de 2024, dijo el Minerd en una nota.
Al referirse a las causas que motivaron los despidos, la Dirección de Recursos Humanos explicó que el 80 % por ciento fue por abandono de su puesto de trabajo y el 20 % restante está relacionado con otro tipo de indisciplina, entre ellas: violencia, acoso sexual, narcotráfico y falsificación de documentos.
Vivían fuera del país y cobraban sus sueldos
- El Minerd dijo que la investigación evidenció que muchos colaboradores del área docente estaban viviendo fuera del país o realizando otras actividades mientras devengaban salarios entre 70,000 pesos y 90,000 pesos en el Minerd. «Para camuflar su incumplimiento, le pagaban a un sustituto entre 6,000 seis y 9,000 pesos al mes», reveló el Minerd.
«Profunda investigación»
El Ministerio de Educación informó que las cancelaciones se realizaron luego de una «profunda y amplia investigación», que se realizó a través de la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales de la institución, compuesta por abogados, psicólogos, trabajadores sociales y otros profesionales, y que contó con la cooperación de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Dirección General de Migración.
Recientemente, la Unidad de Investigación de la Inconductas Laborales del Minerd, realizó un recorrido por las regionales y distritos educativos para formar a los directores de centro sobre los componentes éticos y disciplinarios, enseñándoles, a través de talleres, cuáles son las obligaciones y los deberes del servidor público y cuáles son las consecuencias de no cumplir con esos deberes y cómo funciona la estructura de administración del Estado.