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Dominicano reclamado en extradición por EEUU acepta irse de manera voluntaria.
Santo Domingo, R.D.-Un dominicano, identificado como Francisco Alberto López Reyes, aceptó irse de manera voluntaria en extradición hacia los Estados Unidos para enfrentar los cargos de tráfico de fentanilo, metanfetaminas y lavado de activos.
En ese sentido, los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, dispusieron la extradición luego de que el acusado se acogiera al proceso abreviado, para irse voluntariamente a responder por los hechos que se le imputan.
El tribunal, presidido por Francisco Jerez Mena, e integrado por Nancy Salcedo, María Garabito, Frank Soto y Francisco Ortega Polanco, libro acta de que el reclamado en extradición aceptaba irse de manera voluntaria para enfrentar los cargos que se le formulan.
Asimismo, los jueces pusieron a cargo de la Procuraduría General de la República la tramitación y ejecución de la presente decisión, de conformidad con los términos de la Constitución de la República y las leyes sobre la materia.
La solicitud de extradición fue presentada por el Departamento de Cooperación Internacional y Extradiciones de la Procuraduría General de la República, que dirige el magistrado Andrés Chalas Velásquez.
En la audiencia las autoridades norteamericanas estaban representadas por la abogada Analdis Alcántara Abreu.
Francisco Alberto está siendo señalado como líder de una organización que se encargaba de fabricar medicamentos falsificados haciéndose pasar por pastillas legítimas, que en realidad contenían fentanilo y metanfetamina.
De acuerdo con Damián Williams, fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Francisco Alberto López Reyes, principal sospechoso en el caso, trabajó junto a 17 personas en República Dominicana, Estados Unidos y la India.
López Reyes, de 44 años, es acusado de conspiración para el tráfico de estupefacientes con resultado de muerte; distribución de estupefacientes con resultado de muerte; conspiración para cometer lavado de dinero, a quien condenarían de cadena perpetua obligatoria.
«La proliferación de farmacias falsas en línea está alimentando la epidemia de fentanilo en esta nación. Como se alega, Francisco López Reyes, también conocido como “Frank”, y sus lugartenientes han dirigido una red mundial de estos sitios web y han comercializado, fabricado, vendido y distribuido agresivamente millones de píldoras letales de fentanilo destinadas a imitar medicamentos recetados legítimos. Las víctimas del plan incluyen personas de todos los ámbitos de la vida, personas de todas las edades y ocupaciones, de los 50 estados, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Puerto Rico, Alemania y Eslovenia», dijo Williams.
Estas pastillas eran vendidas en al menos 40 sitios webs que parecían reales, y que incluso contenían reseñas de supuestos clientes y chatbots, para responder preguntas de los interesados.
Estos laboratorios fueron descubiertos en sótanos de edificios en Manhattan y el Bronx, en Nueva York.
Hasta el momento las autoridades han atribuido nueve muertes, entre agosto de 2023 y junio de este año, a causa del consumo de estas pastillas, incluida una veterana de la armada estadounidense, de 45 años, quien falleció al consumir la pastilla que pensaba que era oxicodona.
El fiscal indicó que estos falsificadores copiaron las mismas formas y colores de las pastillas de oxicodona y adderall, y que dentro de estas había drogas ilegales, como fentanilo y metanfetamina, respectivamente.
Entre las personan que usaron los medicamentos están médicos, profesores, bailarines, abogados, doctores, entre otros perfiles, en todo el territorio estadounidense.
Santiago. -Este jueves el Ministerio Público depositó la solicitud de medida de coerción ante el Tribunal de Atención Permanente de Santiago contra los apresados en la Operación XL526, quienes alegadamente integran una presunta red dedicada a estafas, extorsiones y lavado de activos con víctimas en Estados Unidos de América.
El jurista Kilvio González, quien representa a Danny Rafael Laguar Ferreira, asegura que su defendido es un ingeniero civil dedicado a la construcción de viviendas en el distrito municipal de San Francisco de Jacagua, y no.parte de una estructura criminal.
El también abogado José Reynoso García asegura que se han cometido violaciones al debido proceso de los apresados.
Criticó que fueran trasladados a distintos centros de reclusión, incluyendo el Palacio de Justicia, el centro de la fortaleza Fernando Valerio y posteriormente Rafey, dificultando que pudieran verlos.
La Operación XL526 fue ejecutada el.pasado martes con operativos en Santiago y Puerto Plata, donde fueron arrestadas 20 personas señaladas de integrar una estructura criminal. En el.caso de Santiago, la estructura funcionaba desde Los Cocos de Jacagua y utilizaba amenazas, simulación de carteles de drogas y herramientas tecnológicas para extorsionar a víctimas en Estados Unidos.
Santiago, R.D.-El Ministerio Público ha realizado en los últimos tres años, el Ministerio Público cerca de 50 allanamientos vinculados a delitos cibernéticos en la provincia de Santiago, concentrando gran parte de sus operaciones en sectores como Los Cocos de Jacagua, Los Ciruelitos y el municipio de Villa González.
Del mismo modo, otros operativos se realizaron durante 2025 en sectores como Villa González, Jacagua, Camboya, entre otros. En estas ocasiones, los procedimientos correspondían al mismo tipo de delitos, mientras que otros estuvieron relacionados con el tráfico de sustancias ilícitas.
Durante un operativo realizado la madrugada de este martes, las autoridades arrestaron a 20 personas investigadas por presuntas violaciones a la Ley sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Esta red criminal desmantelada por el Ministerio Público supuestamente utilizaba amenazas y extorsiones para obtener dinero de sus víctimas en Estados Unidos. Además, ocultaban y movilizaban los fondos obtenidos ilícitamente a través de transferencias electrónicas.
La defensa de varios de los detenidos, quienes tienen entre 18 y 25 años, denunció presuntas irregularidades durante el proceso de arresto, al asegurar que tanto familiares como abogados han sido impedidos de comunicarse con los imputados desde el momento de los allanamientos.
“Desde el momento del allanamiento, a las 4:00 de la mañana, no han permitido el acceso a familiares ni abogados para ver a los detenidos”, afirmó.
El jurista sostuvo que, al intentar acceder a las instalaciones donde permanecen recluidos los arrestados, recibió negativas por parte de las autoridades responsables de la custodia.
Ante esta situación, los representantes legales de los imputados anunciaron la interposición de una acción constitucional de hábeas corpus, al considerar que se han vulnerado derechos fundamentales relacionados con la defensa técnica y el debido proceso.
“La forma en que se está ejecutando este arresto es arbitraria y vulnera el artículo 96 en lo relativo al contacto con el representado, la verificación de su estado y la posibilidad de brindarle asesoría legal”, concluyó.
Santo Domingo.- Yanibel Rivas, jueza del Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidirá este viernes si envía o no a juicio de fondo al exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, a José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez) y a los demás implicados del denominado caso Camaleón, acusados de adjudicar de manera fraudulenta un contrato millonario para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo.
La magistrada adoptará su decisión luego de ponderar la acusación presentada por el Ministerio Público, las pruebas aportadas por el órgano persecutor y los escritos de la defensa.
Además de Beras y Gómez, figuran como acusados Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico; Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología del Intrant; Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant. También están encartados Carlos José Peguero Vargas, Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
De acuerdo con la acusación instrumentada por las autoridades, se determinó que mediante contratos y convenios irregulares se otorgó acceso privilegiado a diversas empresas privadas, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, vulnerando los principios de transparencia y seguridad nacional.
Según el expediente, el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las principales compañías señaladas.
En la distribución de responsabilidades, Jochi Gómez es señalado como el principal beneficiario de los contratos fraudulentos y se le atribuye el control ilícito de los sistemas semafóricos, de videovigilancia y espionaje. Por su parte, Hugo Beras habría facilitado adjudicaciones a empresas sin capacidad técnica comprobada, participando en la manipulación del sistema.
Otros exfuncionarios jugaron roles clave: Frank Díaz Warden es acusado de manipular licitaciones; Samuel Baquero Sepúlveda habría facilitado el control técnico de la red y falsificado certificaciones; y Juan Francisco Álvarez Carbuccia es señalado por emitir certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria. Los demás implicados habrían operado como testaferros, intermediarios financieros en el lavado de activos y ejecutores del sabotaje a los semáforos.
El entramado societario involucra a varias personas jurídicas. La acusación establece que Transcore Latam S.R.L. fue utilizada para ejecutar los contratos fraudulentos y controlar la red semafórica. Paralelamente, PagoRD Xchange S.R.L. habría servido para la apropiación de ingresos públicos y la adquisición de bienes de lujo, mientras que Industria Soltex Dominicana S.R.L. se vincula directamente al contrabando y lavado de dinero.
El órgano persecutor detalla además que Dekolor S.R.L. sirvió para encubrir y manipular licencias, y Aurix S.A.S. habría sido destinada al espionaje. Finalmente, Inprosol S.R.L. funcionó presuntamente como vehículo financiero y OML Inversiones S.R.L. fue utilizada para adquirir bienes inmuebles con fondos ilícitos.
Debido a la magnitud del caso, los acusados enfrentan un extenso y severo catálogo de cargos que incluyen coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco y estafa contra el Estado.
Sumado a esto, se les imputan delitos contra la seguridad nacional como sabotaje, robo de identidad, crímenes y delitos contra la nación, delitos de alta tecnología y actos de terrorismo, según lo contemplado en la legislación dominicana.