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Dominicanos no deberían ir a elecciones en 2020 sin Ley de Partidos y Electoral
SANTO DOMINGO. Tras asegurar que llegó el momento de que la clase política asuma su responsabilidad, el director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, advirtió que la República Dominicana no debería ir a unas próximas elecciones sin las leyes de partidos políticos y de régimen electoral.
Daniel Zovatto consideró que los órganos electorales deben ser dotados de los instrumentos jurídicos, y no se les pida a la Junta Central Electoral llenar los vacíos legislativos con reglamentaciones administrativas.
A su juicio, ese es un juego muy peligroso que expone institucionalmente al país al riesgo de una crisis.
“Sobre todo en materia del financiamiento, condiciones de equidad, de la competencia electoral, fiscalización, regulación del financiamiento privado y acceso equitativo a los medios de comunicación “
Sostuvo que la República Dominicana se está quedando atrasada de la tendencia regional de ir actualizando sus legislaciones, en temas tan fundamentales como los mecanismos internos de elección, la paridad y el financiamiento.
Indicó que no vino al país a decirle a los partidos políticos lo que deben hacer, sino a contarle los que otras organizaciones están haciendo.
“Le llegó la hora de la reforma, no pueden seguir pateando la pelota para delante, la han pateado hacia delante hace 15 años, se está convirtiendo en un acto de irresponsabilidad, lo digo con mucho respeto, pero lo quiero decir muy claro”
¿Primarias abiertas o cerradas?
Aunque dice que tiene un componente jurídico muy importante, Zovatto entiende que el tema de las primarias es político.
Ello, según explica porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó mediante sentencia el 16 de marzo del 2005, que las primarias abiertas no eran procedentes, pero que ahora se habla de la posibilidad de revisar la decisión.
“Creo que lo que está obstaculizando avanzar en este tema, no es ni lo jurídico ni financiero sino lo político y lo político fundamentalmente, dentro de un partido político y yo creo que hay que entrar en ese tema y dilucidarlo, no es un tema fácil y tampoco hay una respuesta única”, enfatizó.
Destacó que en América Latina hay modalidades para todos los gustos, pues no hay un modelo único.
Dijo que habrá que preguntarse las consecuencias a tener sobre las celebraciones de primarias abiertas donde participen personas ajenas al partido que podrían imponerse.
“Esa es la pregunta de fondo, después buscamos si es constitucional, si no es constitucional, si se puede revisar o no se puede, si es cara o no, o si hay recursos”, apuntó.
La reelección
Hipólito Mejía tiene el récord latinoamericano de ser el presidente que reformó la Constitución para ganar un segundo período consecutivo y no lo logró.
Manifestó que en el país costó una crisis interna y una división partidaria.
“República Dominicana tiene también el récord de ser el país que de 1978 a la fecha más veces reformó la Constitución, fundamentalmente por el tema de la reelección”, refirió.
Eso, indicó, revela que el sistema político partidista debe encontrar una manera más institucional de resolver el problema de sucesión de liderazgo.
El financiamiento
Si hay una debilidad manifiesta que tiene el sistema político dominicano y su marco jurídico, es en materia de financiamiento, afirma Zovatto.
“República Dominicana en todos los indicadores The Economist, Transparencia Internacional, etc., presenta una zona de riesgo muy peligrosa en materia de corrupción y su vinculación con el tema de financiamiento político”, apuntó.
Sostuvo que hay que prevenir el dinero del narcotráfico y del crimen organizado, pues el país cada vez está más expuesto.
Asimismo, el director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea Internacional), advirtió que si no se controla el uso abusivo de los recursos del Estado es muy difícil ganarle al oficialismo. Afirmó que, en los países donde el Presidente cambia la Constitución, gana, salvo el caso de Hipólito Mejía.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, considera que “si no se tiene la ley en 150 días de la legislatura, el tiempo se habría ido, porque los calendarios no permitirían aplicar esa ley”.
El empresario Celso Marranzini expresó: “Usted me va a regular a mí, cuando usted no es capaz de autoregularse, no, eso no es posible, es un contrasentido del sistema”.El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró que el debate de las primarias no es jurídico sino por conveniencia.
“Lo que hemos debido es identificar los intereses comunes y sobre eso hacer el acuerdo, pero mientras sea por la personalidad eso no va para ninguna parte, eso lo sabe todo el mundo”, aseveró al tiempo de señalar que en el caso se necesita un poco de humildad.
Mientras el empresario Celso Marranzini, precisó que las discusiones de las primarias han perdido la objetividad en un tema tan importante como ese.
Criticó que se regule a la clase empresarial y se les aplique impuestos, cuando los políticos impiden su regulación.
“Hay que limitar la cantidad de recursos porque es una vergüenza que en un país como este, con tantas necesidades se invierta tanto en política”, enfatizó.
diariolibre.com
Santo Domingo, R.D.-Un total de 9,412,353 ciudadanos y residentes en República Dominicana recibirán la nueva cédula de identidad y electoral a partir del 26 de enero de 2026. De esa cifra, 942,795 personas alcanzaron la mayoría de edad desde el año pasado y serán incorporadas por primera vez al padrón de cedulación.
La Junta Central Electoral (JCE) informó que el proceso de renovación y emisión del documento tendrá una inversión de RD$ 6,500 millones. De ese monto, RD$ 2,081.6 millones se destinarán a la impresión de las cédulas, mientras que RD$ 3,500 millones cubrirán los gastos operativos y logísticos del proceso, el cual se extenderá hasta marzo de 2027.
Con base en estos datos, si 9.4 millones de personas recibirán la cédula y el costo total asciende a RD$ 6,500 millones, el gasto promedio por persona será de aproximadamente RD$ 690.58, es decir, unos RD$ 691 por cédula. Esta emisión es gratuita,
El 26 de enero de 2026 se realizará el acto formal de impresión de la primera cédula de identidad y electoral, que será entregada al presidente de la República, Luis Abinader.
Durante febrero y marzo de 2026, la JCE ejecutará la captura y entrega focalizada a senadores, diputados, altas cortes, órganos constitucionales y comunicadores.
La apertura general de cedulación en el territorio nacional iniciará el 8 de abril de 2026, organizada por mes de cumpleaños, con captura y entrega física del documento. El proceso de renovación nacional concluirá el 31 de marzo de 2027, fecha en la que la cédula vigente perderá validez legal.
Santo Domingo.– Las denuncias en España de que Julio Iglesia explotó sexual, psicológica y laboralmente a al menos a una de sus empleadas en su casa de Punta Cana reabre el debate sobre la necesidad de formalizar el trabajo doméstico y que se apliquen mecanismos para presentar las quejas ante las autoridades.
Mientras que la fiscalía de La Altagracia asegura que ese caso no fue denunciado en el país.
Para las representantes de gremios que agrupan a las trabajadoras doméstica ese tipo de denuncias son comunes entre sus afiliadas.
«Porque cuando una mujer pone una denuncia de violencia o acoso, regularmente, no le prestan mucha atención y ocurre que el (caso se repite y se repite y se repite», expresó la sindicalista, Eulogia Familia.
«Vivimos a diario contra esos tipos de abusos, violencia, acoso en el mundo del trabajo del sector doméstico. Lo hemos denunciado, pero no hay ningún tipo de ley que nos ampare en ninguno de esos sectores», dijo la presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadoras Domésticas, Marubeni Pérez.
Asimismo, aseguran que además de trabajadoras del hogar, empleadas y estudiantes también son víctimas de acoso y abusos sexuales y psicológicos.
¿Cuándo ocurrió lo de Julio Iglesias?
Tras relatar lo ocurrido en una investigación periodística de medios internacionales, dos ex empleadas de Julio Iglesias lo demandaron ante la justicia española por supuestas agresiones y vejaciones sexuales en las mansiones del cantante en la República Dominicana y en las Bahamas en el 2021.
- Debido a que las denuncias no fueron hechas en el país, el ministro de Trabajo prefirió no referirse al tema.
Las sindicalistas consultadas instaron a las mujeres víctimas de este tipo de violencia a formalizar sus denuncias.
Santo Domingo, R.D.-En el Congreso Nacional, cada año se repite una escena que ya parece parte del calendario institucional: el apuro de las últimas semanas de legislatura para aprobar proyectos de ley antes de que «venzan». Lo que muchos no saben es que ese apuro no responde necesariamente a una urgencia nacional, sino a una disposición del Reglamento y de la Constitución que establece que si un proyecto de ley no se aprueba en dos legislaturas ordinarias (es decir, aproximadamente un año), debe considerarse no iniciado, como si nunca hubiese existido. Y así, todo lo hecho hasta ese momento, estudios técnicos, audiencias públicas, informes de comisión, debates en el Pleno, se borra por completo.
Esta práctica, conocida como perención legislativa, se ha convertido en uno de los principales factores de ineficiencia del trabajo parlamentario. Cada año, decenas de proyectos, muchos de ellos importantes, mueren por plazos y no por méritos. Y luego, los mismos legisladores deben reintroducirlos, repetir los trámites, rediscutirlos, volver a aprobarlos. Se reinicia el reloj… pero no se avanza.
Los efectos de esta dinámica son graves y múltiples. En primer lugar, se cometen errores legislativos por premura. Cuando un proyecto se acerca a su fecha de caducidad, se acelera su aprobación, muchas veces sin el estudio técnico adecuado. Se aprueban textos con vacíos legales, ambigüedades o sin análisis de impacto presupuestario. Luego vienen las enmiendas, los reclamos y, en algunos casos, las reformas de urgencia para corregir lo que no se debió precipitar.
Además, esta lógica produce un desgaste institucional profundo. Desde fuera, la ciudadanía ve cómo el Congreso aprueba algo… y luego lo deja caducar. El mensaje que se percibe es de inestabilidad, improvisación o lentitud. La confianza en el proceso legislativo se resiente, y con razón. No es fácil explicar por qué una ley ampliamente debatida y respaldada tiene que ser reintroducida cada año como si fuera nueva, solo porque el calendario venció.
Pero quizás el mayor problema sea que se rompe la continuidad entre las dos cámaras del Congreso. Un proyecto aprobado en el Senado, si no es conocido por la Cámara de Diputados antes de terminar el año legislativo, pierde vigencia. Y la próxima vez, debe comenzar desde cero, incluso en la cámara que ya lo había aprobado. Se desvanece todo el trabajo legislativo como si fuese papel mojado.
El Parlamento no debe ser rehén del calendario, ni el país víctima de la burocracia. Es hora de romper con la lógica de la perención automática y construir un procedimiento legislativo que honre el trabajo, respete el tiempo y sirva al bien común. Porque legislar no es correr contra el reloj: es construir soluciones duraderas para una nación que no puede esperar.