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Dominicanos no deberían ir a elecciones en 2020 sin Ley de Partidos y Electoral
SANTO DOMINGO. Tras asegurar que llegó el momento de que la clase política asuma su responsabilidad, el director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, advirtió que la República Dominicana no debería ir a unas próximas elecciones sin las leyes de partidos políticos y de régimen electoral.
Daniel Zovatto consideró que los órganos electorales deben ser dotados de los instrumentos jurídicos, y no se les pida a la Junta Central Electoral llenar los vacíos legislativos con reglamentaciones administrativas.
A su juicio, ese es un juego muy peligroso que expone institucionalmente al país al riesgo de una crisis.
“Sobre todo en materia del financiamiento, condiciones de equidad, de la competencia electoral, fiscalización, regulación del financiamiento privado y acceso equitativo a los medios de comunicación “
Sostuvo que la República Dominicana se está quedando atrasada de la tendencia regional de ir actualizando sus legislaciones, en temas tan fundamentales como los mecanismos internos de elección, la paridad y el financiamiento.
Indicó que no vino al país a decirle a los partidos políticos lo que deben hacer, sino a contarle los que otras organizaciones están haciendo.
“Le llegó la hora de la reforma, no pueden seguir pateando la pelota para delante, la han pateado hacia delante hace 15 años, se está convirtiendo en un acto de irresponsabilidad, lo digo con mucho respeto, pero lo quiero decir muy claro”
¿Primarias abiertas o cerradas?
Aunque dice que tiene un componente jurídico muy importante, Zovatto entiende que el tema de las primarias es político.
Ello, según explica porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó mediante sentencia el 16 de marzo del 2005, que las primarias abiertas no eran procedentes, pero que ahora se habla de la posibilidad de revisar la decisión.
“Creo que lo que está obstaculizando avanzar en este tema, no es ni lo jurídico ni financiero sino lo político y lo político fundamentalmente, dentro de un partido político y yo creo que hay que entrar en ese tema y dilucidarlo, no es un tema fácil y tampoco hay una respuesta única”, enfatizó.
Destacó que en América Latina hay modalidades para todos los gustos, pues no hay un modelo único.
Dijo que habrá que preguntarse las consecuencias a tener sobre las celebraciones de primarias abiertas donde participen personas ajenas al partido que podrían imponerse.
“Esa es la pregunta de fondo, después buscamos si es constitucional, si no es constitucional, si se puede revisar o no se puede, si es cara o no, o si hay recursos”, apuntó.
La reelección
Hipólito Mejía tiene el récord latinoamericano de ser el presidente que reformó la Constitución para ganar un segundo período consecutivo y no lo logró.
Manifestó que en el país costó una crisis interna y una división partidaria.
“República Dominicana tiene también el récord de ser el país que de 1978 a la fecha más veces reformó la Constitución, fundamentalmente por el tema de la reelección”, refirió.
Eso, indicó, revela que el sistema político partidista debe encontrar una manera más institucional de resolver el problema de sucesión de liderazgo.
El financiamiento
Si hay una debilidad manifiesta que tiene el sistema político dominicano y su marco jurídico, es en materia de financiamiento, afirma Zovatto.
“República Dominicana en todos los indicadores The Economist, Transparencia Internacional, etc., presenta una zona de riesgo muy peligrosa en materia de corrupción y su vinculación con el tema de financiamiento político”, apuntó.
Sostuvo que hay que prevenir el dinero del narcotráfico y del crimen organizado, pues el país cada vez está más expuesto.
Asimismo, el director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea Internacional), advirtió que si no se controla el uso abusivo de los recursos del Estado es muy difícil ganarle al oficialismo. Afirmó que, en los países donde el Presidente cambia la Constitución, gana, salvo el caso de Hipólito Mejía.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, considera que “si no se tiene la ley en 150 días de la legislatura, el tiempo se habría ido, porque los calendarios no permitirían aplicar esa ley”.
El empresario Celso Marranzini expresó: “Usted me va a regular a mí, cuando usted no es capaz de autoregularse, no, eso no es posible, es un contrasentido del sistema”.El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró que el debate de las primarias no es jurídico sino por conveniencia.
“Lo que hemos debido es identificar los intereses comunes y sobre eso hacer el acuerdo, pero mientras sea por la personalidad eso no va para ninguna parte, eso lo sabe todo el mundo”, aseveró al tiempo de señalar que en el caso se necesita un poco de humildad.
Mientras el empresario Celso Marranzini, precisó que las discusiones de las primarias han perdido la objetividad en un tema tan importante como ese.
Criticó que se regule a la clase empresarial y se les aplique impuestos, cuando los políticos impiden su regulación.
“Hay que limitar la cantidad de recursos porque es una vergüenza que en un país como este, con tantas necesidades se invierta tanto en política”, enfatizó.
diariolibre.com
Santo Domingo. – La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) en el marco de su 64ª Asamblea Plenaria, recibió este viernes la visita del presidente de la República, Luis Abinader, en un encuentro celebrado en la Casa Arquidiocesana María de la Altagracia, donde se abordaron distintos temas de interés nacional.
Durante su intervención, el mandatario destacó la importancia de mantener un diálogo permanente con la Iglesia católica, señalando que estos espacios permiten conocer de primera mano las necesidades de las diócesis y socializar las medidas adoptadas por el Gobierno.
“Siempre es bueno tener el contacto con los obispos, escuchar las necesidades de sus diócesis y también explicarles los grandes temas nacionales”, expresó.
El jefe de Estado agregó que estos encuentros se han convertido en una práctica habitual de su gestión, como parte de la relación de cooperación con la jerarquía eclesiástica.
El presidente fue recibido por la nueva directiva de la CED para el período 2026-2029, encabezada por el obispo de San Francisco de Macorís, Ramón Alfredo de la Cruz Baldera, quien asumió la presidencia de la institución.
También participaron el arzobispo coadjutor de Santo Domingo, Carlos Tomás Morel Diplán, en calidad de vicepresidente, y el obispo auxiliar de Santo Domingo, José Amable Durán Tineo, como secretario general.
Santo Domingo, R.D.-Una garantia economica impone el Tribunal del Distrito Judicial de San Cristóbal de RD$200,000, impedimento de salida del país y presentación periódica al Ministerio Público contra el imputado Elvis Manuel Santos Alcántara (Onguito Wa), acusado de porte ilegal de armas de fuego, tras acoger de forma parcial la solicitud del Ministerio Público.
La decisión judicial se produce luego de que el procesado fuera arrestado en flagrante delito el pasado 21 de junio, cuando agentes de la Policía Nacional realizaban labores de patrullaje en la carretera Sánchez Vieja, en San Cristóbal.
Durante el operativo, el imputado se desplazaba en un vehículo Honda CR-V, color negro, junto a otra persona, y al ser registrado se le ocupó una pistola Glock, calibre 9 mm, con 17 cápsulas, sin documentación legal.
La magistrada Chadalis E. Rosario Melenciano, jueza suplente del Tercer Juzgado de la Instrucción y de la Oficina Judicial de Atención Permanente, ordenó además que el imputado deberá presentarse los días 29 de cada mes durante seis meses ante el Ministerio Público, como parte de las medidas impuestas.
Asimismo, el tribunal dispuso la notificación a la Dirección General de Migración (DGM) para garantizar el impedimento de salida del país, mientras que el Primer Juzgado de la Instrucción de San Cristóbal fue designado como tribunal de control del caso.
El Ministerio Público, representado por las fiscales Belkis Tejeda e Ingris Maribel Guerrero Polanco, había solicitado prisión preventiva por tres meses; sin embargo, el tribunal optó por medidas no privativas de libertad, al considerar parcialmente la solicitud.
El órgano acusador también obtuvo un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo del proceso.
De acuerdo con el expediente, Santos Alcántara ya había sido condenado previamente mediante la Sentencia Penal núm. 523-2025-SSEN-00015 por violaciones a la Ley 63-17 sobre Movilidad, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, lo que fue recordado por el Ministerio Público durante la audiencia.
Con esta decisión, el caso sigue bajo investigación judicial mientras el imputado permanece bajo estrictas condiciones de control.
El uso, porte y tenencia ilegal de armas de fuego constituye uno de los delitos más vigilados por las autoridades judiciales y de seguridad en la República Dominicana, debido al impacto que tiene en la criminalidad, la seguridad ciudadana y la violencia urbana.
«En el país, este tipo de infracciones está regulado por la legislación penal vigente y por normativas específicas que establecen los requisitos para la adquisición, registro y porte legal de armas».
- En los últimos años, el Ministerio Público y la Policía Nacional han intensificado los operativos de prevención y persecución del porte ilegal de armas, especialmente en zonas urbanas y carreteras donde se registran mayores incidencias de delitos flagrantes.
- Estos operativos suelen incluir patrullajes, requisas selectivas y controles de vehículos, con el objetivo de reducir la circulación de armas no registradas.
El sistema judicial dominicano contempla medidas de coerción que pueden ser privativas o no privativas de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado y el riesgo procesal.
Nacionales
Prisión preventiva solicitan para falso odontólogo tras causar graves lesiones en La Vega
Santo Domingo, R.D.-La imposición de prision preventiva como medida de coercion contra un acusado de ejercer la odontología solicitará el Ministerio Público en las próximas horas la imposición contra un hombre acusado de ejercer la odontología sin exequátur en La Vega en un caso de presunto intrusismo profesional que dejó a una paciente con lesiones permanentes en el rostro y daños neurológicos severos.
El imputado, identificado como Franklin José Almánzar Escarramán, de 51 años, habría realizado procedimientos odontológicos de alta complejidad sin la debida autorización legal en el consultorio de su hermano, ubicado en el Centro Médico V Centenario, en la provincia de La Vega.
Su hermano, William Radhamés Almánzar Escarramán, también fue arrestado por su presunta complicidad en los hechos, ambos tras entregarse a las autoridades policiales en cumplimiento de una orden judicial.
De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, la víctima acudió el pasado 17 de enero a recibir atención odontológica y fue evaluada en el consultorio de los imputados, donde se le indicó la extracción de cuatro terceros molares mediante un procedimiento quirúrgico.
Según el expediente, durante la intervención, el imputado habría aplicado anestesia y posteriormente realizado maniobras violentas con instrumentos odontológicos, incluyendo golpes en la zona afectada, sin lograr completar la extracción tras varias horas de intento.
La paciente posteriormente presentó dolor intenso, inflamación facial y complicaciones severas, lo que la llevó a buscar atención médica especializada, donde se determinó la existencia de daños permanentes en su salud bucal, incluyendo nervios atrofiados, edema facial, trismo, parestesia mandibular y otras lesiones complejas.
La procuradora de corte de La Vega, Aura Luz García Martínez, explicó que el Ministerio Público procederá a solicitar la medida de coerción garantizando el debido proceso.
“Vamos a presentar la solicitud de medida de coerción ante la autoridad competente, garantizando el debido proceso y los derechos fundamentales de los imputados”, afirmó.
Las autoridades indicaron que el imputado principal ejercía la odontología sin exequátur, según certificación del Ministerio de Salud Pública, lo que constituye una violación a la Ley General de Salud 42-01 y la normativa que regula el ejercicio profesional odontológico.
- El órgano persecutor también sostiene que la actuación de los hermanos Almánzar Escarramán pudo haber tenido consecuencias aún más graves
- Incluso la muerte de la paciente, debido a la naturaleza del procedimiento realizado sin habilitación legal.
El caso ha sido calificado provisionalmente como violación a varios artículos del Código Penal dominicano y de la legislación sanitaria vigente, mientras el tribunal evalúa la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público.
El ejercicio de la odontología y otras profesiones de la salud en la República Dominicana está regulado por un marco legal que exige la obtención de un exequátur y la debida habilitación profesional, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pacientes y la calidad de los servicios médicos.
Estas disposiciones forman parte de las políticas sanitarias orientadas a prevenir el intrusismo profesional, una práctica que consiste en ejercer una profesión sin la autorización correspondiente.