Nacionales
Dominicanos no deberían ir a elecciones en 2020 sin Ley de Partidos y Electoral
SANTO DOMINGO. Tras asegurar que llegó el momento de que la clase política asuma su responsabilidad, el director regional para América Latina y el Caribe de Idea Internacional, advirtió que la República Dominicana no debería ir a unas próximas elecciones sin las leyes de partidos políticos y de régimen electoral.
Daniel Zovatto consideró que los órganos electorales deben ser dotados de los instrumentos jurídicos, y no se les pida a la Junta Central Electoral llenar los vacíos legislativos con reglamentaciones administrativas.
A su juicio, ese es un juego muy peligroso que expone institucionalmente al país al riesgo de una crisis.
“Sobre todo en materia del financiamiento, condiciones de equidad, de la competencia electoral, fiscalización, regulación del financiamiento privado y acceso equitativo a los medios de comunicación “
Sostuvo que la República Dominicana se está quedando atrasada de la tendencia regional de ir actualizando sus legislaciones, en temas tan fundamentales como los mecanismos internos de elección, la paridad y el financiamiento.
Indicó que no vino al país a decirle a los partidos políticos lo que deben hacer, sino a contarle los que otras organizaciones están haciendo.
“Le llegó la hora de la reforma, no pueden seguir pateando la pelota para delante, la han pateado hacia delante hace 15 años, se está convirtiendo en un acto de irresponsabilidad, lo digo con mucho respeto, pero lo quiero decir muy claro”
¿Primarias abiertas o cerradas?
Aunque dice que tiene un componente jurídico muy importante, Zovatto entiende que el tema de las primarias es político.
Ello, según explica porque la Suprema Corte de Justicia (SCJ) determinó mediante sentencia el 16 de marzo del 2005, que las primarias abiertas no eran procedentes, pero que ahora se habla de la posibilidad de revisar la decisión.
“Creo que lo que está obstaculizando avanzar en este tema, no es ni lo jurídico ni financiero sino lo político y lo político fundamentalmente, dentro de un partido político y yo creo que hay que entrar en ese tema y dilucidarlo, no es un tema fácil y tampoco hay una respuesta única”, enfatizó.
Destacó que en América Latina hay modalidades para todos los gustos, pues no hay un modelo único.
Dijo que habrá que preguntarse las consecuencias a tener sobre las celebraciones de primarias abiertas donde participen personas ajenas al partido que podrían imponerse.
“Esa es la pregunta de fondo, después buscamos si es constitucional, si no es constitucional, si se puede revisar o no se puede, si es cara o no, o si hay recursos”, apuntó.
La reelección
Hipólito Mejía tiene el récord latinoamericano de ser el presidente que reformó la Constitución para ganar un segundo período consecutivo y no lo logró.
Manifestó que en el país costó una crisis interna y una división partidaria.
“República Dominicana tiene también el récord de ser el país que de 1978 a la fecha más veces reformó la Constitución, fundamentalmente por el tema de la reelección”, refirió.
Eso, indicó, revela que el sistema político partidista debe encontrar una manera más institucional de resolver el problema de sucesión de liderazgo.
El financiamiento
Si hay una debilidad manifiesta que tiene el sistema político dominicano y su marco jurídico, es en materia de financiamiento, afirma Zovatto.
“República Dominicana en todos los indicadores The Economist, Transparencia Internacional, etc., presenta una zona de riesgo muy peligrosa en materia de corrupción y su vinculación con el tema de financiamiento político”, apuntó.
Sostuvo que hay que prevenir el dinero del narcotráfico y del crimen organizado, pues el país cada vez está más expuesto.
Asimismo, el director regional de Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (Idea Internacional), advirtió que si no se controla el uso abusivo de los recursos del Estado es muy difícil ganarle al oficialismo. Afirmó que, en los países donde el Presidente cambia la Constitución, gana, salvo el caso de Hipólito Mejía.
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, considera que “si no se tiene la ley en 150 días de la legislatura, el tiempo se habría ido, porque los calendarios no permitirían aplicar esa ley”.
El empresario Celso Marranzini expresó: “Usted me va a regular a mí, cuando usted no es capaz de autoregularse, no, eso no es posible, es un contrasentido del sistema”.El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, consideró que el debate de las primarias no es jurídico sino por conveniencia.
“Lo que hemos debido es identificar los intereses comunes y sobre eso hacer el acuerdo, pero mientras sea por la personalidad eso no va para ninguna parte, eso lo sabe todo el mundo”, aseveró al tiempo de señalar que en el caso se necesita un poco de humildad.
Mientras el empresario Celso Marranzini, precisó que las discusiones de las primarias han perdido la objetividad en un tema tan importante como ese.
Criticó que se regule a la clase empresarial y se les aplique impuestos, cuando los políticos impiden su regulación.
“Hay que limitar la cantidad de recursos porque es una vergüenza que en un país como este, con tantas necesidades se invierta tanto en política”, enfatizó.
diariolibre.com
Nacionales
La construcción de la autopista del Ambar se inicia el próximo mes, según lo anunció el Gobierno.
Santo Domingo, R.D.-El próximo mes está previsto el inicio de la construcción de la autopista del Ambar, de acuerdo a un anuncio en este sentido hecho este sabado por la vicepresidenta Raquel Peña, la cual conectará las provincias de Santiago y Puerto Plata en menos de 30 minutos y que permitirá impulsar el turismo, el comercio, la logistica y el desarrollo económico de la region Norte.
Peña ofreció la información a la prensa al concluir una sesión de trabajo ampliada de la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago (ACIS), en la que participaron instituciones aliadas, representantes de las provincias del Cibao y el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Eduardo Estrella, entre otros.
Raquel Peña manifestó que la obra llevará numerosos beneficios, crecimiento y desarrollo a las 14 provincias de la región Norte. «Estamos muy contentos con el inicio de esta obra», expresó.
El ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Eduardo Estrella, aseguró que la Autovía del Ámbar se encuentra en la etapa de «firma de contratos» y socialización con las empresas adjudicatarias del proceso de licitación.
A principios de julio, el Consorcio Autopista del Ámbar, S.R.L., integrado por las empresas Ingeniería Estrella, Rizek Constructora, Magna y Constructora Mar, ganó la licitación para el diseño y construcción de la Autopista del Ámbar, convocada por el Fideicomiso RD Vial.
La vicepresidenta resaltó que Santiago y el Cibao atraviesan una etapa de importante crecimiento económico y urbano, lo que ha incrementado la demanda de nuevas infraestructuras para responder a las necesidades de movilidad, conectividad y desarrollo de la población.
El encuentro, en las instalaciones de la ACIS, fue organizado en respuesta a las inquietudes planteadas por líderes regionales durante una reunión de trabajo celebrada la semana pasada en el despacho de la Vicepresidencia, en el Palacio Nacional.
Durante la actividad, Estrella también presentó un balance de los principales proyectos de infraestructura que el Gobierno desarrolla en Santiago y la región Norte. Destacó que estas inversiones buscan mejorar la conectividad, fortalecer la seguridad vial e incrementar la competitividad del Cibao.
Entre las obras prioritarias mencionó:
- La ampliación a cuatro carriles de la circunvalación de Navarrete.
- La expansión de la carretera Santiago-Licey.
- Los trabajos de conexión vial hacia Moca y otras localidades.
En cuanto a los programas de asfaltado, indicó que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones mantiene brigadas trabajando de manera simultánea en Santiago, Puerto Plata, San Francisco de Macorís y otras provincias.
Explicó que, debido a las limitaciones presupuestarias y al incremento de los costos de los materiales, las intervenciones se ejecutan siguiendo criterios técnicos y de prioridad, con el propósito de atender de manera equilibrada las necesidades de todo el país.
Por otro lado, el presidente de la ACIS, Marcos Santana, consideró que la presencia de representantes de los principales sectores productivos, comerciales, industriales y de servicios de la región Norte evidencia el interés del empresariado y de la sociedad organizada en trabajar de manera articulada con el Gobierno para impulsar iniciativas que contribuyan al desarrollo del Cibao.
Tras finalizar el encuentro estratégico, la vicepresidenta Raquel Peña se trasladó a la catedral de la ciudad para participar en la celebración de sus fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol El Mayor. Con la tradicional fiesta religiosa finalizan las actividades conmemorativas.
Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo no para en su politica de endeudamiento al lograr la aprobacion en el Congreso Nacional este viernes de dos préstamos provernmiente del Poder Ejecutivo por US$465 millones, los cuales equivalen a aproximadamente 27 mil millones en pesos dominicanos.
El Senado de la República fue el último órgano legislativo en aprobarlo. Estos empréstitos aprobados la tarde de ayer por la Cámara de Diputados.
En ambas cámaras legislativas, los representantes de la Fuerza del Pueblo (FP), del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), votaron en contra de los dos empréstitos.
Se trata de dos acuerdos, firmados por la gestión del presidente Luis Abinader con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Uno de estos le entregaría US$200 millones al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), así como al Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), para financiar el programa de implementación de la política nacional de seguridad vial en el país.
El informe favorable que presentó la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja precisa que el objetivo es contribuir a una movilidad segura, previniendo los accidentes de tránsito.
Además, fortalecer la fiscalización, educación y atención a víctimas en el territorio nacional.
El presidente de esa Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Frank Paulino, explicó los pasos que aplicará el Gobierno para lograrlo.
Mientras que el otro empréstito, de US$265 millones, sería destinado para el financiamiento del proyecto Plan de Manejo de Cuenca del Río Yuna, previsto a ser ejecutado por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indhri).
La carta enviada por el mandatario Abinader al órgano legislativo establece que los recursos incrementarían la resiliencia ante los riesgos de inundación en la parte baja del recurso hídrico.
Santo Domingo, R.D.-El Gobierno dominicano dispuso la prohibición de la importación hacia al territorio nacional de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, incluyendo aquellas mercancías respecto de las cuales exista evidencia razonable de que en alguna fase de su cadena de suministro se ha producido la distorsión, cuya decision se produce tras el pais ser sancionado mediante arancel por la administracion del presidente Donald Trump.
La disposición gubernamental busca establecer las disposiciones administrativas necesarias para la prevención, identificación, verificación y prohibición de la importación de mercancías, productos y bienes producidos, fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, con el fin de proteger los derechos humanos, preservar la integridad del comercio internacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
La medida, contenida en el decreto 502-26, será aplicada a toda mercancía, producto o bien destinado a ser importado al territorio aduanero del país sobre el cual existan indicios razonables de que ha sido producido, fabricado, extraído, procesado o elaborado, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso, independientemente de su país de origen o procedencia.
La medida se toma apenas horas después de que la Administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara nuevos aranceles de entre el 10 % y el 12,5 % a las importaciones procedentes de República Dominicana y otros 59 países y economías, justificándose en una investigación sobre «esfuerzos insuficientes para combatir el trabajo forzoso».
En su artículo siete, el decreto señala que para la identificación de casos productos creados total o parcialmente, mediante trabajo forzoso se tomará en consideración información proveniente de fuentes nacionales o internacionales, tanto públicas como privadas incluyendo importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales u otros actores del sector privado.
Cuando existan indicios razonables, la Dirección General de Aduanas solicitará al Ministerio de Trabajo que, dentro del ámbito de sus competencias, elabore el informe técnico correspondiente. Luego se realizará una evaluación técnica correspondiente para determinar si existen elementos suficientes para concluir que la mercancía sí tuvo incidencias, durante su creación del trabajo forzoso.
El Ministerio de Hacienda y Economía, la Dirección General de Aduanas y las demás instituciones competentes podrán adoptar dentro del ámbito de las atribuciones que les confieren las leyes, las normas generales, medidas administrativas, operativas y técnicas necesarias para la ejecución del presente decreto, siempre que dichas medidas no impliquen la creación de nuevas obligaciones, restricciones o prohibiciones distintas de las previstas en el ordenamiento jurídico vigente, ni alteren el contenido esencial de los derechos reconocidos por las leyes.
Se define como trabajo forzoso todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente, de conformidad con la definición contenida en el Convenio núm. 29 de la OIT, ratificado por la República Dominicana mediante la Résolución núm. 4505, del 21 de julio de 1956, y de conformidad con los estándares internacionales aplicables en materia de derechos humanos y erradicación del trabajo forzoso.